2014, AÑO DEL XL ANIVERSARIO DE LA CONVERSIÓN DE TERRITORIO A ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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HONORABLE ASAMBLEA: La que suscribe, Diputada Edith Aguilar Villavicencio, integrantes de la XIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 105 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo, me permito presentar a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por medio del cual se EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A RATIFICAR EL CONVENIO 189 Y LA RECOMENDACIÓN 201 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), RELATIVOS AL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMÉSTICOS, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES La desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres afecta a toda la sociedad. Esa brecha impide el desarrollo pleno de nuestro país. La condición de género no hace por sí misma vulnerables a las mujeres, pero ellas enfrentan una situación generalizada de desventaja derivada de una cultura de discriminación, subordinación y exclusión histórica de los beneficios del desarrollo económico, político y social, que las afecta especialmente.

El 16 de junio del año 2011, en Ginebra, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), llevó a cabo el Convenio sobre las trabajadoras o los trabajadores domésticos número 189 o Convenio sobre trabajo decente para los trabajadores domésticos, donde se establecen normas laborales para los trabajadores domésticos entre las que sobresalen las siguientes: Igualdad de condiciones con las demás personas trabajadoras; Respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo; La libertad de asociación; La libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; La abolición efectiva del trabajo infantil, y La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Como complemento del Acuerdo también se emitió la Recomendación 201, el cual es un instrumento no vinculante que ofrece orientaciones prácticas para el fortalecimiento de la legislación y las políticas de cada país en materia de trabajo doméstico. Actualmente en el país existen más de 2 millones 300 mil trabajadoras y trabajadores domésticos, de los cuales el 95 por ciento son mujeres, quienes en un gran número experimentan injusticia, abusos o violencia en sus trabajos, como despidos sin ninguna indemnización.

Según datos de la OIT, en nuestro país el trabajo doméstico representa el 58 por ciento del ingreso de las mujeres laboralmente ocupadas. Pero pese a ser un ramo de la economía en donde el trabajo de la mujer es fundamental, es una de las actividades socialmente menos valoradas y esto se refleja en las condiciones laborales. Además, según ésta, México es uno de los cuatro países donde el trabajo doméstico cuenta con una fuerza de trabajo muy numerosa, pero aun así ha hecho muy poco para garantizar sus derechos laborales. La Encuesta Nacional de Discriminación (Enadis) 2010 refleja que 37.9 por ciento de las trabajadoras domésticas no puede usar el teléfono y 61 por ciento no cuenta con vacaciones, 46.5 por ciento no cuenta con aguinaldo y 44.7 por ciento no tiene horario fijo. Por otra parte, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestra que una quinta parte de las trabajadoras del hogar la componen menores de 20 años, y 16.2 por ciento corresponde a mujeres de 50 a 59 años, mientras otro 16 por ciento tiene entre 60 años y más. Además, 31 por ciento de las empleadas domésticas gana menos de un salario mínimo, 40.6 por ciento de uno a dos salarios mínimos y el 18.4 por ciento de dos a tres salarios mínimos. En México la Ley Federal del Trabajo establece actualmente que las trabajadoras tienen derecho a un salario, a descanso, higiene y alimentación, pero no reconoce su derecho a la vivienda, reinstalación laboral, seguridad social, negociación colectiva, guardería ni otras prestaciones sociales, lo cual permite que éstas no conozcan sus derechos y sus patrones no los respeten, por lo cual la legislación vigente ha sido

insuficientes y las trabajadoras domésticas a cambio de un magro salario ven vulnerados sus derechos humanos y deben de enfrentar largas jornadas laborales que llegan al grado de la explotación. Así mismo, los efectos económicos que tiene el limitar las actividades de hombres y mujeres en ciertas esferas, dado los roles que de acuerdo con su sexo deben tener, el INEGI ha documentado que el valor del trabajo no remunerado de los hogares, el cual es realizado por una mayoría de mujeres, representa el 22.6 por ciento del Producto Interno Bruto de la economía total. Esto significa que hay un gran porcentaje de mujeres que trabajan sin pago en las labores de atención del hogar y el cuidado de personas dependientes como son los infantes, discapacitados y adultos mayores, el cual no se contabiliza en las cuentas nacionales, por no ser remunerado económicamente. Debemos desarrollar una política integral de atención a la mujer. Tenemos que hacer de la perspectiva y enfoque de género una constante de todos los programas gubernamentales para lograr la incorporación de las mujeres al desarrollo, incluyendo una reforma laboral a favor del trabajo doméstico que asegure mayor igualdad: políticas públicas para el cuidado infantil seguro, para la prevención y erradicación de la violencia, para lograr las escuelas de tiempo completo y otras facilidades para las madres trabajadoras. Las trabajadoras y los trabajadores domésticos merecen condiciones laborales que les permitan una vida digna para ellos y sus familias, es por ello que proponemos que el

Gobierno Mexicano ratifique a la brevedad posible el Convenio 189 y cumpla lo estipulado en el mismo. Hoy 22 de julio se conmemora el Día Internacional del Trabajo Doméstico, por lo cual es una fecha simbólica para exigir al Gobierno federal la ratificación del Convenio 189 de la OIT, que ya ha sido ratificado por 15 países, la mayoría de América Latina, lo que se tradujo en mayor igualdad entre los sectores laborales, la garantía a los derechos de las y los trabajadores domésticos, e incluso en la prevención de violencia y discriminación contra ellos. En México es necesario ratificar este Instrumento, ya que el trabajo doméstico remunerado es una de las ocupaciones que generan más fuentes de empleo para las mujeres, y es fundamental para el funcionamiento de la economía, de esta manera se crearía un marco regulatorio que de acuerdo con la recomendación 201 del propio convenio permitiría a las trabajadoras del hogar hacer exigibles sus derechos laborales. Los principales argumentos para la no ratificación de este Convenio se refieren a que no habría el financiamiento para cubrir los gastos que implica la seguridad social de éstos, además de que tendrían que incorporarse al régimen hacendario Sin embargo, en los demás países en que se ratificó este Convenio se han superado tales obstáculos, para lograr con ello que se les otorguen los derechos humanos que ellos y ellas merecen.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con: PUNTO DE ACUERDO ÚNICO.- El Congreso del Estado de Baja California Sur exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a ratificar de inmediato el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), número 189, así como la Recomendación número 201 sobre Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, en los cuales se establecen las condiciones mínimas laborales y de seguridad social para este sector, a fin de que puedan alcanzar el pleno goce de sus derechos que les permitan una vida digna para ellos y sus familias, lo que se traduciría en mayor igualdad entre los sectores laborales, la garantía a los derechos de las y los trabajadores domésticos, e incluso en la prevención de violencia y discriminación contra ellos. A T E N T A M E N T E DIPUTADA EDITH AGUILAR VILLAVICENCIO Sala de Sesiones del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, Gral. José María Morelos y Pavón, a 22 de julio de 2014.