Poder Judicial de la Nación

Transcripción

1 ///nos Aires, 28 de agosto de VISTA: Poder Judicial de la Nación La causa n /2012 (interno n 3542) seguida a LUCAS EZEQUIEL CANO, argentino, nacido el 4 de junio de 1993 en General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, titular del Documento Nacional de Identidad n , hijo de Cecilio y de Julia Alegre, instruido, mecánico, titular del Prontuario de la Policía Federal Argentina R.H.: , y con domicilio real en la calle Cataluña y Darwin sin número de la localidad y partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires. Intervienen en el proceso el Sr. Fiscal General, Dr. Horacio Fornaciari y la Sra. Defensora Oficial Dra. Anabella Gugliotti. De la que, RESULTA PRIMERO De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio obrante a fojas 171 a 173 se le atribuye a Cano: el haber intentado apoderarse ilegítimamente y mediante fuerza en las cosas, del automotor marca Fiat Uno color rojo, dominio ROT-449, propiedad de Daniel Alejandro Fernández, el que se encontraba estacionado en la calle Remedios de Escalada de San Martín 4510 de esta Ciudad. El día 18 de julio de 2012 a la horas el imputado en compañía de Ricardo Rodríguez y de Cristian Javier Trinidad fueron vistos por el Agente Russo de la Comisaría 43 de la P.F.A. en la intersección de las calles Montezuma y Remedios de Escalada de San Martín, ya que el efectivo estaba de consigna en la última arteria a la altura catastral En ese momento Russo logró observar que Trinidad y Rodríguez se quedaron en la esquina de las citadas calles mientras que el aquí acusado se acercó a una camioneta Peugeot Partner que estaba allí estacionada, pero como en el interior de ese rodado titilaba una luz indicando que contaba con alarma- siguió caminando hasta el próximo vehículo estacionado, que se trataba de un Fiat Uno color rojo. Así, Cano

2 comenzó a forzar la puerta haciendo palanca con sus brazos y con un elemento en la cerradura, lográndolo abrir. En ese momento el agente Russo le llamó la atención mediante un grito y finalmente se identificó como personal policial, ordenándole que permaneciera quieto. En ese momento el incuso alegó que el rodado era de su hermano y emprendió la fuga corriendo hacia donde estaban sus compañeros Trinidad y Rodríguez quienes se fueron juntos caminando por la calle Montezuma con dirección a la Av. Juan B. Justo, siendo perseguido por el preventor en su vehículo particular, quien comunicó lo sucedido por radio. La detención de Cano y sus compañeros se efectivizó en la intersección de Av. Juan B. Justo y Bermúdez de esta Ciudad con la colaboración del Ayudante Giraudo y el Sargento Mastroianni. Se secuestró una riñonera que en su interior poseía una ganzúa. Este hecho fue calificado por la Sra. Fiscal de grado como constitutivo del delito de robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública en grado de conato, debiendo responder como autor (arts. 42, 45, 167 inc. 4 en función del 163 inc. 6 del Código Penal de la Nación). SEGUNDO Se presenta al Tribunal esta propuesta de juicio abreviado y cumpliendo con los recaudos formales establecidos por el artículo 431 bis del código de rito. Allí (actas de fojas 293 y 294) el imputado presta conformidad con la existencia del hecho y admite la intervención que le cupo y el Sr. Fiscal General, manteniendo la calificación asignada, requiere al Tribunal que al momento de fallar se le imponga a Lucas Ezequiel Cano, la pena de un año y seis meses de prisión, cuyo cumplimiento podía ser dejado en suspenso, con costas. Asimismo y en atención al antecedente condenatorio que ya registra (sentencia del Juzgado en lo Correccional n 1 de Morón, en la causa 1720 de fecha 23 de septiembre de 2013 a la pena de un año de prisión en suspenso y al pago de las costas) se lo condene en definitiva a la

3 Poder Judicial de la Nación PENA ÚNICA DE DOS AÑOS Y TRES MESES DE PRISIÓN cuyo cumplimiento podía ser dejado en suspenso, y las costas conforme a los respectivos pronunciamientos. Corresponde entonces que nos pronunciemos al respecto. TERCERO Consideramos que en el marco de esta causa se ha adquirido certeza positiva en cuanto a la materialidad del hecho y a la responsabilidad que le cupo al imputado. En efecto, la prueba rendida en la instrucción ha permitido demostrar que aquél 18 de julio del año 2012, aproximadamente a la horas el imputado Lucas Ezequiel Cano mediante el ejercicio de fuerza en las cosas, intentó apoderarse en forma ilegítima del rodado marca fiat Uno color rojo, dominio ROT-449 que había sido dejado estacionado en la calle Remedios de Escalada de San Martín 4510, perfectamente cerrado por su propietario Daniel Alejandro Fernández. Para concretar tal ilícito propósito se valió de la oscuridad reinante para, violencia mediante, abrir la puerta y pretender darle arranque con una llave que le fuera incautada. Su proceder se vio frustrado por la ingente intervención del Agente Marcelo Ricardo Russo quien se hallaba cumpliendo funciones en la zona y que al observar lo ocurrido le dio la voz de alto, lo que provocó la huida de Cano quien fue finalmente aprehendido en la Av. Juan B. Justo y Bermúdez de esta ciudad con la colaboración del Sargento Mastroianni y el Ayudante Giraudo quienes habían sido alertados por su subordinado. Arribamos a esta certeza después de valorar la prueba de cargo producida en la etapa instructoria. Partimos del testimonio del damnificado Daniel Alejandro Fernández de fojas 18 quien explicó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dejó el vehículo estacionado en el lugar y cómo tomó conocimiento posteriormente de lo ocurrido. Sumamos a ello las manifestaciones del preventor Marcelo Ricardo Russo (fojas 1 y 85). El suboficial relata las circunstancias en que

4 advirtió el comportamiento sospechoso de Lucas Ezequiel Cano quien después de inspeccionar otro automóvil (un Peugeot Partner) se abalanzó sobre el Fiat Uno de color rojo y haciendo palanca con su brazo logró la apertura de la puerta. Ya en su interior, recibió la voz de alto la que no acató. En ese instante dio aviso por el sistema de comunicación a otros efectivos que transitaran la zona. Sin perderlos de vista (Cano se alejó del lugar con los otrora imputados Ricardo Rodríguez y Cristian Javier Trinidad, sobreseídos durante la etapa de la instrucción) con el concurso de sus superiores logró su aprehensión. Se secuestró en ese momento una llave de automóvil que quedó afectada a las actuaciones y con la que pretendía sustraer el rodado. En sentido coincidente sumamos las expresiones del Sargento Mastroiani (fojas 80, 81 y 88) y del Ayudante Giraudo (fojas 51, 52, 86 y 87) quienes corroboraron la versión de Russo e ilustraron acerca de la incautación de la llave en el interior de una riñonera que Cano portaba. Agregamos a ello, las actas labradas en el lugar (fojas 4y 6), los planos de fojas 7/8, el informe técnico pericial del vehículo marca Fiat Uno, dominio ROT- 449 dando cuenta de los daños que presentaba en la cerradura de sus puertas y en la de encendido (fojas 72), las fotografías del vehículo de fojas 139 y 140 y de la llave secuestrada de fojas 148 la que fue también objeto de estudio pericial a fojas 146. Todas estas argumentaciones dan pábulo para sostener la acreditación prístina de la materialidad del episodio y de la autoría responsable que le cupo de a Cano. En la causa n 8236 la Sala I de la CNCP Herrera Hoyos, Marcelo A. s/recurso de casación refiriéndose a la sana crítica racional dijo: Esta es por otra parte la pauta que impera en los tribunales internacionales en el sentido de que tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica evitando adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para sustentar un fallo (cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos in re: Bulacio vs. Argentina, sentencia del 18 de septiembre de 2003, parág. 42; Myrna Mack Chang vs. Guatemala, Sentencia del 25 de noviembre de 2003, parág. 120;

5 Poder Judicial de la Nación Maritza Urrutia s. Guatemala, sentencia del 27 de noviembre de 2003, parág. 48; y Herrera Ulloa vs. Costa Rica, sentencia del 2 de julio de 2004, parág. 97). Como allí se afirma: el principio de razón suficiente implica que las afirmaciones a que llega una sentencia deben derivar necesariamente de los elementos de prueba que se han invocado en su sustento. Son pautas del correcto entendimiento humano, contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar, pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia (cfs. su voto in re: Di Fortuna, Juan Marcelo s/ recurso de casación, causa n 3174, rta. el 20/5/02, reg. n 4923 de la Sala II). El razonamiento empleado por el juez en su fallo debe ser congruente respecto de las premisas que establece y las conclusiones a que arriba, debiendo expresar por escrito las razones que condujeron a su decisión para posibilitar el control de legalidad. En este orden de ideas la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puntualizado que si se verifica que se han ponderado testimonios, prueba de presunciones e indicios en forma fragmentada y aislada, incurriéndose en ciertas omisiones en cuanto a la verificación de hechos que conducen a la solución del litigio, sin haberse efectuado una visión de conjunto ni una adecuada correlación de los testimonios y de los elementos indiciarios, ello se manifiesta como causal de arbitrariedad con afectación de las garantías constitucionales de defensa en juicio y el debido proceso (L.478.XXI, Liberman, Susana por sus hijos menores c/ Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI-, del 28 de abril de 1988 y J.26.XXIII, Jaurena, Ramón Avelino s/ homicidio culposo causa n 1192, del 2 de abril de 1992). De la doctrina que emana de Fallos 30:540 Luis Zarabozo - y 311:948 Saturnino Martínez - surge que no resulta admisible la interpretación de la prueba que se limite a un análisis parcial y aislado de los elementos de juicio, sin integrarlos ni armonizarlos debidamente en su conjunto. En forma contundente señala que ello llevaría a desvirtuar la

6 eficacia que, según las reglas de la sana crítica, corresponde a los distintos medios probatorios. Aún en vigencia del sistema de pruebas legales el Máximo Tribunal ha sostenido en Fallos: 300:928; 305:1945; 306:1095 y 1785 que la valoración de la prueba de cargo a través de indicios depende de la valoración de conjunto que se hiciera de ella teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular pues, por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad. CUARTO En cuanto a la calificación legal asignada al hecho guardamos coincidencia con la propuesta en el acuerdo sometido a nuestro escrutinio. Así afirmamos que el imputado deberá responder como autor del delito de robo de automotor dejado en la vía pública en grado de tentativa. Se ha acreditado la existencia de fuerza en las cosas sobre el objeto del apoderamiento que constituía un vehículo dejado en la vía pública y por lo tanto que goza de mayor protección de acuerdo al criterio del legislador. El hecho debe reputarse tentado pues ha mediado flagrancia. La oportuna y eficaz intervención del Agente Russo fue la que frustró la continuación del iter criminis. Por lo tanto se ha demostrado que Lucas Ezequiel Cano ha resultado autor del delito de robo de automotor en grado de tentativa (arts. 42, 44, 45 y 167 inc. 4 en función del 163 inc. 6 del Código Penal de la Nación). QUINTO Que no hay causales de justificación que permitan excluir la antijuridicidad de la acción típica antes descripta, la que por otra parte

7 Poder Judicial de la Nación resulta atribuible al imputado, por no darse ninguna de las hipótesis de exclusión de la culpabilidad. En relación a la dosimetría punitiva aplicable al caso corresponde realizar una serie de precisiones. En un Estado social y democrático de Derecho, una pena podrá ser legítima sólo en la medida en que sea compatible con el principio material de justicia, de validez a priori, del respeto a la dignidad humana y con el postulado del respeto al libre desarrollo de la personalidad. Ciertamente no puede negarse que una pena que se destinara a fines distintos de la protección de bienes jurídicos carecería de legitimidad (GRACIA MARTÍN, Luis, Fundamentos de dogmática penal Editorial Atelier, Barcelona, 2006, pág. 195). Asiste razón a Mario Magariños cuando afirma como consecuencia de la vinculación normativa al principio de acto de la garantía constitucional de legalidad, es evidente que si la pena debe fundarse en lo que la ley establece (art. 18, C.N.) y la ley sólo puede seleccionar acciones (art. 19, C.N.), la imposición de una pena sólo adquiere legitimidad cuando constituye la respuesta a la realización del acto que la ley prohíbe y por el contrario, carece de legitimidad si aparece como una derivación, aún parcial, de la personalidad, la actitud interna o la peligrosidad del autor (Los límites de la ley penal en función del principio constitucional de acto, Editorial Ad Hoc, Bs. As., 2008, pág. 112). Existe coincidencia al afirmar que la pena debe ser proporcional al delito cometido. Sin embargo, como lo advertía Jeremías Bentham, esta idea no nos ofrece ningún criterio objetivo de ponderación. Reforzando esta idea Ferrajoli en su Derecho y Razón señala que una vez disociada la calidad de la primera de la calidad del segundo y reconocida la insalvable heterogeneidad entre una y otro, no existen en efecto criterios naturales, sino sólo criterios pragmáticos basados en valoraciones ético-políticas o de oportunidad para establecer la calidad y la cantidad de la pena adecuada a cada delito.

8 Más adelante agrega con pesimismo que han fracasado todos los esfuerzos realizados hasta la fecha para colmar esta heterogeneidad mediante técnicas para medir la gravedad de los delitos, tanto las referidas a los grados del daño como sobre todo los de la culpabilidad (FERRAJOLI, Luigi, ob. cit.). Es que, la estructura misma del razonamiento que debe efectuarse a los fines de la individualización de la pena es "aplicación del derecho", y por ende, al igual que los restantes aspectos de la sentencia, debe fundamentarse en criterios racionales explícitos que permitan que la correcta aplicación de las pautas evaluadas pueda ser jurídicamente comprobada." (Del voto del Dr. Hornos) "ROMANI, Darío Jorge s/recurso de casación" - CNCP - 08/11/2006. Existe consenso en doctrina en cuanto a que la imprecisión legislativa ha determinado que el acto de determinación de la pena traduce una decisión discrecional de los jueces (por todos, JIMÉNEZ DE ASÚA, La Ley y el delito, Editorial Lexis Nexis, 2005, pág. 446), por lo cual deberemos extremar nuestra prudencia para evitar que la exigencia de motivación se traduzca en simples enunciados o meras referencias, como lo advierte Patricia Ziffer, y menos aún el libre arbitrio o arbitrariedad que apontoca Mario Magariños en su artículo Hacia un criterio para la determinación judicial de la Pena (en MAIER, Julio (comp.) La determinación judicial de la pena, Buenos Aires, 1993, pág. 71 y 22.). Como se ha señalado, la individualización de la pena constituye, junto con la apreciación de la prueba y la aplicación de un precepto jurídico penal a hechos probados la función autónoma del juez penal por la que le compete para cada caso concreto determinar la pena aplicable y su duración, en función de todos los elementos y factores reales conjugables del hecho y del autor (CRESPO, Eduardo Demetrio; Notas sobre la dogmática de la individualización de la pena en Nueva Doctrina Penal, Editores del Puerto, 1998 A, pág. 22). Abrigamos consenso con el marco punitivo propuesto en el acuerdo presentado.

9 Poder Judicial de la Nación A tal fin valoramos exclusivamente atenuantes, dado que el techo punitivo fijado en el acuerdo constituye el mínimo de la sanción con la que se encuentra contemplada la figura típica. Así, la favorable impresión que nos causara al momento de conocerlo, la naturaleza y poca extensión del daño causado. A todo evento el informe socio ambiental elaborado por la trabajadora social Marcela F. Díaz da cuenta que es un joven con hábitos laborales, de regular instrucción y que proviene de una familia numerosa, humilde y de muy bajos recursos. En relación a la modalidad del cumplimiento de la sanción requerida nos encontramos vinculados por la petición plasmada en el acuerdo presentado. De todas formas coincidimos en lo allí propuesto. Es que no se advierte el fin benéfico desde el punto de vista preventivo que podría conllevar el encierro efectivo, sobre todo a la luz del pronóstico favorable que parece sugerir la entrevista personal realizada. Debemos recordar que la Corte en Fallos 327:3816, lo que fue reiterado en Squilario, resuelta el 8 de agosto del año 2006, ha sostenido que el instituto de la condenación condicional previsto en el art. 26 del Código Penal tiene por finalidad evitar la imposición de condenas de efectivo cumplimiento en casos de delincuentes primarios u ocasionales imputados de la comisión de conductas ilícitas que permitan la aplicación de penas de hasta tres años de prisión. Tal aserto encuentra explicación en la demostrada imposibilidad de alcanzar en tan breve lapso de prisión el fin de prevención especial positiva que informa el art. 18 de la Constitución Nacional. Afirma a renglón seguido que si bien surge del citado art. 26 de la ley de fondo el mandato expreso de fundamentar la condenación condicional, no por ello el magistrado deberá dejar de lado el mandato implícito que lo obliga, con el fin de asegurar una debida defensa en juicio, a dictar sus fallos en términos de una derivación razonada del derecho vigente conforme las constancias de la causa, para resolver sobre una pena a cumplir en prisión.

10 Corresponde sí, que a tenor del art. 27 bis del Código Penal, y por el plazo de la condena, sea sometido a reglas de conducta, considerando aconsejable que ellas se reduzcan a la fijación de domicilio y al sometimiento al control del Patronato de Liberados. Se ha incluido en el acuerdo la petición expresa de unificación de esta sanción con la ya recaída en la causa 1720, sentencia de fecha 23 de septiembre de 2013 y en la que al considerarlo coautor del delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro se le aplicó la pena de un año de prisión de ejecución condicional y el pago de las costas. Ello en función de lo establecido por el art. 58 del Código Penal. Así las partes han acordado que en definitiva se le imponga a Lucas Ezequiel Cano LA PENA ÚNICA DE DOS AÑOS Y TRES MESES DE PRISIÓN CUYO CUMPLIMIENTO PODRÁ SER DEJADO EN SUSPENSO y el pago de las costas causídicas. Los argumentos ya expuestos y las pautas de mensuración a las que en forma genérica aluden los artículos 40 y 41 del Código Penal nos llevan a validar la petición. Por todo lo expuesto estimamos justo sancionar a LUCAS EZEQUIEL CANO a la pena de DOS AÑOS Y TRES MESES DE PRISIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SERÁ DEJADO EN SUSPENSO, Y EL PAGO DE LAS COSTAS DEL PROCESO. No escapa a conocimiento del Tribunal que el imputado ha recibido una reciente condena del Juzgado en lo Correccional n 1 del Departamento Judicial de Morón. Se trata de la causa 2048 seguida por el delito de robo simple en la que a través del pronunciamiento firme de fecha 23 de junio de este año se lo sancionó con la pena de seis meses de prisión y el pago de las costas. Sin embargo, da cuenta la certificación respectiva que Cano ha agotado en detención el castigo impuesto (ver certificación en su legajo de personalidad y oficio agregado a fojas 304 de los autos principales). La pena se encuentra agotada.

11 Poder Judicial de la Nación No ha existido una petición de parte para que esa decisión sea materia de unificación, por lo cual no corresponde expedirnos al respecto. En virtud de ello, y por los argumentos expuestos el Tribunal RESUELVE: I) CONDENAR a LUCAS EZEQUIEL CANO, de las condiciones personales ya señaladas, POR SER AUTOR DEL DELITO DE ROBO DE AUTOMOTOR DEJADO EN LA VÍA PÚBLICA EN GRADO DE TENTATIVA A LA PENA DE UN AÑO Y SEIS MESES DE PRISIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SERÁ DEJADO EN SUSPENSO. Con costas (conforme artículos 26, 29 inciso 3, 42, 44, 45 y 167 inciso 4 en función del 163 inciso 6 del Código Penal y artículos 403, 431 bis y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). II) CONDENAR EN DEFINITIVA A LUCAS EZEQUIEL CANO, ya filiado, A LA PENA ÚNICA DE DOS AÑOS Y TRES MESES DE PRISIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SERÁ DEJADO EN SUSPENSO, comprensiva de la sanción aplicada en esta causa y de la condena anterior impuesta por el Juzgado Coreccional n 1 del Departamento Judicial de Morón, por sentencia del 23 de septiembre de 2013 en causa 1720, de un año de prisión de ejecución condicional. Deberá hacer frente a las costas conforme a los respectivos pronunciamientos (conforme arts. 26, 29 inc. 3, 55 y 58 del Código Penal). III) IMPONER a LUCAS EZEQUIEL CANO, ya filiado, POR EL TÉRMINO DE DOS AÑOS Y TRES MESES las siguientes reglas de conducta: a) Fijar domicilio; b) Someterse al control del Patronato de Liberados con la frecuencia que se le indique (art. 27 bis del Código Penal). Notifíquese a las partes, librándose en su caso cédula a diligenciar en el día y cítese a Lucas Cano para el día 3 de septiembre en

12 horario de oficina, firme que sea, practíquense las comunicaciones del caso y líbrense los oficios de estilo. Satisfecha la tasa de justicia y no habiendo sellado que reponer archívese, previa remisión de los testimonios respectivos a la Justicia Nacional de Ejecución Penal y oficio a librarse al Juzgado en lo Correccional n 1 del Departamento Judicial de Morón. MARCELO R. ALVERO JUEZ MARÍA CECILIA MAIZA RAÚL H. LLANOS JUEZA JUEZ Ante mí: Ma ELINA DEBENEDETTO REGUEIRA SECRETARIA En la misma fecha se libró cédula electrónica a la defensa, télex y oficio. CONSTE.- Ma. ELINA DEBENEDETTO REGUEIRA SECRETARIA En notifiqué al Sr. Fiscal General de la sentencia dictada precedentemente y firmó para constancia por ante mí que doy fe. Ma. ELINA DEBENEDETTO REGUEIRA SECRETARIA

13 Poder Judicial de la Nación URGENTE Buenos Aires, 28 de agosto de AL SR. JEFE DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA. - División Delegaciones - S / D Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Jefe en la causa N 26538/2012 (n int 3542 A.nc) seguida a LUCAS EZEQUIEL CANO s/ robo agravado etc. que tramita por ante este Tribunal Oral en lo Criminal n 24, Secretaría única, sito en la calle Paraguay 1536 piso 9 de esta Ciudad (tel: /6473 y ) a los efectos de solicitarle se sirva disponer lo necesario para que A LA BREVEDAD POSIBLE se remita el oficio que se acompaña al Juzgado en lo Correccional N 1, del Departamento Judicial de Morón, P.B.A. Saludo a Ud. muy atentamente. nc MARCELO ALVERO JUEZ Ma. ELINA DEBENEDETTO REGUEIRA SECRETARIA

14 URGENTE Buenos Aires, 28 de agosto de AL SR. JUEZ A CARGO DEL JUZGADO EN LO CORRECCIONAL N 1 Depto. Judicial de Morón. PBA S / D Tengo el agrado de dirigirme a V.S. en la causa N 26538/2012 (n int 3542 A.nc) seguida a LUCAS EZEQUIEL CANO s/ robo agravado etc. que tramita por ante este Tribunal Oral en lo Criminal n 24, Secretaría única, sito en la calle Paraguay 1536 piso 9 de esta Ciudad (tel: /6473 y ) a fin de remitirle adjunto al presente testimonios de la sentencia dictada en autos en el día de la fecha. El presente se libra en relación a la causa n 2048 de su registro y a los fines que estime. Saludo a V.S. muy atentamente. nc MARCELO ALVERO JUEZ Ma. ELINA DEBENEDETTO REGUEIRA SECRETARIA

15 Poder Judicial de la Nación CITACIÓN NOTIFICACIÓN PERSONAL ORIGEN: Tribunal Oral en lo Criminal nº 24 Paraguay 1536, piso 9º, Cap. Fed. Tel/Fax: /6473 y DESTINO: Al Sr. Jefe de la Seccional Moreno 8 -Las Catonas- FECHA: 28/8/2015 TEL/FAX: P.O.S.E., Dr. Marcelo Alvero, tengo el agrado de dirigirme a Ud. en la causa N 26538/2012 (int A.nc) seguida a LUCAS EZEQUIEL CANO s/ robo etc. que tramita por ante este Tribunal Oral en lo Criminal nº 24, sito en Paraguay 1536 piso 9º de esta ciudad (tel-fax /6473 y ), Secretaría única, a fin de solicitarle se sirva disponer lo necesario para que personal de esa seccional se constituya en las calles Cataluña y Darwin s/n casa a mitad de cuadra de color marrón clarito entre dos casas de ladrillos- del Barrio La Victoria, Satélite 2, Moreno, P.B.A. y NOTIFIQUE al referido Cano que deberá comparecer el próximo JUEVES 3 DE SEPTIEMBREDE 2015 EN HORARIO DE OFICINA de 7.30 a horas- a fin de ser notificado de la sentencia dictada a su respecto. El resultado de la diligencia encomendada deberá ser contestado por nota y adelantado vía fax EN EL TERMINO DE 24 HORAS a los abonados /6473 o Saludo a Ud. muy atentamente. nc Ma. ELINA DEBENEDETTO REGUEIRA SECRETARIA