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CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO INTEGRADO DE INVESTIGACIÓN EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO EN AMÉRICA CENTRAL Pilar Andrés Introducción Desde los años 90, diferentes grupos actualmente pertenecientes a la Esfera Ambiental de la UAB han estado comprometidos en el apoyo a las universidades centroamericanas en la formación de profesionales en gestión de los recursos ambientales. Las estrategias y prioridades de los programas han evolucionado en el tiempo, como reflejo de la propia evolución de las ideas sobre educación y sobre prioridades en medio ambiente. Desde el planteamiento inicial, fundamentalmente teórico y centrado en la cooperación entre dos universidades, se ha ido caminando hacia la integración de proyectos docentes con proyectos de investigación aplicados, en los que además de las academias, se ha buscado la implicación de aquellos actores con capacidad de decisión en la gestión ambiental de los países contraparte. Antecedentes La colaboración de la UAB con universidades centroamericanas es ya antigua y, en lo que se refiere a formación en los temas medioambientales, a los que hace referencia esta comunicación, se activa formalmente en los años 90, a través de Maestrías en Recursos Naturales y Medio Ambiente, que se han venido desarrollando principalmente en universidades nicaragüenses (UNAN-Managua, Universidad Agraria de Managua, UCA) y salvadoreñas (UES, ULS). El método de trabajo de estas maestrías corresponde a la modalidad por encuentros que consiste en impartir los conocimientos teóricos en la sede de la universidad contraparte, concentrándolos en el tiempo con tal de optimizar la coincidencia de los calendarios de los profesores y de los estudiantes que, en buena parte, al estar ya graduados, están ocupados durante el año en sus propias carreras profesionales. En 2003, iniciamos un proceso de reflexión sobre las limitaciones que tuvieron que enfrentar y sobre los éxitos alcanzados por nuestros compañeros de los diferentes departamentos de la UAB que habían estado implicados en estas maestrías, del que extrajimos algunas conclusiones que sirvieron de base para las nuevas propuestas. Por lo que respecta al alumnado centroamericano, si se exceptúa el caso de algunas universidades costarricenses, el nivel de formación de los licenciados es muy deficiente, tanto en lo referente al conocimiento de las herramientas básicas (estadística, informática, idiomas, etc.), como al propio manejo del método científico. En este sentido, la intelectualización de los procesos tiende allí a ser puramente descriptiva y se caracteriza por la subjetividad, la falta de sistematización de los datos y los problemas para formular preguntas clave. Así, compensar estas carencias para conseguir una formación mínima a nivel de postgrado implica un esfuerzo suplementario tanto por parte de los profesores como de los estudiantes.

Sin embargo, dada la situación social y económica en la región, los graduados centroamericanos sujetos a formación de tercer ciclo suelen tener responsabilidades familiares y laborales que dificultan extraordinariamente su dedicación exclusiva a su formación. El profesorado que atiende a estas maestrías viene siendo fundamentalmente español, con muy baja presencia de personal procedente de las universidades contraparte, en buena parte a causa de la baja capacitación de sus plantillas docentes. Este hecho tiene consecuencias que afectan a la calidad de la formación que se proporciona, particularmente cuando el tema a tratar es el medioambiental, marcado por una fuerte componente geográfica. En efecto, a diferencia de otros países europeos que han desarrollado potentes centros especializados en la investigación para el desarrollo en los territorios de sus antiguas colonias, el nuestro ha vivido, al menos en lo que respecta a la academia, de espaldas a ellas, por lo que los profesionales españoles carecemos de una formación sólida en las dinámicas socio-ambientales de los sistemas tropicales centroamericanos Así, aún siendo capaces de transmitir metodologías generales, el porcentaje de personal universitario buen conocedor de la realidad física y socio-económica de la región es realmente escaso. Programas actuales En 2003, y bajo el paraguas del Programa ALFA de Cooperación Académica con América Latina, algunos centros de la Esfera Ambiental de la UAB (diferentes facultades, Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales y CREAF) intentamos un nuevo acercamiento al problema. Con ese fin, se creó la Red para la Evaluación y Prevención de Riesgos en el Entorno Centroamericano, alojada en el ICTA (Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la UAB) y que integró inicialmente a profesionales procedentes de universidades y centros de investigación europeos (la UAB, la Universidad de Girona, el CREAF, al Politécnico de Milano Italia- y a la Universidad Blaise Pascal -Francia) y mesoamericanas (UNAN-Managua - Nicaragua-, ULS -El Salvador-, Universidad de Costa Rica y UAEM -México). Los profesionales fueron escogidos de tal modo que pudiesen abarcar con sus conocimientos la mayoría de los ámbitos (desde el derecho internacional hasta la ecología tropical, el urbanismo en zonas de riesgo, o la agroecología) relacionados con el estudio integrado de riesgos en territorios humanizados. Si bien la primera actividad de la Red fue el desarrollo de una maestría de tres años destinada a la formación en prevención de riesgos de 16 becarios procedentes de las universidades de la red, el documento fundacional era más ambicioso y declaraba como intereses de futuro: Desarrollar una actividad docente conjunta y continuada, con tal de facilitar la formación de nuevos bloques de becarios, hasta alcanzar una masa crítica suficiente para la implantación de la nueva especialización en sus universidades de origen. Consolidar la Red en base a la realización de proyectos de investigación aplicada localizados en el entorno Centroamericano, que habrían de ser desarrollados por equipos integrados por miembros de diversas instituciones de la Red y en los que se habría de incluir a personal docente e investigador experto junto con los jóvenes universitarios en formación práctica.

Ampliar el ámbito de la Red a nuevos miembros del entorno latinoamericano y superar el ámbito universitario, de modo que se consiga integrar a instituciones y organismos públicos o privados con competencia en la Ordenación del Territorio centroamericano. La maestría inicial tenía algunas características propias de las maestrías por encuentros, pero también aportaba modificaciones sustanciales al método. Por una parte, se realizaron dos encuentros teóricos clásicos, en Nicaragua y Girona respectivamente. Una novedad sustancial con respecto a las maestrías tradicionales consistió en que los becarios disponían de una dotación económica suficiente para exigir de ellos, como contrapartida, un contrato escrito de dedicación exclusiva a sus estudios. Los becarios fueron dotados también con pasajes y dietas que les permitieron desplazarse durante 8 meses a los paises de la red en los que residían sus tutores para la redactar junto a ellos sus memorias de investigación. Una de las finalidades de la maestría era introducir a los becarios en la investigación aplicada al desarrollo, lo que exigía ponerles en contacto con proyectos reales que pudiesen ser útiles para la solución de problemas ambientales en sus territorios de origen. Dado que la dotación económica de la UE no incluía fondos para investigación, se buscó la colaboración con entidades locales en Nicaragua, El Salvador y México. Estas instituciones proporcionaron, además de los temas prioritarios, tutores en campo para los alumnos y, en algunos casos, datos previos propios que sirvieron de base para los trabajos. Esta cooperación entre el ámbito universitario y el administrativo resultó de gran utilidad a la hora de reforzar el papel de las universidades en los procesos de gobernanza local, a la vez que permitió a la red establecer contactos efectivos con algunas de las administraciones territoriales locales, que favorecieron el posterior desarrollo de proyectos de investigación aplicada, en los que se ha intentado incluir como investigadores contratados o becarios a algunos de los becarios de programa ALFA más exitosos. Un ejemplo en activo de estos proyectos, que se expone en forma de póster en este mismo congreso, es el proyecto Avaluació social multicriteri per a la gestió sostenible de sistemes silvopastorals semiàrids de Nicaragua que se viene desarrollando desde hace tres años con financiación de la ACCD y de la Fundación Autónoma Solidaria (FAS). El proyecto, que trata del replanteamiento de las prácticas productivas y de conservación en la zona ganadera del Área Protegida Miraflor-Moropotente, ha integrado como investigadores a tres de los cinco becarios nicaragüenses de la maestría inicial de la Red y, en su marco, se están desarrollando las memorias de investigación de algunos estudiantes de una nueva maestría de la UAB en Nicaragua así como los trabajos de fin de carrera de estudiantes de Ciencias Ambientales de la universidad contraparte, la UNAN- Managua (FAREM-Estelí). En la actualidad, se están coordinando las actuaciones contempladas en este proyecto con las que derivan de un proyecto liderado por el CREAF, financiado por la AECID, y que tiene como finalidad el robustecimiento de la universidad contraparte de Nicaragua, la UNAN-Managua en su delegación del Norte (FAREM-Estelí) y que incluye la creación de un pequeño centro de investigación dotado con el equipamiento más básico para la investigación en trópico seco, así como la formación de algunos de los expertos necesarios para su mantenimiento.

Puntos fuertes y limitaciones El balance de resultados en el estado actual del proceso arroja, lógicamente, errores y éxitos. Empezando por los primeros, cabe mencionar que no se está obteniendo una rentabilización satisfactoria de los estudiantes centroamericanos ya formados en términos de incorporación a las universidades de origen. Si bien algunos de ellos se encuentran vinculados a las mismas a través de la integración en nuestros proyectos, su proporción es baja y en su mayoría han sido contratados fuera de sus universidades. Probablemente, este hecho se debe a defectos en la selección inicial de los estudiantes, a los que se añade la resistencia de las universidades locales a crear los mecanismos necesarios para su integración estable. Otro serio limitante que hemos encontrado para el cumplimiento de nuestros fines es la dificultad para encontrar personal responsable de los proyectos en las plantillas de las organizaciones contraparte. Como ya se ha mencionado, la tradición de investigación en estos organismos es muy escasa, por lo que no disponen de personal cualificado para asumir esta responsabilidad o bien, en caso de que este exista, resulta difícil que sea liberado parcialmente de sus actividades cotidianas para formarse en la gestión de proyectos de investigación. En consecuencia, esta responsabilidad sigue recayendo principalmente sobre el personal europeo, por lo que no se cumple suficientemente nuestra misión de transferencia sostenible de conocimientos a las instituciones. Otro de los problemas que afronta nuestra red en la actualidad deriva de la actitud de nuestras propias universidades y centros de investigación. Al no existir en ellas departamentos o institutos enfocados a la investigación para el desarrollo, los profesionales que dedican buena parte de su tiempo a esta actividad gozan de escaso reconocimiento en sus departamentos. Las horas dedicadas a maestrías en cooperación no son reconocidas a los profesores o investigadores, al no formar parte de los programas docentes y, en definitiva, quienes aceptan participar en ellas lo hacen en concepto de voluntariado, lo que supone una recarga faraónica en sus calendarios de trabajo y un agravio comparativo frente a sus compañeros. Para completar a diagnosis de limitaciones hay que hacer referencia a las políticas de los gobiernos central y autonómicos en lo que respecta a cooperación universitaria. Por una parte, la cooperación internacional en educación superior habría de respetar el principio de la sostenibilidad en el tiempo, lo que se traduce por programas integrados y a largo plazo, que atiendan al refuerzo de las capacidades de las universidades contraparte y favorezcan las políticas integradoras de la educación en la región centroamericana. Sin embargo, las cooperaciones española y catalana en materia de universidades se vienen caracterizando por la ausencia de una política coherente y mantienen características más propias de pequeñas ONG s que de gobiernos, entre las que se cuentan la atomización de la financiación entre una multitud de programas de cooperación bilaterales inconexos entre sí y a corto plazo, con frecuentes inestabilidades en la financiación. Por añadidura, si ningún profesor universitario pondría en duda que la formación de profesionales a nivel de postgrado exige, junto a una formación teórica, una formación práctica en investigación, son escasos los programas que consideran conjuntamente ambos elementos. Así, se ofrecen programas que financian tan solo la formación teórica y

que, en consecuencia, se dotan con una financiación destinada a cubrir básicamente los viajes del profesorado, lo que es garantía de problemas a la hora de conseguir recursos complementarios para la formación práctica de los estudiantes. Entre los éxitos logrados, que nos animan a continuar hay que mencionar la formación que el profesorado y los investigadores estamos consiguiendo en temas de investigación para el desarrollo. En este sentido hay que recordar continuamente que el desarrollo también es un tema a conducir en Europa, que los beneficios de la cooperación actúan en doble sentido y que nos solo son las universidades centroamericanas las que se enriquecen en el proceso, sino que también los profesionales europeos obtienen, en el curso de su interacción con la realidad en la que operan, una serie de conocimientos enriquecedores para su propia formación, a la vez que valiosos para ser aplicados a procesos que se dan en nuestro propio continente. Desde el punto de vista de las universidades contrapartes, reconocemos que se ha avanzado en la calidad de los profesionales formados, especialmente en los casos de aquellos a quienes se ha podido incorporar a proyectos de investigación colaterales a sus formaciones en maestría. Otro de los logros conseguidos ha sido la integración en nuestros equipos de profesionales latinoamericanos procedentes de países con un desarrollo en investigación superior al centroamericano, concretamente procedentes de México. La presencia de estos equipos, con una idiosincrasia puente entre Centroamérica y Europa, ha facilitado el entendimiento entre los equipos de los dos continentes, ha aportado a los investigadores europeas o centroamericanos la posibilidad de avanzar en el conocimiento de los ecosistemas del trópico y en definitiva supone un avance en la consolidación de la cooperación Sur-Sur. Finalmente, entre los logros de este proceso de trabajo, uno de los más valorados tanto desde nuestra perspectiva como desde la de las universidades centroamericanas, es el reconocimiento explícito de estas instituciones, por parte de los pobladores de las áreas en que se realizan los proyectos de investigación, como agentes mediadores frente a las administraciones locales en casos de planeamiento territorial. Este hecho supone un fuerte impulso para la integración de las universidades centroamericanas en la gobernanza local. Conclusiones De lo mencionado podemos concluir que la cooperación universitaria con Centroamérica en general y, más específicamente en el ámbito medioambiental, precisa una revisión profunda que afecta tanto a los principios rectores como a las políticas y herramientas adecuadas para alcanzarlos. Esta revisión afecta a los diferentes actores implicados en el proceso. Por lo que respecta al nivel de gobierno, sería deseable la creación de un ámbito específico para el desarrollo de la cooperación universitaria, que reconozca a las universidades como agentes de cooperación con características bien diferenciadas de las organizaciones no gubernamentales. Igualmente se requieren políticas específicas para este campo, que reconozcan el valor de la bilateralidad en la

cooperación, y enmarquen la cooperación universitaria dentro de las políticas de apoyo al desarrollo global de las regiones contraparte. Los mecanismos y herramientas asociados a estas políticas habrían de reconocer la necesidad de planes estables a largo plazo en los que tengan cabida conjuntamente la investigación y la docencia. En lo que respecta a la relación con las universidades contraparte, sería preciso hacer un esfuerzo de cara a estimular la apropiación de los procesos de formación por estas instituciones que, todavía hoy, tienden a delegar las responsabilidades de los proyectos conjuntos sobre los equipos europeos, apoyándose en viejas prácticas paternalistas. En este sentido, nos habríamos de esforzar por definir mecanismos de control de la participación activa de los miembros de sus plantillas en la realización de los proyectos y de su compromiso en la consecución de fondos complementarios que faciliten la integración profesional de los universitarios formados en cooperación. En el ámbito de actuación de nuestras universidades, se requiere urgentemente la dignificación del trabajo del personal implicado en cooperación al desarrollo, a través de su reconocimiento oficial. En un futuro cercano, sería deseable, de cara a rentabilizar los esfuerzos de los diferentes profesionales que trabajan aisladamente en este campo, caminar hacia la creación de centros, institutos o departamentos universitarios o interuniversitario orientados a la investigación para el desarrollo, ya históricos en numerosas universidades de Europa y Estados Unidos y que están desarrollando una labor muy positiva tanto en la formación de su personal como en el sus universidades contraparte y que son muy activos en los proyectos internacionales de investigación de calidad en este campo.