T Reformas de las policías latinoamericanas en debate: el Curso de Liderazgo para o Desarrollo Institucional Policial La Red de Policías y Sociedad Civil en Latinoamérica fue criada para promover el intercambio y la diseminación de conocimiento entre actores latinoamericanos del área de seguridad pública, con el objetivo de incentivar su participación a procesos locales de reforma policial. En la práctica, la Red promueve cursos y viajes de estudio para policiales, modera debates virtuales y publica material didáctico producido por sus asociados. Los artículos a seguir fueron publicados en la edición de marzo de 2008, Nº. 4, Ano 2, de InterCAMBIO y están disponibles en el Portal Comunidad Segura (HTUwww.comunidadsegura.orgUTH). Fueron traducidos por Lucia Eilbaum (UFF). Comparte con nosotros sus críticas, propuestas y comentarios sobre la Red. Colabore escribiendo para: HTUpoliciaysociedad@comunidadsegura.orgUTH Editorial TConsolidar un espacio participativo de reflexión y diálogo entre Estado, Policía y Sociedad sobre los desafíos y alcances democráticos vivenciados hoy por las instituciones policiales latino-americanas. TAsí puede resumirse el objetivo general del Curso de Liderazgo para el Desarrollo Institucional Policial, una iniciativa pionera en su tentativa de integrar a los diferentes conocimientos científicos sobre el tema y a los saberes constituidos por la práctica policial. Promovido por la Red de Policías y Sociedad Civil en América Latina, entre los días 5 y 9 de noviembre de 2007, en la ciudad de Río de Janeiro, el evento ya está en su segunda edición. La Red fue ampliada y cuenta hoy con cinco países integrantes más, con organizaciones de la sociedad civil e instituciones policiales representando a El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Venezuela y Perú.
Para este segundo encuentro, cada país representado debería enviar al menos una policía mujer para el Curso. El resultado del primer Curso profundizó las discusiones de género, con la participación de cuatro mujeres policías, enviadas por la Brigada Militar del Estado de Río Grande do Sul, por la Policía Nacional Civil de Guatemala, por la Policía Nacional de Nicaragua y por el Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado de Aragua en Venezuela. El relato que leeremos a continuación constituye una primera muestra de la riqueza de los debates que sucedieron en las conferencias, talleres, paneles y estudios de caso, a lo largo de los cinco días. El Curso tuvo como diferencial de su metodología el haber propiciado que todos los participantes tengan la oportunidad de ser, al mismo tiempo, estudiantes, profesores y moderadores de las experiencias y saberes allí compartidos. Fueron abordados temas como: el mandato policial en las sociedades democráticas; planificación y evaluación del trabajo policial; mecanismos de control interno; universalidad y diversidad del servicio policial; participación y control social: enfoques comunitarios y locales; policía y juventudes; y relaciones entre seguridad pública y defensa nacional en América Latina. Les deseamos una buena lectura!
TP PT La reforma de las policías latinoamericanas en debate: experiencias del Curso de Liderazgo para el Desarrollo Institucional Policial 1 Elizabete R. AlbernazTP PT La consolidación democrática en América Latina es un tema que, salvadas las especificidades de cada contexto nacional, atraviesa toda la región. El progresivo derrumbe del autoritarismo político mostró que la transición para regímenes verdaderamente democráticos involucraba mucho más que la normalización de las instituciones políticas. Se trata de un proceso global que involucra transformaciones ideológicas, institucionales y operativas profundas. Para los participantes del Curso de Liderazgo para el Desarrollo Institucional Policial, promovido por la Red de Policías y Sociedad Civil en América Latina, es la claridad sobre este objetivo mayor la que permite una reflexión crítica y realista sobre los rumbos, límites y potencialidades de los procesos de reforma de las instituciones de seguridad en el continente. Un nuevo proyecto de policía, en última instancia, involucraría también un nuevo proyecto de sociedad. UReforma y cultura organizacional Debido a este histórico de gobiernos autoritarios militares, una de las principales dificultades apuntadas por los grupos de trabajo fue la desmilitarización ideológica y estructural de las instituciones de seguridad. Desmilitarizar, para los participantes, significaría transformar los modelos y estrategias de intervención policial, garantizar un diálogo más cercano a las comunidades y, consecuentemente, mayores grados de legitimidad y eficiencia para las acciones policiales. Con variaciones de intensidad entre los países, podemos observar que esta idea aun sufre resistencias sustantivas entre los sectores populares y segmentos reaccionarios del sistema de justicia y seguridad pública. Sin embargo, es la falta de organicidad de las iniciativas de reforma el factor que impone las mayores barreras para el éxito de proyectos innovadores, parte de ellos presentados en el decorrer del Curso. Según los participantes, los procesos de reforma aun tienden a ser mucho más puntuales y sectorizados, presentando dificultades en relación a las cuestiones de continuidad, expansión y legitimidad institucional. Una medida importante sería considerar a la cultura organizacional de las policías como variable estratégica de planificación, entendiendo que un movimiento de re- 1 Antropóloga, investigadora en seguridad pública.
estructuración institucional debe ser producto de expectativas internas, pero también de un diálogo externo, con las expectativas de la sociedad. UParticipación y control social El tema de la participación social en la planificación, ejecución y evaluación de políticas y proyectos de seguridad fue transversal a todos los debates, talleres y casos presentados. Para las jóvenes democracias latinoamericanas, es fundamental rescatar la confianza y estimular la cooperación entre el poder público y la población. Pero cómo diferenciar participación de vigilantismo comunitario? Cómo mantenerse sensible a las demandas locales, sin permitir que las políticas públicas sean gestionadas en pro de grupos de interés dominantes? Para los miembros de la red, ante el carácter esencialmente conflictivo, desigual e interesado de las dinámicas de pertenencia social, mantener una postura crítica en relación a lo que llamamos participación comunitaria sería fundamental. UMandato policial y uso de la fuerza En lo referente a la construcción del mandato policial, el grupo entendió que no se puede hablar de un mandato, en singular, sino de mandatos, pues éste debe permanecer abierto a la influencia de la pluralidad de características y contextos regionales en que se aplica. Debe estar pautado en referencias claras, consensuadas y democráticas, que presenten explícitamente el alcance y las funciones policiales, bien como su ámbito geográfico de actuación. Para los participantes, ésta sería una manera eficiente de equilibrar la relación con el poder político, evitando la manipulación de las instituciones policiales, sin, no obstante, hacer que éstas pierdan la permeabilidad a las cuestiones políticas, inherentes a la construcción de su mandato. Cuando del uso de la fuerza se trata, existe un consenso entre los miembros de la Red en relación a las características necesarias para la implementación de una política exitosa en este área: 1) énfasis en un proceso de formación pautado en la multidisciplinaridad, en la reflexividad sobre los procedimientos y alternativas adecuadas de uso de la fuerza; 2) la provisión de recursos, como equipamientos, tecnología y valorización profesional; 3) claridad en la propia definición del mandato policial, que debe estar pautado sobre el referencial de los derechos humanos; 4) combate a la impunidad, con un sistema correccional actuante, a partir de indicadores de monitoreo y evaluación claros; 5) aproximación a la comunidad para el diseño de los planes de intervención policial.
UDiversidad y cuestiones de género El debate sobe los usos y sentidos de la noción de igualdad, sea en el trato con el público externo, o con la diversidad interna a las propias organizaciones policiales, también rindió cuestionamientos interesantes: qué significa hablar de tratamiento igualitario en países con perfil poblacional extremadamente diverso, como es el caso de América Latina? La igualdad está en tratar a todos de la misma manera? O en considerar las diferencias de edad, de género, étnicas, etc.? En fin, cómo equilibrar igualdad y respeto a la diversidad? Sobre cuestiones de género, un buen ejemplo fue la discusión sobre el proceso de incorporación de mujeres a los cuadros policiales. Fenómeno relativamente reciente para buena parte de los países representados, el ingreso femenino al ambiente policial, aun muy marcado por un ideal de masculinidad dominante, tiende a potenciar una serie de problemas internos sobre la temática de género. Fue exactamente este nuevo conjunto de cuestiones el objeto de la presentación de Rosa María Juárez Aristondo, subcomisaria responsable por el área de Derechos Humanos de la Policía Nacional de Guatemala. El asedio sexual, a pesar de que no esté tipificado como delito en el país, hoy forma parte del conjunto de infracciones pasibles de punición por el reglamento disciplinar de la policía guatemalteca. En otro tiempo, invisibles, por lo menos institucionalmente, los casos de asedio fueron reconocidos como problema. Para Roda María, esta iniciativa contribuyó para la consolidación de un conjunto de condiciones adecuadas para el recibimiento de denuncias y, más importante, propició un espacio de protagonismo femenino en la discusión de otras cuestiones relativas a la inserción institucional de las mujeres en la Policía Nacional. UPolicía y juventudes Las políticas para la juventud también se encuadran en esta discusión sobre cómo equilibrar la noción de igualdad y la construcción de intervenciones dirigidas a públicos específicos. Los jóvenes, grupo mayoritariamente afectado por la violencia en el contexto latinoamericano, tienden a ser estigmatizados como principales vectores de los actos delictivos. Para los participantes, el problema de la vulnerabilidad social de la infancia y de la juventud no puede ser controlado sólo con acciones represivas, sino con intervenciones que abarquen y prevengan las causas de la violencia. En una política pública eficiente, la policía es sólo uno de los actores involucrados. Sería necesario movilizar inversiones contundentes en la generación de empleo y de renta, educación, planificación familiar y en la ampliación de la red de servicios sociales y de infraestructura urbana general de las comunidades. Sólo así podemos esperar resultados satisfactorios a corto, medio y largo plazo.
USeguridad ciudadana, orden público y seguridad interna En general, para aquellos que participaron del Curso, su gran mérito fue permitir un diálogo sistemático entre los diferentes contextos latinoamericanos, mostrando que aun hay mucho por aprender con la diversidad de experiencias regionales en el tema de la seguridad ciudadana. Las exposiciones evidenciaron que, a pesar de que compartimos una clara identidad geográfica, la región reúne realidades de complejidad y características muy diferenciadas. En casos de contextos políticos pos-conflicto, como en Haití, por ejemplo, la transición democrática y la construcción de la gobernabilidad aparecen como prerrequisitos fundamentales para la re-estructuración del sistema de seguridad pública. Ya en el caso de Nicaragua, el histórico político-social de creación de su Policía Nacional, en 1979, es producto de la propia transición democrática y de la resistencia popular a la dictadura de Anstasio Somoza. Como explicó Mario Valle Martínez, asesor de la Policía Nacional de Nicaragua, la provisión de servicios policiales en su país ya nació asociada a las causas populares, lo que implica cuestiones diferentes para la consolidación de un paradigma de seguridad ciudadana, cuyos principios se encuentran transversalizados por toda la estructura organizacional. En función de estas diferencias, ya con cierto avance en el desarrollo de los trabajos, los participantes entendieron que existía la necesidad de mediar los significados de categorías como seguridad ciudadana, orden público y seguridad interna. Se evidenció que los mismos términos estaban siendo utilizados de maneras diferentes para cada contexto nacional. Por ejemplo, en Perú, como explicó el mayor Julio Diaz Zulueta, de la Policía Nacional, la idea de orden público está fuertemente relacionada a las cuestiones de seguridad interna, o sea, al resguardo de la soberanía y de las instituciones del Estado peruano. Seguridad ciudadana, en ese contexto, es un concepto más amplio que el de orden público, incluyendo cuestiones de calidad de vida, participación social y control de delitos menores y desórdenes, que afecten a las comunidades localmente. Para Haydée Caruso, coordinadora de la Red de Policías y Sociedad Civil, en Brasil la viabilidad de una política de seguridad ciudadana está contenida en las dinámicas propias de construcción del orden público. Siendo una federación de gran extensión territorial, cuyos entes poseen atribuciones específicas y complementares en la gestión pública, la idea de seguridad ciudadana está relacionada al crecimiento del papel de los municipios en la construcción de ambientes más seguros, justamente debido al papel central en la provisión de servicios sociales básicos de infraestructura urbana. Al final del último día del evento, queda la impresión de que aun hay mucho más por conversar, pero el primer paso para que podamos administrar nuestras diferencias, intercambiar experiencias y pensar juntos la seguridad de los ciudadanos de América Latina ya fue dado.