Hacia la nacionalización petrolera



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Rubén Sader Pérez Rubén Sader Pérez fue miembro del Directorio Ejecutivo de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) desde su fundación en 1960, y Director General de la misma empresa desde 1963 hasta 1969. Durante esos años dio una ardua, solitaria e infructuosa batalla: intentó hacer de la CVP el camino hacia la auténtica nacionalización de la industria petrolera venezolana. En sus textos, proscritos por todos los poderes constituidos del país, argumenta, razona y clama por una administración estatal del petróleo para beneficio de todos los venezolanos. RIF:G-20000110-0 La presente obra es testimonio del mencionado proceso de nacionalización petrolera, y ofrece el análisis de los hechos y controversias que marcaron tal etapa, al tiempo que devela la lucha por la justa participación del Estado en los resultados de su principal industria. Es cierto que el petróleo es nacional en la medida en que el Libertador Simón Bolívar, en el año 1829, decretó que los bitúmenes o jugos de la tierra eran propiedad de la nación ( ) pero la Industria todavía está en manos ajenas. Bolívar hizo su tarea, pero la nuestra es a nosotros a quien corresponde realizarla, asentó Sader Pérez. Hacia la nacionalización petrolera Hacia la nacionalización petrolera Rubén Sader Pérez Hacia la nacionalización petrolera DIRECTORIO Nelson J. Merentes D. Presidente Jorge Giordani Armando León Rojas José S. Khan José Félix Rivas Alvarado ADMINISTRACIÓN Nelson J. Merentes D. Presidente Eudomar Tovar Primer Vicepresidente Gerente COMITÉ PERMANENTE DE PUBLICACIONES José Félix Rivas Alvarado Presidente Armando León Rojas Carlos Mendoza Pottellá Jaime Luis Socas Iván Giner Txomin las Heras Colección Venezuela y su Petróleo

Rubén Sader Pérez Hacia la nacionalización petrolera Colección Venezuela y su Petróleo Nota Editorial 3

Catalogación en fuente de Biblioteca Ernesto Peltzer Sader Pérez, Rubén Hacia la nacionalización petrolera / Rubén Sader Pérez ; introducción [y coordinación de la colección] Carlos Mendoza Pottellá. Caracas: Banco Central de Venezuela, 2013. 196 p. Colección Venezuela y su Petróleo. ISBN: 978-980-394-078-2 1. Petróleo Industria y Comercio Venezuela. 2. Compañías petroleras Venezuela. 3. Industria petrolera Política gubernamental Venezuela 4. Venezuela Política económica 5. Petróleo Venezuela Nacionalización 6. Política energética Venezuela I. Título. II. Mendoza Potellá, Carlos III. Colección Venezuela y su petróleo Clasificación Dewey: 338.27282/S125/2011 Clasificación JEL: L71; Q40, Q43. de esta edición: Banco Central de Venezuela, 2013 Coordinador de la Colección Carlos Mendoza Pottellá Producción editorial Gerencia de Comunicaciones Institucionales, BCV Departamento de Publicaciones Avenida Urdaneta, esquina de Las Carmelitas Torre Financiera, piso 14, ala sur Caracas 1010, Venezuela Teléfonos: 801.5514 / 8380 Fax: 536.9357 publicacionesbcv@bcv.org.ve www.bcv.org.ve RIF: G-20000110-0 Diseño gráfico José Gregorio Salazar Pinto Diagramación José V. Leal O. Corrección de textos Liliana Nunes De Gouveia Transcripción Bertha Castro Impresión Gráficas Acea C.A. Hecho el Depósito de Ley Depósito legal: lf35220123202849 ISBN: 978-980-394-078-2 Impreso en Venezuela - Printed in Venezuela

ÍNDICE Nota editorial...9 Introducción de Carlos Mendoza Pottellá...11 Presentación de Rubén Sader Pérez...13 CAPÍTULO I Contratos de Servicio: relación de un proceso...17 Oportunidad para conocer las alternativas de las compañías...18 Las Bases Mínimas de la CVP proponían correctivos y cambios estructurales...20 Advertencia al Ejecutivo sobre el cambio en las Bases de Contratación llevadas al Congreso...23 Información al Congreso Nacional de los cambios introducidos por el Ejecutivo...30 Infiel al pasado. La mayoría parlamentaria aprueba fórmula contractual del Ejecutivo...69 Salto atrás y manipulación publicitaria de la participación fiscal...71 Los Contratos de Servicio violan las Bases de Contratación aprobadas por el Congreso Nacional...74 Otras violaciones contenidas en la Guía de Contabilidad anexa al contrato...80 CAPÍTULO II Reversión y cambio político...83 Plan de acción ante la reversión...83 Silencio de las compañías y vaguedad de los políticos...84 Esto es lo que piden las compañías...85 Ya tienen los contratos o convenios...86 Primero tiene que hacerse efectiva la revisión...87 Medidas y ventajas de la reversión...88 La capacidad nacional de manejar la industria...90 El camino político es indispensable...90 Nos estamos acercando?...91

CAPÍTULO III Cuánto vale el gas venezolano?...95 CAPÍTULO IV Hacia un programa de investigación sobre petróleo y petroquímica...99 CAPÍTULO V Vía Crucis de las petroleras latinoamericanas...103 La pragmática de Betancourt...103 La YPF Argentina...104 La EPF peruana...104 Pemex...105 ANAP-Ancap...106 La boliviana YPFB...106 La brasileña Petrobras...107 La Ecopetrol...108 Ejemplo para Venezuela...108 La Corporación Venezolana del Petróleo...109 Problemas comunes... 110 Las nuevas perspectivas...111 Betancourt y su nuevo trato...113 Efectos del deterioro de los precios y de otras medidas...114 Divergencias y coincidencias... 116 Firmeza contra la nacionalización...118 El pragmatismo como doctrina...118 Nadie niega el progreso...119 Convenios de transacciones...120 Los tiempos han cambiado...120 CAPÍTULO VI La vía venezolana hacia la explotación directa de los hidrocarburos...123 Qué significa nacionalización?...123 Por qué se nacionaliza?...124 Dependencia económica y política...124 Disminución de reservas...125 Áreas ociosas...126 Baja en la perforación de la CVP... 128 La mala vía contractual...129

Para qué contratos a estas alturas?...130 Ellas rechazan la reversión...131 Nacionalizar posiblemente antes de 1983...132 La CVP es rentable...132 La factibilidad política...133 La vía venezolana...134 Dentro de un esquema constitucional o revolucionario...135 Bolívar nacionalizó el petróleo, pero la industria está en manos ajenas...135 CAPÍTULO VII Transferencia tecnológica en un modelo de puertorriqueñización: Venezuela...137 Qué es la transferencia tecnológica?...137 Ahorro del empresario privado...138 Ventajas para el sector estatal...138 La ITT y la guía de la Cantv...139 En la industria petrolera...140 La otra experiencia...140 No se salvan las Fuerzas Armadas...142 Una salida posible?...143 CAPÍTULO VIII Nacionalización de la industria petrolera en Venezuela...145 Inversión extranjera en petróleo...145 Participación del petróleo en la economía venezolana...145 Las concesiones de hidrocarburos...146 Reversión de las concesiones... 146 Comportamiento de las compañías extranjeras...147 Ley sobre Bienes Afectos a la Reversión...150 Demanda de nulidad de la ley...151 Experiencia de la explotación por el Estado...153 Contratos de Servicio... 155 Nacionalización de la industria... 160 El marco político... 164 Los obstáculos de la integración... 166 Antes, las necesidades primarias... 167

CAPÍTULO IX La nacionalización como objetivo de investigación científica...179 Aspectos legales...181 Recursos humanos... 183 Adquisición de bienes y servicios extranjeros...185 Transferencia tecnológica...186 Valuación de los activos de la industria...188 Cambios en los patrones técnico-operacionales...189 La comercialización internacional... 190 Las inversiones y su financiamiento...191 Nueva estructura organizativa...191 Evaluación sociopolítica...192 La estrategia por definir...195 8 Hacia la nacionalización petrolera

NOTA EDITORIAL El Banco Central de Venezuela presenta la Colección Venezuela y su Petróleo como un aporte al rescate de textos en los cuales ha quedado plasmada la lucha de la nación venezolana por la soberanía sobre sus recursos de hidrocarburos. Ese combate, librado en la mayoría de las oportunidades en condiciones de inferioridad frente a los carteles petroleros internacionales, fue registrado por cronistas e investigadores en obras que, durante décadas, constituyeron las fuentes bibliográficas para la docencia en las universidades nacionales. Sin embargo, desde mediados de los años ochenta del siglo pasado, por la imposición de los dogmas del libre mercado y la aceptación acrítica de la globalización impulsada por el Consenso de Washington, el estudio de la política, legislación, sociología y economía de los hidrocarburos fue minimizado y, en algunos casos, extirpado de los respectivos programas de cada una de esas carreras en casi todas las universidades del país. El enfoque de estos temas se redujo a lo estrictamente administrativo-técnico y a la información corporativa orientada a la justificación de las políticas de privatización y apertura incondicional al capital petrolero internacional. Por ello, se puede afirmar, sin duda, que la mayoría de los profesionales de las ciencias sociales egresados en los últimos 30 años de las universidades venezolanas han recibido una muy reducida información sobre la historia y fundamentos de las políticas públicas en materia de hidrocarburos. En el contexto de la profunda crisis económica y social que se vive en el mundo y el consecuente derrumbe de la mitología neoliberal, se renueva la vigencia del pensamiento económico nacionalista y se impone la revisión de sus fundamentos filosóficos e históricos. Tal es el propósito al que quiere contribuir esta colección. Nota Editorial 9

10 Hacia la nacionalización petrolera

INTRODUCCIÓN La obra que hoy presentamos califica plenamente dentro de los objetivos de la Colección Venezuela y su Petróleo: textos fundamentales para la comprensión de la historia petrolera de Venezuela que fueron relegados al olvido por su carga de denuncia y por sus postulados de lucha por la soberanía nacional sobre sus recursos y la justa participación nacional en los resultados de su industria. Rubén Sader Pérez fue miembro del Directorio Ejecutivo de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) desde su fundación en 1960 y Director General de la misma empresa desde 1963 hasta 1969. Durante esos años dio una ardua, solitaria e infructuosa batalla: intentó hacer de la CVP el camino hacia la auténtica nacionalización de la industria petrolera venezolana. En sus textos, proscritos como ya dijimos, por todos los poderes constituidos de este país, argumenta, razona y clama por una administración estatal del petróleo para beneficio de todos los venezolanos y combate todas las argucias mediante las cuales se pervirtió la figura de los Contratos de Servicio, ideados para facilitar el inicio de operaciones de la CVP, hasta convertirlos en concesiones disfrazadas que violaban abiertamente la política de no más concesiones, la cual había adquirido rango constitucional en el texto magno de 1961. La frustración se comenzó a prefigurar desde el propio acto de fundación de la CVP. En el mismo, el presidente Betancourt se curó en salud ante los concesionarios y sus mentores al hacer referencia a los limitados fines de la CVP y el carácter flexible de la política de no más concesiones: Esta empresa no viene a competir con las empresas privadas. La misma modestia del capital de trabajo que le hemos asignado, indica cómo son de limitados sus fines y objetivos; pero la Corporación Venezolana del Petróleo debe ser y será el vehículo de que se valga el Estado para otorgar, ya no concesiones sino Contratos de Servicio y otras fórmulas de arreglo, que hay muchas, y muchas se están utilizando en varios países petroleros, para desarrollar la explotación y producción de aceite negro en el país (29/05/1961). No hemos otorgado concesiones porque las muy ricas que quedan, bien ubicadas, en el centro y en las riberas del lago de Maracaibo, estamos seguros que van a ser exploradas y explotadas mediante Contratos de Servicio (29/06/1963). No es extraño, pues, que el destino de la CVP fuera el de quedarse enana, al estilo bonsái, hasta su languidecimiento final y su fusión con la filial de la Mobil en Venezuela para constituir Corpoven. Introducción 11

Pero esa batalla perdida de Sader Pérez no fue en vano. En sus escritos quedan profundas enseñanzas que se hace necesario rescatar, porque los contendientes que acechan la soberanía y la independencia nacional siguen siendo los mismos. En efecto, al releer esos textos se puede uno sorprender de la actualidad de los conflictos que se forman en torno a la industria petrolera nacional: la misma insistencia en la fracasada política expansiva de la producción, la misma condena de la participación fiscal como renta, gasto improductivo, los mismos especiosos argumentos sobre las bondades de la inversión extranjera y la necesidad de estimular, precisamente con sacrificios fiscales y dejación de soberanía, el arribo de esa bondadosa ayuda externa. Del texto de 1972, que hoy publicamos, extraemos dos citas que lo presentan de cuerpo entero: Cuando hablamos de nacionalización a veces la imaginación tiende a caer en la tentación de recoger algunos alegatos que se plantean en el sentido de señalar la posible participación de empresarios privados venezolanos en nuevas fórmulas de explotación de hidrocarburos. La nacionalización es, más bien, una medida administrativa que permite que la comunidad se haga cargo de la explotación de un renglón industrial o de una materia prima en beneficio de toda la nación. Nacionalización significa así que vaya la explotación a la nación y no a los particulares. La dependencia de la industria petrolera no es solamente en el aspecto económico que nos preocupa sino también en el aspecto político, en lo que concierne a nuestra suerte como nación libre e independiente. Las compañías responden a los intereses de sus accionistas extranjeros, mayoritariamente norteamericanos, pero no es ningún secreto y lo vemos con frecuencia en los cables de prensa, que ellas están alineadas conforme a las directrices que imparte el Departamento de Estado y el Foreign Office. Tal situación, que no es producto de una imaginación sectaria, sino de hechos que están al alcance de todos los venezolanos, es digno de tomarse en cuenta para que, cuando se analice la conveniencia de la nacionalización como un negocio, se aprecie también que en ese negocio está en juego nuestra independencia, nuestra soberanía. Finalmente, lo dejamos hablar en uno de sus alegatos, inserto en otra de sus obras paradigmáticas, Petróleo polémico y otros temas, recientemente reproducida en la Biblioteca del Pensamiento Económico de la Revista BCV, para observar el sentido de su ácida polémica y, en gran medida, la actualidad de sus planteamientos y su denuncia contra el neocolonialismo. Si alguien quisiera valerse de un caso piloto para mostrar el poderío de las concesionarias extranjeras frente al Estado venezolano, podría echar mano de lo sucedido con el abastecimiento del mercado nacional. Quedaría al descubierto en esta forma la debilidad de recursos ordinarios como leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, circulares; el escaso peso de la voluntad oficial expresada a través de funcionarios de turno y, en definitiva, la compleja estructura que caracteriza al sistema operado por agentes locales del neocolonialismo. Carlos Mendoza Potellá 12 Hacia la nacionalización petrolera

PRESENTACIÓN Es un proceso en marcha hacia la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela el revelado en este libro mediante la exposición y análisis de hechos y controversias seguidos muy de cerca por el autor. Tienen sus páginas, por ello, un sabor de testimonio cuya sinceridad no es alarde sino atributo imprescindible para entrar en materia en un campo dominado por la presencia de intereses pertenecientes a la más alta jerarquía económica internacional. Nada fácil fue la selección de textos elaborados bajo diversas circunstancias, y el eludir la tentación de pecar contra el margen de objetividad exigido al ponente de tesis cuyos fundamentos comparte. No es distinta acaso la moral del ensayista al enjuiciar el diario acontecer con frialdad científica, que la del hombre convencido de la urgencia de provocar transformaciones en la sociedad en cuyas luchas participa? Cierto que la diferencia existe, y en tan alto grado, como la del riesgo de quien cita a los toros en la mitad del ruedo y aquel del crítico enciclopedista trepado como espectador en los distantes tendidos. Permítaseme, pues, que vaya hilando los capítulos conforme al recuento en orden cronológico de ciertas peripecias de una contienda en la que toman parte, de un lado, una nación suramericana en vías de desarrollo, y del otro, los más calificados exponentes del oligopolio mundial del petróleo. Sirve de escenario el país de mayor exportación en el hemisferio occidental, y las reglas de juego para el arbitraje de la contienda son las de un régimen democrático-representativo en berlina, cuestionado como viene siendo en su legitimidad por el uso preponderante del dinero-elector en las técnicas de manipulación de la voluntad colectiva. Sin embargo, torpe y estéril sería desdeñar la concurrencia al debate para hacer uso del derecho de pataleo, si se prefiere que facilita llevar el mensaje hasta sectores no comprometidos con el establecimiento, con el orden impuesto. En ningún delito de optimismo a ultranza se incurre a estas alturas, como aquel de los vaticinadores de la inminente quiebra del sistema capitalista en el arranque de la revolución industrial, cuando se proclama la viabilidad de medidas quebrantadoras de la dependencia que estamos padeciendo. Bastaría un solo vistazo al contorno latinoamericano para descubrir un ascenso de los valores conceptuales y la afluencia de elementos logísticos requeridos para la nueva etapa emancipadora; entre estos últimos conviene señalar el cambio de mentalidad, la toma de conciencia que cunde entre clásicos soportes del absolutismo fuerzas militares y clero para no aludir a la rebelde juventud, inmunizada ante los requiebros de anticuados predicadores. Venezuela cuenta con una trayectoria de progresiva participación fiscal en los ingresos que origina el petróleo. No obstante, en los últimos años se han fortalecido los vínculos de la subyugación extranjera de su economía, y ha aumentado la Presentación 13

desigualdad social, con el auxilio de una injusta distribución del ingreso nacional, esquema este que prospera mientras crece su vulnerabilidad bajo el control foráneo de sus fuentes de suministro de energía. Recientemente, en medio de la algarabía dictada por la aprobación de una ley tendiente a lograr la reversión de las concesiones en el término previsto en los títulos otorgados, le fueron entregadas 250.000 hectáreas en el lago de Maracaibo a compañías Shell, Standard Oil de Nueva York y Occidental que así aseguran su permanencia en el país más allá de 1983, y según estipulaciones cuyo análisis es uno de los temas de este libro. Al mismo tiempo, la paralización desde 1969 de los mecanismos de captura del mercado interno el Decreto 187, especialmente descubre, más que una inercia de los burócratas oficiales, una actitud de complacencia de los partidos del estatus con los intereses de las concesionarias, puesta en evidencia con el filibusterismo legislativo desplegado para engavetar el tibio texto legal casi listo para su aprobación en las sesiones de este año. Igual podría afirmarse con relación a las autorizaciones dadas a las empresas para que violen los principios recogidos en el estatuto que regula el traspaso de áreas, derechos e instalaciones a la nación sin indemnización alguna. Una conducta oficial contradictoria y vacilante, impuesta una y otra vez bajo diferentes signos político-partidistas, y cuya consistencia radica en el mantenimiento de la debilidad de la pequeña empresa estatal, ha colocado así en peligro el derecho de recibir por vía de reversión, áreas e instalaciones en condiciones que permitan al Estado asumir eficientemente la generación de ingresos necesarios para la subsistencia de una nación venezolana libre e independiente. Dicho comportamiento, unido a las prácticas retaliatorias desplegadas por los dirigentes de los consorcios, hace cobrar un carácter de inminencia, de imperativo categórico, a la solución recomendada en estas páginas: nacionalizar la industria petrolera con anterioridad a 1983. Rubén Sader Pérez Agosto, 1972 14 Hacia la nacionalización petrolera

Rubén Sader Pérez Hacia la nacionalización petrolera Colección Venezuela y su Petróleo Banco Central de Venezuela Caracas, 2012 Contratos de Servicio: relación de un proceso 15

16 Hacia la nacionalización petrolera

CAPÍTULO I CONTRATOS DE SERVICIO: RELACIÓN DE UN PROCESO Casi con la creación de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) se inició el proceso de los Contratos de Servicio como solución administrativa ideada para facilitar el desarrollo del ente estatal mediante acuerdos con otras empresas. Antes de haberse elaborado el instrumento jurídico llamado a reglamentar la facultad otorgada a la CVP para celebrar convenios, las concesionarias extranjeras y otras compañías internacionales presentaron ofertas, ávidas como estaban de quebrantar la barrera erigida ante ellas con el anuncio de la política de no más concesiones. A partir de septiembre de 1967, luego de la reforma de la Ley de Hidrocarburos, se entró de lleno en la etapa de las negociaciones subordinadas a unas Bases Mínimas reveladoras de la pretensión de utilizar el nuevo régimen como una modalidad de la explotación directa por el Estado de sus áreas petrolíferas. La trayectoria recorrida desde entonces muestra para esta fecha, con la abundancia de incidencias merecedoras de un más detenido análisis, el fracaso del proyecto concebido con propósitos y fines diferentes de los que permite entrever el texto final de los contratos publicados en la Gaceta Oficial Extraordinaria del 13 de diciembre de 1971, Nº 1.495. Fue preciso antes alterar las Bases Mínimas con la colaboración de las fracciones parlamentarias de los partidos AD, Copei y Perezjimenista, en forma tan substancial como para lograr el cambio de actitud que se observa entre la declaración del presidente de la Creole Petroleum Corporation el 23 de mayo de 1967, quien objeta la alta carga fiscal que impide la competencia en los mercados, reclama la total responsabilidad administrativa de las operaciones y señala un plazo no menor de 30 años para la duración del período de explotación, y la de Guillermo Rodríguez Eraso, hoy vicepresidente de la misma empresa, cuando, teniendo a la vista las condiciones llevadas al Congreso Nacional en noviembre de 1969, exclama: Bienvenidos los Contratos de Servicio. Ojalá que ellos nos logren para los años que vienen lo que no pudimos dar en doce años. Pero se llegó más allá en el trance de complacer a las compañías extranjeras: las Bases de Contratación, modificadas por el Congreso Nacional y ya en manos del Ejecutivo y de la Corporación Venezolana del Petróleo, fueron violadas a la hora de redactar el texto definitivo de los contratos. El ciclo cumplido convirtió en realidad las ofertas de nuevas áreas a las compañías internacionales, formuladas sin disimulo en las reiteradas declaraciones oficiales del presidente Betancourt: No hemos otorgado concesiones, porque las muy ricas que quedan bien ubicadas en el centro y en las riberas del lago de Maracaibo, estamos seguros de que van a ser explotadas mediante Contratos de Servicios Contratos de Servicio: relación de un proceso 17

(29/06/1963 Mensajes presidenciales, tomo IV, p. 141). Semejante actitud de compromiso es la que da escape a la irritación del ministro Mayobre cuando repudia la licitación para perforación de pozos en las áreas del sur del lago de Maracaibo, convocada por la CVP en pleno período de negociaciones de los Contratos de Servicios, como se revela en la correspondencia que me dirigió en octubre de 1968 (Cartas petroleras, pp. 165-176). No es de extrañar, por consiguiente, que el nuevo gobierno demócrata-cristiano, presidido por el doctor Rafael Caldera, preste oídos sordos a las voces de alerta elevadas hasta él para detener la conspiración en marcha. La euforia nacionalista despertada por la puesta en vigencia de la Ley sobre Bienes Afectos a la Reversión, la cual suscita el rechazo de las compañías concesionarias y sus demandas de nulidad, sirvió más bien para disimular el otorgamiento de contratos con una duración que trasciende al período de vencimiento de las concesiones cuya reversión pretende asegurar la nueva ley; y a todas estas, en pleno auge de la demanda mundial que convierte en un mercado de vendedores a la temida red de distribución ubicada en Norteamérica como en Europa Occidental. Poniendo a un lado los sentimientos de modestia o de personal delicadeza que puedan obligar a un hombre a silenciar sus propias actuaciones en la crónica de acontecimientos históricos, surge como un deber de lealtad hacia la nación en cuyas reservas de justicia se tiene fe depositada, la reproducción de argumentos esgrimidos en su oportunidad frente a organismos, dignatarios, personalidades y sectores de la opinión pública, y los cuales fueron desechados, en sus aspectos fundamentales, tanto como pueden comprobarlo los textos que recoge este capítulo. Oportunidad para conocer las alternativas de las compañías 1 La situación de las compañías con relación a las reservas varía de una a otra, en Venezuela y en el resto del mundo, debe apreciarse el factor de diversificación de las fuentes que las lleva a no concentrar sus reservas en una sola área y menos en alguna amenazada en su estabilidad política e institucional. Es importante precisar, además, la composición de las reservas; es decir, la clase de petróleos que las forman, y en el presente, mientras efectuamos nuestro análisis, que el aumento de reservas prolonga la vida de las compañías y ellas tienen que tratar de acaparar las que puedan restar en un país, como Venezuela, dotado de una infraestructura carreteras, viviendas, servicios, facilidades, etcétera que difícilmente algún otro país con perspectivas petrolíferas quizás ninguno pueda ofrecer en los momentos. De poner nosotros en juego el mecanismo de los contratos, las compañías, para controlar estas posibles nuevas fuentes, tendrán que competir entre ellas, enfrentarse a las alternativas de las empresas estatales internacionales y ofrecer a la empresa nacional como establece la Ley de Hidrocarburos mejores condiciones que las brindadas por el régimen de concesiones en la situación presente. Abstenerse de participar en 1 De la comunicación al doctor J.P. Pérez Alfonzo, 23/01/1968 (Cartas petroleras, pp. 189-202). 18 Hacia la nacionalización petrolera

la competencia podría significar para las compañías la aceptación de su liquidación en un plazo cierto y relativamente breve, si se toma en cuenta las predicciones sobre el papel que le corresponderá jugar al petróleo por muchos años todavía como fuente de energía, materia prima para la industria petroquímica y hasta como alimento en un mundo de hambrientos y cuya población crece explosivamente. Control de las reservas El aumento de reservas debe analizarse desde el punto de vista nacional. Cuando usted dice que Venezuela tiene suficientes reservas probadas mucho mayores que las acusadas por las compañías con fines fiscales, pienso que esas reservas están en manos de esas mismas compañías que las producen a su antojo, halagando o penalizando a los gobiernos de turno. Cuando afirma que en el área ociosa de las concesiones cualquiera que sea su extensión pueden descubrirse reservas adicionales, pienso otra vez que las tales áreas están en manos de las compañías, las cuales no las desarrollan sino a su arbitrio cuando las circunstancias nacionales o internacionales, interpretadas a su exclusiva conveniencia, así lo aconsejan. La nación debe evaluar su potencial petrolífero real con un criterio diferente al que podrían seguir las compañías extranjeras cuando vacilan entre un proyecto en uno u otro país. Estas quizás puedan optar por irse a otra parte, pero nosotros, que tenemos que quedarnos, debemos cuidarnos de no oponer al criterio de las áreas ociosas el criterio de los recursos ociosos; esto es, mantenernos inmóviles frente a la dinámica actitud de otros países cuyas reservas petroleras son superiores a las nuestras conocidas y con los ojos vendados frente a la incógnita del monto verdadero de nuestros recursos, cuyo conocimiento nos podría permitir la programación a largo plazo de nuestro desarrollo, así como suministrarnos un factor de negociación en el prorrateo del aumento de las tasas de producción con los países de la OPEP, a la vez que un elemento imprescindible para la mayor eficiencia de una política de defensa de los precios. La vía del desarrollo totalmente independiente directo, por la CVP de las áreas libres, es en verdad nuestra máxima aspiración. Para lograrlo de inmediato se requeriría un cambio violento en la política que se ha venido siguiendo hasta ahora, de manera de aportar, con cargo al Presupuesto de la Nación, las grandes sumas que la explotación de dichas áreas reclama, pues debemos tener presente para ello lo que usted afirma en El pentágono petrolero, página 53: Lo que queda a Venezuela fuera de las concesiones tiene que ser relativamente menor en cantidades absolutas, mayor en dificultades de encontrarlo o producirlo. De mantenerse la actual actitud con respecto a los fondos públicos que se aportan a la CVP, esta no puede sino desarrollar un modesto programa exploratorio y hacer uso del instrumento incorporado por la reforma de la Ley de Hidrocarburos: los Contratos de Servicio. Contratos de Servicio: relación de un proceso 19

Probablemente estoy pecando de optimista cuando creo que las compañías sí pueden ofrecernos mejores condiciones que las de esperarse en un inversionista carente de expectativas de recuperación según el cuadro evocado con la cita de Adelman. Averigüémoslo. Temo al mismo tiempo que en esta primera etapa va a ser difícil que las empresas estatales, en general, ofrezcan las ventajas que seguramente darán más adelante. Las limitaciones financieras de algunas de ellas les impedirán comprometerse en grandes inversiones de riesgo, mientras que otras lo harán como ENI o ERAP, pensando no sólo en sus mercados nacionales y razonando en ocasiones como los miembros del consorcio. La situación será distinta cuando, al regreso de las áreas cuya explotación se inicie, podamos discutir términos más favorables con quienes representen directamente a sus consumidores nacionales. Usted afirma: Lo que salta a la vista no es pues, sino la necesidad de esperar para negociar, continuar el juego de la espera. Creo por mi parte que ya es tiempo de iniciar el proceso de las negociaciones, lo que no quiere decir que debamos precipitarnos a celebrar contratos que no ofrezcan el mínimo de ventajas que, en la presente situación del país, los venezolanos tienen derecho a esperar. Particularmente en este año final del presente período constitucional debemos ofrecerle al país el conocimiento de las alternativas reales que puedan existir, al lado de lo que podríamos llamar el deseo de las compañías de celebrar Contratos de Servicio que resulten en el fondo otras cuantas concesiones encubiertas. Luego de analizar dichas alternativas mediante el sano procedimiento previsto en la ley que requiere para la aprobación de las Bases de Negociación la intervención del Congreso Nacional, y por ende de la opinión pública, decidirá Venezuela el camino a seguir. Las Bases Mínimas de la CVP proponían correctivos y cambios estructurales 2 El contrato de servicio no está definido en la Ley de Hidrocarburos y se ha dado en llamar con este nombre a la relación contractual que permite al instituto autónomo o empresa de propiedad exclusiva del Estado, con el objeto de ejercer el derecho de explorar con carácter exclusivo y el de explorar, manufacturar o refinar y transportar por vías especiales los hidrocarburos, llegar a acuerdos con empresas, públicas o privadas, sujetos a las limitaciones y regulaciones de la misma ley. Consiste en la práctica, en el ejercicio de la autorización para contratar que se da al ente estatal, pero con la obligación de que este incorpore a las cláusulas, entre otras, las disposiciones del artículo 3 sobre: la duración que no debe exceder los 20 años; a partir del comienzo de la explotación; la extensión del área que, determinada por las Cámaras Legislativas en cada caso, debe reducirse hasta una superficie no mayor de 20% mediante la aplicación de un proceso de selección alternada que garantice al país la retención de áreas con posibilidades; el aseguramiento de que las tierras y las obras e instalaciones, accesorios y equipos serán conservados para 2 Revista SIC, noviembre, 1969. 20 Hacia la nacionalización petrolera

su entrega en propiedad a la nación a la extinción de los convenios; la aplicabilidad de los impuestos y contribuciones que garanticen la participación fiscal establecida en la Ley de Hidrocarburos u otras leyes. Además, el legislador especifica que estos convenios sólo podrán celebrarse siempre que los términos y condiciones que se estipulan en cada contrato sean más favorables para la nación que los previstos para las concesiones en la presente Ley. El ente estatal, luego del proceso de negociaciones cumplido con posterioridad a la promoción de la concurrencia de ofertas, efectúa la selección de los contratistas con los cuales haya arribado a un entendimiento de cuyo contenido el Ejecutivo Nacional procede a informar debidamente a todas las circunstancias pertinentes a las Cámaras Legislativas para que estas, en sesión conjunta, aprueben las Bases de Contratación dentro de las condiciones que fijen. Esto es, que adicionalmente a la comprobación del acatamiento de los extremos señalados, las Cámaras podrían establecer nuevas exigencias a las cuales estaría sometida su autorización. Si el funcionamiento del sistema de concesiones está ampliamente descrito en la ley y la actividad de la empresa se reduce a ejercer los derechos que el Estado le ha cedido por vía de concesión a cambio del pago de los impuestos y contribuciones aplicables, el esquema de los Contratos de Servicio se caracteriza por la constante regularización de la actividad de la compañía contratista por la empresa estatal cuya dedicación a la explotación del petróleo la capacita para determinar con propiedad, no solamente los términos y condiciones que además de los genéricos ya previstos en la ley puedan esperarse de la evaluación técnico-económica de un área en particular, sino aquellos que dicte la situación internacional de la industria, el adelanto tecnológico y hasta las particulares conveniencias de la economía nacional en un momento dado. Es por ello que, para negociar, se parte de las llamadas Bases Mínimas elaboradas por la empresa estatal tomando en cuenta las características especiales de un área, en este caso de los bloques en que se dividió el sur del lago de Maracaibo, con sus peculiaridades geológicas llamadas a determinar diferencias entre los contratos que podrían suscribirse sobre cada uno de los bloques. Tampoco se reduce el problema a lograr la aceptación de estas Bases Mínimas, las cuales requieren, por lo demás, de una discusión al detalle de una serie de conceptos fundamentales, puesto que influyen en el monto y distribución de los beneficios a obtenerse; el ente estatal debe, al mismo tiempo, perseguir objetivos políticos mejor dicho, de una política petrolera como son, por ejemplo, el implantamiento de correctivos hábiles para modificar la situación vigente en los aspectos en que sea procedente y también la introducción de cambios estructurales, particularmente de aquellos que nos puedan colocar en posición de programar el desarrollo de la explotación petrolera conforme a nuestras necesidades, algo fuera de acceso bajo el sistema de concesiones. Para mencionar uno de tales correctivos podríamos examinar el caso de las áreas inactivas que forman parte de las concesiones otorgadas y en las cuales el hecho de no haber sido exploradas a satisfacción, impide conocer la magnitud de su poten- Contratos de Servicio: relación de un proceso 21