Derechos colectivos sobre la biodiversidad vs. Comercio global Germán Vélez Grupo Semillas Colombia país megadiverso Colombia es el segundo país con mayor diversidad del planeta. Se calcula que posee el 10% de la diversidad mundial, aproximadamente 45 mil especies vegetales y una gran variedad de especies vegetales. El territorio colombiano está ubicado estratégicamente y es una región de convergencia entre los ecosistemas de América del Norte y Suramérica. Es por ello que allí existe una enorme diversidad de ambientes y de culturas que ha estado acompañado de una enorme diversidad agrícola y de especies silvestres. El país es centro de diversidad de especies como maíz, fríjol, yuca, papa, tomate y algodón, frutales, hortalizas y plantas de uso medicinal, forestal, artesanal, industrial entre otros, usos. Esta diversidad está ubicada especialmente en los territorios de comunidades indígenas, negras y campesinas en diferentes regiones del país. Estas poblaciones han realizado durante cientos de años un proceso de domesticación, mejoramiento y manejo de estas especies, integrándolas en sistemas productivos diversificados altamente sustentables, y han sido la base de la cultura y de la seguridad alimentaria de estas poblaciones rurales. La inequidad en la distribución de la tierra en Colombia. Colombia, es uno de los países que tiene mayor inequidad en la distribución de la tierra, puesto que el 57.3 % de los propietarios poseen predios menores de tres hectáreas, que en total cubren sólo el 1,7% del área rural; mientras que el 0.4% de los propietarios poseen predios mayores de 500 hectáreas que cubren el 61,2% del área rural. Esta situación de concentración de tierras en unas pocas manos ha generado que las mejores tierras con vocación agrícola, ubicadas principalmente en el Valle del Cauca, en los valles interandinos del Tolima, en la región Caribe y en el piedemonte llanero estén en manos de grandes terratenientes que utilizan estas tierras para la producción agroindustrial, y la ganadería. Mientras que los pequeños agricultores en general, han sido desplazados de estas áreas y se encuentran arrinconados a las áreas más marginales ubicadas en la zona Andina, en la Región Caribe y en los frentes de colonización de la Orinoquía y Amazonía colombiana. Crisis en la agricultura Colombiana: de exportadores de alimentos a importadores Desde la década del 50 se ha presentado un proceso de transformación en el campo colombiano, especialmente, por la introducción de modelos productivos basados en la revolución verde; lo que ha generado un proceso de erosión y pérdida tanto de la biodiversidad como de los sistemas de cultivos tradicionales. Colombia, hasta inicios de la década del noventa, fue autosuficiente e incluso en algunos productos, exportador de alimentos y materias primas. Luego del proceso de apertura económica y de la inserción en la economía global, al país permitió la entada masiva de productos agrícola importados, especialmente desde EEUU y Europa, los cuales son fuertemente subsidiados por estos gobiernos, lo que ha generado que la producción nacional no sea competitiva. Esto ha generado una profunda crisis, especialmente en los pequeños agricultores, y ha hecho que muchos de ellos dejen de producir y pierdan sus tierras. Es así como para el año 2003 el país importó más de 8 millones de toneladas de alimentos, y para el caso del maíz se importó 2 millones de toneladas, que corresponde a más del 70% del consumo nacional. Situación similar ocurre con los productos básicos de la alimentación nacional. En donde se impone la privatización de la vida En las últimas décadas han cobrado gran importancia en el ámbito internacional, nacional y local los temas relacionados con biodiversidad, recursos genéticos, derechos de propiedad intelectual, derechos colectivos, acceso a los recursos genéticos, bioprospección, distribución de beneficios, biocomercio, conservación insitu y exsitu de la biodiversidad, Tratados de Libre Comercio, megaproyectos, entre otros. Esto se debe a que en los últimos años han cambiado las prioridades, los intereses del capital internacional y especialmente las reglas del juego entre los países ricos del Norte y los países
empobrecidos dedel Sur. Es así como actualmente existen fuertes presiones desde los países del Norte y del capital internacional a través de la OMC y otros acuerdos de comercio, que buscan llevar a su máxima expresión el saqueo, expropiación y privatización de los recursos naturales y especialmente los recursos genéticos, presentes en los países del Sur con alta biodiversidad, los cuales han sido conservados y manejados por las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y FAO: Respecto a las políticas internacionales y las legislaciones nacionales sobre conservación uso y manejo de la biodiversidad, se basan en el Convenio de la Diversidad Biológica, firmado en Río Janeiro en 1992; y para el caso de los recursos fitogenéticos, es decir los recursos aplicados específicamente a la agricultura y la alimentación, las políticas y directrices para su conservación, uso y manejo, se rigen por el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos de la FAO. Estos convenios reconocen la soberanía de los Estados sobre sus recursos; pero a su vez le piden a los Estados a conceder libre acceso a los recursos genéticos, para ser aplicados a la investigación y utilización de sus recursos en el ámbito internacional. Adicionalmente, aceptan que los recursos genéticos y las innovaciones biotecnológicas, deben ser protegidas mediante Derechos de Propiedad Intelectual (patentes o derechos de obtenciones vegetales). Como contraprestación al acceso a estos recursos y la aplicación de DPI, se prevé la participación de las comunidades locales en la distribución de beneficios, de forma equitativa y justa. En la práctica el reconocimiento y la aplicación real de los derechos colectivos en los marcos jurídicos internacionales y nacionales no se han hecho efectivo, y se han quedado en una declaración de buenas intenciones y sin capacidad de hacerlas cumplir, y por el contrario, predominan la aplicación de las directrices y obligaciones que en materia de Patentes son definidas por la Organización Mundial del comercio (OMC) y por los Acuerdos de Libre Comercio regionales y bilaterales, como el TLC. Para el caso de Colombia la privatización de los recursos genéticos se permiten a partir de las normas aprobadas por la Comunidad Andina de Naciones (CAN): Decisión 486 sobre Derechos de Propiedad Industrial, la Decisión 345 de Derechos de obtentores vegetales y la Decisión 391 sobre Acceso a los recursos genéticos. La privatización de la vida - biopiratería En las últimas décadas los enormes avances de la biotecnología, han permitido modificar genéticamente las plantas, animales y microorganismos, para obtener productos alimenticios, farmacéuticos y de uso industrial, que tienen de alto valor comercial y que son controlados y protegidos por patentes propiedad de unas pocas transnacionales de los países del Norte. La industria de los países del Norte, ven la biodiversidad de nuestros países únicamente como materia prima para sus producir nuevos productos para el mercado y quieren tener libre acceso a ellos, pasando por encima los derechos patrimoniales que poseen los países de origen de estos recursos y especialmente los derechos colectivos que poseen las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas sobre sus recursos y el conocimiento tradicional asociados a estos. Dentro del sistema de comercio internacional, son protegidas las empresas biotecnológicas y los centros de investigación de los países del Norte; puesto que les permite a través de la imposición de fuertes legislaciones regionales, nacionales de propiedad intelectual, tener libre acceso a los recursos genéticos, mediante actividades de bioprospección y biopiratería en los países biodiversos y en comunidades indígenas y campesinas. Adicionalmente las leyes vigentes les permite a las transnacionales la protección de sus tecnologías y productos, mediante patentes. Para los grupos sociales civiles, comunidades locales y ONG alrededor del mundo, las patentes sobre los seres vivos son inaceptables, porque violan los fundamentos y principios sobre los cuales se rige la vida y porque vulneran los derechos colectivos que poseen las comunidades indígenas y campesinas sobre su biodiversidad y su cultura. Todas las formas de privatización de la vida son uno de los más dañinos y aberrantes aspectos impuestos por los países del Norte a través de la OMC, las leyes nacionales, el ALCA y los Acuerdos bilaterales de comercio (TLC).
La conservación de la biodiversidad en bancos y la privatización de los recursos Por otro lado el sistema mundial de conservación público y privado de la biodiversidad agrícola, se maneja principalmente a través de bancos de germoplasma, controlados por los centros internacionales de investigación agrícola, especializados en determinados cultivos. En Colombia por ejemplo esta el Centro Internacional de agricultura Tropical CIAT, que tiene las colecciones de yuca, frijol, y pastos. En México esta el Centro Internacional de maíz y Trigo CIMYT y en Perú el Centro Internacional de la papa CIP. En total las 15 centros internacionales tienen mas de 600.000 muestras de semillas de todo el mundo, y estas son entregadas y manipuladas en laboratorios principalmente por las transnacionales semilleras, para luego ser patentadas, desconociendo que estas semillas hacen parte del patrimonio colectivo de los agricultores de todo el mundo, quienes fueron los que las crearon y las han conservado hasta nuestros días. Para el caso de la conservación de la biodiversidad silvestre, esta se realiza principalmente en los bosques y ecosistemas naturales, que son de propiedad colectiva de comunidades indígenas, negras y campesinas, quienes los han protegido y manejado durante cientos de años. Adicionalmente la conservación desde el sector oficial, se realiza a través de los sistemas Nacionales de parques naturales y las áreas protegidas. El Estado Colombiano no posee una política forestal que permita proteger los ecosistemas naturales de la arremetida de explotación y destrucción de los bosques y áreas protegidas, impulsadas por el modelo extractivista que impera es estas regiones. Adicionalmente, con la presión que ejercen las transnacionales biotecnológicas para tener libre acceso a la enorme biodiversidad en existe en nuestros ecosistemas naturales, el gobierno nacional, cada vez adecua los marcos jurídicos para permitir la privatización no solo de los bosques y de los recursos genéticos, sino también los territorios tradicionales de las comunidades locales. Es así como se están cocinando cambios estructurales en las políticas del Estado respecto a los territorios estratégicos y de interés para el capital internacional; para lograr este objetivo uno de los aspectos de mayor interés de EEUU en la negociación del TLC es la ampliación de patentes a todos los seres vivos y la libre inversión y la privatización de recursos y territorios naturales. Adicionalmente el proyecto de Ley forestal que se quiere aprobar actualmente en Colombia está dirigido a la privatización y destrucción de los bosques naturales, al fomento de plantaciones forestales y a la venta de servicios ambientales. Adicionalmente la entrega de la administración de los parques naturales nacionales y las áreas protegidas al sector privado y la venta de los recursos genéticos a la industria biotecnológica. Es decir, se pretende poner en la bolsas de valores internacionales todos los recursos y servicios que tienen los ecosistemas naturales, para la venta al mejor postor, como cualquier mercancía, pasando por encima de la soberanía nacional de los bienes públicos de las áreas protegidas y violando los derechos patrimoniales de las poblaciones indígenas, negras y campesinas sobre sus territorios y recursos, los cuales por constitución son inembargables, imprescriptibles e inajenables. Esta misma situación ocurre con el proyecto de ley de aguas que actualmente cursa en el congreso, que pretende privatización de este bien que es de carácter público. OMC FMI y Banco Mundial Actualmente la economía global se rige por los lineamientos que dicta la Organización Mundial del Comercio OMC a los países miembros y otros organismos financieros internacionales. La Organización Mundial de Comercio (OMC), fue establecida en 1995 para sustituir al Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas (GATT, por sus siglas en Inglés), creado para implementar las reglas para el comercio internacional. Promueve la agenda de libre comercio en beneficio de las corporaciones TNC. Esta organización esta controlada por los países ricos y la posición de los países del sur es de subordinación y muy debil. La OMC omite completamente los derechos sociales y de los pueblos. América Latina se enfrenta a políticas diseñadas desde las instituciones financieras: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y más recientemente desde la OMC, con su amplia agenda de negociaciones en función de los intereses del capital transnacional. Mediante las políticas de estas instituciones América Latina ha sufrido una larga
historia de impactos socio-ambientales generados por los programas de ajuste estructural, los proyectos extractivos y de explotación de los recursos naturales y de infraestructura para el desarrollo. El FMI busca ampliar las privatizaciones y el debilitamiento de las funciones sociales del Estado (Grain 2003). La aplicación de los Acuerdos de libre Comercio multilaterales, regionales y bilaterales son de carácter obligatorio para los Estados Partes, so pena de ser demandados por obstaculizar el libre comercio de mercancías y servicios. Por ejemplo, EEUU ha ganado varias demandas en la OMC en contra de la Unión Europea, porque estos países se oponen a la importación masiva de maíz, soya, productos cárnicos y lácteos con componentes transgénicos provenientes de EEUU. Si esto le sucede a la Unión Europea por intentar bloquear las politicas globales de comercio, entonces Qué le puede pasar a países tan débiles como Colombia en una demanda por no aceptar las reglas de comercio impuestas por EEUU en el marco del TLC? Tratados de Libre Comercio - TLC Actualmente, varios países Andinos están negociando con EEUU un tratado de libre comercio (TLC). Ete acuerdo pretende establecer los lineamientos del comercio de nuestros países para las próximas décadas. La agenda de esta negociación incluye varios aspectos que van a afectar nocivamente la vida, los derechos de los ciudadanos, la política y la economía de nuestros países. Para EEUU la prioridad que tiene con los TLC que esta firmando por todo el mundo, es imponer los temas que no han sido posible introducir a través de la OMC y del ALCA y que son fundamentales para poder profundizar el control total de la economía, pero que son extremadamente sensibles para nuestros países por los impactos que podría generar sobre la soberanía nacional, especialmente en aspectos económicos y políticos. El TLC generará un impacto catastrófico en el campo, en la agricultura y sobre todo afectara los territorios y los recursos de las comunidades indígenas, negras y campesinas, puesto que permitirá la privatización de todos los bienes y servicios y territorios estratégicos. Adicionalmente nuestro país se vera inundado por la importación masiva de productos y alimentos de EEUU, lo que seria la estocada final de nuestra economía, soberanía y autonomía. Esto es exactamente lo que le sucedió a México desde hace una década con la firma del TLCAN, en donde el campo atraviesa una profunda crisis y se calcula que cerca de 30 millones de personas han salido del campo, como consecuencia de esta crisis y hoy México está importando gran parte de sus alimentos de EEUU; por ejemplo en 2003 se importó 9 millones de toneladas de maíz. Aspectos más nocivos del TLC: 1. Inversiones El eje fundamental del TLC son las inversiones del capital de EEUU sin límites ni restricciones en todos los sectores de la economía. Con esto se pretende el control total de la política, la economía y de la población de nuestros países, mediante la privatización de todos los bienes y servicios estratégicos para el capital internacional. De acuerdo con GRAIN, 2004, Esto significa, que: Se obliga la apertura de absolutamente todos los sectores de la economía nacional a la intervención de los capitales extranjeros, incluye: salud y educación, comunicaciones (TV, radio, telefonía ), electricidad, ambiente, agua, minerales, puertos, cárceles, militar y entre otros. Mediante el TLC se le daría al inversionista un trato nacional y un trato justo y equitativo. Es decir, que ningún ciudadano o grupo étnico puede tener un trato especial y diferente, para proteger sus derechos y sus territorios, al que se le dé a un inversionista de EEUU. Se le debe dar la garantía al inversionista de poder invertir en cualquier sector de bienes y servicios, sin importar que existan derechos colectivos adquiridos previamente. Esto acabará con los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y posibilitara enajenar tierras indígenas. El Estado debe renunciar al control de la concentración económica y los monopolios. Se debe garantizar que no se podrá expropiar una empresa de EEUU. Esto imposibilitaría por ejemplo, realizar reformas agrarias o la recuperación ambiental de cuencas.
Garantía del Estado para que las empresas de EEUU vean satisfechas sus expectativas de ganancias. Los países serían obligados a pagar millonarias sumas a las empresas cuando éstas no ganen lo que esperaban. Los Megaproyectos: En años recientes ha surgido el interés del capital internacional por hacer grandes inversiones en los sectores estratégicos de nuestras economías; es así como en los planes de desarrollo nacional, regional y local, especialmente en las obras de infraestructura y megaproyectos en sectores como: transporte (obras viales, portuarias), hidrocarburos, infraestructura energética, áreas biológicas protegidas y desarrollos agropecuarios agroindustriales. Muchos de estas iniciativas se realizan o se pretende realizarse en zonas estratégicos ubicadas en territorios de comunidades indígenas, negras y campesinas, e involucran los recursos allí existentes. La implementación de estos megaproyectos presentan impactos negativos sobre el ambiente y sobre las comunidades rurales, puesto que pasan por encima de las poblaciones involucradas y se establecen sin las suficientes medidas de concertación, prevención ni de mitigación tanto ambientales, como social. 2. La agricultura Los gobiernos y las transnacionales insisten equivocadamente que la liberación de la economía mundial, traerá consigo el desarrollo de nuestros países y la posibilidad de que los agricultores de los países pobres, puedan vender sus productos en los mercados hasta ahora inaccesibles. Por el contrario, la apertura lo que ha generado e es el colapso y una profunda crisis de la agricultura de nuestros países. Es así como la eliminación de las barreras al libre comercio, y también de los subsidios y de las actividades fomento que protegían incipientemente a la economía campesina, fueron cerrados. Esta situación conllevo colapso de la producción agropecuaria nacional y a la importación masiva de productos norteamericanos y europeos altamente subsidiados. Luego de firmar el TLC, Colombia se verían inundada de productos subsidiados alimenticios y de uso industrial provenientes de EEUU, lo que generaría una mayor crisis y en muchos caso, la desaparición de la agricultura nacional y especialmente, de los pequeños agricultores De acuerdo con Mantilla, 2005, el gobierno Nacional pretende en las negociaciones del TLC, proteger algunos sectores, especialmente agroindustriales para la exportación como: Los productos no alimentarios como flores, palma y algodón, los cuales a primera vista pueden insertarse en el mercado internacional exitosamente. También se puede pensar en cultivos no alimentarios emergentes como las plantas aromáticas, aunque no habría claridad sobre cual sería la política pública al respecto. Se apoyaría los cultivos alimentarios marginales para la dieta nacional que también entrarían con fortaleza en mercados internacionales como el banano y otras frutas y alimentos exóticos como borojó, pitaya, cacao y hasta hormiga culona. Algunos cultivos alimentarios más cruciales para la dieta y que son apoyados por el gobierno, pero que tienen su mercado amenazado en virtud de la fuerte competencia norteamericana serían objeto de ardua negociación. Dentro de estos alimentos se destacan sorgo, soya, las diversas variedades de maíz, arroz, leche, cerdo y pollo. De llegar a firmar el TLC, se generaría en el país un grave problema en materia alimentaria en el corto plazo con miras a agravarse en el mediano y el largo, en aspectos como (Mantilla, 2005): El apoyo a cultivos no alimentarios propiciaría el crecimiento del área sembrada de los mismos, bien sea por la vía de los megaproyectos agroindustriales o incluso por la vía de la elección de pequeños agricultores que podrían abandonar los cultivos alimentarios al observar un mayor rendimiento. Este es el caso de la expansión del cultivo de palma africana en territorios de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. El apoyo a cultivos alimentarios pero marginales cuenta con dos problemas fundamentales: En primer lugar, este tipo de cultivos no contribuyen de manera importante al abastecimiento alimentario nacional, por lo cual solamente tienen relevancia como productos para la exportación. En segundo lugar, también cuentan con una alta vulnerabilidad en los precios globales.
La posibilidad de obtención de ventajas en la negociación para alimentos básicos de la dieta es más que una quimera. Para los intereses comerciales y de seguridad de Estados Unidos resulta clave mantener tanto un buen volumen de producción alimentaria en pos del control de importantes reservas de alimentos, como a su vez generar importantes ganancias. Por esa razón para los intereses de los grupos comerciales estadounidenses resulta fundamental el apoyo a su producción alimentaria, de ahí que el desmonte de los subsidios se muestre como algo impensable según la experiencia histórica reciente. Adicional a lo anterior, vemos como ya es casi un hecho las dificultades que tiene la producción nacional para competir con la norteamericana, en razón de los subsidios, de la tecnología, de la práctica de producción intensiva, e incluso de la latente posibilidad del dumping comercial, es decir la entrada ilegal al país de productos baratos altamente subsidiados, por debajo de los precios internacionales. 3. Los servicios ambientales La economía neoliberal ve a la naturaleza con una lógica de capital. Describe como capital natural al stock de materiales e información que existe en la naturaleza, y como servicios ambientales al flujo de materiales, energía e información del capital natural (Costanza, et al, 1998). Dentro de los territorios tradicionales de los Pueblos indígenas y afrodescendientes, hay una serie de recursos naturales estratégicos para las empresas como la biodiversidad, los bosques, el agua y el aire limpio, el ecoturismo, entre otros, que hoy día se consideran servicios ambientales. Los logros legales y constitucionales que los Pueblos han alcanzado, se han constituido en un impedimento para asegurar este acceso ilimitado estos recursos al comercio global. Es por ello que, el capital internacional promueve la redefinición del concepto de servicios, de tal forma que se incluyan todos los componentes de los ecosistemas naturales como servicios ambientales, los cuales tienen un valor predominantemente económico, que permite cuantificarlo para ponerlos en el ámbito del comercio global, y así poder privatizar los recursos y bienes que han sido desde siempre de dominio público. El hecho de ponerle un valor económico a los bienes públicos y los territorios de las comunidades locales, ha permitido llevarlos a las bolsas de valores internacionales, para ser cotizadas como acciones monetarias, como cualquier otra mercancía. Al poner los servicios ambientales al servicio del capital internacional, se generaran impactos como: El Estado perderá soberanía sobre el territorio nacional y sus recursos naturales. El Estado entregaría el control y manejo de sus recursos estratégicos para la conservación de los ecosistemas y la vida de las poblaciones, a manos de las empresas privadas. la población local no podrá actuar soberanamente sobre sus espacios tradicionales porque alteraría las condiciones sobre las cuales se transó la venta de servicios ambientales, para que sea controlado por ONG internacionales ambientalistas o empresas privadas. Incluso la población local también tendrá que pagar por los servicios ambientales. las poblaciones locales pueden verse obligadas a migrar, ya sea porque son violentamente desplazados por los nuevos interesados por estos recursos y territorios; o porque sus formas tradicionales de uso y manejo de los ecosistemas cambiarán de tal forma que ya no sea viable su permanencia en sus territorios. En el marco de las negociaciones del TLC, uno de los aspectos de mayor interés para EEUU es la posibilidad de privatizar cualquier bien, recurso y servicio presentes en los ecosistemas naturales, a través del término servicios ambientales, que incluye: La privatización del agua, mares, ríos y lagos, los parques nacionales. La privatización de la biodiversidad, los bosques, los recursos genéticos y del conocimiento tradicional asociado a estos. La privatización de la atmósfera, el clima e incluso el aire. Uno de los negocios que se perfilan como mas lucrativos en el futuro, es la venta de sumideros de carbono ; que consiste en la venta de aire limpio que producen nuestros ecosistemas naturales y artificiales, como las plantaciones forestales y también las actividades que dejen de producir contaminación. Esta venta se hace a los países
industriales altamente contaminantes, quienes tienen que cumplir con una cuota de reducción de emisiones de carbono a al atmósfera. La privatización y entrega a las trasnacionales funciones gubernamentales, como: la normatividad ambiental y el manejo de las áreas públicas protegidas (parques nacionales). También la inversión del capital privado en proyectos de ecoturismo en estas áreas protegidas. 4. Derechos de propiedad intelectual (Patentes) Este es uno de los temas más críticos y que generarán un fuerte impacto sobre la soberanía que poseen nuestros países sobre los recursos genéticos y especialmente sobre la biodiversidad y conocimientos tradicionales de las comunidades locales. Uno de los aspectos que considera EEUU fundamentales y no negociable es la aplicación de los derechos de propiedad intelectual a todos los ámbitos del comercio (sin excepciones). Especialmente se pretende eliminar todas las exclusiones del patentamiento a las que están sujetas la materia viva y el conocimiento tradicional, en las leyes de DPI que son vigentes en nuestros países. De esta manera se afectaría la soberanía nacional sobre estos recursos y los derechos colectivos que poseen las comunidades sobre estos. Igualmente, se pretende que la industria biotecnológica de EEUU y los centros de investigación públicos y privados tengan libre acceso a los recursos genéticos para la aplicación en sus innovaciones tecnológicas, las cuales estarían protegidas por los sistemas de propiedad intelectual. Adicionalmente, estaría en el ámbito, incluso la privatización los territorios tradicionales de comunidades indígenas, negras y campesinas, incluyendo todos los recursos allí existentes. En el tema de patentes biológicas y conocimiento tradicional EEUU pretende: Apropiarse y monopolizar seres vivos y sus partes sin excepción (plantas, animales, genes y tejidos humanos). Ello convertirá en delito la libre reproducción de plantas y animales y el intercambio de semillas. Apropiarse e impedir la circulación y el uso de conocimiento e información científica y también el conocimiento tradicional, las creaciones artísticas y culturales (música, literatura, danzas, diseños, símbolos y rituales, etc.).. Monopolizar la producción y venta de medicamentos; y especialmente impedir que en nuestros países se fabriquen medicamentos genéricos baratos. 5. Los cultivos y alimentos transgénicos Los cultivos y alimentos transgénicos han generado una gran preocupación y rechazo en todo el mundo, por diferentes sectores de la sociedad, especialmente por los agricultores, consumidores, movimientos ambientalistas, y por parte de la comunidad científica, debido a los interrogantes que existen por los posibles impactos negativos que pueden generar sobre los ecosistemas, la biodiversidad, la salud y en los aspectos socioeconómicos y la seguridad alimentaria, especialmente en los países del Sur. Colombia, hasta inicios de la década del noventa, fue autosuficiente en el suministro de alimentos y materias primas. Pero en la última década se ha profundizado la crisis del sector agropecuario, especialmente luego de la apertura económica, que el país permitió la importación masiva de productos agrícolas fuertemente subsidiados, principalmente desde EEUU. Esto ha generado que la producción nacional sea inviable y no competitiva. El país, al perder su capacidad productiva de alimentos, ha tenido que importar los productos básicos. Para el año 2003 el país importó más de 8 millones de toneladas de alimentos, de estas, 2 millones de toneladas son maíz, que corresponde a más del 70% del consumo nacional. Para el caso del maíz y la soya, Colombia está importando soya y maíz transgénico desde hace más de diez años, especialmente desde EEUU y Argentina. Una gran parte de la producción en estos dos países es genéticamente modificada. Sin embardo, Colombia está importando soya y maíz sin ningún control (segregación o etiquetado). La soya transgénica está entrando a la cadena alimentaría a través de programas de ayuda alimentaría dirigidos especialmente a la población infantil; y mediante productos procesados por la industria (alimentación humana y animal). El maíz transgénico ya ha sido incorporado en la dieta alimentaria humana y animal, sin que ninguna autoridad gubernamental ejerza control.
Incluso, es probable que parte del maíz transgénico importado como materia prima, haya sido utilizado como semillas por los campesinos; de igual forma como ya ocurrido en México. En el año 1998 el ICA, expidió una resolución para reglamentar la producción e introducción de organismos transgénicos de uso agrícola. Pero todavía no se existe una ley nacional en materia de bioseguridad que involucre aspectos ambientales, socioeconómicos y salud humana. Este vacío jurídico y la falta de posición política que defienda los intereses nacionales, va a ser más crítico una vez entre en vigencia el Tratado del Libre Comercio, TLC, que el gobierno de Colombia pretende suscribir con EEUU a principios de 2005; puesto que uno de los aspectos que quiere imponer EEUU en el tratado es la eliminación de restricciones y prohibiciones a la introducción de cultivos y alimentos transgénicos en los países firmantes. Esto haría totalmente inoperante la aplicación del Protocolo de Bioseguridad e incluso la débil normatividad nacional para el control y manejo de la biotecnología. Actualmente existe una evidente alianza entre los sectores que están promoviendo activamente los transgénicos en el país, como son: las empresas biotecnológicas, las entidades gubernamentales del sector agrícola, la academia, el sector agroindustrial y los medios de comunicación. En el año 2004 en Colombia se sembró 12.000 hectáreas de algodón transgénico. La liberación comercial del algodón Bollgard (Bt) de Monsanto (resistente a plagas de Lepidopteros) en el año 2003, se basó en un procedimiento de la evaluación de riesgos insuficiente y manipulado por Monsanto. Adicionalmente el procedimiento para la aprobación por del Consejo Técnico Nacional de Bioseguridad, CTN, fue irregular. Es por ello que algunas organizaciones de la sociedad civil entablaron dos demandas judiciales en contra del Ministerio de Agricultura, del ICA, del Ministerio de Ambiente y de Monsanto. En marzo de 2005 se dio el fallo final del Consejo de Estado, en donde ordena que no se requiere el tramite de Licencia ambiental para el algodón Bt, pero si ordena que todos los transgénicos que se introdusca Lugo de la ratificación en Colombia del Protocolo de Bioseguridad en 2002, requieren licencia ambiental ante el Ministerio de Ambiente. La demanda en contra del ICA y el Ministerio de agricultura actualmente están en curso. Actualmente las empresas Monsanto y Dupont, quieren liberar comercialmente maíz Bt resistentes a algunas plagas y maíz tolerante a herbicidas. El ICA ha autorizado a estas empresas realizar ensayos de campo desde 2004 en las regiones más productoras de maíz del país. Estos ensayos al igual como sucedió con el algodón Bt, adolecen de evaluaciones rigurosas de bioseguridad; con el agravante que el ICA no tiene en cuenta los impactos que podrían tener el maíz transgénico sobre la enorme diversidad de maíz que posee el país y tampoco considera la evaluación de los impactos socioeconómicos, en la salud y especialmente sobre la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas y campesinas. Estrategias campesinas frente a los transgénicos El sector campesino ha sido totalmente marginado, tanto del debate sobre transgénicos, como de la participación en la toma de decisiones sobre este tema. Sin embargo, en muchas regiones del país las organizaciones indígenas, negras y campesinas tienen una posición muy crítica y están implementando múltiples estrategias para afrontar los impactos que podría generar los organismos transgénicos en sus en sus territorios. Una de las más importantes acciones para afrontarlos es la promoción y fortaleciendo los sistemas productivos agroecológicos diversificados y la alimentación tradicional, y también mediante la busqueda de alianzas entre las organizaciones rurales con otros sectores de la sociedad que permitan establecer posiciones y acciones de rechazo frente a los transgénicos. El tema de los transgénicos es un punto crítico en la negociación del TLC, puesto que el interés de EEUU y que para ellos no es negociable, es que ningún país firmante del tratado podría oponerse a la introducción de cultivos y alimentos Transgénicos e incluso poder ejercer control y monitoreo de estos en los países parte del tratado. Esto haría totalmente inoperante la aplicación del Protocolo de Bioseguridad firmado por Colombia y también la débil legislación nacional en esta materia. Bogotá, abril 8 de 2005