Son conformes a la Directiva de prácticas comerciales desleales las disposiciones reguladoras del comercio minorista? El caso de Castilla- La Mancha.

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Transcripción:

Son conformes a la Directiva de prácticas comerciales desleales las disposiciones reguladoras del comercio minorista? El caso de Castilla- La Mancha. Mª Ángeles Zurilla Cariñana 1 Centro de Estudios de Consumo (Universidad de Castilla La Mancha). I. INTRODUCCIÓN. La Directiva 2005/29/CE sobre Prácticas Comerciales Desleales aborda las prácticas comerciales desleales que influyen directamente en las decisiones de los consumidores sobre las transacciones relacionadas con productos, prohibiendo con carácter general las prácticas desleales que distorsionen su comportamiento económico. La transposición de esta Directiva al ordenamiento jurídico español se ha realizado mediante la Ley 29/2009 de 30 de diciembre, modificando el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. La transposición se ha llevado a cabo mediante una profunda modificación de una norma de Derecho privado: la Ley de Competencia Desleal -en 1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación: Impacto regional de la reciente regulación sobre derecho de consumo: el régimen de arbitraje y mediación de consumo, el Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios y la Directiva 29/2005, de Prácticas Comerciales Desleales. Referencia: PPII 10-0199-9522. Entidad financiadora: Consejería de Educación y Ciencia (Junta de Comunidades de Castilla La Mancha). Fin: 2013. maria.zurilla@uclm.es 1

adelante LCD- lo que origina profundos desajustes y dificultades de interpretación. También experimenta reformas de importancia el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios -en adelante TRLGDCU-. La modificación del TRLGDCU, tiene como finalidad establecer claramente en él (tal como revela el Preámbulo de la Ley 29/2009) que, conforme a la preeminencia del Derecho comunitario, las prácticas comerciales de los empresarios dirigidas a los consumidores se rigen únicamente por lo dispuesto en la Ley de Competencia Desleal y en el propio Texto Refundido, sin que quepa imponer a los empresarios o profesionales otras obligaciones, exigencias o prohibiciones distintas de las previstas en dichas normas, cuando el título en que éstas se fundan es la protección de los legítimos intereses de los consumidores. En consecuencia, tras la reforma, la tipificación de las conductas prohibidas en Derecho de consumo, relativas a las prácticas comerciales desleales, se hace directamente por el legislador estatal, con base en su competencia exclusiva para regular el Derecho Mercantil, concretamente, a través de la LCD a la que remite en pleno el TRLGDCU. Como consecuencia de ello las Comunidades Autónomas no podrán tipificar o prohibir prácticas comerciales desleales, ni imponer deberes de información sobre la base de una competencia exclusiva para regular el régimen de protección consumidores o del comercio interior. Sin embargo, la complejidad del sistema de transposición de la Directiva por la Ley 29/2009 produce situaciones ciertamente paradójicas: la Disposición Final Segunda número 3 de la Ley 29/2009, otorga a los artículos 19 y 20 2 TRLGDCU carácter básico, o lo que es lo mismo, susceptible de ser desarrollado por las Comunidades Autónomas. En consecuencia, una norma autonómica que impusiera contenidos informativos comerciales superiores al contenido del artículo 20 no infringiría la normativa estatal. En primer lugar, por ser básica, no exclusiva. En segundo lugar porque el artículo 20 no es exhaustivo (emplea la expresión al menos al referirse a la 2 Este precepto establece la información necesaria mínima que ha de contener toda oferta comercial de bienes y servicios. 2

información que han de contener las prácticas comerciales dirigidas a consumidores). Sin embargo, esa regulación autonómica que no sería contraria a la normativa estatal, sí vulneraría el artículo 7.4 de la Directiva 3. Entendemos que el artículo 20 del TRLGDCU y la Directiva sólo pueden sobrepasarse sobre la eventual existencia de otras normas de protección distintas del derecho a la información (por ejemplo, la protección contractual o la protección de intereses públicos ajenos al concepto de práctica comercial desleal 4 ). A tales efectos recuérdese que la propia Directiva establece que los Estados podrán mantener o añadir requisitos de información relacionada con el Derecho contractual y con las repercusiones en el ámbito del Derecho contractual, si lo autorizan las normas mínimas del Derecho comunitario, con la finalidad de garantizar un mayor nivel de protección de los derechos contractuales individuales de los consumidores (considerando 15). II. ANÁLISIS DE LAS NORMAS DE LA LEY DE COMERCIO DE CASTILLA LA MANCHA EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE VENTAS Y SU COBERTURA O NO POR LA DIRECTIVA 2005/29/CE SOBRE PRÁCTICAS COMERCIALES DESLEALES. 3 Ciertamente, las CCAA no están vinculadas por las Directivas y éstas no obligan sino a través de la legislación estatal que las desarrolla, hasta que el TJCE se pronuncie sobre la eventual contrariedad de la ley estatal a Derecho comunitario. A pesar de ello considero que los deberes de información que impongan normas autonómicas no deberían exceder en su contenido de lo que establece el artículo 20. 1, por razones de pura lógica jurídica (Vid. CARRASCO PERERA. Eficacia de la Ley estatal 29/2009 sobre la reglamentación autonómica que impone la obligatoriedad de carteles informativos con determinada información referente a precios de servicios, hojas de reclamaciones y horarios comerciales www.cesco.es). 4 Pertenecen a este ámbito las indicaciones obligadas sobre la existencia de horarios comerciales o de la existencia de libro de reclamaciones, que pueden vincularse a una especie de Derecho público de la ordenación del comercio, pero que son ajenos al derecho de información precontractual como tal (Vid. CARRASCO PERERA, Las competencias autonómicas sobre la información precontractual en el marco de la Directiva 2005729/CE, sobre las prácticas comerciales desleales. www.cesco.es) 3

La finalidad del presente estudio es analizar el ajuste a la Directiva comunitaria de los preceptos de la reciente Ley de Comercio de Castilla La Mancha de 13 de mayo de 2010. Me centraré en los contenidos en el Título IV, relativo a las Promociones de Ventas: artículos 23 a 41. Para una mayor claridad se presenta una tabla comprensiva de dichos preceptos, separando en columnas diferentes los que contienen deberes de información o prohibiciones que pueden están cubiertos por la Directiva y los que no lo están, aunque que conviene observar que las fronteras entre unos y otros pueden resultar muy difíciles de establecer en algunos casos. LEY DE COMERCIO DE CASTILLA LA MANCHA DE 13 DE MAYO 2010. Art. 24.1 Art. 24.2 Art. 24.3 Art. 25 NORMAS CUBIERTAS POR LA DIRECTIVA 2005/29 SOBRE PRÁCTICAS COMERCIALES DELEALES. Cubierto por el artículo 6 y los números 5 y 6 b) del Anexo I de la No obstante, hubiera resultado deseable la sustitución de estas normas por las que se correspondieran con los números 5 y 6 del Anexo I de la Cubierto por el artículo 6 y los números 5 y 6 b) del Anexo I de la No obstante, hubiera resultado deseable la sustitución de estas normas por las que se correspondieran con los números 5 y 6 del Anexo I de la NORMAS NO CUBIERTAS POR LAS DIRECTIVA 2005/29SOBRE PRÁCTICAS COMERCIALES DESLEALES. La conducta prohibida no se corresponde con ninguno de los estándares de deslealtad de los arts. 5, 6 y 7 de la 4

Art. 26.1 Cubierto por los artículos 5 y 6 de la Art. 26. 2 El precepto está concebido en términos generales, sin afectación concreta a la conducta del consumidor. Art. 26. 3 La denominación de las prácticas comerciales no interesa a la Art. 27.1 Art. 27.2 Art. 27.3 Art. 27.4 Art. 28.1 Art. 28. 2 Art. 28.3 Cubierto por el artículo 6 y los números 5 y 6 b) del Anexo I la Puede estar cubierto por el artículo 6 de la Directiva y por el número 5 del Anexo I. Norma de política comercial. Art. 29.1 No puede ser considerada práctica desleal si la promoción no es engañosa. Excede del ámbito de la directiva. Art. 29.2 Art. 29.3 Art. 32.1,2 y 3 No puede ser considerada práctica desleal si la promoción no es engañosa. Excede del ámbito de la Norma de política comercial. Excede del ámbito de la Estos tres apartados contemplan supuestos que no son per se prácticas desleales o engañosas. Art. 32. 4 No puede ser considerada práctica desleal si la promoción no es engañosa. Art. 33 Art. 34.2 y 3 Normas de política comercial.exceden del ámbito de la La conducta prohibida no se corresponde con ninguno de los 5

Art. 35.1 Art. 35. 2 Art. 36.2 (primer inciso) Art. 36. 2 (segundo inciso) Artículo de dudosa cobertura en la estándares de deslealtad de los artículos 5,6 y 7 de la La conducta prohibida no se corresponde con ninguno de los estándares de deslealtad de los artículos 5, 6 y 7 de la Art. 36. 3 y 4 Art. 37.1 Art. 37.2 y 37.3 Art. 38.1 No producen afectación a la conducta del consumidor. Si la duración fuese mayor no estaríamos ante práctica abusiva ni desleal. Norma de política comercial. Norma de política comercial Art. 38.2 Sólo estaría cubierta esta norma por la Directiva cuando la causa de la liquidación fuese engañosa conforme al art. 6.1. c). Art. 39.2 y 3 No se considerará práctica desleal cuando la promoción no sea engañosa. Art. 40 Art. 41.2 Cubierta por el nº 20 y el 31 del Anexo I de la Art. 41.3 No está amparada por la Directiva, en tanto la oferta no sea engañosa. El inciso final es una norma de derecho contractual. Como corolario de lo antedicho resta afirmar que, en consonancia con el carácter de máximos de la Directiva, las autoridades regionales de consumo deberán comprobar que los contenidos informativos precontractuales exigidos por las diferentes normas de protección de los consumidores no exceden de la lista de conceptos admitidos en ella. En consecuencia, la Directiva únicamente afectará a aquellas normas cuya finalidad 6

básica sea la protección de la voluntad de compra del consumidor a través de la imposición de deberes precontractuales de información dirigidos a eliminar la posibilidad de engaño en la promoción de bienes o servicios. Mª Ángeles Zurilla Cariñana. 7