CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA VIII

Transcripción

1 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA VIII 40189/2015 JUZGADO Nº 71 AUTOS: KIM KYU IM c. EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE COREA s. Despido En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de febrerode 2019, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden: EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO: I.- Llegan las actuaciones a este Tribunal, en virtud de los recursos de apelación deducidos por las partes actora (fs. 239/240) y demandada (fs. 231/235), contra la sentencia que admitiera la demanda. El perito contador y las representaciones letradas de las partes apelan los honorarios regulados. II.- Por una cuestión de buen método, daré tratamiento al recurso de la demandada, quien se queja en primer lugar por cuanto la sentenciante de grado desestimó los efectos del acuerdo celebrado ante el SECLO, reivindicando la aplicación del Plenario Lafalce. Objeta la conclusión de la a quo de que habría existido una reconducción del contrato de trabajo, la admisión de la existencia de pagos clandestinos, de las indemnizaciones de la ley de empleo y por despido y de la sanción del artículo 80 de la L.C.T.

2 Llega firme a esta instancia que las partes suscribieron un acuerdo por ante el SECLO, que fuera homologado por Resolución del 22 de agosto de 2005 (ver sentencia; fs. 228, párrafo segundo). El artículo 15 de la L.C.T. establece, en sus párrafos primero y último, que Los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios sólo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa, y mediare resolución fundada de cualquiera de ésta que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes. En todos los casos, la homologación administrativa o judicial de los acuerdos conciliatorios, transaccionales o liberatorios les otorgará la autoridad de cosa juzgada entre las partes que los hubieren celebrado. III.- Me abocaré a analizar, seguidamente, los alcances del Acuerdo celebrado ante el Seclo, como ya dijera, homologado el Al respecto, señalo que esta Sala ha sostenido, en relación a los acuerdos homologados en sede administrativa, siguiendo la doctrina sentada por la Cámara en pleno en los autos Corujo Osvaldo Enrique c/doucourt Hnos. (Acta Nro. 393), que los acuerdos adoptados con intervención y aprobación de la autoridad administrativa, tienen el carácter y alcance de la cosa juzgada, directriz que no se ve afectada con el Régimen de Contrato de Trabajo que, de manera expresa, los reconoce en el artículo 15 de la LCT. En consecuencia, sugiero hacer lugar a la excepción de cosa juzgada. A mayor abundamiento, señalo que sólo es admisible la revisión de lo actuado en sede administrativa ante una acción que tuviese por objeto la nulidad del acto homologatorio, en la cual debe darse intervención a la autoridad administrativa, de los que se infiera una ilicitud ostensible o se acredite la presencia de un vicio de la voluntad, circunstancia que no se presenta en el caso, pues no existe prueba al

3 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA VIII respecto, sin perjuicio de destacar que en ese momento el actor se encontró asistido legalmente por un profesional respecto del cual no se demostró hubiese sido impuesto por la parte demandada. Por lo tanto, considero que el lapso trabajado que fuera objeto del acuerdo aludido no puede ser objeto de tratamiento en este juicio. IV.- La sentenciante consideró que la actora trabajó sin solución de continuidad después de arribar al acuerdo conciliatorio antes aludido y, en base a ello, condenó al pago de la indemnización del artículo 9 de la ley , para lo cual se basó en el testimonio de Fernández (fs. 193). Esta persona, aunque no lo ha reconocido, tiene interés en el litigio. En efecto, el testigo manifestó que ingresó a mediados del mes de julio de 2005, añadiendo que todos trabajaban un par de años en negro y que cree que en el año 2006 los blanquearon. Esta Sala viene sosteniendo reiteradamente que el testigo debe ser un tercero ajeno a las partes y que pierde ese carácter, cuando el pronunciamiento que se dicte en el expediente puede beneficiarlo en el futuro. Pues bien, el deponente dice haber sido blanqueado en 2006, lo que indicaría que para el año 2005 habría estado en negro. De tal modo, si en base a su versión se reconociese a la actora una fecha de ingreso anterior, en el futuro Fernández (que seguía trabajando a la fecha de su declaración) podría esgrimir en su favor este pronunciamiento. Al respecto ya he tenido oportunidad de sostener que...no es posible tener por acreditado un vínculo laboral con el testimonio de quien dice haber trabajado en forma clandestina, pues esta circunstancia tiñe de parcialidad la versión, en la medida que lo que se resuelva en este litigio podría eventualmente proyectarse sobre la propia situación del declarante, la cual, en este expediente no se

4 encuentra en discusión... (Sentencia nº del 15/7/11, en causa nº , García Héctor Alejandro c/turismo Nuevo Mundo y otros s/despido ). Teniendo en cuenta que nuestro Máximo Tribunal ha sostenido, además, que el juzgador puede echar mano a las denominadas máximas de la experiencia y a un elemental sentido común (C.S.J.N. Dadi Criado, Edgardo M. y otro, 2/7/91), en el marco del Convenio celebrado entre la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y la AFIP, ingresé a la base de datos del testigo en dicho organismo advirtiendo que entre el mes de julio y diciembre de 2005 trabajó para las empresas Materolo SRL y Limser SRL, circunstancia que permite descartar su versión. También surge de esos datos que la Embajada demandada lo registró en el mes de junio de 2006, unos pocos meses antes de la fecha de ingreso reconocida a la actora. No desconozco que en el contrato de fs. 54/55 se colocó el 1 de noviembre de 2005 pero, a mi juicio, ello constituye un verdadero error de redacción si se considera que el testigo Fernández admitió que la actora ingresó a trabajar unos meses después que él y, a la luz de lo expresado precedentemente, el mismo no pudo haber estado trabajando para la accionada en el año Por lo expuesto y no habiendo otras pruebas que corroboren que la actora ingresó en una fecha diferente a la registrada, considero que debe revocarse la condena al pago de la indemnización del artículo 9 de la ley V.- En lo que hace a los pagos clandestinos tampoco coincido con la a quo. Es que la testigo Hong Hi Yun (fs. 194) carece, por sí sola, de fuerza probatoria para tener por acreditado dicho extremo (art. 90, L.O.). En efecto, adviértase que la misma declaró haber prestado servicios hasta el año 2010, es decir cuatro años antes del despido, lo que la inhibe para expresarse sobre hechos que no presenció. Por lo demás que se hubiesen visto muchísimas veces en la sala donde se

5 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA VIII habrían efectuado los pagos no es indicativo de que la actora hubiese cobrado sumas en forma clandestina, cuya entidad desconoce. Solo a mayor abundamiento advierto que la remuneración de la actora en el mes de mayo de 2010 era de $ 6.437,30.- (fs. 45), casi el triple de lo que percibía un empleado administrativo del gremio de comercio para la misma época ( Es mi convicción, expresada en anteriores pronunciamientos, que no puede fundarse una decisión de condena en indicios, por más razonables que parezcan -y los indicados no lo son-, sino son confirmados por otros elementos de juicio. La mera probabilidad de la hipótesis apuntada es insuficiente para acoger las pretensiones traídas a esta sede, cuyos presupuestos de hecho debieron ser probados, como todos los hechos relevantes para el proceso, convincentemente, según las reglas de la sana crítica (artículos 377 y 386 C.P.C.C.N.). Por ende y a la luz del análisis efectuado (art. 96, L.O.), tampoco puedo tener por acreditados los pagos clandestinos y, en esa inteligencia, corresponde revocar la condena al pago de las indemnizaciones de los artículos 10 y 15 de la ley de empleo. VI.- Idéntica suerte deberían correr las indemnizaciones por despido, al no estar acreditados los dos hechos en que se fundara el mismo, según expresara la a quo a fs. 227 vta. -conclusión que llega firme a esta instancia-, así como la sanción del artículo 2 de la ley , cuya procedencia está ligada a la admisión de las indemnizaciones por despido. Idéntica suerte deberían correr las indemnizaciones por despido, por considerar no acreditados los dos hechos en que se fundara el mismo, según expresara la a quo a fs. 227 vta. -conclusión que llega firme a esta instancia- y la sanción del artículo 2 de la ley , cuya procedencia está ligada a la admisión de aquellas.

6 VII.- En lo que atañe a la sanción del artículo 80 de la L.C.T., la misma deberá ser confirmada, ya que mediante la CD de fs. 158, la actora cumplió con el recaudo formal del Decreto 146/01 y si bien la demandada puso la documentación a disposición, la misma fue certificada en fecha muy posterior (fs. 52), sin perjuicio de que la acompañada al expediente es insuficiente por cuanto falta uno de los certificados a los que alude la norma legal citada. Para su determinación, tendré en cuenta que la mejor remuneración ascendió a $ ,31.- (fs. 45), por lo que sugiero fijar su importe en la suma de $ ,83.- VIII.- En función de lo que vengo sosteniendo, deberían ser reajustadas las condenas al pago de los días de mayo de 2014 y el S.A.C. proporcional, cuyos importes, a partir de lo que surge de fs. 45, se establecen en las sumas de $ 8.486,26.- y $ 5.953,76.-, respectivamente. Lo mismo cabe hacer con las vacaciones proporcionales, rubro que mereciera objeción de la parte actora y cuyo importe debe ascender a $ 5.278,28.-más la de 439,86.- en concepto de incidencia del S.A.C. sobre dicho ítem. IX.- De lo expuesto se extrae que el monto de condena debería reducirse a $ ,99.-, con más los intereses fijados en grado, que se complementarán con los de las Actas 2630 y 2658 de esta Cámara. En los términos del artículo 279 del CPCC, corresponde emitir nuevo pronunciamiento sobre las costas y honorarios, lo que torna abstracto expedirme sobre los recursos introducidos en su relación.

7 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA VIII X.- De prosperar mi voto auspicio: se confirme la sentencia apelada en tanto pronuncia condena y se fije su importe en la suma de $ ,99.-, con más los intereses fijados en grado, que se complementarán con los de las Actas 2630 y 2658 de esta Cámara; se impongan las costas del proceso en un 90% a la actora y en el 10% a la demandada, atento existir vencimientos parciales y mutuos (art. 71, CPCC); se regulen los honorarios de las representaciones y patrocinios letrados de las partes actora, demandada, por su actuación total y los del perito contador, en las sumas de $ , $ y $ , respectivamente (arts. 7,19 y concs., ley ; art. 30, ley ; arts. 3 y concs., D.L /57 y 38, L.O.). EL DR. VICTOR ARTURO PESINO DIJO: Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede. Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en tanto pronuncia condena y fijar su importe en la suma de $ ,99.-, con más los intereses fijados en grado, que se complementarán con los de las Actas 2630 y 2658 de esta Cámara; 2) Imponer las costas del proceso en un 90% a la actora y en el 10% a la demandada; 3) Regular los honorarios de las representaciones y patrocinios letrados de las partes actora, demandada, por su actuación total y los del perito contador, en las sumas de $ , $ y $ , respectivamente (arts. 7,19 y concs., ley ; art. 30, ley ; arts. 3 y concs., D.L /57 y 38, L.O.). Regístrese, notifíquese; cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/05/13 y oportunamente, devuélvase.- lac

8 LUIS ALBERTO CATARDO JUEZ DE CAMARA VICTOR ARTURO PESINO JUEZ DE CAMARA Ante mí: SANTIAGO DOCAMPO MIÑO SECRETARIO