PROGRAMA REGIONAL DE APOYO A LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO DE IBEROAMÉRICA Relatoría del XVIII Seminario Internacional de la Federación Iberoamericana de Ombudsman: El Nuevo Rol del Ombudsman Documento de Alejandra Celi Maldonado (comp.) Email: alejandra.celi@uah.es ISBN xx: xxx-xx-xxxxx-xx-x 1
Relatoría del XVIII Seminario Internacional de la Federación Iberoamericana del Ombudsman: El Nuevo Rol del Ombudsman Alejandra Celi Maldonado * RESUMEN El documento incluye los aspectos más destacados de las intervenciones realizadas por los y las ponentes del XVIII Seminario Internacional de la Federación Iberoamericana del Ombudsman: El Nuevo Rol del Ombudsman. En el evento se analizaron temas como: el rol del Ombudsman como supervisor del buen gobierno; el rol del Ombudsman como mediador y garante de los derechos ciudadanos; el Ombudsman frente a la responsabilidad de incidir en políticas públicas; y, el papel del Ombudsman frente a la corrupción, los conflictos sociales y la actividad empresarial no responsable. PALABRAS CLAVE FIO, Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, Defensor del Pueblo, Ombudsman, buen gobierno, políticas públicas, conflictos sociales y responsabilidad social empresarial. * Investigadora del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica; Máster en Derecho con Especialidad en Unión Europea, ; Experta en Derecho Español para Juristas Extranjeros, ; Abogada, Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Máster en Protección de los Derechos Humanos,. 2
ABSTRACT The document includes highlights of the statements made by the speakers at the "Eighteenth International Seminar of the Federación Iberoamericana del Ombudsman: The New Role of the Ombudsman". The event saw the analyses of such topics as: the role of the Ombudsman as supervisor of good governance; the Ombudsman's role as a mediator and guarantor of citizens' rights; the Ombudsman and public policy; and the role of the Ombudsman against corruption, social conflict and irresponsible corporate activity. KEYWORDS FIO, National Human Rights Institutions, Ombudsman, governance, public policy, social conflicts and corporate social responsibility. 3
ÍNDICE Introducción I. Inauguración del Seminario 1.1. Iris Miriam Ruiz Class, Vicepresidenta de la FIO y Procuradora del Ciudadano de Puerto Rico 1.2. Anselmo Sella, Presidente de la FIO y Defensor del Pueblo de la Nación Argentina 1.3. Pedro Pierluisi, Comisionado de Puerto Rico Residente en Washington 1.4. Alejandro García Padilla, Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico II. Panel I: El Ombudsman como Supervisor del Buen Gobierno Ciudadano 2.1. Soledad Becerril, Defensora del Pueblo de España 2.2. Presentación de la Fundación Riky Martin por Cesar Rey 2.3. David Ernesto Morales, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de El Salvador 2.4. Ramón Custodio, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Honduras 2.5. Debate Panel I III. Panel II: El Ombudsman en su rol de: Mediador, Facilitador, Conciliador o Garante de los Derechos Ciudadanos 3.1. Ofelia Taitelbaum Yoselewich, Defensora de los Habitantes de la República de Costa Rica 3.2. Lilia Herrera, Defensora del Pueblo de la República de Panamá IV. Panel III: El Ombudsman frente a la responsabilidad, deber u obligación de incidir en Políticas Públicas 4.1. Jorge Armando Otálora Gómez, Defensor del Pueblo de la República de Colombia 4
4.2. Rolando Villena Villegas, Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia 4.3. Juan Raúl Ferreira, Presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay 4.4. Debate Paneles II y III V. Panel IV: El Ombudsman frente a la corrupción, conflictos sociales y actividad empresarial no responsable 5.1. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México 5.2. Manuel María Páez Monges, Defensor del Pueblo de la República de Paraguay 5.3. Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo de las República de Perú 5.4. Debate Panel IV VI. Clausura del Seminario 6.1. Iris Miriam Ruiz Class, Vicepresidenta de la FIO 6.2. Anselmo Sella, Presidente de la FIO 5
Introducción El martes 5 de noviembre de 2013, en el marco de las actividades que se desarrollaron en San Juan, Puerto Rico, con motivo de la XVIII Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, tuvo lugar un seminario internacional que contó con la activa participación de las instituciones que son parte de la FIO. Los y las representantes de las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) que conforman la FIO, tanto ponentes como asistentes, contribuyeron con aportes significativos al debate en torno al Nuevo rol de los Ombudsman, tema central del evento. El seminario fue inaugurado por Iris Miriam Ruiz Class, Vicepresidenta de la FIO y Procuradora del Ciudadano de Puerto Rico, y por Anselmo Sella, Presidente de la FIO y Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Cabe destacar que el acto de inauguración contó con la participación de Pedro Pierluisi, Comisionado de Puerto Rico Residente en Washington, y de Alejandro García Padilla, Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El evento se organizó en cuatro paneles, cada panel estuvo a cargo de un moderador y varios Defensores y Defensoras ponentes. En los paneles se intercambiaron ideas y buenas prácticas sobre los retos, las actuaciones y los temas, que debe incluir el nuevo rol del Ombudsman ante una realidad social globalizada y en constante cambio. El primer panel versó sobre El Ombudsman como supervisor del buen gobierno ciudadano y en él actuó de moderadora la Procuradora del Ciudadano de Puerto Rico. En este panel se presentaron las ponencias de Soledad Becerril, Defensora del Pueblo de España; Cesar Rey, en representación de la Fundación Riky Martin; David Ernesto Morales, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de El Salvador; y, Ramón Custodio, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República de Honduras. En la mesa, Soledad Becerril se refirió principalmente al nuevo rol del Ombudsman para contribuir con renovados mecanismos que faciliten la participación ciudadana, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Cesar Rey, en representación de la Fundación Riky Martin, expuso el tema de la trata de personas en Puerto Rico y las preocupantes realidades y cifras que éste conlleva. Por su parte, David Ernesto Morales introdujo el tema del buen gobierno vinculado directamente al respeto del principio de legalidad, por el cual la Administración debe generar mecanismos de autocontrol. Finalmente, Ramón Custodio enfatizó en que uno de los principales problemas del buen gobierno está en quién accede al poder y cómo se ejerce el poder, siendo fundamental la conducta ética de quién ejerce el poder. 6
En el segundo panel, moderado por Héctor Morales, Adjunto de la Oficina del Procurador del Ciudadano de Puerto Rico (OPC), se analizó el tema de El Ombudsman en su rol de: mediador, facilitador, conciliador o garante de los derechos ciudadanos. Participaron como ponentes Ofelia Taitelbaum Yoselewich, Defensora de los Habitantes de la República de Costa Rica, y Lilia Herrera, Defensora del Pueblo de la República de Panamá. Ofelia Taitelbaum Yoselewich analizó la legislatura de la influencia que caracteriza al Ombudsman y su función de mediador entre el Estado y la ciudadanía. De igual manera, la Defensora costarriqueña recordó la importancia de que el Ombudsman cuente con una capacidad de adaptación constante de su estructura institucional, para que responda a las necesidades de la sociedad. En la misma línea, Lilia Herrera desarrolló la idea de que la mediación es trascendental como función propia de las Defensorías y comentó que en los próximos meses se creará en la Defensoría del Pueblo de Panamá un Centro de Mediación y Arbitraje, para lo cual se está capacitando al personal de la Institución. En el tercer panel trató sobre El Ombudsman frente a la responsabilidad, deber u obligación de incidir en políticas públicas y fue moderado por el Defensor del Pueblo de Colombia. En este panel se presentaron ponencias de Jorge Armando Otálora Gómez, Defensor del Pueblo de la República de Colombia; Rolando Villena Villegas, Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia; y, Juan Raúl Ferreira, Presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay. Otálora Gómez manifestó que la superación del conflicto armado que vive Colombia tiene una relación directa con las políticas públicas que se requieren para la construcción de la justicia social, presentó las consecuencias del conflicto armado y los puntos que se deben considerar para construir un proceso de paz en el que se tenga en cuenta a las víctimas del conflicto armado. El Defensor del Pueblo de Bolivia habló sobre el papel del Ombudsman en los conflictos sociales y en la formulación de políticas, apuntando que éstas requieren responder a una concepción integral de los derechos humanos, ante la cual pueden existir barreras políticas. Por su parte, Juan Raúl Ferreira recordó el tiempo de dictaduras en América Latina, destacó el significado que tiene una reunión como la desarrollada por la FIO para fortalecer la democracia y comentó el particular proceso de creación y constitución del Ombudsman uruguayo. El último panel contó como moderador con Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo de la República de Perú, y discurrió en torno a El Ombudsman frente a la corrupción, conflictos sociales y actividad empresarial no responsable. Fueron ponentes en este panel Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 7
Humanos de México; Manuel María Páez Monges, Defensor del Pueblo de la República de Paraguay; Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo de la República de Perú. Raúl Plascencia Villanueva hizo un repaso por los avances, teóricos y normativos, de su Estado en derechos humanos y por las distintas posibilidades de intervención del Ombudsman. Además, declaró la necesidad de trabajar para que esos avances se reflejen en la realidad. Manuel María Páez Monges, por su parte, recordó la necesidad de nuevas respuestas del Ombudsman que se orienten a la buena gestión pública, la transparencia, el combate a la corrupción y la prevención de los conflictos. En su intervención Eduardo Vega Luna resumió la actividad de la Defensoría del Pueblo de Perú en materia de conflictos sociales y el enfoque que esa Institución ha dado a este tema. En la clausura del seminario, Iris Miriam Ruiz Class reiteró su compromiso de con la FIO e hizo un llamado para que las INDH humanicen su a través de una mayor proximidad a la población. Finalmente, Anselmo Sella enfatizó en la importancia del rol internacional que deben tener las instituciones Ombudsman y del fortalecimiento institucional que ha tenido la FIO en los últimos años, el que señaló que ha permitido un enriquecedor intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los miembros de la FIO. El Presidente de la FIO subrayó también la trascendencia de la cooperación internacional y de consolidar a la FIO como un verdadero referente internacional de los derechos humanos. En ese marco y desde un esfuerzo por sistematizar en pocas palabras las enriquecedoras ponencias y aportes del seminario, podemos destacar cuando menos los siguientes siete aspectos en referencia al nuevo rol de Ombudsman: 1. Estructura institucional. A fin de que la misma organización interna de la Institución esté orientada a que el Ombudsman pueda responder adecuadamente a las necesidades de la realidad social, los y las representantes de las INDH coinciden en la importancia de contar con estructuras organizaciones dinámicas, en constante cambio, no estáticas. En la misma línea, la estructura institucional del Ombudsman debe garantizar la cercanía e inmediatez con la ciudadanía, tanto de la Institución como del titular de la misma. Desde estos mecanismos, entre otros, se puede evitar caer en la burocratización de los procedimientos, de tal manera que se facilite el acceso de la ciudadanía a las Defensorías, se consolide la fuerza moral de sus intervenciones y se humanice a las INDH, colocando a la persona en el centro de su actividad como sujeto de derechos. 8
2. Rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana. Otro de los aspectos en los que se enfatizó a lo largo del seminario fue el papel de las INDH en el control de la Administración para el ejercicio del buen gobierno. Control que se puede ejercer desde distintas vías como la solicitud de información a la Administración para conseguir transparencia y una debida y oportuna rendición de cuentas. En ese sentido, también se analizaron los cambios que han tenido lugar en los sistemas democráticos y la renovación de los mecanismos de participación ciudadana que la democracia actual requiere. Dentro de los cuales el Ombudsman juega un rol fundamental para acercar a la ciudadanía y el Estado y para facilitar la participación ciudadana en las decisiones referentes a asuntos públicos de interés, más allá de los procesos electorales. 3. Mediación y otros métodos de resolución de conflictos sociales. En varias de las intervenciones se sostuvo que la mediación y otros métodos de solución de conflictos deben ser parte de los instrumentos a implementar o desarrollar por las INDH de la Región, con el objetivo de contribuir a una pronta y satisfactoria resolución de conflictos y también para la participación ciudadana en asuntos públicos. Algunas/os representantes de las INDH se comprometieron a analizar más detalladamente estos mecanismos, los que se consideró que son inherentes a la propia naturaleza de este tipo de Instituciones, por lo cual pueden ser incorporados en sus estructuras instituciones, realizando previamente procesos de capacitación en medicación y resolución de conflictos dirigidos al personal de las Defensorías. 4. Trata de personas. Uno de los temas más discutidos durante la jornada fue la trata de personas y su preocupante incremento en la Región. Para las Defensorías visibilizar esta realidad, sensibilizar al Estado y a la ciudadanía en esa problemática y trabajar de manera coordinada para combatirla, son parte de los puntos a fortalecer en su. Dado que, por una parte, no existen datos claros que permitan identificar con certeza la situación real que enfrentan miles de personas ante este tipo de prácticas, que constituyen nuevas formas de esclavitud. Y, por otra parte, los miembros de la FIO señalaron que estos hechos delictivos implican muchas veces actos transfronterizos propios de organizaciones de delincuencia transnacional organizada, por lo que exigen respuestas coordinadas entre los Estados y las INDH de la Región. 5. Incidencia en políticas públicas. En la actualidad, para las instituciones que conforman la FIO, es prioritario mejorar su incidencia en la toma de decisiones para la adopción de políticas públicas, con el fin de que éstas se realicen desde procesos participativos y con un enfoque transversal en derechos humanos. En ese sentido, se analizaron algunos de los principales problemas de la política carcelaria que ha llevado a insostenibles condiciones de hacinamiento carcelario 9
en algunos Estados. De igual forma, se destacó que se debe vigilar que el Estado realice un adecuado control de la actividad empresarial no responsable, principalmente ante empresas nacionales y transnacionales de extracción de hidrocarburos y minería, en consideración a que la mayoría de conflictos sociales se producen durante el desarrollo de estas actividades empresariales que en ocasiones operan sin tener en cuenta los derechos de la población, como la consulta previa de los pueblos indígenas. 6. Cooperación institucional. A lo largo del seminario se hizo hincapié en que realizar un articulado entre las distintas INDH de la Región ha dotado de mayor fuerza a sus actuaciones y ha sido clave en el fortalecimiento institucional de cada Defensoría y de la FIO. Del mismo modo, se insistió en lo transcendente de continuar con actividades conjuntas que permitan el intercambio y la reproducción de las mejores prácticas defensoriales entre sus instituciones. Asimismo, las INDH destacaron la necesidad y el compromiso de enfrentar conjuntamente algunos fenómenos actuales que requieren de una respuesta multilateral, debido a que sus actos y consecuencias involucran a varios territorios como, por ejemplo, la trata de personas y la migración. 7. La FIO en la comunidad internacional. Conforme señaló el Presidente de la FIO, uno de los principales retos de esta organización es reforzar su visibilidad ante la comunidad internacional, con miras a consolarse como una referencia regional en materia de derechos humanos y con ello también respaldar la fuerza moral de las resoluciones de sus miembros. A continuación transcribimos algunos de los aspectos más destacados de cada una de las intervenciones. 10
I. Inauguración del Seminario 1.1. Iris Miriam Ruiz Class, Vicepresidenta de la FIO y Procuradora del Ciudadano de Puerto Rico Ruiz Class resaltó la importancia de que se celebre en Puerto Rico una Asamblea de la FIO, dio la bienvenida a los asistentes y reiteró su compromiso de con la FIO en temas trascendentes para los derechos humanos, como los que recalcó que se tratan en esta organización y que se han ido desarrollando durante los años de existencia de la misma. Igualmente, subrayó la necesidad de pensar en el nuevo rol del Ombudsman para avanzar en los caminos que las INDH enfrentan. Con un saludo fraternal, destacó la buena relación entre los miembros de la FIO durante los dos años en los que Puerto Rico ha sido parte del Consejo Rector y subrayó el legado de y unidad que deja este Consejo Rector, en cuyo período todos los Estados participaron activamente en las distintas actividades desarrolladas por la FIO. La Procuradora de Puerto Rico, dio inicio a la jornada del seminario reiterando la importancia de moldear el nuevo rol del Defensor del ciudadano del nuevo milenio y añadió la necesidad de encaminar el hacia un manifiesto que incluya un mayor acuerdo de cooperación entre nuestros países, hermanos y unidos por una herencia común. De igual manera, solicitó que la actividad concluya con un manifiesto de unión entre nuestros pueblos, que permita una mejor defensa de los derechos humanos en un mundo globalizado y enfatizó en que todos los Estados deben liberar las fronteras para una mayor integración, cooperación, colaboración y compañerismo. Asimismo, sostuvo que lo que lo que le duele a Colombia le duele a Puerto Rico, lo que le duele a España le duele a Puerto Rico, lo que le duele a Uruguay le duele a Puerto Rico, lo que nos duele a todos, unidos como representantes de los derechos humanos, duele en el corazón. Por otra parte, destacó que la agenda del Ombudsman debe estar llamada a consolidar los avances democráticos y que conlleva convertir al Ombudsman en un celoso promotor de la atención gubernamental ante las crecientes necesidades y exigencias sociales. Para ello, la Procuradora añadió que cada una de las instituciones representadas en la Asamblea está armada con una coraza de credibilidad y veracidad del fruto positivo de sus acciones e intervenciones; así como, del poder moral del que están investidas. 11
De igual forma, manifestó la voluntad del Gobernador de Puerto Rico de erradicar la pobreza infantil en los próximos 20 años y el papel fiscalizador que tendrá la INDH de Puerto Rico para conseguir superar la pobreza infantil. Resaltó que el Gobernador de Puerto Rico ha insistido en que el derecho a la vida va acompañado del derecho a la educación, del derecho a la salud y el derecho al, para la Defensora de Puerto Rico ese llamado resuena con fuerza por toda América. Asimismo, dijo que el Defensor del Ciudadano tiene también responsabilidad en la erradicación de la pobreza y expresó su confianza en que los s a desarrollarse con motivo de la Asamblea FIO contribuyan a erradicar la pobreza en todas sus manifestaciones. A continuación, la Procuradora describió los distintos tipos de pobreza que se deben combatir, como: la pobreza ética, cuando la falta de valores corrompe a la sociedad. La pobreza de voluntad, cuando el sistema educativo no fortalece la voluntad de superación en cada individuo. La pobreza espiritual, cuando se ha privado a la niñez del apoyo institucional en todos los órdenes para que aprenda a buscar su yo interior, su ruta de vida, la pregunta de dónde nos quedamos en el camino, dónde abandonamos los valores que nos hicieron ser lo que hoy somos, donde niñas son casadas a los ocho años, donde las compran como vírgenes. Dónde está nuestra voz de protesta y ayuda, donde una anciana por enseñar el tobillo es golpeada y apedreada hasta la muerte, eso es pobreza espiritual que tenemos que trabajar. La pobreza de fe, cuando lo temporal y material sustituyen el, el esfuerzo y el empeño. La pobreza de metas, cuando los líderes de la sociedad, en todos los renglones y ámbitos de la vida pública, fallan en servir de modelo para que la juventud asuma su responsabilidad con el futuro de cada Patria. Donde jóvenes se llenan el bolsillo de dinero para ser mulas y en un residencial de esta Patria, tan hermosa que nos ha recibido, le enseñan a otro joven lo fácil que es llenarse de tanto dinero el bolsillo siendo mulas de erosión del espíritu como lo es la droga. La pobreza de escenarios públicos, cuando la ciudadanía no ve resultados de las acciones de sus gobiernos y hasta ve como innecesario acudir ante las Defensorías porque entiende que no habrá cambio positivo alguno. En ese sentido, manifestó que se debe humanizar a las instituciones y que cuando una persona desesperada llega ante la recepcionista de sus oficinas solicitando la atención de la Procuradora, hay que atenderla y abrazarla, porque, para la Procuradora, lo primero que necesita una persona es tener el consuelo de que alguien le va a escuchar y que estas actitudes ante las personas que acuden al Ombudsman pueden devenir en excelentes resultados. La Procuradora puertorriqueña expresó que los miembros de la FIO tienen mucho por delante, agradeció que se haya escogido a Puerto Rico como sede de la 12
Asamblea y animó a conocer una nueva visión del Ombudsman, para lo que comprometió su energía, talento y profesionalismo, a fin de insertarse en el nuevo rol. Finalmente, Iris Miriam Ruiz Class recalcó que su compromiso cumplido con la FIO en el Consejo Rector continuará en el transcurso de los siete años que le quedan como Defensora, con el carácter, con la entrega y como mujer que tiene una responsabilidad mayor en esa representación femenina de lo que han logrado las mujeres puertorriqueñas, habiendo ocupando posiciones otra hora ocupadas sólo por varones. 1.2. Anselmo Sella, Presidente de la FIO y Defensor del Pueblo de la Nación Argentina Luego del saludo protocolar, agradeció especialmente a las autoridades de Puerto Rico por el enorme y extraordinario esfuerzo realizado para el desarrollo de la Asamblea de la FIO, a todos los y las puertorriqueños/as y a las personas que trabajan en la Oficina del Procurador del Ciudadano de Puerto Rico (OPC) por la cálida acogida dada en ese Estado. En cuanto al nuevo rol del Ombudsman, Sella sostuvo que las INDH no son sólo una institución de la República, sino que son una institución de la Democracia, entendida ésta en un sentido sustantivo o completo. Para él, lo señalado es la base sobre la cual pensar en el nuevo rol del Ombudsman. El Presidente de la FIO analizó las etapas de desarrollo del Ombudsman desde sus orígenes. En esa línea, recordó que el Ombudsman tiene su origen como una necesidad de la República, allá por fines del siglo XVIII principios del XIX, la cual tenía en esa época mayor interés en explicar y entender lo relativo a la gobernabilidad que en reconocer la soberanía popular, el sistema de representación o el resguardo de los derechos políticos. Seguidamente, Sella manifestó que en ese momento de su desarrollo, a la Institución le bastaba el sólo auxilio de su peso moral para cumplir las funciones que el sistema vigente le exigía, que era controlar el ejercicio de la función administrativa para evitar el abuso del poder y para establecer la prohibición de la arbitrariedad. La segunda etapa, entiende Sella, arranca con el proceso iniciado hacia fines del siglo XIX, con la consolidación de los derechos civiles, con la exigencia del ejercicio de los derechos políticos y con la pretensión de apuntar hacia la igualdad real de oportunidades, superadora de la mera igualdad jurídica de años anteriores. Apuntó, el Presidente de la FIO, que también es en este estadio de la historia cuando el 13
industrialismo exhibió una brutal crudeza e irrumpieron en la escena política los partidos de masas, cuando se consolidaron los derechos económicos, sociales y culturales, cuando se desarrolló el constitucionalismo social y en muchos países germinó y se instaló la idea del Estado de Bienestar. Para Sella, todos estos acontecimientos, entre otros, explican que el Ombudsman atravesara una transformación, incorporando la defensa de los derechos humanos a sus originales funciones. A continuación, el Defensor argentino aclaró que también evolucionó la primera concepción de la democracia, que en esta época exige de mayor representación y participación social. Según Sella, esos cambios cobran relevancia si tenemos en cuenta que la finalización de la Segunda Gran Guerra condujo a la universalización de esta categoría de derechos, es decir, al desarrollo del Derecho internacional de los derechos humanos. Igualmente, para Sella, ese escenario de postguerra, que fue rico en lo teórico y en lo cultural, nos mostró una sociedad con avances pero inequitativa y con grandes contradicciones. En definitiva, sostiene el Defensor que esa época estuvo marcada por un sinfín de conflictos sociales, a pesar del alivio que significaba la finalización del período de guerras mundiales. Por otra parte, el Presidente de la FIO agregó que la realidad social, en la cual nuestras instituciones llevan a cabo sus tareas, no es estática, todo lo contrario, tiene un dinamismo pocas veces visto, a tal punto que hay quienes han denominado este fenómeno como el de la aceleración de la historia. Para Sella se trata de una etapa de permanente cambio en lo social, en lo político y en lo jurídico. Así, vemos que la conceptualización del hombre como un administrado va dejando lugar a una idea más humanista, esto es a la persona con su dignidad y los derechos que por esta sola condición tiene. A manera de ejemplo de lo apuntado, sostuvo que los niños y las niñas ya no son incapaces de hecho, disponibles, sometidos a los designios de los titulares de la patria potestad o del Estado, sino que son sujetos plenos de derecho y pueden ejercerlos en la medida de su desarrollo sicológico. Otro tanto ocurre con las cuestiones de género, que han sobrepasado ya la barrera individual y doméstica. Así como, con las personas migrantes, las personas discapacitadas, los derechos a vivir en un medio ambiente sano y los derechos que hoy denominamos otros derechos emergentes. En ese orden, para el Presidente de la FIO, estamos ante nuevas perspectivas de derechos humanos, impulsadas por la legislación universal y que han calado hondo en cada uno de nuestros países, produciendo cambios culturales y jurídicos, algunos incipientes pero otros en etapa de consolidación. Al respecto, insistió en que nuestras instituciones, las Defensorías del Pueblo, operan en estas realidades complejas, con múltiples fuentes de vulneración de derechos no siempre expuestas, con diversidades en conflicto, con colectivos sociales que hacen escuchar sus legítimos reclamos de participación y con exclusiones estructurales para nada resueltas. Según Sella, esto 14
implica que hoy la democracia no puede limitarse a meros procedimientos electivos o de funcionamiento institucional, sino que debe atender al reconocimiento de todos estos derechos, velar por su pleno ejercicio y resolver tanto las inequidades como los conflictos existentes. Acertadamente, el Presidente de la FIO argumentó que esta democracia, ya no limitada a lo formal, que algunos denominan sustancial, cobra hoy sentido cuando se cierne sobre el pleno respeto del ser humano. Y que todos estos factores, este contexto, requieren de un entorno institucional que los contemple y que tenga capacidad para propender a la cohesión social. Es decir, para Sella, los gobiernos que impulsan políticas públicas universalizadoras, la acción de la sociedad civil, el activismo judicial cuando resulta necesario, las organizaciones internacionales que abogan por los derechos humanos, son parte del entramado institucional necesario. Al concluir, el Presidente de la FIO dijo que sin duda las Defensorías del Pueblo, las Procuradurías e Instituciones de Derechos Humanos, por sus especiales características y sus relevantes misiones, son actores imprescindibles en ese entorno, participando activamente en la creación de fuerzas que tienden a posibilitar la cohesión social a través de la integración de los derechos y de las oportunidades. En éste sentido, Sella insistió en que las Defensorías del Pueblo forman parte de las democracias sustanciales, para él ya no es suficiente la democracia liberal clásica, ni resulta suficiente la democracia más amplia participativa con una mayor base de legitimación social y señaló que hoy la democracia significa el efectivo resguardo de todo el abanico de derechos que se reconocen a todo ser humano. 1.3. Pedro Pierluisi, Comisionado de Puerto Rico Residente en Washington Luego de saludar a los presentes y darles la bienvenida, señaló su satisfacción por la celebración de la Asamblea FIO en Puerto Rico y felicitó a la OPC por su rol activo en la FIO. A continuación, manifestó que Puerto Rico se distingue por un gran respeto a la justicia y la igualdad y que los derechos de los ciudadanos reciben una gran deferencia de parte de su pueblo. Asimismo, consideró que es sumamente importante promover la objetividad, la firmeza, la competencia, la ecuanimidad y el más alto sentido de responsabilidad en el servicio público, tanto en Puerto Rico como a nivel internacional. El Comisionado, sostuvo que la participación y cooperación entre naciones y sociedades con similitudes culturales como las nuestras sirven para hacer valer la justicia y los 15
derechos en nuestro hemisferio. Y, por otra parte, que el intercambio de ideas procesos y experiencias sólo puede considerarse positivo en sociedades democráticas como las nuestras. Para Pierluisi la responsabilidad de juzgar entidades públicas y su servicio tiene la mayor seriedad e importancia en el disfrute de los derechos civiles y los derechos humanos que todos debemos tener en el mundo civilizado y señaló que los Procuradores, los Defensores del Pueblo, son los portaestandarte de los derechos humanos y los protectores de las sociedades. Posteriormente, añadió que el tipo de colaboración y de discusión objetiva que se realizará en la Asamblea puede utilizarse para los retos que enfrentamos a diario en nuestra vida y que, aunque la defensa de los derechos humanos ha tenido grandes avances, todavía es un tema de gran importancia para todos los países del mundo. Por otra parte, manifestó que muchos elementos modernos han influenciado esta lucha y que tiene la seguridad de que estarán discutiéndose durante el Congreso, por ejemplo, el impacto en los derechos humanos generado por la informática digital y las redes sociales. Acotó el Comisionado que hoy día los acontecimientos se convierten en noticia inmediata por medio de videos, fotos y conexiones instantáneas, gracias a dispositivos digitales de fácil acceso. Para él, en muchos casos esto ha servido para publicar abusos de poder e incidencias contra los derechos humanos y son medios que pueden servir para atraerlos a la luz pública y fijar responsabilidades, así como para promover la lucha de los derechos humanos. Sin embargo, recalcó que también pueden servir para dañar reputaciones o acusar a inocentes cuando estos mismos medios son usados impropiamente o en el peor de los casos alterados intencionalmente para crear falsas imágenes. En ese sentido, Pierluisi sostuvo que el desarrollo de esta tecnología, al igual que otros cambios a nivel mundial, son asuntos que inciden sobre la defensa de los derechos humanos y de cómo los gobiernos sirven a sus ciudadanos. Antes de concluir recordó el Comisionado que este tipo de discusión, puede ser de gran valor para Puerto Rico y para los países hermanos, por cuanto el pensamiento crítico y las ideas creativas son universales, por lo que algo que funcione en Argentina, Colombia o Chile, puede ser de gran utilidad en Puerto Rico y viceversa. Finalmente, exhortó a los miembros de la FIO a continuar con el intercambio de ideologías y tendencias en su campo y señaló que el fortalecimiento de las oficinas de los Ombudsman debe ser la meta de todo pueblo en busca de justicia, civismo y democracia plena. Pierluisi concluyó su intervención agradeciendo a Iris Miriam Ruiz Class por su labor en beneficio de la ciudadanía puertorriqueña durante toda su trayectoria de servidora pública. 16
1.4. Alejandro García Padilla, Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico Agradeció a los presentes y apuntó que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantiza el derecho del pueblo a pedir al gobierno la reparación de agravios, enfatizó en que se trata de un derecho fundamental que tiene un vínculo estrecho con la razón de ser del cargo de los Defensores del Pueblo. Recordó que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, adoptada en 1791, también recoge este derecho. No obstante, resaltó que ese derecho es aún más antiguo, que sus orígenes están en la labor de los tribunos de la República Romana clásica, en defensa de la gente ante los abusos de la aristocracia y que el mismo derecho se desarrolló de forma paralela en la China antigua, que incluso estuvo presente en el Imperio Otomano. García Padilla añadió que con el paso de los siglos, a medida de que el Estado fue ocupando más roles como regulador del conflicto social, éste se fue burocratizando y que este proceso de burocratización, como una paradoja, creció a medida que el Estado moderno se democratizó y asumió mayores roles de educar y garantizar un mínimo de bienestar para todos los ciudadanos. Para el Gobernador, la respuesta, entrada la mitad del siglo XX, fue la creación de entidades que dentro del propio gobierno intervienen a favor del ciudadano afectado por una decisión gubernamental injusta, insensible o antijurídica. Y recalcó que llámense Ombudsman, Defensor del Pueblo, Procurador o Procuradora de Derechos Humanos, todas estas instituciones procuran que no quede en letra muerta el derecho fundamental del ciudadano a exigir de su gobierno la reparación de agravios. García Padilla recordó que en Puerto Rico existe esta figura desde hace 36 años y que como pueblo creen en la filosofía detrás de esa figura que a veces reclama y otras veces facilita o concilia, pero siempre procura que el gobierno sea fiel a su propósito de servir al pueblo, con énfasis en el más desvalido, en el más necesitado. También apuntó el Gobernador que ningún gobierno debe esperar a que ocurra el agravio para que a través de la intervención de una Procuradora del Pueblo ese agravio se repare. Insistió que la buena democracia exige que todo gobierno sea diligente en la protección de los derechos civiles y humanos y que los logros en derechos civiles y humanos que se ha procurado alcanzar durante los últimos meses les llena de orgullo y les reta a hacer mucho más. García Padilla destacó que en Puerto Rico recientemente se aprobaron leyes para prohibir la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género, ampliando los derechos de cobertura médica y beneficios a parejas que cohabitan, mejorando en el acceso a los servicios de salud para que exista una cobertura sanitaria 17
universal. Enfatizó el Gobernador que otras de las leyes aprobadas recientemente favorecen a las personas migrantes, sin importar su condición migratoria, en Puerto Rico, para que puedan acceder a los servicios de asistencia sanitaria que sean necesarios para garantizar su salud. Igualmente, recordó la adopción de normas para que las personas migrantes pueden llevar a sus hijos/as a las escuelas públicas de Puerto Rico, sin que se les pregunte por su status migratorio, entre otros avances normativos. Por otra parte, García Padilla subrayó que los avances en la legislación contra la violencia de género permiten proteger a cualquier persona residente en Puerto Rico, con independencia de su estado civil, status migratorio, orientación sexual o identidad de género. En ese sentido, recalcó que ningún ser humano vale menos que otro y que él se ha encargado de que la política pública de su Administración refleje esa moral por la que ningún ciudadano, ningún ser humano, vale menos que otro. En esa línea, apuntó que su gobierno se ha puesto como meta erradicar la pobreza, reducir el desempleo, lograr más justicia a la hora de equiparar las condiciones de vida de unos y de otros. Igualmente, subrayó la labor de las organizaciones no gubernamentales en su diario y directo con la realidad de la ciudadanía, entre otros, la Fundación Riky Martín. Al finalizar, García Padilla reiteró el firme compromiso de su gobierno con la OPC y manifestó que está dispuesto a escuchar, a ponderar y a corregir. El Gobernador felicitó a Iris Miriam Ruiz Class por su de años, tanto como legisladora como al frente de la OPC, y principalmente ante un reciente conflicto suscitado con la Policía. 18
II. Panel I: El Ombudsman como Supervisor del Buen Gobierno Ciudadano Moderadora: Iris Miriam Ruiz Class 2.1. Soledad Becerril, Defensora del Pueblo de España Durante su intervención, la Defensora del Pueblo de España señaló que dentro del nuevo papel del Ombusdman un aspecto interesante es el de la participación de los ciudadanos ante esta Institución. En esa línea, planteó las siguientes interrogantes: Cómo los ciudadanos pueden participar ante la Institución?, Cómo el Ombudsman puede trasladar a los gobiernos, a las Administraciones, las inquietudes de los ciudadanos? y Qué resultados pueden obtener los ciudadanos desde su participación en las medidas y las acciones de un Estado? A continuación, la Defensora manifestó que en las democracias la participación es un pilar fundamental, en contraposición a otro tipo de regímenes autoritarios, y que las democracias han ido ampliando esa participación a lo largo de los siglos. No obstante, para Becerril no es suficiente con que la participación se produzca cuando hay un proceso electoral, para ella la democracia permite además la reforma del sistema y la participación hoy no es sólo en elecciones, existen otras formas. La Defensora señaló que hay instrumentos para que los ciudadanos le hagan llegar al Defensor sus problemas y para que ésta Institución los transmita a las Administraciones. Becerril, resaltó la cultura de la queja, la misma que, según la Defensora, hoy produce resultados y pude producir grandes cambios en las naciones, en los países, en las comunidades. Para Becerril, como consecuencia de la queja se corrigen, se enmiendan, se rectifican o se toman nuevas acciones. Otros interrogantes planteados por la Defensora española fueron: Cómo puede el Ombudsman transmitir esa cultura de la queja? Hacia dónde la transmite? Ante lo que respondió que el Ombudsman transmite la queja hacia quienes legislan, hacia quienes dictan normas. El Ombudsman, según apuntó Becerril, puede escuchar la voz de las personas afectadas (ya sea a través de los grupos de éstas personas organizadas, bien a través de organizaciones no gubernamentales, bien a través de consejos de asesores) y él las transmite al Estado, para que cuando el gobierno o la Administración vaya a dictar un reglamento o una norma o la Asamblea una ley, tengan una opinión formada de lo que un grupo de afectados quiere transmitir. 19
A juicio de la Defensora, el Ombudsman debe utilizar grupos de asesores, no actuar en solitario sino escuchar la voz de expertos en la materia, antes de dirigirse a una Administración. La Defensora señaló que la información hoy es un derecho fundamental y que el ciudadano debe recibir respuestas por parte de las Administraciones públicas. Que eso es lo primero que debemos pedir a las Administraciones, que respondan al ciudadano en el sentido que sea pero que respondan. Según Becerril, el silencio no es aceptable pues el ciudadano debe ser tratado como un sujeto de derechos, deberes y con respeto a sus libertades, por tanto merece que la Administración le responda. Para la Defensora, la respuesta de la Administración debe ser clara, sencilla y directa, para que el ciudadano pueda entender la respuesta sin necesidad de un abogado o procurador que traduzca lo que la Administración le dice. Y enfatizó en que la Institución debe exigir de la Administración respuesta siempre y respuesta clara, precisa, inteligible y en plazo, y si no la Defensoría debe buscar la manera de denunciar a esa Administración que no responde. En ese sentido, manifestó que en España la Defensoría acude a la Fiscalía General pues las Administraciones están obligadas por ley a contestar y si no hay una desobediencia a la autoridad que está penalizada. A continuación, Becerril señaló que otra forma para hacer llegar a la Administración la opinión de los ciudadanos puede darse desde los consejos de asesores, desde el diálogo con las organizaciones no gubernamentales y mediante la organización de encuentros, de talleres y de mesas de debate. Así, apuntó que en España se organizan estas actividades con frecuencia y puso de ejemplo que hace poco se desarrollaron dos encuentros, uno sobre la niñez ante la Administración de Justicia y otro referente a distintos problemas que enfrentan las personas con discapacidad, como las barreras arquitectónicas y las pensiones. Aspectos que para la Becerril requieren que el Defensor esté bien asesorado para ser exigente con las Administraciones. Al concluir, la Defensora de España resaltó que actualmente la legalidad no es suficiente, que hace falta la legitimación, es decir, la eficacia, la resolución de la Institución. Recalcó también que hay que demostrar el valor del Ombudsman con resultados y que esto requiere la participación de los ciudadanos, porque la democracia también ha evolucionado a lo largo de los siglos y la democracia requiere hoy una plena participación y exige del Ombudsman el saber instrumentar esa participación y trasladarla a las Administraciones para que cumplan con sus obligaciones. 20
2.2. Presentación de la Fundación Riky Martin por Cesar Rey Cesar Rey expuso el desarrollado por esa Fundación en materia de trata de personas en Puerto Rico. En primer lugar, explicó lo que se entiende por trata, definiéndola según el Tratado de Palermo como: la captación, traslado acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, a la coacción, al rapto, al fraude, al engaño, y definitivamente lo que supone es un abuso de poder. Señaló Rey que la trata es explotación, es utilizar, manipular, coaccionar o intimidar, a una persona que está en una situación de desventaja, que es vulnerable, que puede ser un viejo o un niño. Igualmente, acentuó que la trata tiene distintas manifestaciones como: la prostitución, la violencia sexual, la pornografía, la pederastia, el turismo sexual, los matrimonios serviles, el forzado en la agricultura (como los niños que en Puerto Rico son sacados de las escuelas y puestos recoger café) y la extracción de órganos. Con preocupación Rey manifestó que en Puerto Rico se practican todos los tipos de trata, incluida la extracción de órganos de la que hasta hace poco no había datos. El representante de la Fundación Riky Martin, señaló que en Puerto Rico hay cerca de 80 carteles internacionales operando en diversos tipos de actividades de delincuencia organizada internacional, como tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, etc. En esa línea, agregó que la realidad de Puerto Rico tiene algunas complejidades muy particularidades que invisibilizaban el problema de la trata y particularmente del abuso de menores. Además, muestra su desasosiego porque Puerto Rico opera como puente de transito de estos carteles, lo que se demuestra en el hecho de que la Asociación de Bancos de Puerto Rico lleva años trabajando el tema de prevención de lavado de dinero en la Isla. Entre las cifras que Rey incluyó en su exposición, se registró que en Puerto Rico se calcula que existe un tráfico de cerca de ochocientas mil personas, siendo en la actualidad la trata de personas la segunda actividad ilícita más lucrativa del mundo, luego del tráfico de drogas y por encima del tráfico de armas. Igualmente, subrayó los alarmantes niveles de pobreza de la Isla y, a manera de ejemplo, apuntó que la trata en Puerto Rico está en algunas de las casas de masajes, donde hay menores que se prostituyen; en los puntos de drogas; en algunos de los hogares sustitutos, etc. Rey señaló que uno de los principales problemas es que no existen protocolos compartidos de intervención entre las distintas instituciones de la Administración. Lo que dificulta el acceso a la información que permita tener un panorama más claro de la situación del país. Finalmente, manifestó que desde hace poco tiempo se encuentra tipificado en el Código Penal como delito criminal la trata de personas pero que aún no hay un adecuado desarrollo normativo que aplique un protocolo que ayude a prevenir esta actividad. 21
2.3. David Ernesto Morales, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de El Salvador Luego de saludar y agradecer a la Procuradora de los Derechos Humanos de Puerto Rico y a los asistentes, se refirió al tema de la Institución del Ombudsman como institución supervisora del buen gobierno. Para Morales, se trata de una facultad tradicional, esencial del Ombudsman, quizá bastante ligada a sus orígenes históricos, en la medida en que la figura del Ombudsman estuvo vinculada a la supervisión, a la vigilancia de la aplicación de la norma del Derecho. Señaló Morales que precisamente esa es la idea, que el rol del Estado y la finalidad del Estado en las democracias modernas es el respeto y garantía de los derechos humanos y que es la dignidad humana el propósito fundamental de la actividad del Estado, conforme lo han establecido los procesos de constitucionalización de derechos en la segunda mitad del siglo XX, siendo para él esa la dimensión que nos permite vincular directamente el de la Institución Ombudsman en relación con el buen gobierno. Recalcó Morales que el concepto de buen gobierno está vinculado directamente al respeto del principio de legalidad, como el mandato de obligación de aplicación de la ley dentro sus límites, atribuciones, prerrogativas y competencias que tiene la Administración Pública en el ejercicio de sus funciones. Conforme manifestó el Procurador, es precisamente en las sociedades democráticas, cuya finalidad es velar por preservación de la dignidad humana por parte de los Estados, que se vuelve necesario que, en la aplicación del principio de legalidad, la Administración genere autocontroles que se traduzcan en principios rectores de la actividad administrativa y que son los principios del buen gobierno. Agregó Morales que del respeto del principio de legalidad surgen los principios del buen gobierno, entre los que destacó: la legitimidad, la no discriminación, la transparencia y la rendición de cuentas, la objetividad, la ausencia del abuso de poder, la imparcialidad en la aplicación de la ley, la garantía del derecho a ser oído y hacer aportaciones de la ciudadanía en el debido proceso administrativo, el acceso a la información pública, etc. Para el Procurador esos son principios del buen gobierno que se encuentran en el mandato de la mayoría de las Instituciones Ombudsman y que son vigilados y son supervisados. También, Morales sostuvo que estos sistemas de autocontroles obligan a generar y a entender el concepto del mal gobierno que genera los ámbitos frente a los cuales interviene la institución Ombudsman ante todas las categorías que definen el mal gobierno, como: las violaciones al debido proceso administrativo, el abuso de poder, la 22
violación de la norma del derecho, la actuación sin proporcionalidad o en ausencia de competencias que puede tener eventualmente la Administración e incluso la omisión de actuar cuando existe la obligación de intervenir. Para Morales, es en este escenario de principios incluidos en los códigos del buen gobierno, como el Código Iberoamericano para el Buen Gobierno, que se introducen algunas ideas vinculadas a la noción del buen gobierno y la protección y garantía de los derechos humanos, como: el reconocimiento de la dignidad, la obligación de buscar permanentemente el interés general, la búsqueda de condiciones de igualdad política de los ciudadanos, la promoción del Estado de Derecho y la justicia social. Por otra parte, señaló que ante la formalización de instrumentos regionales, que dan los criterios del buen gobierno, es inevitable asociar la dimensión de los principios del buen gobierno y del control de la Administración al deber de garantía de los derechos humanos en los estándares del Derecho internacional que se consignan en los distintos instrumentos internacionales. Hizo énfasis en que esos estándares internacionales tienen su desarrollo en la jurisprudencia de los tribunales de derechos humanos y que aluden a la obligación de los Estados de garantía de los derechos, que implica investigar los abusos y las violaciones a los derechos humanos, prevenir la perpetración de violaciones, adecuar la legislación interna a los estándares universales de derechos humanos e inclusive organizar el Estado de modo tal que se incluya la garantía de estos derechos. Por lo tanto, según Morales, la supervisión de los principios y los controles del buen gobierno, entendidos como parte del ejercicio del deber de garantía de los derechos humanos de los Estados, constituye un ámbito prioritario y natural de intervención de las instituciones Ombudsman. Dijo el Procurador salvadoreño que si pensamos no sólo en los principios de París sino en diferentes instrumentos internacionales y legislaciones nacionales que definen el mandato de las Ombudsman en Iberoamérica y en otras Regiones del mundo, resulta aún más evidente esta supervisión al buen gobierno como parte del mandato Ombudsman. Recalcó el Procurador que la independencia del Ombudsman, su capacidad de incidencia frente a las autoridades públicas, sus posibilidades de investigación, sus posibilidades de educación y promoción de los derechos humanos, sus posibilidades de interacción y acompañamiento a la sociedad civil en procesos de participación, que son características naturales de las instituciones Ombudsman, les llevan por supuesto a la obligación de tener un rol protagónico en la supervisión del ejercicio del buen gobierno y en la búsqueda de la erradicación de las manifestaciones de los abusos de poder que representa el concepto de mal gobierno. En esa línea, agregó que no se trata de una mera calificación de que un gobierno local, estatal, federal, sea buen o mal gobierno, se trata 23