PUENTE INVESTIGACION Y ENLACE

Transcripción

1 DOLOR Y MUERTE EN PALMASOLA RECINTO PENITENCIARIO EN BOLIVIA. INICIATIVA LEGISLATIVA Y DE LA SOCIEDAD CIVIL: LEY DE AMNISTÍA PIE. Dr. Godofredo Reinicke B. Compungidos por la tragedia que ha envuelto a las familias de los privados de libertad en el Centro Penitenciario de Palmasola, con el resultado de 31 personas fallecidas de manera cruenta, dantesca y dolorosa, y medio centenar de heridos, es que proponemos, una nueva norma LEY DE AMNISTÍA. Las versiones de la tragedia que envolvió al recinto penitenciario: Se estima que en la cárcel de Palmasola existen unos reos, superando de lejos el nivel de acogida que tiene el penal. A pesar de la división que se ha hecho para separar a la población penitenciaria, el lugar más peligroso es el sector denominado Chonchocorito, que ha sido bautizado con ese nombre en alusión a la cárcel de máxima seguridad de La Paz. (Datos Bolivia) Internos del régimen de Chonchocorito del bloque "B" atacaron la madrugada de ayer (5:30) a reclusos del bloque "A" aprovechando que a esa hora muchos se encontraban descansando en sus celdas. Informes preliminares aseguran que un grupo de reclusos, a quien la Policía ya tiene identificados, ingresó silenciosamente hasta los ambientes de quienes consideran sus rivales, con armas, machetes haciendo detonar dos garrafas de cocina desatando un incendio que dejó en ruinas los ambientes el bloque "A" en Chonchocorito. Según testimonios, se vivieron momentos de desesperación, pues los gritos de auxilio se encajonaron en los elevados muros que encierran la cárcel de máxima seguridad. (El Día ) PIE ha realizado investigaciones sobre: Causas de Retardación de Justicia, la carga procesal, el Régimen Penitenciario en cuanto a sus condiciones de infraestructura, funciones de rehabilitación y reinserción social, los efectos positivos de la Ley de Indulto, los procedimientos para aplicar, el desconocimiento por los internos de sus procesos, la 1

2 Defensa Pública y sus limitaciones, el resultado real es que un porcentaje mayor al 80 % de privados de libertad, están sin sentencia ejecutoriada. Bolivia ha hecho esfuerzos de la mano del mismo Presidente Morales, de encontrar salidas pragmáticas, ha promulgado la Ley de Indulto, ha mejorado con acciones y debates las diferentes concepciones sobre seguridad ciudadana, trata de implementar mayores capacidades y asignación de recursos económicos y humanos en la institución policial. Sin embargo estas medidas son todavía insuficientes, por esto pedimos a profesionales, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, autoevaluar, encontrar en un análisis de consciencia social y académica, la salida práctica de nuestra responsabilidad como sociedad. Lo sucedido en Palmasola, fallecidos y muchos heridos que quedarán con secuelas, ha vuelto a develar la gravedad del problema de las cárceles en toda su magnitud, problema que exige respuestas estructurales por parte de las autoridades. Este hecho indigna a toda la población en general, sensible a la impotencia y el dolor que ha acompañado estas horas a familiares de los fallecidos y heridos. La solución para el hacinamiento no va por la vía de aumentar infraestructura sino por aplicar medidas de prevención universal, rehabilitación y especialmente modificación de la leyes, implementación de nuevas normas y reglamentos de carácter interno, evitar la retardación de justicia, apoyar a los operadores de la misma, son tareas necesarias que tienen carácter de urgencia. Bolivia, estadísticamente cuenta con 54 recintos de detención unos de carácter investigativo y los otros para el cumplimiento de sentencias, sin embargo el 80 % no tienen sentencia ejecutoriada, pese a ello el número de la población privada de libertad 2

3 en los centros penitenciarios asciende de ; lo que significa una sobrepoblación carcelaria que supera en cuatro veces su capacidad. En la perspectiva de apoyar colaborar, en que el nivel de hacinamiento y la aplicación de justicia proba y equilibrada es que PIE propone al poder ejecutivo y a la cámara legislativa, que en consenso con la población general y después de haber realizado análisis de los efectos positivos de la ley de indulto y otras medidas aplicadas por el gobierno, propone una ley de Amnistía que genere mayores posibilidades a personas que han incurrido en la comisión de delitos menores. Cualquier aporte que beneficie la promulgación de esta ley y con el sentimiento de una participación comunitaria activa, recuperando sentimientos de solidaridad de todos nosotros hacia una población afectada que merece otra oportunidad, nuestras autoridades deben considerarla. PROPUESTA DE LEY DE AMNISTIA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En diciembre de 2012, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Juan Evo Morales Ayma, promulgo el Decreto Supremo Nº 1445 de Indulto a los Privados de Libertad, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional; todo ello en virtud a una filosofía humanitaria que responde a la realidad de las cárceles en Bolivia, al estar rebasada la capacidad física de los recintos penitenciarios, por causas como, la retardación de justicia, respeto al debido proceso y limitada defensa legal, factores que inciden en aumentar el hacinamiento, la promiscuidad y la violación de derechos humanos. Los últimos cuatro años se ha incrementado el número de detenciones, por delitos especialmente relacionados con producción y comercialización de drogas, que además involucran a personas con consumo de sustancias, que han ocasionado colapso en los centros penitenciarios del país. Programas de medidas referidas a la reinserción, readaptación y rehabilitación de las personas privadas de libertad son limitados. 3

4 Indudablemente la vía de solución del problema pasa por campañas de prevención, educación, capacitación son de largo aliento, por tanto, en la búsqueda de aliviar la sobrepoblación penitenciaria de acciones paradójicamente consecuentes a normas gubernamentales, se promulgó el Decreto Supremo mencionado cuyos resultados si bien importantes, no tuvieron la fuerza de desarrollar un sistema que permita a la gente privada de libertad acudir a esta instancia, esto demuestra sus resultados: Las previsiones eran en un inicio de privados de libertad y posteriormente se proyectó que al menos personas podían beneficiarse de este indulto; sin embargo, a la fecha se beneficiaron alrededor de 500 personas, La razón de este mínimo porcentaje, se debe al excesivo ritualismo en los trámites para la solicitud de indulto, siendo evidente que la mayoría de los presos que trataron de aplicar al indulto, no pudieron hacerlo porque se les pedía requisitos que no se podían cumplir en los plazos previstos. La implementación del Decreto Supremo Nº 1445, supuso una concesión excepcional de indulto a personas privadas de libertad, por causas humanitarias. La misma consistió fundamentalmente en el otorgamiento de libertades anticipadas para los encarcelados por los delitos de menor gravedad que se encontraban privados de libertad con sentencia condenatoria ejecutoriada. Los resultados obtenidos si bien muestran una relación positiva y estadísticamente poco significativa, no es menos cierto que dicho paso es un avance en contra de un sistema carcelario colapsado. Ahora bien, siendo que es una responsabilidad permanente del Estado el velar por las condiciones en que las personas privadas de libertad cumplen sus penas, y siendo evidente que a pesar del esfuerzo hecho hasta ahora, la realidad es que el hacinamiento que se vive en las cárceles de Bolivia es un tema que debe ser tratado con urgencia, cuya superación no es posible en el corto plazo fuera de que actualmente estamos en un colapso en las cárceles del País, es deber del Estado propiciar un conjunto de medidas tendientes a poder contrarrestar esta situación, sobre todo si consideramos que Bolivia tiene más cantidad de presos sin condena en toda Latinoamérica, con un aproximado del 83% de su población carcelaria, lo que ocasiona que se busquen medidas que logren 4

5 brindar un trato digno y humanitario a quienes se encuentran cumpliendo penas privativas de libertad o restrictivas de libertad ya sea en calidad de condenados o preventivos; más aún, tomando en cuenta que existe una sobrepoblación penitenciaria. El favorecimiento de las condiciones de los privados de libertad, lo constituye el mejoramiento de la infraestructura, pero ello conlleva un esfuerzo que no se puede palpar en el corto plazo, pero junto con este mecanismo, debe considerarse la aplicación racional del instituto de la Amnistía, siempre y cuando no implique un peligro para la seguridad pública. En ese sentido, la presente iniciativa legislativa de Ley de Amnistía radica en el creciente deterioro del sistema carcelario en nuestro país, que en los últimos años se vio traducido en un hacinamiento, falta de higiene e inseguridad que alcanzó los máximos niveles humanamente tolerables. Asimismo, se pretende que la amnistía pueda alcanzar a aquellas personas que han incurrido en primer delito y que este no haya sido de gran afectación a la sociedad en su conjunto. Tratándose de los detenidos preventivamente, se pretende que se haga estricta aplicación del Código de Procedimiento Penal en relación a la duración máxima de un proceso, que no debe superar los tres años de duración sin sentencia en primera instancia. En cualquiera de los casos, se requerirá a los beneficiados con la amnistía suscriban un compromiso de no volver a delinquir y/o someterse a un periodo de control y observación a través de la Policía Boliviana, creando una Oficina de Libertad Asistida (OLA) Finalmente, el respeto de los Derechos Humanos busca que las autoridades públicas asuman el deber de adecuar los ideales a la realidad para que la sociedad antes que principista, sea justa y realista. JUSTIFICACIÓN El proyecto de Ley de Amnistía que a través de esta iniciativa sometemos a su consideración, no tiene sino la misma intención que tuvo en su momento el antes referido Decreto Supremo Nº 1445 de Indulto a los Privados de Libertad, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero con la finalidad de poder contrarrestar de manera eficiente la retardación de justicia, hacinamiento y violación de derechos humanos, en las 5

6 cárceles de Bolivia, reiteramos siempre y cuando no implique un peligro para la seguridad pública. El sistema judicial boliviano tiene uno de los índices más altos en Latinoamérica en el uso de la prisión preventiva, con 8 de cada 10 personas encarceladas sin una sentencia judicial. Según datos de la Dirección del Régimen Penitenciario, el 85% del total de la población carcelaria se encuentra recluida en los distintos centros urbanos y rurales a nivel nacional a la espera de un juicio y una sentencia. A esta situación se suma la acumulación de causas en juzgados y la insuficiencia de recursos humanos y financieros que dificultan la respuesta oportuna de la administración de justicia penal, y mantienen los niveles altos de causas sin sentencia, lo que a su vez se traduce en sobrepoblación carcelaria haciendo de la detención preventiva un serio problema de Derechos Humanos en Bolivia. Debemos tener presente que el bien más preciado del ser humano es la LIBERTAD, garantizarla es función primordial del Estado. Para ello, es imprescindible señalar que la pena de privación de libertad no se establece para resarcir, sino para sancionar y prevenir. La libertad es el bien jurídico que posibilita el goce de todos los otros bienes protegidos por un ordenamiento determinado. Sin justicia no hay libertad y sin libertad no hay justicia. En consecuencia, la libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes, sólo pueden ser restringidos cuando sea absolutamente indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley. Sobre la base antes expresada, y de acuerdo con los motivos y justificaciones antes manifestados, de conformidad con lo señalado en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia proponemos la siguiente la presente iniciativa legislativa de Ley de Amnistía, a los efectos de que la Asamblea Legislativa Plurinacional, en pleno uso y ejercicio de sus Atribuciones inicie y prosiga el procedimiento legislativo para su tratamiento, aprobación y consecuente promulgación. 6

7 TENOR DE LA PROPUESTA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL D E C R E T A: LEY DE AMNISTÍA o CAPITULO PRIMERO: OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y EXCLUSIÓN ARTÍCULO 1. (MARCO CONSTITUCIONAL)La presente Ley se funda en el mandato Constitucional y en los Instrumentos, Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las personas privadas de libertad a ser tratadas con el debido respeto a la dignidad humana. ARTÍCULO 2. (OBJETO) La presente Ley tiene por objeto la concesión excepcional de la Amnistía a personas privadas de libertad, por causas humanitarias, de conformidad a las disposiciones establecidas en la presente Ley. ARTÍCULO 3. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La concesión de amnistía tendrá como ámbito de aplicación a todas las personas que se encuentren recluidas en los Recintos Penitenciarios del Estado Plurinacional de Bolivia de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley. La concesión de la amnistía procederá para: 1) Personas con sentencia condenatoria ejecutoriada que hayan cumplido la mitad de su condena; 2) Personas detenidas de manera preventiva, cuya detención sea igual o mayor a la mitad de la pena máxima del delito y/o delitos por el que se encuentran detenidos. Para efectos de la aplicación de la Amnistía se tomara en cuenta las siguientes condiciones: 1. Que sea su primer delito y que no tenga ningún otro proceso penal por el mismo delito; 2. Será aplicable a todos los privados de libertad sin importar su edad, o si se trata de mujeres u hombres; 3. Personas con enfermedad grave o incurable, en periodo terminal con certificado médico forense; 4. Personas con grado de discapacidad grave o muy grave siempre que la atención amerite un cuidado especial; 7

8 5. Personas detenidas preventivamente que se encuentren en trámite de procedimiento abreviado. 6. Conducta de los privados de libertad dentro el recinto penitenciario. ARTÍCULO 4. (EXCLUSIONES). En ningún caso serán beneficiarias con la concesión de la Amnistía establecida en la presente Ley: 1. Personas condenadas o que se encuentren en detención preventiva por delitos en los que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia o el Código Penal, no admite Amnistía o que son imprescriptibles o que no admiten régimen de inmunidad. 2. Personas que cuentan con sentencia condenatoria ejecutoriada o que se encuentren con detención preventiva por delitos de asesinato, violación a niño, niña o adolescente, delitos contra la libertad sexual, traición a la Patria, espionaje, parricidio, secuestro, trata y tráfico de personas, terrorismo, robo agravado y contrabando. 3. Personas que cuentan con sentencia condenatoria ejecutoriada o detención preventiva por delitos económicos y/o conexos que hubiesen producido daño económico al Estado. 4. Personas que se encuentren con sentencia condenatoria ejecutoriada o con detención preventiva por delitos tipificados en la Ley N 04 Marcelo Quiroga Santa Cruz. 5. Personas reincidentes o que no sea su primer delito. 6. Cuando se verifique que el retraso en la emisión de una sentencia condenatoria sea a causa del imputado y/o acusado y no a una retardación de justicia. 8

9 o CAPITULO SEGUNDO: REQUISITOS PARA ACOGERSE A LA AMNISTÍA ARTÍCULO 5.- (TRÁMITE Y EJECUCIÓN) I. La Dirección General de Régimen Penitenciario a través de las Direcciones Departamentales de Régimen Penitenciario elaborará la lista de beneficiarias y beneficiarios que cuenten con la siguiente documentación de respaldo: 1. Documento de cédula de identidad. 2. Fotocopia Legalizada de la sentencia condenatoria ejecutoriada expedida por autoridad competente y en el caso de los detenidos preventivamente copia legalizada del acta de la audiencia de imposición de la detención; 3. Certificado del sistema de Seguimiento de causas Penales y estadísticas judiciales (IANUS), que acredite no tener una segunda imputación penal por delito doloso. O certificación emitida por el sistema computarizado i3p de ingreso de causas nuevas en la plataforma de la Fiscalía. 4. Carnet o Certificado de discapacidad expedido por autoridad competente, cuando corresponda. 5. Certificación de que se encuentra en trámite la solicitud de procedimiento abreviado cuando corresponda. 6. Certificado de permanencia y conducta expedido por el recinto penitenciario. 7. Certificado médico homologado por médico forense, cuando corresponda. 8. En cualquiera de los casos, se requerirá a los beneficiados con la amnistía suscriban un compromiso de no volver a delinquir y/o someterse de ser necesario a un periodo de control y observación a través de la Policía Boliviana, creando en dicha dependencia una Oficina de Libertad Asistida (OLA). II. La solicitud para acogerse a la Amnistía debe ser presentada de manera voluntaria y escrita, misma que deberá presentarse a través del abogado del Servicio de Asistencia Legal del respectivo Centro Penitenciario al Juez donde se encuentre tramitando su proceso. 9

10 o CAPITULO TERCERO CONCESIÓN DE LA AMNISTIA Y APLICACIÓN ARTÍCULO 6.- (DE LA CONCESIÓN DE LA AMNISTIA) El Juez o Tribunal en el que se encuentre el proceso y/o el Juez de Instrucción Penal Cautelar que haya determinado su detención preventiva, una vez que reciba la solicitud de acogerse a la Amnistía, verificara que se cumplan todos los requisitos y condiciones que la presente Ley establece y sin más trámite concederá la Amnistía y por ende otorgará la libertad dentro las condiciones y reglas que establece el Art. 24 del Procedimiento Penal. En caso de faltar algún requisito establecido en el Art. 5 de la presente Ley, el Juez de la causa conminara a la institución correspondiente a efectos de que otorgue el mismo. ARTÍCULO 7.- (DE LA VIGILANCIA) Los beneficiarios de la concesión de amnistía, a quienes se les otorgue la libertad conforme a las prescripciones de la presente ley, deberán someterse a un periodo de control y observación a través de la Policía Boliviana, creando en dicha dependencia una Oficina de Libertad Asistida (OLA), institución que controlara el cumplimiento de las condiciones y reglas que establezca el Juez que conceda la amnistía dentro de lo determinado en el Art. 24 del Procedimiento Penal. En caso de incumplimiento de las condiciones y reglas mencionadas el encargado de la OLA, deberá comunicar dicho incumplimiento al Juez de la Causa, el cual decretará de oficio y sin más trámite, la revocación del beneficio, debiéndose reintegrar al condenado y/o detenido preventivamente al establecimiento de detención donde cumplía la medida cautelar o la condena en su caso. En caso de revocación no se computará como pena el tiempo que el condenado estuviera en libertad. ARTÍCULO 8. (ASISTENCIA INSTITUCIONAL). Para la implementación efectiva de la presente Ley, asistirán con celeridad de forma gratuita a las y los posibles beneficiarios las siguientes instituciones: 1. Defensoría del Pueblo, para orientación y asesoramiento necesario. 2. El Servicio Nacional de Defensa Pública, para la orientación, asesoramiento y patrocinio. 10

11 3. El Servicio de Registro Cívico, para la otorgación a nivel nacional de los certificados de nacimiento gratuitos que sean requeridos y las cedulas de identidad. 4. Los Comités Departamentales de Personas con Discapacidad para la otorgación de certificados o carnets de discapacidad que sean requeridos. 5. El Órgano Judicial, otorgará de manera gratuita las fotocopias legalizadas de las Sentencias Ejecutoriadas y en el caso de los detenidos preventivamente copia legalizada del acta de la audiencia de imposición de la detención preventiva; 6. El Órgano Judicial, otorgará de manera gratuita Certificados del Sistema de Seguimiento de Causas Penales y Estadísticas Judiciales (IANUS). 7. La Fiscalía, otorgará de manera gratuita Certificados del Sistema computarizado i3p de ingreso de causas nuevas en la plataforma de la Fiscalía. 8. Los Centros Penitenciarios, para la otorgación de los Certificados correspondientes. ARTÍCULO 9. (PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO) Las autoridades que no cumplan con lo estipulado en la presente Ley, serán sancionadas de acuerdo a la Ley 004. ARTÍCULO 10. (APLICACIÓN DE LA LEY) Esta Ley se aplicara por única vez, a los procesados y penados que estaban privados de libertad al 1º de junio del ABROGACIONES Y DEROGACIONES ARTICULO 11. (ABROGACIONES Y DEROGACIONES)Quedan derogadas y abrogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA. La presente Ley de Amnistía, entrará en vigencia a partir de su publicación. SEGUNDA. Se Abrogan y Derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley. Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines Constitucionales. Es dada en la Sala de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los 00 días del mes 00 de dos mil trece años. PETICIÓN Este es el texto propuesto para su tratamiento, discusión aprobación y consecuente promulgación. Solicitando formalmente a la Presidencia y demás miembros 11

12 de la Asamblea Legislativa Plurinacional que la presente iniciativa Legislativa de Ley de Amnistía, previa la verificación de los requisitos legales y constitucionales, sea por considerado, en forma inmediata y urgente. ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA AMNISTÍA Viene del griego y pretende en su aplicación práctica vincular el olvido, borrar la memoria, lograr la inexistencia de un suceso a pesar de lo que ocurrió en la historia, así lo dice el periodista guayaquileño Alfredo Negrete. La amnistía es definida por la Real Academia de la Lengua Española como el...olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores.... La amnistía es diferente al indulto. DIFERENCIAS ENTRE AMNISTÍA E INDULTO El indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal, que supone el perdón de la pena, lo cual es distinto a la amnistía, que supone el perdón del delito, por lo que se hace pertinente considerar brevemente en que se diferencia el indulto de la amnistía: El indulto supone el perdón de la pena, mientras que la amnistía supone el perdón del delito; implica el olvido de un hecho delictivo, para restablecer la calma y la concordia social, de tal modo, que la amnistía es olvido y borra el crimen; mientras que el indulto es perdón, pero implica la existencia del crimen. Incluso la amnistía puede implicar rehabilitar al amnistiado en derechos ya perdidos al cumplir la pena impuesta. El indulto afecta a una persona concreta, la amnistía afecta a una pluralidad. El indulto no extingue la responsabilidad civil derivada del delito, la amnistía si lo hace. El indulto sólo procede después de la sentencia condenatoria ejecutoriada. La amnistía se la concede en cualquier momento. El indulto extingue o amengua la pena del indultado. La amnistía extingue la acción penal, la condena, borra la criminalidad del hecho, pero la reparación del daño civil debe ser cubierto. En general, para otorgar el indulto es necesario un acto administrativo para la amnistía es necesaria una Ley. 12

13 El indulto surte efecto sobre lo futuro. La amnistía sobre el pasado. La amnistía extingue los antecedentes penales, mientras el indulto no lo hace necesariamente. Para otorgar un indulto es necesaria sentencia condenatoria ejecutoriada, para la amnistía no es necesario. La Amnistía, por lo general, se aplica a todos los delitos. Hay que señalar que la amnistía implica una renuncia por parte del Estado a su potestad soberana de perseguir y castigar determinados delitos que se cometen en nuestro país. Es en su aplicación práctica, simular el olvido, borrar la memoria, lograr la inexistencia de un suceso a pesar de lo que ocurrió en la historia, por tal es una medida que extingue la acción penal y la condena en todos sus efectos, toda vez que tiene en cuenta la infracción y no las personas que en ella intervinieron y por tal beneficia a todas esas personas. El concepto de indulto sólo es aplicable de modo inteligible en aquellos contextos en los que haya delitos sancionados y se haya determinado la pena para el reo, mientras que en el caso de la amnistía, puede haber delitos o infracciones no sentenciadas, puede haber imputados, investigados o procesados por delitos tipificados en el código penal, e incluso, es posible que no hayan sido determinados los responsables de los delitos o infracciones cuya amnistía se pretende. En consecuencia la Amnistía es una institución jurídica, pues trata sobre los delitos, y es una institución política, porque hace una especie de olvido, de amnesia, por tener en cuenta el bien común y la paz ciudadana. QUIEN CONCEDE LA AMNISTIA Analizando la legislación boliviana, la Amnistía puede ser otorgada por la Asamblea Legislativa Plurinacional o por el Presidente del Estado de acuerdo a la siguiente normativa: De conformidad con lo señalado en el Inc. 3 del Art. 158 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene como atribución la de Dictar Leyes, a lo cual se debe sumar lo determinado en el 13

14 Art. 162 de la misma normativa Constitucional, que establece el procedimiento legislativo ante una Iniciativa Legislativa como la presente. Por su parte en el Inc. 14 del Art. 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, establece como atribución del Presidente del Estado el decretar la Amnistía, por ende la misma también puede ser por iniciativa del Presidente del Estado que debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Asimismo se debe tener presente que la Iniciativa legislativa de una Ley de Amnistía, se respalda en lo establecido en la siguiente normativa Constitucional: Inc. 4 del Art. 9 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que establece como fin y función esencial del Estado el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución; Inc. I del Art. 13 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en la que se determina que los derechos reconocidos por la Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, por lo que el Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos; Art. 22 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el cual dispone que la dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado; Inc. I del Artículo 73 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de la Constitución Política del Estado, que claramente determina que toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana. CUANDO PROCEDE LA AMNISTÍA Sólo procede cuando medien motivos humanitarios, obviamente hay que recalcar que la aplicación de motivos humanitarios requiere una demanda ponderada de la valoración de todas las circunstancias en las que se dieron el delito susceptible de ser olvidado, vía 14

15 amnistía. Debemos ser enfáticos de que la amnistía es de beneficio amplio y colectivo toda vez que: Anula la acción penal, pues la amnistía implica el olvido del hecho delictivo para restablecer la calma y concordia social, mediante la amnesia; Hace cesar la acción, la condena de ser del caso y todos sus efectos; La amnistía es esencialmente general y comprende a todos los sujetos implicados en dicho ilícito; Por la amnistía, el Estado borra el delito, como si tal, jamás hubiera acontecido, y por tal la autoridad judicial debe inmediatamente aplicarlo; La amnistía se la concede en cualquier momento, esto es antes de que se inicie el juicio penal, durante el juicio penal o después de él, o sea cuando se haya dictado sentencia condenatoria. CUANDO NO PROCEDE LA AMNISTÍA A nivel mundial, las limitaciones a la amnistía vienen dadas, fundamentalmente, por el debido reconocimiento que se ha hecho de que éstas no pueden ser tenidas como mecanismos para procurar la impunidad de responsables a graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, actos de agresión, crímenes de guerra o genocidio, en ese sentido y de conformidad a lo determinado en los Arts. 111 y 112 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la Amnistía no procede en delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la Patria, crímenes de guerra y los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, esto porque estos delitos son imprescriptibles. El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad deben ser investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. 15