DECLARACION DE LA REUNION DE MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN POLITICAS GERONTOLOGICAS

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Transcripción:

DECLARACION DE LA REUNION DE MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN POLITICAS GERONTOLOGICAS En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, a los 18 días del mes de junio de 2010, con ocasión de celebrarse el Seminario Internacional de MERCOSUR Ampliado sobre buenas prácticas en políticas gerontológicas, en el marco de la XVIII Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR y Estados Asociados, los representantes de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay y de la República de Chile CONSIDERANDO: Que en Latinoamérica y en particular en la región del MERCOSUR y Estados Asociados se está produciendo un envejecimiento de la población acelerado e inexorable. Que las consecuencias de este proceso en la historia de la humanidad son impredecibles en la medida que modifican la estructura social y económica de nuestros países. Que, en razón de ello, los Estados deben prepararse a fin de poder enfrentar este desafío e implementar políticas públicas acorde al nuevo escenario demográfico. Que el MERCOSUR, luego de haber superado la mirada primordialmente comercial y económica, asume la dimensión social como un eje central en el proceso de integración de nuestra región. Que la Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR y Estados Asociados ha asumido en su agenda de trabajo regional la necesidad de fortalecer toda política dirigida a las Personas Mayores. Que la oportunidad de la celebración de los Bicentenarios de las gestas emancipadoras en varios de nuestros países americanos, nos llama a profundizar el compromiso político de trabajar coordinadamente, con visión integral y perspectiva de futuro por un envejecimiento activo, saludable y en pleno ejercicio de los derechos.

Que nuestros Presidentes coincidieron en diversas instancias sobre la necesidad de contar con un instrumento internacional vinculante que sea base normativa común exigible a todos los países. Que en el marco del cumplimiento a lo establecido en la Declaración de Brasilia de 2007, así como en las reuniones subsiguientes se insta a los países de la región a la realización de diálogos nacionales, regionales e internacionales a fin de impulsar la formulación de una convención sobre los derechos de las personas mayores. Que diversas organizaciones de la sociedad civil vienen acompañando activamente este proceso. Que, la CEPAL, UNFPA y OPS acompañan, con igual compromiso, esta causa. ACUERDAN Continuar con la conformación de espacios que promuevan la realización de diálogos nacionales, regionales e internacionales relacionados con el impulso de una convención interamericana e internacional sobre los derechos de las personas mayores. Solicitar a la CEPAL, UNFPA Y OPS a que continúen prestando apoyo técnico a los países para la aplicación de la Declaración de Brasilia, con especial referencia a los temas de políticas públicas y su financiamiento, información, investigación y derechos humanos. Solicitar, asimismo, a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL con el apoyo de UNFPA y OPS/OMS que transmita al Secretario General de las Naciones Unidas el interés de los países por establecer un grupo de trabajo encargado de liderar el proceso de elaboración de un tratado internacional para proteger los derechos de las personas mayores. Reiterar la solicitud de la designación de un relator especial en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la temática de protección de los derechos de las personas mayores e instar a los países de América Latina que son miembros del Consejo a que realicen las acciones necesarias para avanzar en tal sentido. Ratificar el compromiso en la definición de prioridades de acción para asegurar la implementación de la Declaración de Brasilia; cuyos resultados se informarán en 2012 en el marco del segundo examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (Madrid+10).

Reafirmar la decisión de promover el desarrollo de un encuentro regional de carácter intergubernamental en ocasión de la celebración del segundo ciclo de examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid y de la estrategia regional. Renovar el compromiso de difundir y promover la discusión en los ámbitos gubernamental, académico y de la sociedad civil del documento titulado Propuesta de estrategia para avanzar, desde la perspectiva de América Latina y el Caribe, hacia una convención internacional sobre los derechos humanos de las personas de edad. Transmitir al Secretario General de la Organización de Estados Americanos el interés de los países en realizar la Reunión de Especialistas y Técnicos que evaluarán la viabilidad de elaborar una Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en su última reunión de Lima, Perú. Reafirmar que la aprobación de una convención sobre los derechos de las personas mayores debería, asimismo, fortalecer la incorporación de un enfoque de derechos humanos en las políticas relativas al envejecimiento, tanto a nivel nacional, regional e internacional, en la medida que se orienta a permitir un cambio de paradigma sobre el rol activo de las personas mayores ya no como objetos de asistencia sino como sujetos de derecho. Consensuar, en el marco de la revisión de los contenidos básicos expresados en el documento Propuesta de estrategia para avanzar, desde la perspectiva de América Latina y el Caribe, hacia una convención internacional sobre los derechos humanos de las personas de edad, los siguientes puntos: D) EL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y EMOCIONAL Y A UN TRATO DIGNO, con especial énfasis en la condición de respeto de los derechos de la población mayor residente en instituciones de larga estadía y alto grado de dependencia y H) EL DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO Y A LOS SERVICIOS SOCIALES en el que se da cuenta de las normas mínimas que una convención sobre los derechos de las personas mayores debería incorporar con respecto a los derechos de esas personas y a los principios fundamentales de las políticas sociales y de bienestar en el contexto del envejecimiento.