La familia en Derecho Civil

La familia en Derecho Civil

1 Sesión No. 11 Nombre: Medidas de protección de los menores Contextualización En la actualidad, al estudiar la institución jurídica llamada patria potestad debemos partir del hecho de que más que una potestad tenemos que considerarla como una institución protectora de los menores de edad no emancipados. Es necesario aclarar que nuestra ley considera iguales a los hijos de matrimonio, los extramatrimoniales y los adoptivos; pero en este último caso, la patria potestad sólo la ejercerán las personas que lo adopten. Además, debemos dejar claro que la patria potestad se ejerce sobre los menores no emancipados y nunca sobre mayores de edad, aun siendo discapacitados. Durante este capítulo el estudiante de derecho analizará el doble efecto de la patria potestad: por un lado, el cuidado de la persona del menor y por el otro, sus bienes. Bases fundamentales en el desarrollo profesional. Así, debemos entender que la patria potestad está basada en la relación natural de filiación y la ética o moral familiar.

2 Introducción al Tema Para finalizar el curso de la familia en derecho civil, se estudiarán las medidas de protección para los menores, un tema que por sí solo es rico y polémico. En las siguientes sesiones se centrarán en la adopción, tanto en su clasificación como en sus efectos. También se analizará la patria potestad, la tutela y sus reglas para su ejercicio. Asimismo, se tratará el patrimonio de familia. Como verán son temas trascendentales que redondearán tus conocimientos sobre la familia en relación a lo jurídico y que te darán las bases sólidas para continuar con tus estudios.

3 Explicación Patria potestad Qué sucede con la patria potestad en un menor emancipado? La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones, o deberes, que la ley reconoce a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos (o cuando se requiere de terceras personas mientras sean menores de edad o están incapacitados) con el objetivo de permitir el cumplimiento de los deberes de sostenimiento y educación de tales hijos. La reducción del poder de los padres viene establecida por las legislaciones, pues la función de la patria potestad tiene como límite el interés superior de los hijos y su beneficio, quedando en manos de los poderes públicos la posibilidad de velar por los intereses del menor al privar de la patria potestad a los progenitores. Ello siempre, por supuesto, a través de procedimientos judiciales. Características de la patria potestad El origen del término nos remite al derecho romano. Existía, en la Roma antigua un poder absoluto e indefinido (Patria potestas), exclusivo del padre (pater familiae) sobre los hijos. Las características de la patria potestad son: La patria potestad se aplica exclusivamente como un régimen de protección a menores no emancipados. Es obligatoria, pues los padres tienen la patria potestad a no ser que la misma ley los prive de la patria potestad o los excluya de su ejercicio. Es personal e intransmisible porque son los padres quienes deberán ejercerla a no ser que la misma ley los excluya de su ejercicio. La patria potestad es un régimen de protección que ofrece las mayores garantías de protección de los menores no emancipados porque cuenta con el concurso de los protectores naturales de éstos.

4 La patria potestad se ejerce por los padres como un derecho fundado en la naturaleza y confirmado por la ley, aunque por tiempo limitado y bajo ciertas condiciones. La pérdida de tal derecho entraña graves consecuencias perjudiciales, tanto para los hijos como para el progenitor condenado por ello. Para decretarla en los casos excepcionales previstos en la ley se requiere de pruebas plenas e indiscutibles, que sin ningún lugar a dudas hagan manifiesta la justificación de la privación. Extinción, pérdida y suspensión del derecho Por lo que toca a la extinción, nuestra ley es terminante al decir: La patria potestad se acaba: I. Con la muerte del que la ejerce, si no hay otra persona en quien recaiga; II. Con la emancipación derivada del matrimonio; III. Por la mayor edad del hijo. IV. Con la adopción del hijo. V. Cuando el que ejerza la patria potestad de un menor, lo entregue a una institución pública o privada de asistencia social legalmente constituida, para ser dado en adopción de conformidad con lo dispuesto por el artículo 901 bis del Código de Procedimientos Civiles. Pero también se pierde por resolución judicial, bajo los siguientes supuestos: I. Cuando el que la ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de ese derecho. II. En los casos de divorcio. Teniendo en cuenta lo que la sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos menores de edad, para lo cual deberá cumplir con diversas disposiciones. III. En los casos de violencia familiar en contra del menor.

5 IV. El incumplimiento de la obligación alimentaria por más de 90 días, sin causa justificada. V. Por el abandono que el padre o la madre hicieren de los hijos por más de tres meses, sin casusa justificada. VI. Cuando el que la ejerza hubiera cometido contra la persona o bienes de los hijos, un delito doloso, por el cual haya sido condenado por sentencia ejecutoriada. VII. Cuando el que la ejerza sea condenado dos o más veces por delitos graves. Por lo que toca a la limitación se da en los casos de divorcio o separación, tomando en cuenta lo que dispone la ley. Así se señala que cuando los que ejerzan la patria potestad pasen a segundas nupcias, no perderán por ese hecho los derechos y obligaciones a la misma; así como tampoco el cónyuge o concubino con quien se una ejercerá la patria potestad de los hijos de la unión anterior. Por lo que toca a la suspensión, la propia ley nos dice cuando se da: I. Por incapacidad declarada judicialmente; II. Por la ausencia declarada en forma; III. Cuando el consumo de alcohol, el hábito de juego, el uso no terapéutico de las substancias ilícitas a que hace referencia la Ley General de Salud y de las ilícitas no destinadas a ese uso, que produzcan efectos psicotrópicos, amenacen causar algún perjuicio cualquiera que este sea al menor; IV. Por sentencia condenatoria que imponga como pena esta suspensión; V. Cuando exista la posibilidad de poner en riesgo la salud, el estado emocional o incluso su vida del o de los descendientes menores por parte de quien conserva la custodia legal, o de pariente por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado;

6 VI. VII. Por no permitir que se lleven a cabo las convivencias decretadas por autoridad competente o en convenio aprobado judicialmente; y En los casos y mientras dure la tutela de los menores en situación de desamparo de acuerdo a lo dispuesto en el propio Código Civil y el artículo 902 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. La patria potestad no es renunciable; pero aquellos a quienes corresponda ejercerla pueden excusarse, bajo las siguientes condiciones: I. Cuando tengan sesenta años cumplidos. II. Cuando por su mal estado habitual de salud, no puedan atender debidamente a su desempeño.

7 Conclusión La patria potestad es toda una institución en derecho, que en virtud de la protección de la familia y más específicamente del menor no emancipado, intenta prever todos los supuestos que giran alrededor de la vida del mismo. Los derechos basados en los niños (respeto, amor, comprensión, educación y alimento, por mencionar algunos) no sólo busca la protección y el buen desarrollo de la persona, sino que también está basada en la protección de los bienes del menor, que deben salvaguardarse por encima de cualquier cosa, siendo que representan su porvenir económico. La patria potestad se ejerce en todo momento sobre los menores de edad, nunca sobre los mayores de edad que tienen alguna incapacidad señalada por la ley civil. El estudiante de Derecho debe distinguir claramente cuáles son sus diferencias esenciales, para poder llevarlas a la práctica.

8 Para aprender más Ejercicio de la patria potestad Nuestra legislación dispone en su artículo 411 que: En la relación entre ascendientes y descendientes debe imperar el respeto y la consideración mutuos, cualquiera que sea su estado, edad y condición. Quienes detenten la patria potestad tienen la responsabilidad de relacionarse de manera armónica con sus hijos menores de edad, independientemente de que vivan o no bajo el mismo techo. Este precepto nos da la base para afirmar lo que habíamos manifestado en el tema sobre filiación, en relación al vínculo que se da entre ascendientes y descendientes, los derechos y obligaciones (efectos) que se derivan de este hecho y no sólo de padre a hijo, además impone una relación moral dentro de la familia. La patria potestad recaerá entonces sobre los hijos (sean de matrimonio o fuera de el) no emancipados y los menores adoptados; debiendo ejercerla los padres, los adoptantes o bien los abuelos, según el caso. Por ello, resulta repetitiva la información dada en la Unidad V relativa a la filiación, porque los efectos que resultan del ser ascendiente o descendiente se dan a través del ejercicio de la patria potestad. Según nuestra legislación en su artículo 324 dispone: Se presumen hijos de los cónyuges, salvo prueba en contrario: I. Los hijos nacidos dentro del matrimonio; y II. Los hijos nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio, ya provenga ésta de nulidad del mismo, de muerte del marido o de divorcio, siempre y cuando no haya contraído

9 nuevo matrimonio la ex cónyuge. Este término se contará, en los casos de divorcio o nulidad, desde que de hecho quedaron separados los cónyuges por orden judicial. En el artículo 325 la ley dispone que contra la presunción a que se refiere el artículo anterior, se admitirán como pruebas las de haber sido físicamente imposible al cónyuge varón haber tenido relaciones sexuales con su cónyuge, durante los primeros ciento veinte días de los trescientos que han precedido al nacimiento, así como aquellas que el avance de los conocimientos científicos pudieren ofrecer. Es muy interesante lo dispuesto por el artículo siguiente al mencionar que el cónyuge varón no puede impugnar la paternidad de los hijos alegando adulterio de su madre, aunque ésta declare que no son hijos de su cónyuge, a no ser que el nacimiento se le haya ocultado o que demuestre que no tuvo relaciones sexuales dentro de los primeros ciento veinte días de los trescientos anteriores al nacimiento. Tampoco podrá impugnar la paternidad de los hijos, que durante el matrimonio conciba su cónyuge mediante técnicas de fecundación asistida, si hubo consentimiento expreso en tales métodos. Las cuestiones relativas a la paternidad del hijo nacido después de trescientos días de la disolución del matrimonio, podrán promoverse en cualquier tiempo por la persona a quien perjudique la filiación; pero esta acción no prospera si el cónyuge consintió expresamente el uso de los métodos de fecundación asistida a su cónyuge. Si el cónyuge varón es mayor de edad pero tiene incapacidad por causa de enfermedad reversible, irreversible o su estado particular de discapacidad es de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez y no pueda gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismo o por algún medio que la supla, este derecho podrá ser ejercido por su tutor. Si éste

10 no lo ejerce, podrá hacerlo el cónyuge varón después de haber salido de la tutela en el plazo señalado en el artículo 330, mismo que se contará desde el día en que legalmente se declare haber cesado el impedimento. Cuando el cónyuge varón, habiendo tenido o no tutor, hubiere muerto incapaz, los herederos podrán impugnar la paternidad, en los casos en que podría hacerlo el padre. Los herederos del cónyuge varón, excepto lo citado en el párrafo anterior, no pueden impugnar la paternidad de un hijo nacido dentro del matrimonio, cuando el cónyuge no haya interpuesto esta demanda. En los demás casos, si el cónyuge ha fallecido sin hacer la reclamación dentro del término hábil, los herederos tendrán para interponer la demanda, sesenta días contados desde aquél en que el hijo haya sido puesto en posesión de los bienes del padre o desde que los herederos se vean perturbados por el hijo en la posesión de la herencia. Para los efectos legales sólo se tendrá por nacido al que, desprendido enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas o es presentado vivo ante el Juez del Registro Civil. Faltando alguna de estas circunstancias, no se podrá interponer demanda sobre la paternidad o maternidad. Artículo 340. La filiación de los hijos se prueba con el acta de nacimiento. El artículo siguiente establece que a falta de acta o si ésta fuere defectuosa, incompleta o falsa, se probará con la posesión constante de estado de hijo. En defecto de esta posesión, son admisibles para demostrar la filiación todos los medios de prueba que la ley autoriza, incluyendo aquellas que el avance de los conocimientos científicos ofrecen; pero la testimonial no es admisible si no hubiere un principio de prueba por escrito o indicios o presunciones, resultantes de hechos ciertos que se consideren bastante graves para determinar su admisión.

11 Si faltara registro o estuviera inutilizado y existe el duplicado, de éste deberá tomarse la prueba. La acción que compete al hijo para reclamar su filiación es imprescriptible para él y sus descendientes. El artículo 382 dice: La paternidad y la maternidad pueden probarse por cualquier de los medios ordinarios. Si se propusiera cualquier prueba biológica o proveniente de avance de los conocimientos científicos y el presunto progenitor se negara a proporcionar la nuestra necesaria, se presumirá, salvo prueba en contrario, que es la madre o el padre. La filiación también se establece por el reconocimiento de padre, madre o ambos o por una sentencia ejecutoriada que así lo declare. En cuanto a la filiación extramatrimonial podemos decir que es la que resulta de la procreación fuera de matrimonio, debemos recordar que los deberes del matrimonio son la cohabitación, el debito carnal y la fidelidad; por lo tanto, si los tomamos en cuenta veremos que para determinar la paternidad de determinado varón no es lo mismo que dentro del matrimonio. Los derechos y obligaciones de los hijos nacidos fuera de matrimonio son los mismos que de los hijos nacidos de matrimonio. Antes existían diferentes clasificaciones de esta clase de hijos, sin embargo, atinadamente nuestra legislación sin hacer diferencias solo se refiere a los hijos extramatrimoniales. El artículo 383 dice: Se presumen hijos del concubinario y de la concubina: I. Los nacidos dentro del concubinato; y

12 II. Los nacidos dentro de los trescientos días siguientes en que cesó la vida en común entre el concubinario y la concubina. Está permitido al hijo y a sus descendientes investigar la maternidad, la cual puede probarse por cualquiera de los medios ordinarios; pero la indagación no será permitida cuando tenga por objeto atribuir el hijo a una mujer casada. Más el artículo posterior establece que no obstante lo dispuesto en la parte final del precepto anterior, el hijo podrá investigar la maternidad si ésta se deduce de una sentencia civil o criminal. Las acciones de investigación de paternidad o maternidad, sólo pueden intentarse en vida de los padres. En cuanto a la adopción, podremos decir que al adoptarse a una persona se contraen los derechos y obligaciones inherentes a la filiación, así lo establecen los artículos 393 que dice: El que adopta tendrá respecto de la persona y bienes del adoptado, los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de los hijos. Y el artículo 396 dice: El adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adopten, los mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo. Efectos de la Patria Potestad En nuestro derecho la patria potestad corresponde no sólo a los padres, sino también a los ascendientes que la ley indica, y por lo mismo, no sólo se ejerce respecto de los hijos, sino también respecto de posteriores descendientes. En la relación entre ascendientes y descendientes debe imperar el respeto y la consideración mutua cualquiera que sea su estado, edad y condición.

13 Quienes detenten la patria potestad, tienen la responsabilidad de relacionarse de manera armónica con sus hijos menores de edad, independientemente de que vivan o no bajo el mismo techo. Los hijos menores de edad, no emancipados, están bajo la patria potestad mientras exista alguno de los ascendientes que deban ejercerla conforme a la ley. La patria potestad se ejerce sobre la persona y bienes de los hijos. El artículo 414 dice: La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro. A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este ordenamiento, ejercerán la patria potestad sobre los menores, los ascendientes en segundo grado en orden que determine el juez de lo familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso. El siguiente precepto establece las siguientes obligaciones: I. Procurar la seguridad física, psicológica y sexual; II. Fomentar hábitos adecuados de alimentación, de higiene personal y de desarrollo físico. Así como impulsar habilidades de desarrollo intelectual y escolares; III. Realizar demostraciones afectivas, con respeto y aceptación de éstas por parte del menor. Y, IV. Determinar límites y normas de conducta preservando el interés superior del menor (el mismo precepto se refiere al incumplimiento). Se considera incumplimiento de las obligaciones de crianza, el que sin justificación y de manera permanente y sistemática no se realicen las actividades señaladas; lo que el Juez valorará en los casos de suspensión de la patria

14 potestad, de la determinación de la guarda y custodia provisional y definitiva, y el régimen de convivencia. No se considera incumplimiento de estas obligaciones el que cualquiera de los progenitores tenga jornadas laborales extensas. El artículo 416 dice: En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus obligaciones y podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de los menores. En caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente, previo el procedimiento que fija el Título Décimo Sexto del Código de Procedimientos Civiles. Con base en el interés superior del menor, éste quedará bajos los cuidados y atenciones de uno de ellos. El otro estará obligado a colaborar en su alimentación y crianza conservando el derecho de convivencia con el menor, conforme a las medidas previstas en el convenio o resolución judicial. Como podemos ver, dicho precepto establece que aún en la separación del acreedor de los alimentos se tiene la obligación de darle lo correspondiente a los alimentos, sin perderse el derecho a la convivencia; esta última situación es muy difícil de darse, sobre todo cuando la pareja se ha separado por conflictos más o menos graves. Nuestra ley dice: que los hijos que estén bajo la patria potestad de sus progenitores tienen el derecho de convivir con ambos, aun cuando no vivan bajo el mismo techo. Y continúa: sin causa justa no podrán impedirse las relaciones personales entre el menor y sus ascendientes. En caso de oposición, a petición de cualquiera de los progenitores, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente previa audiencia del menor, atendiendo su interés superior, es decir, la autoridad

15 pondrá las medidas de apremio que considere convenientes hasta en tanto se cumpla por lo dispuesto en el precepto. Finalmente establece: que para los casos anteriores, y sólo por mandato judicial, este derecho deberá ser limitado o suspendido considerando el incumplimiento reiterado de las obligaciones de crianza o peligro para la salud e integridad física, psicológica o sexual de los hijos. Nuestra ley explica que los efectos superiores del menor se entenderán a la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las niñas y niños respecto de los de cualquier persona, con el fin de garantizar, entre otros, los siguientes aspectos: I. El acceso a la salud física y mental, alimentación y educación que fomente su desarrollo personal. II. El establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier tipo de violencia familiar. III. El desarrollo de la estructura de personalidad, con una adecuada autoestima, libre de sobreprotección y excesos punitivos. IV. Al fomento de la responsabilidad personal y social, así como a la toma de decisiones del menor de acuerdo a su edad y madurez psicoemocional. V. Los demás derechos, que a favor de las niñas y los niños, reconozcan otras leyes y tratados aplicables. Además aclara que en caso de desacuerdo sobre la convivencia o cambio de guarda y custodia, en la controversia o en el incidente respectivo deberá oírse a los menores. A efecto de que el menor sea adecuadamente escuchado, independientemente de su edad, deberá ser auxiliado por el asistente de menores que para el efecto designe el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (se entenderá por asistente de menores al profesional en psicología, trabajo

16 social o pedagogía exclusivamente adscrito al DIF-DF u otra institución avalada por éste), con el fin de facilitarle comunicación libre, espontánea y darle protección psicoemocional en las sesiones donde sea oído por el juez en privado, sin la presencia de los progenitores. Dicho asistente podrá solicitar hasta dos entrevistas previas a la escucha del menor, siendo obligatorio para el progenitor que tenga la guarda y custodia del menor dar cumplimiento a estos requerimientos. Las obligaciones, facultades y restricciones establecidas para los tutores, se aplicarán al pariente que por cualquier circunstancia tenga la custodia de un menor. Quien conserve la patria potestad tendrá la obligación de contribuir con el pariente que custodia al menor en todos sus deberes, conservando sus derechos de convivencia y vigilancia. La anterior custodia podrá terminar por decisión del pariente que la realiza, por quien o quienes ejercen la patria potestad o por resolución judicial. En cuanto a la patria potestad del hijo adoptivo, la ejercerán únicamente las personas que lo adopten. Solamente por falta o impedimento de todos los llamados, entrarán al ejercicio de la patria potestad los que sigan en el orden mencionado anteriormente. Si sólo faltara alguna de las dos personas a quienes corresponde ejercer la patria potestad, la que quede continuará en el ejercicio de ese derecho. Por otra parte, mientras el hijo estuviere en la patria potestad, no podrá dejar la casa de los que le ejercen sin permiso de ellos o decreto de la autoridad competente. A las personas que tienen al menor bajo su patria potestad o custodia, incumbe la obligación de educarlo convenientemente.

17 Cuando llegue a conocimiento de los Consejos Locales de Tutela o de cualquier autoridad administrativa que dichas personas no cumplen con la obligación referida, avisarán al Ministerio Público para que promueva lo que corresponda. Para estos efectos, quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores bajo su custodia tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una conducta que sirva a éstos de buen ejemplo. La facultad de corregir no implica infligir a los menores actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica, en términos de lo dispuesto en el artículo 323 del Código Civil. El que está sujeto a la patria potestad no puede comparecer en juicio, ni contraer obligación alguna, sin expreso consentimiento del o los que ejerzan aquel derecho. En caso de irracional disenso, resolverá el juez. Por lo que toca a la patria potestad respecto de los bienes de los hijos, diremos que los que la ejercen son legítimos representantes y tienen la administración legal de los bienes que les pertenecen conforme a las prescripciones legales. Cuando la patria potestad se ejerza a la vez: por el padre y la madre o por el abuelo y la abuela o por los adoptantes, el administrador de los bienes será nombrado por mutuo acuerdo; pero el designado consultará en todos los negocios a su consorte y requerirá su consentimiento expreso para los actos más importantes de la administración. También tendrá la representación en juicio, pero no podrá celebrar ningún arreglo para terminarlo, si no es con el consentimiento expreso de su consorte y con la autorización judicial cuando la ley lo requiera expresamente. Los bienes del hijo, mientras esté en la patria potestad, se dividen en dos clases: I. Bienes que adquiera por su trabajo: estos le pertenecen en propiedad, administración y usufructo;

18 II. Bienes que adquiera por cualquier otro título: estos le pertenecen en propiedad y la mitad del usufructo; la administración y la otra mitad del usufructo corresponde a las personas que ejerzan la patria potestad. Sin embargo, si los hijos adquieren bienes por herencia, legado o donación, y el testador o donante ha dispuesto que el usufructo pertenezca al hijo o que se destine a un fin determinado, se estará a lo dispuesto. Los padres pueden renunciar su derecho a la mitad del usufructo, haciéndolo constar por escrito o de cualquier otro modo que no deje lugar a duda. La renuncia del usufructo hecha a favor del hijo, se considera como donación. Los réditos y rentas que se hayan vencido antes de que los padres, abuelos o adoptantes entren en posesión de los bienes, son propiedad del hijo y en ningún caso serán frutos de que deba gozar la persona que ejerza la patria potestad. El usufructo de los bienes concedido a las personas que ejerzan la patria potestad, lleva consigo las obligaciones referidas en el Título del parentesco, de los alimentos y de la violencia familiar. Además las impuestas a los usufructuarios, con excepción de la obligación de dar fianza, fuera de los casos siguientes: I. Cuando los que ejerzan la patria potestad han sido declarados en quiebra o estén concursados; II. Cuando contraigan ulteriores nupcias; III. Cuando su administración sea notoriamente ruinosa para los hijos. Cuando por la ley o la voluntad del padre el hijo tenga la administración de los bienes, se le considerará respecto de la administración como emancipado, con la restricción que establece la ley para enajenar, gravar o hipotecar bienes raíces. Los que ejercen la patria potestad no pueden enajenar, ni gravar de ningún modo, los bienes inmuebles y los muebles preciosos que correspondan al hijo;

19 sino por causa de absoluta necesidad o de evidente beneficio, previa autorización del juez competente. Tampoco podrán celebrar contratos de arrendamiento por más de cinco años, ni recibir la renta anticipada por más de dos años, vender (valores comerciales, industriales, títulos de rentas, acciones, frutos y ganados, por menor valor del que se cotice en la plaza el día de la venta), hacer donaciones de los bienes de los hijos o remisión voluntaria de los derechos de éstos, y no dar fianza en representación de los hijos. Siempre que el juez conceda licencia a los que ejercen la patria potestad para enajenar un bien inmueble o un mueble precioso perteneciente al menor, tomará las medidas necesarias para hacer que el producto de la venta se dedique al objeto a que se destinó y el resto se invierta en la adquisición de un inmueble o se imponga con segura hipoteca a favor del menor. Al efecto, el precio de la venta se depositará en una institución de crédito y la persona que ejerce la patria potestad no dispondrá de él sin orden judicial. El derecho de usufructo concedido a las personas que ejercen la patria potestad, se extingue: I. Por la emancipación derivada del matrimonio o la mayoría de edad de los hijos. II. Por la pérdida de la patria potestad. III. Por renuncia. Las personas que ejercen la patria potestad tienen obligación de dar cuenta de la administración de los bienes de los hijos. En todos los casos en que las personas que ejercen la patria potestad tengan un interés opuesto al de los hijos, serán representados en juicio y fuera de él por un tutor nombrado por el juez para cada asunto.

20 Los jueces tienen facultad de tomar las medidas necesarias para impedir que, por la mala administración de quienes ejercen la patria potestad, los bienes del hijo se derrochen o se disminuyen. Estas medidas se tomarán a instancias de las personas interesadas, del menor cuando hubiere cumplido catorce años o del Ministerio Público en todo caso. Las personas que ejerzan la patria potestad deben entregar a sus hijos, luego que éstos se emancipen o lleguen a la mayor edad, todos los bienes y frutos que les pertenecen. La patria potestad se acaba: I. Con la muerte del que la ejerce, si no hay otra persona en quien recaiga. II. Con la emancipación derivada del matrimonio. III. Por la mayoría de edad del hijo. IV. Con la adopción del hijo. V. Cuando el que ejerce la patria potestad de un menor, lo entregue a una institución pública o privada de asistencia social legalmente constituida, para ser dado en adopción de conformidad con lo dispuesto por el artículo 901 bis del Código de Procedimientos Civiles. Y la patria potestad se pierde por resolución judicial: I. Cuando el que la ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de ese derecho. II. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone en artículo 283 del Código Civil. III. En los casos de violencia familiar en contra del menor. IV. El incumplimiento de la obligación alimentaria por más de noventa días, sin causa justificada. V. Por el abandono que el padre o la madre hicieren de los hijos por más de tres meses, sin causa justificada.

21 VI. VII. Cuando el que la ejerza hubiera cometido contra la persona o bienes de los hijos, un delito doloso, por el cual haya sido condenado por sentencia ejecutoriada. Cuando el que la ejerza sea condenado dos o más veces por delitos graves. Y la patria potestad podrá ser limitada en los casos de divorcio o separación, tomando en cuenta lo dispuesto en el Código Civil. Cuando los que ejerzan la patria potestad pasen a segundas, no perderán por ese hecho los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, así como tampoco el cónyuge o concubino con quien se una ejercerá la patria potestad de los hijos de la unión anterior. La patria potestad no es renunciable, pero aquellos a quienes corresponda ejercerla pueden excusarse: I. Cuando tengan sesenta años cumplidos. II. Cuando por su mal estado habitual de salud, no pueden atender debidamente a su desempeño

22 Actividad de Aprendizaje Instrucciones: Con la finalidad de reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo de esta sesión, ahora tendrás que realizar un resumen sobre lo visto en la lectura. Puedes realizarlo en cualquier programa, al final tendrás que guardarlo con formato PDF, con la finalidad de subirlo a la plataforma de la asignatura. Recuerda que esta actividad te ayudará a entender y apropiarte de los conocimientos sobre el tema. Esta actividad equivale al 5% de tu calificación final y se tomará en cuenta lo siguiente: Tus datos generales 3 puntos Referencias bibliográficas 7 puntos Ortografía y redacción 10 puntos Introducción 25 puntos Contenido 55 puntos

23 Referencias Bibliográficas Flores, B. (1960). Lecciones de primer curso de derecho civil. México: Editorial UNAM. Ramírez, J. (1960). Introducción al estudio del derecho civil. México: Dirección y control. Legislativas Código Civil para el Distrito Federal. (2010). México: Editorial SISTA.