ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Resolución Nº: JD-1234 Panamá 15 de Enero de 1999.

Transcripción

1 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Resolución Nº: JD-1234 Panamá 15 de Enero de POR MEDIO DE LA CUAL SE COMUNICA A CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A. QUE CON LA INSTALACION DE UN TELEFONO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES CAYO PALOMA EN EL CORREGIMIENTO DE BAHIA AZUL EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO Y EL TIGRE DE SAN LORENZO EN EL CORREGIMIENTO DE RIO GRANDE EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS SE CUMPLE LA OBLIGACION ESPECIFICA QUE TIENE ESTA EMPRESA EN TORNO A ESTAS COMUNIDADES PARA LAS METAS 18 Y 19 DEL ANEXO C DEL CONTRATO DE CONCESION NO. 134 DE 29 DE MAYO DE LA JUNTA DIRECTIVA Del Ente Regulador de los Servicios Públicos en uso de sus facultades legales CONSIDERANDO: Que mediante Ley No. 26 de 29 de enero de 1996, se creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos como un organismo autónomo e independiente, con personaría jurídica y patrimonio propio, con facultad de controlar y fiscalizar la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, telecomunicaciones y electricidad, de acuerdo con los preceptos contenidos en dicha Ley y las leyes sectoriales; Que en congruencia con lo que se deja señalado en el considerando que antecede, el Artículo 2 de la Ley No. 31 de 8 de febrero de 1996, por la cual se dictan normas para la regulación de las telecomunicaciones en la República de Panamá, establece que el Ente Regulador tiene la finalidad de regular, ordenar, fiscalizar y reglamentar eficazmente, entre otros, la operación y administración de los servicios públicos de telecomunicaciones; Que de conformidad con el Artículo 17 de la citada Ley No. 31, el Estado, por conducto del Ente Regulador fiscalizará y controlará las concesiones que se otorguen, con sujeción a las normas que existan en materia de telecomunicaciones y al contrato de concesión respectivo; Que el Estado mediante Contrato de Concesión No. 134 de 29 de mayo de 1997, otorgó a la empresa INTEL, S.A., ahora CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., el derecho de instalar, administrar, operar y explotar, por su cuenta y riesgo, dentro de su área de concesión, los servicios de telecomunicaciones que se detallan en la Cláusula 4a de dicho Contrato, en régimen de exclusividad temporal que finaliza el 1 de enero del año 2003; Que la Cláusula 35a del referido Contrato de Concesión señala que EL CONCESIONARIO, se obliga a dar cumplimiento a las diecinueve (19) metas de expansión y calidad de servicio, contenidas en el Anexo C de dicho Contrato, en los términos y condiciones allí establecidas; Que la Meta 18 del Contrato de Concesión, en comentario, trata sobre la instalación de teléfonos públicos en las comunidades rurales que aparecen detalladas en el listado No 1 y No. 2 que se adjuntó a dicha Meta, formando parte integrante de la misma;

2 Que la Meta 19 del citado Contrato de Concesión señala que EL CONCESIONARIO tiene que dar continuidad y finalizar los proyectos de telefonía rural que, a la fecha de dicho contrato, se encontraban en ejecución, proyectos que comprenden: desarrollo telefónico en la Comarca de San Blas, servicio de telefonía básica y de telefonía pública en la provincia de Darién y la instalación de teléfonos públicos a través de enlaces de monocanales a nivel nacional. Todas las comunidades rurales a ser servidas por estos proyectos se detallan en la Lista No. 3 que forma parte integrante del Anexo C del mencionado Contrato de Concesión; Que la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., mediante Nota No de 24 de agosto de 1998, remitió al Ente Regulador un listado con inconsistencias detectadas en los listados de los poblados detallados en la Meta 18 y 19 del Contrato de Concesión en referencia; así como un listado de las comunidades en las cuales las autoridades, según esta empresa, han manifestado su oposición a que se instalen teléfonos públicos, Que en el listado que remitió la referida empresa señaló las siguientes inconsistencias: la comunidad de Cayo Paloma, Corregimiento de Bahía Azul de la Provincia de Bocas del Toro y la comunidad de Tigre de San Lorenzo en Río Grande de Soná de la provincia de Coclé aparecen tanto en la Meta 18 como en la 19; la comunidad de Isla Tigre en Narganá, Comarca de San Blas aparece repetida dos veces en la misma Meta 19; la comunidad de Portuguilla erróneamente aparece en Los Santos, cuando se encuentra ubicada en la provincia de Herrera, el lugar conocido como Santa Rosa es una finca que fue cerrada y no tiene población; la comunidad de Calabaza en Remedios, provincia de Chiriquí no aparece ubicada; el nombre correcto de Los Llanos en el Coco de Penonomé es Agua Fría; que en Llano Cartí en San Blas no hay población y que en las comunidades de Narganá, Tupile, Manitupo, Mansucum, Caledonia en San Blas así como en la comunidades de Ualá y Mortí las autoridades no aceptan la instalación de los teléfonos públicos; Que en reunión celebrada con representantes de la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., con el objeto de tratar y buscar una solución a dichas inconsistencias, dicha empresa también indicó que en la comunidad del Porvenir (tierra firme) no existía población por lo que no era necesario la instalación de un teléfono público en dicho lugar; Que el Ente Regulador constató efectivamente que la comunidad de Cayo Paloma en Bocas del Toro y Tigre de San Lorenzo en Coclé, aparecen en la Meta 18 y 19, mientras que la comunidad de Isla Tigre en Narganá, aparece en la neta 19 repetida dos veces; Que, en la citada reunión se acordó que se realizarían las inspecciones de rigor para verificar cada una de las comunidades que según la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., presentaban inconsistencias; Que en la inspección realizada al Distrito de Remedios, en la provincia de Chiriquí, conjuntamente con representantes de la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., se pudo constatar la existencia de la comunidad denominada Calabazal, tal cual se desprende del Informe presentado por los funcionarios del Ente Regulador fechado el 27 de octubre de 1998, Que en la inspección realizada en la comunidad de Llano Cartí se pudo constatar que la misma está ubicada a lo largo del camino que va desde el Corregimiento El Llano, Distrito de Chepo hasta la Comarca de San Blas, tal como se desprende del informe de 27 de octubre de 1998; Que en la inspección realizada al lugar conocido corno Santa Rosa se pudo constatar que se trata de una finca cuyo nombre es Hacienda Santa Rosa, ubicada a 2.75 Kms de París en Parita, provincia de Herrera, que solo cuenta con dos habitantes que son trabajadores de dicha finca; Que en la inspección realizada sobre la comunidad denominada Potuguilla se pudo constatar que la misma está ubicada a 4.8 Kms de Cabuya en Herrera y no en los Santos como señala la Meta 19, dicho lugar ya cuenta con servicio telefónico residencia y teléfono público; Que la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., mediante Nota No de 7 de septiembre de 1998, confirmó la existencia de la comunidad de Aguas Frías en

3 Penonomé, provincia de Coclé, cuya ubicación corresponde a la señalada en el Contrato de Concesión; Que en la inspección realizada a El Porvenir (Tierra Firme), funcionarios del Ente Regulador pudieron constatar que no existe población o conglomerado humano; Que la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., mediante nota No , de 2 de diciembre de 1998, solicitó al Ente Regulador se le dispense de instalar teléfonos públicos en las siguientes comunidades: Ualá, corregimiento de Yaviza, Distrito de Pinogana, Provincia del Darién; Mortí, Corregimiento de La Palma, Distrito de Chepigana, provincia del Darién; Sábalo, Corregimiento de El Llano, Distrito de Chepo, Provincia de Panamá; Púcuru, Corregimiento de Pucuro, Distrito de Pinogana, Provincia de Darién, debido a que en las tres primeras comunidades antes citadas las autoridades han manifestado su oposición a que se les instalen teléfonos públicos y en la última de las referidas comunidades, los representantes de la Policía Nacional, han señalado que por razones de seguridad no es conveniente la instalación de un teléfono público; Que el Ente Regulador en atención a lo señalado por la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., estimó necesario realizar las verificaciones con las autoridades correspondientes, con el objeto de constatar lo manifestado por dicha empresa, Que la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., mediante nota No de 22 de diciembre de 1998, comunica al Ente Regulador que producto de las conversaciones llevadas a cabo con las autoridades kunas negociaron un contrato con el Congreso de Kuna Yala de la Comarca de San Blas, a fin de obtener autorización para la instalación de los teléfonos públicos; Que adjunto a la citada nota la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., remitió un listado de comunidades en las cuales las autoridades kunas únicamente les permiten instalar un teléfono público, quedando pendientes por instalación el resto de los teléfonos públicos que señala la Meta 19, hasta tanto se apruebe el Contrato por las autoridades de la comarca; Que el párrafo segundo de la Cláusula 35a del ya señalado Contrato de Concesión No. 134 de 1997, establece que el Estado por conducto del Consejo de Gabinete, autoriza al Ente Regulador para que pueda dispensar al Concesionario de su obligación de cumplir con una o varias de las metas o ajustar dichas metas para redistribuir las obligaciones del Concesionario en otras provincias en el evento de que éste demuestre a satisfacción del Ente Regulador, que dichas metas ya no son necesarias para satisfacer la demanda o no se justifican en atención a la necesidad de servicio a ser provistos para cumplir con las metas o por cambios materiales en circunstancias, las cuales a juicio del Ente Regulador justificarían la medida; Que tal como se indicó en los considerandos que anteceden, existen comunidades rurales que aparecen repetidas tanto en la Meta 18 como en la 19, así como comunidades que no existen en los lugares detallados en la Meta 19, o cuyas autoridades, según lo indicado por la empresa concesionario, se niegan a que se les instale teléfonos públicos, por lo que el Ente Regulador debe proceder mediante la presente Resolución a dispensar al Concesionario de la obligación de instalar teléfonos públicos en tales sitios, en cumplimiento de lo que señala la Cláusula 35 antes descrita, RESUELVE PRIMERO: COMUNICAR a CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A. que con la instalación de un teléfono público en las comunidades Cayo Paloma en el Corregimiento de Bahía Azul en la provincia de Bocas del Toro y el Tigre de San Lorenzo en el Corregimiento de Río Grande en la provincia de Veraguas se cumple la obligación específica que tiene esta empresa en tomo a estas comunidades para las Metas 18 y 19 del Anexo C del Contrato de Concesión No. 134 de 29 de mayo de SEGUNDO: DISPENSAR a la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., de la obligación de instalar un teléfono público en el sitio denominado Santa Rosa en el Corregimiento de París, Distrito de Parita en la provincia de Herrera, por tratarse de una finca y no una comunidad rural como se indicó en la Meta 19. TERCERO: DISPENSAR a la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., de la

4 obligación de instalar un teléfono público en el sitio denominado Potuguilla, ubicado en el Corregimiento de Cabuya, en la Provincia de Herrera, toda vez que esta comunidad ya cuenta con servicio de telefonía residencial y teléfono público. CUARTO: DISPENSAR a la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., de la obligación de instalar un teléfono público en el sitio denominado El Porvenir, Tierra Firme, ubicado en el Corregimiento de Narganá, Comarca de San Blas, hasta tanto dicha comunidad cuente con población. Para los efectos de presente Resuelto, CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., deberá instalar el correspondiente teléfono público, dentro del término de doce (12) meses contados a partir de la fecha en que el Ente Regulador constate la existencia de población en la comunidad El Porvenir, Tierra Firme en la Comarca de San Blas. QUINTO: DISPENSAR a la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., hasta tanto las condiciones cambien y así lo permitan, de la obligación de instalar teléfonos públicos en cada uno de las comunidades, que se detallan a continuación, cuyas autoridades, según lo ha indicado la citada empresa, han manifestado que no permitirán dicha instalación: NOMBRE DE LA COMUNIDAD CORREGIMIENTO DISTRITO PROVINCIA UALA YAVIZA PINOGANA DARIEN MORTI LA PALMA CHEPIGANA DARIEN PUCURU PUCURO PINOGANA DARIEN SABALO EL LLANO CHEPO PANAMÁ SEXTO: ADVERTIR a CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., que contará con un término de doce (12) meses contados a partir de la fecha en que el Ente Regulador constate que las condiciones de las comunidades detalladas en el Resuelto Quinto han variado favorablemente, para proceder a la instalación de los correspondientes teléfonos públicos. SEPTIMO: DISPENSAR a CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., hasta tanto las condiciones cambien y así lo permitan, de instalar teléfonos públicos en cada una de la comunidades que se detallan a continuación, cuyas autoridades, según lo ha indicado la citada empresa, han manifestado que no permitirán dicha instalación: NOMBRE DE LA COMUNIDAD CANTIDAD DE TELÉFONOS A INSTALAR TELEFONOS PUBLICOS INSTALADOS CANTIDAD DE TELEFONOS PÚBLICOS QUE LAS AUTORIDADES NO DESEAN QUE SE INSTALEN NARGANA-NARGANA TUPILE-AILIGANDI MAMITUPO-AILIGANDI MANSUCUM-TUBUALA CALEDONIA-TUBUALA CUBA ISLA PINO-TUBUALA 2 1 1

5 CARRETO-TUBUALA ANACHUCUNGA TOTAL OCTAVO: ADVERTIR a CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., que deberá registrar ante el Ente Regulador el Contrato celebrado con el Congreso Kuna Yala de la Comarca de San Blas, sobre la instalación de teléfonos públicos en las comunidades descritas en el Resuelto Séptimo de la presente Resolución. De igual forma se la advierte a CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., que contará con un término tres (3) meses contados a partir de la fecha en que el Ente Regulador constate que las condiciones de las comunidades detalladas en el Resuelto Séptimo han variado favorablemente, para proceder a la instalación de los correspondientes teléfonos públicos. NOVENO: ADVERTIR a CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., que para los efectos de los Resueltos Cuarto, Quinto y Séptimo de la presente Resolución, deberá presentar al Ente Regulador, cada trimestre a partir del lo de febrero de 1999, una Declaración Jurada en la cual hagan constar las diligencias realizadas por esta empresa con el objeto de verificar si las condiciones con respecto a las comunidades que se describen en los citados resueltos han cambiado. DECIMO: Esta resolución rige a partir de su notificación. FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No. 26 de 29 de enero de 1996; Ley No. 31 de 8 de febrero de 1996; Decreto Ejecutivo No. 73 de 9 de abril de 1997; Contrato de Concesión No. 134 de 29 de Mayo de 1997; y, Resoluciones No. JD-204 y No. JD-205, ambas de 17 de marzo de NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE, NILSON A. ESPINO Director RAFAEL A. MOSCOTE Director JOSE GUANTI G. Director Presidente