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Transcripción:

Caso: La Geotermia en el Valle de Mexicali, Baja California, México Actor del contradictorio: Agricultores del Valle de Mexicali. En oposición a: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Objeto del Contradictorio: Daños a la salud, a la producción agrícola y el ingreso, y a la convivencia y la calidad de vida por contaminación del agua, la atmósfera y el ambiente debido a la operación de pozos geotérmicos durante 43 años. Hechos según denuncia: 1. La planta geotérmica del Cerro Prieto se encuentra en el Valle de Mexicali, a 30 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, capital del Estado de Baja California, México. Debido al crecimiento urbano e industrial la superficie neta de riego ha disminuido a 179,600 hectáreas. 2. La región dispone de dos fuentes de agua: una superficial que proviene del Rio Colorado, reglamentado por el Tratado de Aguas Internacionales y una subterránea que proviene de la operación de aproximadamente 825 pozos profundos, de un acuífero sobreexplotado. 3. Desde inicios de la década de 1960 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) opera pozos geotérmicos que producen vapor endógeno a alta temperatura y generan energía eléctrica (aproximadamente 720 MW). La operación de estos pozos produce grandes volúmenes de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, que se descargan al medio ambiente sin el tratamiento adecuado. La contaminación afecta gravemente, entre otros, a los ejidos Miguel Hidalgo,

Nuevo León, Morelia, Oaxaca, Guerrero, Saltillo, Hipólito Rentería y Otilio Montaño. Se ha estimado que en ellos habitan 45 mil personas. 4. Los principales efectos reportados son: (i) Subsidencia del terreno (de 11 a 18 cm) y aumento de sismicidad por extracción excesiva de vapor endógeno, con daños sobre la infraestructura y la propiedad. (ii) Contaminación del suelo con salmuera tóxica que alcanza 72 mil partes por millón, con daños sobre la productividad agrícola y los ecosistemas. (iii) Contaminación del aire por residuos no condensables como ácido sulfhídrico, que rebasa en más de 10 veces el nivel máximo permitido por la normatividad (STPS/NOM 010-STPS-1999), y por evaporación de la salmuera, provocando daños en la infraestructura y la salud. (iv) Contaminación de la Reserva del Golfo de California debido a las descargas residuales del rio Hardy. (v) Contaminación por ruido. Considerando que: 1. El Tribunal Latinoamericano del Agua se adhiere a la jurisprudencia internacional en el reconocimiento universal de los derechos humanos al Agua y el Medio Ambiente Sano, como derechos humanos fundamentales, cuyo ejercicio pleno debe ser protegido por los Estados (III Audiencia TLA, Ciudad de México 2006).

2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el Artículo 22 que: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad., y en su Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 3. El marco jurídico mexicano contempla la gestión integral de los recursos hídricos del país, que es no solamente una obligación del Estado y un derecho para del pueblo. Esta debe realizarse reconociendo el derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar(artículo 4 de la Constitución). 4. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos impone al Estado la obligación de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación para distribuir equitativamente la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y mejorar las condiciones de vida de la población. Se desprende de este artículo que la regulación del aprovechamiento de las aguas debe orientarse al beneficio social. 5. El Estado mexicano tiene una normatividad constitucional, legal e internacional que reconoce principios jurídicos, como pro persona humana, pronatura y reconoce además derechos fundamentales esenciales para la vida como el derecho al agua, seguridad, movilidad

humana y patrimonio histórico y cultural, mismos que deben integrarse; a fin de asegurar la vida de sus habitantes en condiciones dignas y seguras. 6. Los hechos planteados por los peticionarios, el daño ocasionado a una zona de recarga hídrica y área protegida, constituyen una amenaza a la sustentabilidad hídrica, que garantizaría la vida para las presentes y futuras generaciones de la zona. 7. La actuación del poder ejecutivo, a través de la Secretaria de Medio Ambiente y de Recursos Naturales (SEMARNAT), está regulada por principios enumerados en el artículo 15 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). 8. La gestión del agua reconoce el derecho al acceso, disfrute y uso preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades. En vista de los hechos y consideraciones que anteceden, el Jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua, en Audiencia de Instrucción, RESUELVE: 1. Admitir la denuncia válida para la audiencia de fondo, a realizarse en el plazo y lugar fijado por este Tribunal en el menor tiempo posible. 2. Admitir las pruebas hasta la fecha presentadas. 3. A partir de la presente resolución, fijar un plazo de 45 días para que la parte demandante aporte nuevas pruebas, incluyendo testimonios, estudios y documentación adecuada.

4. Intimar a los demandados, los que tendrán igual plazo, sucesivo, para la aportación de sus contestaciones y pruebas. RECOMENDACIONES: 1. Que las autoridades públicas garanticen el pleno acceso a la información pública Philippe Texier (Francia) Presidente Alexandre Camanho (Brasil) Vicepresidente Yanira Cortez (El Salvador) Helena Cotler (México) María Fernanda Paz (México)