Dª. CRISTINA FEDERICA DE BORBÓN Y GRECIA

Transcripción

1 Juzgado de Instrucción nº 3. Palma de Mallorca Diligencias Previas Nº 2677/2008 Pieza Separada Número 25 A L J U Z G A D O MARÍA MAGINA BORRÁS SANSALONI, Procuradora de los Tribunales y de la Excma. Sra. Dª. CRISTINA FEDERICA DE BORBÓN Y GRECIA, extremo debidamente acreditado en el procedimiento de referencia, ante el Juzgado respetuosamente comparezco y, como mejor en Derecho proceda, DIGO: Que en el día de la fecha esta representación ha tenido conocimiento del contenido de los escritos de conclusiones provisionales presentados al Juzgado por las partes acusadoras. El examen del contenido de dichos escritos pone de relieve lo siguiente: ni el Ministerio Fiscal -en su posición jurídica de acusación pública y defensor de la legalidad- ni el Abogado del Estado en su posición jurídica de acusación particular en defensa de los intereses de la Hacienda pública estatal- dirigen su acusación contra mi representada. Por su parte, las acusaciones populares sí pretenden dirigir la acusación contra mi representada por su presunta intervención en dos delitos contra la Hacienda Pública. 1

2 Así las cosas, esta defensa, invocando expresamente los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, así como a un proceso con todas las garantías (art. 24 CE), solicita el SOBRESEIMIENTO de las actuaciones respecto a Dª. CRISTINA FEDERICA DE BORBÓN Y GRECIA, con base en las siguientes A L E G A C I O N E S PRIMERA.- Procedencia del sobreseimiento conforme a la interpretación literal del artículo de la LECRim. En el capítulo IV del Libro II de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, y relativo a la preparación del juicio oral, fase en la que nos encontramos, se contiene el artículo 782.1, el cual reza literalmente que: 1. Si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa por cualquiera de los motivos que prevén los artículos 637 y 641, lo acordará el Juez, excepto en los supuestos de los números 1.º, 2.º, 3.º, 5.º y 6.º del artículo 20 del Código Penal, en que devolverá las actuaciones a las acusaciones para calificación, continuando el juicio hasta sentencia, a los efectos de la imposición de medidas de seguridad y del enjuiciamiento de la acción civil, en los supuestos previstos en el Código Penal. 2

3 Al acordar el sobreseimiento, el Juez de Instrucción dejará sin efecto la prisión y demás medidas cautelares acordadas. Por su parte, el Código Civil facilita los criterios adecuados para la interpretación de las normas jurídicas. En concreto, el artículo 3 del Código Civil, en su párrafo 1º reza que: Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas. Pues bien, el sentido propio de sus palabras al que alude el referido primer párrafo del art. 3 del CC es el criterio literal o gramatical, que en el presente supuesto no otorga ningún margen de interpretación. La interpretación literal, incluso sistemática del art LECrim en relación, como mínimo, con el art º LECrim, debe conducir a apreciar lo siguiente: que en el caso en el que Ministerio Fiscal y la acusación particular sostienen la existencia de un delito, pero asimismo entienden que no hay motivos para atribuírselo a una concreta persona (a título de autor, cómplice o encubridor), solicitando el sobreseimiento de la causa respecto a ésta (lo que es, obviamente, uno cualquiera de los motivos previstos en los artículos 637 y 641 LECRim), el juez lo acordará. 3

4 Y lo acordará, simple y llanamente, porque es precisamente a eso a lo que literalmente le obliga una Ley, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y un clarísimo artículo de ésta: el art La interpretación "literal" que se efectúa parece, por si no fuera suficiente lo anterior, que no es poco, la más acorde en términos de garantías constitucionales y, concretamente con el derecho a un proceso con todas las garantías consagrado en el artículo 24 de la Constitución, como además así lo exigen a los órganos judiciales los artículos 5 y 7 de la LOPJ, pues desde la perspectiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar una interpretación de la legalidad ordinaria acorde con nuestra norma fundamental. Pero es que, además, tal interpretación literal del art LECrim. viene avalada por la doctrina jurisprudencial del Excmo. Tribunal Supremo que, de conformidad con el art. 1.6º del Código Civil, complementa nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, goza de carácter vinculante en la interpretación y aplicación de la Ley por parte de Jueces y Tribunales. Ninguna duda cabe, pues, en la interpretación de que cuando el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa por cualquiera de los motivos que prevén los artículos 637 y 641, el Juez, en estricta aplicación de la Ley, conforme a la vinculante interpretación dada al art LECrim. por el Tribunal Supremo, lo acordará. 4

5 SEGUNDA.- La concreta doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, aplicada ya por numerosas Audiencias Provinciales, que estima jurídicamente inadmisible la apertura de juicio oral en casos como el de autos. La doctrina por la que el Excmo. Tribunal Supremo estima que cuando el Ministerio Fiscal y la acusación particular soliciten el sobreseimiento de la causa el Juez deberá acordarlo obligatoriamente, sin posibilidad de acordar la apertura del juicio oral aun cuando así lo solicite la acusación popular, fue establecida en primer lugar por el Alto Tribunal en su Sentencia nº 1045/2007, de 17 diciembre. Como es público y notorio tanto en medios jurídicos como incluso en los medios de comunicación que han dado en llamarla doctrina Botín -, en virtud de esta sentencia el Tribunal Supremo, en un proceso relativo a un delito contra la Hacienda Pública -entre otros- estableció que, con base en la aplicación del tenor literal del art LECrim., en el Procedimiento Abreviado no puede abrirse juicio oral sólo a instancias de la acusación popular, esto es, cuando ni el Fiscal ni la acusación particular formulen acusación. Esta doctrina no ha sido en ningún momento modificada por la Jurisprudencia. Muy al contrario, ha sentado precedente siendo avalado por el máximo intérprete de la Constitución y por la denominada jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales en numerosas resoluciones. 5

6 En efecto, el Pleno del Tribunal Constitucional ya ha señalado en relación a dicha Sentencia de la Excma. Sala Segunda del Tribunal Supremo, mediante STC 205/2013, de 5 de diciembre de 2013, que: A esos efectos, se destaca que la doctrina que inspira dicha Sentencia centra su thema decidendi en la legitimidad constitucional de una interpretación con arreglo a la cual el sometimiento de cualquier ciudadano a juicio, en el marco de un proceso penal, sólo se justifica en defensa de un interés público, expresado por el Ministerio Fiscal, o un interés privado, hecho valer por el perjudicado, de modo que fuera de estos casos, la explícita ausencia de esa voluntad de persecución convierte el juicio penal en un escenario ajeno a los principios que justifican y legitiman la pretensión punitiva. En ese sentido, se destaca que este efecto no se produce en aquellos casos en los que, bien por la naturaleza del delito, bien por la falta de personación de la acusación particular, el Ministerio Fiscal concurre tan solo con una acción popular que insta la apertura del juicio oral, ya que, en tales supuestos, el Ministerio Fiscal no agota el interés público que late en la reparación de la ofensa del bien jurídico. De ese modo se señala que esta conclusión se obtiene no ya del tenor literal del art LECrim, sino del significado mismo del proceso penal, ya que éste se aparta de los fines constitucionales que lo legitiman cuando la pretensión penal ejercida por la acusación popular se superpone a la explícita voluntad del Ministerio Fiscal y del perjudicado. Pero esa misma pretensión instada por la acción popular recupera todo su valor cuando la tesis abstencionista es asumida, sólo y de forma exclusiva, por el Ministerio Fiscal. 6

7 En relación a la jurisprudencia menor dictada en aplicación de la mentada doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, cabe destacar los siguientes exponentes: El Auto de la Audiencia Provincial de Toledo (secc. 1ª) nº 167/2009, de 9 julio, JUR 2009\35171, FJ 2º, por el que, en un procedimiento seguido por prevaricación, cohecho y delito contra la Hacienda Pública, se establece que la acusación popular (un partido político) únicamente está legitimada para intervenir en el procedimiento respecto de los delitos de prevaricación y cohecho, toda vez que: respecto del delito contra la Hacienda Pública el interés del grupo político es nulo, porque sí existe un perjudicado que se puede defender por medio de la Abogacía del Estado y además el Ministerio Fiscal en el ejercicio de su función constitucional. El Auto de la Audiencia Provincial de Murcia nº 157/2010, de 15 junio, JUR 2010\ FFJJ 2º y 3º, en el que, en un procedimiento seguido por delito contra la Seguridad Social, se aplica la doctrina sentada en la STS 1045/2007, por cuanto el Ministerio Fiscal y el perjudicado (la acusación particular -Tesorería General de la Seguridad Social-) solicitan el sobreseimiento. En él se entiende que la acusación popular por sí sola carece de legitimidad para solicitar la prosecución del procedimiento. El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid nº 280/2012, de 19 abril. JUR 2012\ FJ 4º, que, en un supuesto de delito contra la Hacienda Pública, establece 7

8 expresamente que, al existir perjudicado que ejerce la acusación particular (el Abogado del Estado en nombre de la Agencia Tributaria) es de aplicación la doctrina sentada en la STS 1045/2007. Así: El Abogado del Estado en nombre de la Agencia Tributaria al apartarse de la acción ejercitada y el Sr. Eloy desde su fallecimiento, no habiendo procedido ninguno de los legitimados para sostenerla habiendo sido requeridos para ello, y al solicitarse por el Ministerio Fiscal el sobreseimiento provisional de la causa, en aras a los principios constitucionales de igualdad ante la ley y seguridad jurídica que asisten a todos los ciudadanos; la única parte querellante es la Acusación Popular representada en la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes. Que el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEG 1882, 16) determina que si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa por cualquiera de los motivos que prevén los artículos 637 y 641, lo acordará el Juez. Esta cuestión ha sido tratada por el Tribunal Supremo en STS. 1045/2007, 54/2008 y 8/2010. En dichas sentencias se señala que en los delitos contra la Hacienda Pública, los únicos legitimados para ejercer la acusación, son en primer lugar el Ministerio Fiscal en ejercicio de la Acusación Pública y en defensa del perjudicado que es la Hacienda Pública, el Abogado del Estado; y en el presente supuesto el delito por el que se sigue las actuaciones es contra la Hacienda Pública cuya defensa corresponde al Abogado del Estado y se apartó de las actuaciones y el Ministerio Fiscal 8

9 solicita el sobreseimiento provisional, por lo que el auto del Juzgado de Instrucción nº 2 de Alcobendas que ha acordado sobreseimiento provisional en base al artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es ajustado a derecho. El Auto de la Audiencia Provincial de Islas Baleares (Sección 2ª) nº 256/2013, de 7 de mayo FJ2, dictado, precisamente, en este mismo procedimiento, en el que la Ilma. Audiencia Provincial ya entró a comentar esta cuestión apuntando que tal vez la acusación popular no podría sostener en solitario la acción por delitos contra la Hacienda Pública al ser precisamente la Agencia Tributaria perjudicada por éste. En efecto, al referirse a la acusación popular, el superior jerárquico de este Ilmo. Instructor, en el Auto citado y en este mismo procedimiento, ya indicó que: dicha acusación, atendida la naturaleza de los hechos y delitos investigados (excluyendo tal vez los delitos contra la hacienda pública ya que en este caso existe un perjudicado que es la propia Agencia Tributaria representada en la causa por la Abogacía del Estado), gozaría de legitimación para en su caso llegado el momento ejercer la acción penal contra Doña Cristina apelante. En su posterior Sentencia nº 54/2008, de 8 abril, el Tribunal Supremo, lejos de apartarse de la doctrina sentada en la STS 1045/2007, como sostienen algunas opiniones jurídicas, procedió a delimitar su ámbito de aplicación. Es decir, la doctrina sentada en esta nueva Sentencia no 9

10 excluye la aplicación de la anterior sino que la complementa. La referida Sentencia 54/2008, de nuevo trascendió a los medios de comunicación, que dieron en llamarla doctrina Atutxa. En esta Sentencia, para el caso de un delito de desobediencia a la autoridad judicial, el Tribunal Supremo sentó la doctrina de que en aquellos casos de delitos contra bienes jurídicos colectivos que, por su peculiar naturaleza, no dan lugar a la personación de una acusación particular, la acusación popular está legitimada para pedir, en solitario, la apertura de la causa a la celebración del juicio oral. Es importante subrayar que la distinción, obviamente, no se basa en que el bien jurídico protegido en el delito contra la Hacienda pública no sea un bien colectivo. La distinción que efectúa el Tribunal Supremo es de naturaleza criminológica y se basa en lo siguiente: en los denominados victimless crimes, delitos sin víctima concreta o, en italiano, interessi diffusi (como, por ejemplo, el medio ambiente, el orden público, el mercado financiero) sí parece posible sostener que la acusación popular siga adelante en solitario, pues no existe base para la personación de acusación particular alguna. En cambio, hay bienes supraindividuales (o colectivos, si se quiere) cuya titularidad se atribuye a una institución. Ese es el caso de la Hacienda pública, bien colectivo, cuya titularidad y representación se atribuye a la Agencia Tributaria y, en el proceso, a la Abogacía del Estado. Y otro tanto sucede con la Seguridad Social. 10

11 La doctrina de la STS nº 54/2008 fue después ratificada por la STS 8/2010, de 20 de enero. Pero lo que queda claro es que ni la una ni la otra revocan la doctrina sentada en la STS 1045/2007. Esta última se refiere a casos en los que la titularidad del bien jurídico, aun siendo éste colectivo, se atribuye a una determinada institución, como en nuestro caso, la Agencia Tributaria, que se persona como acusación particular a través de la Abogacía del Estado. Yerra, pues, y mucho, la opinión, sostenida en los medios de comunicación y algunos medios jurídicos, de que el caso concurrente en el presente procedimiento es distinto del planteado en la STS nº 1045/2007, de modo que ésta no podría esgrimirse como precedente aquí. La diferencia siempre según esas voces- radicaría en que en aquél supuesto tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado solicitaron el sobreseimiento de los hechos, sin más. En cambio, en el presente caso, ambos sostienen que sí hay hechos constitutivos de dos delitos contra la Hacienda Pública, pero no consideran que Dª. Cristina de Borbón haya intervenido en ellos, por lo que solicitan el sobreseimiento respecto a ella. Pues bien, la realidad es tozuda e indica que uno y otro caso no son sustancialmente distintos, por lo que el art LECrim. los comprende a ambos. Veámoslo: El presupuesto de aplicación de la consecuencia del art LECrim. (que el juez deba acordar el sobreseimiento de la causa) es que el Ministerio Fiscal y el acusador particular lo soliciten por cualquiera de los 11

12 motivos que prevén los artículos 637 (sobreseimiento libre) y 641 LECrim (sobreseimiento provisional). Es cierto que el art. 637 LECrim., en sus apartados 1º y 2º, produce la impresión de que obliga al sobreseimiento sólo cuando no se ha perpetrado el hecho (entendiendo por éste, toda la base fáctica de la imputación contenida en las diligencias) o cuando dicho hecho (la referida base fáctica) resulta no ser constitutiva de delito. Sin embargo, no es menos cierto que ya el propio art º LECrim. prevé como caso de sobreseimiento libre el que aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores. Por tanto, este artículo abona no ya una consideración del hecho como globalidad, sino como intervención concreta de cada uno de los procesados. Esto significa que si el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado solicitan el sobreseimiento de la causa con base en el art º LECrim., obviamente lo pueden hacer para unos intervinientes sí y otros no. La conclusión, por ende, es clara: el sobreseimiento del art LECrim. no tiene por qué ceñirse a un sobreseimiento total de la causa, sino que puede perfectamente abarcar un sobreseimiento parcial de dicha causa con respecto a un interviniente particular: ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus! Pero no acaba aquí la cosa. Si acudimos al art. 641 LECRim., todo está incluso mucho más claro. En efecto, es cierto que el art º LECrim. parece ceñirse sólo al caso en que no esté debidamente justificada la perpetración del delito (entendido como hecho global) que ha dado lugar 12

13 a la formación de la causa. Sin embargo, el art º resulta muchísimo más evidente: Cuando resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores. Sin duda, si no se admite que concurra ninguno de los supuestos anteriores para acordar el sobreseimiento, la propia literalidad de este último artículo (el 641.2º LECrim.) obliga a su aplicación al caso. En efecto, si el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado entienden que resulta de la causa haberse cometido dos delitos fiscales, pero consideran que no hay motivos suficientes para acusar a determinada persona (Dª. Cristina de Borbón), ni como autora, ni como cómplice, ni como encubridora, no puede sino concluirse que in claris non fit interpretatio! En resumidas cuentas, una interpretación literalsistemática del art LECrim. en relación, como mínimo, con el art º LECrim., obligatoriamente conduce a concluir que: en el caso en el que Ministerio Fiscal y la acusación particular sostienen la existencia de un delito, pero asimismo entienden que no hay motivos para atribuírselo a una concreta persona (a título de autor, cómplice o encubridor), solicitando el sobreseimiento de la causa respecto a ésta (lo que es, obviamente, uno cualquiera de los motivos previstos en los artículos 637 y 641 LECRim), el juez lo acordará. Tanto es así, que incluso disponemos ya de precedentes en los que se aplica la doctrina sentada en la STS nº 1045/2007 a un caso en que el Ministerio Fiscal y la 13

14 acusación particular solicitan el sobreseimiento sólo para una persona, manteniendo la acusación respecto a las demás. En particular, puede citarse la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya nº 16/2014 (secc. 6ª), de 14 de marzo de 2014, en la que, en un caso en el que ni el Ministerio Fiscal ni la Acusación Particular (Diputación Foral) sostenían la acusación contra una persona concreta, pero sí respecto a otras por ese mismo delito, y dado que contra esa persona concreta sólo mantenían la acusación dos acusaciones populares, la Ilma. Sala aplica la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en su Sentencia nº 1045/2007. Doctrina que, por todo lo expuesto, también resulta de aplicación en el presente procedimiento. En su virtud, AL JUZGADO SUPLICO: Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y unirlo a los Autos de su razón y, en sus méritos, en estricta aplicación de lo dispuesto en el art º LECrim. y en la Jurisprudencia mayor y menor que lo interpreta, tenga a bien acordar el sobreseimiento de las actuaciones respecto a Dª. CRISTINA FEDERICA DE BORBÓN Y GRECIA. Por ser de Justicia que, respetuosamente, pedimos en Palma de Mallorca, a 9 de diciembre de Miquel Roca i Junyent Dr. Jesús-María Silva Sánchez Proc. Mª Magina Borrás 14