S E N T E N C I A. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 129/2011, promovido por *****, y, R E S U L T A N D O:

Transcripción

1 S E N T E N C I A Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 129/2011, promovido por *****, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil once, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, *****, solicitó la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Familiar de Primera Instancia de esta ciudad, consistente en el auto de apertura del juicio testamentario 599/2002-I, con fecha seis de enero de dos mil tres, en el que no se requiriera al denunciante aquí tercero perjudicado *****, para que proporcionara los nombres y domicilios de los herederos legítimos que tenga conocimiento el denunciante, haya o no testamento, con expresión del grado de parentesco o lazo con el autor de la sucesión. SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer de este asunto a este Juzgado Federal, quien previa aclaración, en auto de cuatro de enero de dos mil doce, admitió a trámite la demanda de garantías en cuestión, ordenó su registro con el número de amparo 129/2011, del índice administrativo y libro de gobierno respectivo; se requirió el informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención

2 2 legal que le compete; se dispuso el emplazamiento de los terceros perjudicados, quienes por edictos publicados en el periódico Excélsior y Diario Oficial de la Federación los días veinticuatro de abril, tres y catorce de mayo, fueron emplazados a juicio, se señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad en lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII de la Constitución Federal; 4o, 36, 114, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo en el Acuerdo General 17/2012, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito espacial en el que este Juzgado Federal Mixto ejerce jurisdicción. SEGUNDO Legitimación. La parte quejosa se encuentra legitimada para promover el juicio de

3 3 amparo en que se actúa, en razón de que se ostenta como tercera extraña a la controversia de donde derivan los actos reclamados y promovió, por sí misma, demanda de garantías, con lo que dio cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4º de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, y con la Jurisprudencia VI/2004, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinticinco de marzo de dos mil cuatro, con el epígrafe siguiente: ACTO RECLAMADO. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO, se aprecia que los actos reclamados consisten en: 1. La falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario 599/2002-I, a bienes del finado *****, en el acuerdo de fecha seis de enero de dos mil tres, en el que no se requiriera al denunciante aquí tercero perjudicado *****, para que proporcionara los nombres y domicilios de los herederos legítimos que tenga conocimiento el denunciante, haya o no testamento, con expresión del grado de parentesco o lazo con el autor de la sucesión. 2. Todo lo actuado en el procedimiento, sus consecuencias jurídicas.

4 4 CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional procede al análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el citado numeral 77, fracción I, del cuerpo de leyes en consulta, y con apego a la jurisprudencia número 10, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, publicada en la página 68, del Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el

5 5 estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. La Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado reconoció como ciertos los actos reclamados al admitir que en ese juzgado se encuentra radicado el expediente 599/2002, relativo al juicio sucesorio testamentario a

6 6 bienes de *****, en el que en auto de seis de enero de dos mil tres, se radicó la sucesión en comento, que fue denunciada por *****, proveído en el que únicamente se ordenó notificar personalmente a ***** y *****, en virtud de que el testador *****, las instituyó como sus únicas y universales herederas, sin ordenarse la notificación de alguna otra persona en términos del artículo 650 fracción III, del Código procesal civil del estado; asimismo, que el veinte de febrero de dos mil ocho, se llevó a cabo la junta de herederos, en la cual se declaró la validez del testamento público abierto de fecha nueve de agosto de mil novecientos noventa y cinco, en el que se reconocieron como únicas y universales herederas a ***, *** y *** de apellidos *****, nombrándose como albacea a *****, quien aceptó y protestó el cargo conferido en su favor, encontrándose actualmente aprobadas la primera, segunda y tercera sección, que conforman el juicio sucesorio, y pendiente de aprobación la etapa cuarta denominada De partición, prevista en el numeral 664 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero. Resulta aplicable la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, :

7 7 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Certeza que se acredita con la documental que acompañó el juez responsable a su informe con justificación consistente, en copias certificadas del juicio sucesorio 599/2002, a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2o. de dicho ordenamiento, que obran agregadas de la foja 48 a la 171. Así como la tesis de jurisprudencia 226, sustentada por el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación : DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, se analiza la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con la parte final del artículo 73 de la Ley de Amparo, y conforme a la tesis de jurisprudencia número 814, consultable en la página

8 8 553, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación : IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Previamente al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causas de improcedencia del juicio de garantías, ya que se trata de una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgador advierte que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho

9 9 o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; De la interpretación de lo transcrito se obtiene que las causas de improcedencia factibles de actualizarse en el juicio de garantías no se limitan a las hipótesis previstas en las primeras XVII fracciones del citado numeral 73 de la Ley de Amparo, ya que su fracción XVIII posibilita decretar la improcedencia de la instancia constitucional en comento en razón de cualquier otro motivo derivado de la Constitución Federal o de la ley, uno de los cuales es el que se obtiene de la interpretación del artículo constitucional transcrito. Antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del dos mil once, con entrada en vigor a los ciento veinte días de su publicación (cuatro de octubre de dicha anualidad), el artículo 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preveía que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, únicamente podía promoverse por la parte a quien perjudicara

10 10 directamente la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclamara. En esos términos, para que un gobernado se encontrara legitimado para solicitar el amparo de la justicia federal, con base en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal antes de las reformas, era presupuesto indispensable que contara con un derecho que hubiera sido infringido directamente por actos de la autoridad. De tal afirmación se desprende que para promover el juicio de garantías era necesario contar con interés jurídico, que consta de dos supuestos, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento directo de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico que regía para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resultaba del perjuicio que ocasionara en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que facultaba a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico. Apoya a lo anterior lo expuesto la tesis I.1o.A.18 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, marzo del dos

11 11 mil siete, página mil seiscientos noventa y cinco, que a la letra dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN. Son dos los supuestos que generan el interés jurídico: el primero de ellos es la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho proveniente de un acto de autoridad. Por otra parte, a partir de la reforma constitucional mencionada, se advierte que el artículo 107, fracción I, prevé que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada que aduzca: colectivo. a) Ser titular de un derecho, o; b) Contar con un interés legítimo individual o Es decir, ya no es requisito único para promover el juicio de garantías que el quejoso cuente con interés jurídico sino que, con la reforma constitucional, se amplió la procedencia del juicio de garantías para los gobernados que aduzcan tener un interés legítimo individual o colectivo. Por tanto, conviene tener presente el criterio obligatorio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 69/2002, donde determinó de una manera general que el interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas, que sin ser titulares del derecho

12 12 lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad; determinando que las características que identifican al interés legítimo son: a) El éxito de la acción se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. c) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. d) El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. e) Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo que se le considera como un interés jurídicamente relevante. f) La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado.

13 13 La Segunda Sala concluyó que la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o se llegue a dictar. En ese orden de ideas, al quedar precisado que a partir del cuatro de octubre del dos mil once, los gobernados que acudan a promover el juicio de garantías deben contar con un interés legítimo, es necesario señalar que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 141/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, diciembre del dos mil dos, página doscientos cuarenta y uno, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la

14 14 abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Énfasis añadido. Precisado lo anterior, procede analizar si en el presente juicio el quejoso se ubica en alguna de las hipótesis señaladas para promover el presente juicio, es decir, si la conducta de la autoridad responsable sea susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio al gobernado sea de manera directa o indirecta, generando así su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo) o interés legítimo (la afectación a su esfera jurídica, ya sea

15 15 directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico). En ese orden de ideas, se reitera, el quejoso reclama de las autoridades responsables la falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario 599/2002-I, a bienes del finado *****, en el acuerdo de fecha seis de enero de dos mil tres, en el que no se requiriera al denunciante aquí tercero perjudicado *****, para que proporcionara los nombres y domicilios de los herederos legítimos que tenga conocimiento el denunciante, haya o no testamento, con expresión del grado de parentesco o lazo con el autor de la sucesión; y todo lo actuado en el procedimiento, sus consecuencias jurídicas. Ahora, para que la quejosa estuviera en aptitud de accionar la presente vía constitucional para reclamar la falta de emplazamiento al juicio sucesorio testamentario 599/2002, del índice del Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito judicial de Hidalgo, con sede en esta ciudad, debía demostrar que la conducta de la autoridad responsable le causara un perjuicio o la privara de un beneficio de manera directa o indirecta, generando así su interés legítimo (la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico); esto es, debía tener reconocido el carácter de heredera en el testamento que contiene la escritura pública once mil setecientos sesenta, pasada ante la fe del licenciado Francisco Román Román, Notario Público

16 16 número 3 (tres), del Distrito Judicial de Hidalgo, de Iguala, Guerrero, el cual originó la tramitación del citado juicio sucesorio. Es necesario invocar el artículo 664 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero que establece lo siguiente: Artículo Secciones del juicio sucesorio. En todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Cuando no haya inconveniente para ello las secciones pueden tramitarse simultáneamente. Las secciones serán las siguientes: I. Sección primera denominada "De sucesión". Contendrá la denuncia, o el testamento, las citaciones y convocatorias, reconocimiento de derechos hereditarios, nombramiento y remoción de albaceas, tutores y resoluciones sobre validez del testamento, capacidad para heredar y preferencia de derechos; II. Sección segunda, que se designará "De inventarios". Contendrá los inventarios y avalúos, los incidentes que se promuevan, las resoluciones que se dicten sobre los mismos, y las liquidaciones y comprobaciones de haberse cubierto el impuesto fiscal; III. Sección tercera, llamada "De administración". Contendrá todo lo relativo a administración, a cuentas, su glosa y calificación; y IV. Sección cuarta, llamada "De partición". Contendrá el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, el de partición de los bienes, los incidentes conexos, y los convenios, resoluciones y aplicación de los bienes.

17 17 Los procedimientos de las secciones segunda y cuarta son comunes para todos los juicios. Las secciones tercera y cuarta podrán omitirse cuando el heredero sea único y a la vez desempeña el cargo de albacea Del citado precepto se desprende que en todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones, las cuales se llamarán de sucesión, de inventarios, de administración y de partición. Para lo que aquí interesa, la primera etapa denominada de sucesión, contendrá la denuncia, o el testamento, las citaciones y convocatorias, reconocimiento de derechos hereditarios, nombramiento y remoción de albaceas, tutores y resoluciones sobre validez del testamento, capacidad para heredar y preferencia de derechos. Cabe precisar que al señalar que los juicios sucesorios pueden ser testamentarios o intestamentarios, los primeros se originan por la existencia de un testamento válido presentado ante un juez competente y, los segundos, ante la inexistencia del testamento o su invalidez. Asimismo, el Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, en sus artículos 665, 666, 667, 668 y 669, dispone lo siguiente: Artículo Juicio testamentario. La herencia testamentaria se abre cuando hay testamento válido otorgado de acuerdo con las formas establecidas por la ley. Si el testador dispone sólo de una parte de sus bienes, por el resto se abrirá la sucesión intestada, tramitándose conjuntamente y bajo la común representación del albacea testamentario.

18 18 Artículo Testamentos especiales. Cuando se trate de testamento público cerrado, testamento ológrafo, testamento privado, testamento militar, testamento marítimo, o de testamento hecho en país extranjero, el juzgador procederá a declarar su validez conforme a las disposiciones del Código Civil. Artículo Objeto de la junta de herederos. Presentado el testamento público abierto o declarada la validez de los testamentos a que se refiere el artículo anterior. Y cumplidos los requisitos de que habla el artículo anterior, se dictará el auto de radicación. En los juicios testamentarios el auto de radicación contendrá, además, el mandamiento para que se convoque a los interesados y al Ministerio Público a una junta que se verificará dentro de los ocho días siguientes a la citación si la mayoría de los herederos reside en el lugar del juicio. Si la mayoría reside fuera del lugar del juicio, el juzgador señalará el plazo que crea prudente, atendidas las distancias. La junta tendrá por objeto: I. Dar a conocer a los herederos el albacea testamentario si lo hubiere, o proceder a su designación con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil; II. El reconocimiento, como herederos, de los nombrados en el testamento si éste no fuere impugnado ni se impugnare la capacidad legal de alguno; III. La designación de interventor en los casos previstos por el Código Civil; IV. La declaración de apertura de la sucesión legítima, si el testador hubiere dispuesto en el testamento de solo parte de sus bienes; V. Discutir las demás cuestiones que en la junta sometan los interesados; y

19 19 VI. La designación para los herederos menores o incapacitados de tutor o representante cuando así proceda. Artículo Citación a la junta de herederos. Para la junta de que habla el artículo anterior, serán citados los herederos nombrados en el testamento, el albacea testamentario, si lo hubiere, el Ministerio Público, el cónyuge supérstite y los ascendientes o descendientes del autor de la sucesión. La citación se hará por cédula o correo certificado. Si no se conociere el domicilio de los herederos, se les citará por medio de un edicto que se publicará en un diario de los de mayor circulación y en el periódico oficial; además, se fijará en la puerta del juzgado. Si el lugar de radicación no fuere el del último domicilio del autor de la herencia, también se publicará el edicto en el último domicilio. A los herederos cuyos domicilios se conozcan y que no radiquen en el lugar del juicio, se les citará por correo certificado. Al declarado ausente se le citará por conducto de su representante legítimo. En todo caso, el Ministerio Público representará a los herederos cuyo paradero se ignore y a los que habiendo sido citados no se presenten. La representación del Ministerio Público cesará luego de que se presenten los herederos. Artículo Junta de herederos. En la junta de herederos se dará a conocer a éstos el albacea nombrado, y el juzgador reconocerá como tales a los que estén nombrados en las porciones que les correspondan, si el testamento no es impugnado ni se objeta la capacidad de los designados. En la misma junta, si no hubiere albacea testamentario o éste no aceptare su cargo, se procederá a la designación de albacea, y en su caso a la de interventor. Si el testamento fuere impugnado en la junta por alguno de los herederos nombrados o por algún heredero con derecho

20 20 a sucesión legítima, en cuanto a su validez, o si se impugnare la capacidad para heredar de alguno de los nombrados, el juzgador dictará resolución que tendrá el carácter de provisional mientras se substancia por separado el juicio ordinario correspondiente con el albacea o herederos afectados. La impugnación no suspenderá los trámites del juicio sucesorio, sino hasta la adjudicación de los bienes en la partición. Las cuestiones que no afecten la validez del testamento, o la capacidad para heredar sino sólo una inoficiosidad, se decidirán en la audiencia y serán apelables las resoluciones respectivas sólo en el efecto devolutivo Del contenido del artículo 665, 666, 667, 668 y 669 del código adjetivo civil para el Estado de Guerrero, se desprende que la herencia testamentaria se abre cuando hay testamento válido otorgado de acuerdo con las formas establecidas por la ley, el juzgador procederá a declarar su validez conforme a las disposiciones del Código Civil; presentado el testamento público abierto o declarada la validez de los testamentos a que se refiere el artículo anterior; y cumplidos los requisitos que establece el Código Civil, se dictará el auto de radicación; en los juicios testamentarios el auto de radicación contendrá, además, el mandamiento para que se convoque a los interesados y al Ministerio Público a una junta que se verificará dentro de los ocho días siguientes a la citación. Dicha junta tendrá por objeto: I. Dar a conocer a los herederos el albacea testamentario si lo hubiere, o proceder a su designación con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil; II. El reconocimiento,

21 21 como herederos, de los nombrados en el testamento si éste no fuere impugnado ni se impugnare la capacidad legal de alguno; III. La designación de interventor en los casos previstos por el Código Civil; IV. La declaración de apertura de la sucesión legítima, si el testador hubiere dispuesto en el testamento de solo parte de sus bienes; V. Discutir las demás cuestiones que en la junta sometan los interesados; y VI. La designación para los herederos menores o incapacitados de tutor o representante cuando así proceda. Para la junta antes señalada, serán citados los herederos nombrados en el testamento, el albacea testamentario, si lo hubiere, el Ministerio Público, el cónyuge supérstite y los ascendientes o descendientes del autor de la sucesión. De ahí que, los únicos que deben ser emplazados a un juicio sucesorio testamentario son los que hayan sido designados herederos y, en su caso, a quien se haya señalado como albacea. Por ende, si la quejosa no fue designada heredera en el testamento que contiene la escritura pública once mil setecientos sesenta, pasada ante la fe del licenciado Francisco Román Román, Notario Público número 3 (tres), del Distrito Judicial de Hidalgo, de Iguala, Guerrero, el cual originó la tramitación del citado juicio sucesorio, toda vez que únicamente pueden ser parte en éste los designados herederos y el albacea, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de

22 22 Hidalgo, con sede en esta ciudad, entonces es incuestionable que carece de interés legítimo para acudir a la presente vía constitucional a reclamar la falta de emplazamiento al citado procedimiento sucesorio. Es aplicable en lo conducente, la tesis XXI.1o.93 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, Materia Civil, visible a página 1118, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO. GARANTÍA DE AUDIENCIA CUANDO NO SE TIENE EL CARÁCTER DE HEREDERO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). El artículo 1086 del Código Civil vigente en el Estado de Guerrero concede al autor de la sucesión la facultad para designar como heredero del todo o sólo de una parte de sus bienes a la persona deseada; por tanto, si en el testamento público abierto el testador designó a determinadas personas, no así a las impetrantes del amparo, es incuestionable que el juzgador de primer grado no estaba obligado a llamarlas al procedimiento de la testamentaría, dado que en dicho juicio sólo intervendrán como partes las personas con el carácter de herederos, sin que ello implique violación a la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución General de la República. Sin que sea obstáculo a lo anterior, las documentales que los quejosos ofrecieron como medios de prueba, con el fin de acreditar su presunto interés legítimo, las cuales consistieron en: a) Copia certificada del acta de nacimiento

23 23 285, de veintiocho de mayo de mil novecientos treinta y ocho, expedida a nombre de ***** por la Coordinación Técnica del Sistema estatal del Registro Civil del Estado de Guerrero (foja 13); b) Copia certificada del acta de defunción 585 de veintiséis de noviembre de dos mil uno, expedida a nombre de *****, por la Oficialía 01 del Registro Civil del Ayuntamiento Municipal de Iguala, Guerrero (foja 14); c) Copia simple de la escritura pública once mil setecientos sesenta, expedida por el Notario Público Número Tres de la demarcación notarial de esta ciudad (foja 15 y 16) A las citadas documentales, se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º; de las cuales se podría desprender que la quejosas tienen algún parentesco con el de cujus *****; sin embargo, no son idóneas para acreditar que fue designada heredera respecto a la sucesión a bienes del citado ***** y, por ende, que debían ser emplazados al juicio sucesorio testamentario 599/2002, del índice del Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en esta ciudad.

24 24 En las relatadas condiciones, se arriba a la convicción de que la quejosa carece de interés legítimo para reclamar en el presente juicio de garantías la falta de emplazamiento al juicio sucesorio testamentario 599/2002, así como lo actuado en el mismo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, conforme a lo establecido en el diverso 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Cabe señalar que lo determinado en la presente sentencia, no soslaya el derecho que pudiere tener la quejosa para que, en caso de que lo estime necesario, impugne el testamento que originó el juicio sucesorio testamentario de origen en la vía procedente, por estimar algún derecho a suceder; sin embargo, ello no es materia de la presente vía constitucional. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis VII. C. 29 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Materia Civil, visible a página 670, Tomo XIV, Agosto de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: TESTAMENTO. IMPUGNACION EN EL JUICIO TESTAMENTARIO DEL. (LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ). Una correcta interpretación del

25 25 artículo 602 del Código de Procedimientos Civiles del estado, en cuanto dispone, en su segundo párrafo, que si se impugnare la validez del testamento o la capacidad legal de algún heredero, se substanciará el juicio correspondiente con el albacea y el heredero respectivamente, sin que por ello se suspenda otra cosa que la adjudicación de los bienes en la partición, permite concluir, que si quienes fueron instituidos herederos no ejercitan la acción de impugnación en la junta respectiva, que se desarrolla dentro del procedimiento testamentario, los parientes no designados en el testamento sólo pueden hacer valer el interés jurídico que eventualmente tengan, en juicio contradictorio autónomo sobre la nulidad de testamento, que en su caso promuevan, puesto que no están legitimados para ocurrir a dicho juicio sucesorio para impugnar la validez de aquel documento. Finalmente, en relación a los alegatos formulados por el autorizado de la parte quejosa, mediante escrito presentado en este juzgado el uno de junio del año en curso, conforme a lo previsto en los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo, este resolutor no tiene el deber de analizar directamente esas argumentaciones al no formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta a la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el suscrito entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos, aún más si dentro de los mismos no hace

26 26 valer aspectos que involucren el estudio de causales de improcedencia. Robustece lo considerado la contradicción de tesis 20/93, que dio lugar a la tesis de jurisprudencia P./J. 27/94, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se localiza en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de , Materia Común, Tomo VI, Primera Parte, tesis 43, página 27, del texto y rubro siguientes: ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación , sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos

27 27 de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 80 y 192 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *****, contra los actos que reclamó de la autoridad precisada en el considerando cuarto de esta resolución, por las razones expuestos en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente.

28 28 Así lo resolvió y firma el licenciado Alfredo Rafael López Jiménez, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, ante el licenciado Alejandro Barradas Morales Secretario con quien actúa y autoriza, hasta el día de hoy veintinueve de junio de dos mil doce, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. Razón.- En la misma fecha se libra el oficio correspondiente al tenor de la minuta que se agrega.- Conste