DICTAMEN N.º 277/2012, de 14 de noviembre. *

Transcripción

1 DICTAMEN N.º 277/2012, de 14 de noviembre. * Expediente relativo a la revisión de oficio del acuerdo de aprobación definitiva del Plan Especial de Dotaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Almansa. ANTECEDENTES Primero. Actuaciones previas.- La Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico, Mejoras Urbanas, Medio Natural y Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Almansa, en sesión ordinaria celebrada el 8 de julio de 2010, a la vista del Proyecto de Plan Especial de iniciativa municipal denominado Modificación de Equipamiento del PGOU de Almansa, presentado el 7 de julio de 2010 por el arquitecto redactor del mismo, con el fin de reflejar el estado actual del suelo dotacional, por dos motivos: desarrollo de los suelos calificados como urbanizables, caso del SUP n.º 1 y SUP n.º 2, así como los nuevos suelos industriales, y afectación de suelo residencial como dotacional y desafectación de otros suelos pasando a ser residenciales, de forma localizada y motivado por necesidades concretas, dictaminó que se continuase la correspondiente tramitación. El 24 de agosto de 2010, por Decreto de Alcaldía, se acordó iniciar la tramitación del citado Plan Especial, sometiéndose el mismo a información pública, mediante la inserción de anuncios en el tablón municipal de edictos, en el DOCM n.º 179/2010, de 15 de septiembre y en el Periódico de Almansa, edición n.º 168 de septiembre, sin que durante el plazo otorgado se formulasen alegaciones. Dicho Plan es informado por los técnicos de la sección de medio ambiente y de planeamiento y licencias del Ayuntamiento, respectivamente, remitiéndose también, al afectar a equipamiento escolar, a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura. En concreto la Jefa de Sección de Planeamiento y Licencias, en su informe de 20 de septiembre de 2010, entiende que el objeto afecto por la modificación debería tratarse como ordenación estructural, aunque no esté así previsto por el ordenamiento, ya que se trata de equipamientos comunitarios cuya funcionalidad y servicios abarcan más de una actuación urbanizadora o ámbito equivalente, estando dentro de los supuestos de sistemas generales. La antes citada Comisión Informativa, en su sesión de 15 de noviembre de 2010, dictaminó que fuesen subsanadas las deficiencias puestas de manifiesto en los informes técnicos, y en cuanto al procedimiento, no obstante lo señalado en aquellos y en el informe jurídico de 8 de julio de 2010, que se continuase con la tramitación del expediente siguiendo el procedimiento de aprobación de los planes especiales establecido en los artículos 138 y 139 del Decreto 248/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha. La misma Comisión, tras ser subsanadas ciertas deficiencias por el arquitecto redactor e informar de nuevo la Jefa de Sección de Planeamiento y Licencias, dictaminó, el 20 de diciembre de 2010, al Pleno de la Corporación que aprobase definitivamente el Plan Especial de Dotaciones del PGOU de Almansa. Con fecha 22 de diciembre de 2010, el Delegado Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia suscribió propuesta desfavorable a la modificación planteada. El 23 de diciembre de 2010, el Pleno del Ayuntamiento de Almansa acordó aprobar definitivamente el citado Plan Especial. Frente al acuerdo anterior, el grupo municipal socialista del citado Ayuntamiento, presentó recurso de reposición el 24 de enero de 2011, que fue desestimado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 21 de febrero de Segundo. Inicio del procedimiento.- El 11 de enero de 2011, la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y Vivienda en Albacete recibió copia del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Almansa el 23 de diciembre de 2010, y considerando que el mismo podría vulnerar lo establecido en el artículo 141 del Decreto 248/2004, por el que se aprueba el Reglamento Urbanístico, solicitó información complementaria. El 14 de mayo de 2012, tiene entrada en el registro del Ayuntamiento, solicitud de revisión del Acuerdo anterior de fecha 23 de diciembre, formulada por el Director General de Vivienda, Urbanismo y Planificación Territorial, tras estudiar la documentación remitida por el Ayuntamiento, en la que formula las consideraciones siguientes: - El Plan General de Ordenación Urbana vigente en el municipio de Almansa no contiene la identificación expresa de las determinaciones de la ordenación estructural y de la detallada, por lo que, conforme al artículo 152 Reglamento de Planeamiento, cualquier innovación de las determinaciones del plan deberá tramitarse observando el mismo procedimiento seguido para la aprobación. Se exceptúan las innovaciones derivadas de las modificaciones que pueden * Ponente: Enrique Belda Pérez-Pedrero 1

2 operar los Planes Parciales y Especiales de Reforma Interior de mejora. Por tanto, el Plan Especial de Dotaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Almansa debe ser aprobado definitivamente por el titular de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística. - Algunos de los equipamientos afectados por el Plan Especial, como el matadero o la escuela-taller, si pueden considerarse sistemas generales, al tratarse de dotaciones cuya funcionalidad y servicio abarcan más de una actuación urbanizadora o ámbito equivalente, por lo que, al afectar a la ordenación estructural, el Plan Especial debe atenerse a lo establecido en los artículos 135 y 136 del Reglamento de Planeamiento, debiendo ser aprobado definitivamente por el titular de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística. Finaliza solicitando, de conformidad con los artículos 62.2 y 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que por parte del Ayuntamiento se proceda a la revisión de oficio del citado acuerdo, por considerar que el mismo ha sido dictado con vulneración de lo previsto en el artículo 37 del TRLOTAU que atribuye la resolución sobre la aprobación definitiva de los Planes Especiales que no sean de reforma interior y que afecten a elementos integrantes de la ordenación estructural, a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística. Tercero. Informes.- Con fecha 22 de mayo de 2012 fue emitido informe jurídico, en el que se concluye que procedería atender el requerimiento de revisión de oficio del acto de aprobación definitiva del Plan Especial de Dotaciones de Plan General de Ordenación Urbana de Almansa, adoptado por el Pleno Municipal en sesión extraordinaria celebrada el 23 de diciembre de 2010, efectuado por la Consejería de Fomento, avalado por los informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente administrativo tramitado para la aprobación del Plan Especial de Iniciativa Municipal denominado Modificación de Equipamiento del P.G.O.U de Almansa. La Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico, Mejoras Urbanas, Medio Natural y Ciclo Integral del Agua, en sesión celebrada el 23 de mayo siguiente, dictaminó favorablemente atender el requerimiento de revisión de oficio, efectuado por la Consejería de Fomento. Cuarto. Acuerdo del Consejo Consultivo.- El expediente así tramitado fue remitido a este Consejo en virtud de oficio suscrito el 6 de junio de 2012, acordando el Pleno de este órgano consultivo, en sesión celebrada el 20 de junio de 2012, devolver el expediente a la entidad local consultante, al no acreditarse en la documentación enviada que haya sido tramitado el correspondiente procedimiento de revisión de oficio con las garantías que exige el Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Quinto. Acuerdo de inicio.- El Pleno del Ayuntamiento de Almansa, en sesión extraordinaria celebrada el 31 de julio de 2012, a propuesta de la Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico, Mejoras Urbanas, Medio Natural y Ciclo Integral del Agua, acordó iniciar el correspondiente procedimiento de revisión de oficio del acuerdo de aprobación definitiva del Plan Especial de Dotaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Almansa. Sexto. Información pública.- Se acordó abrir un período de información pública, insertándose anuncio en el DOCM n.º 165 de 23 de agosto de 2012 y corrección de errores en el n.º 176 de 7 de septiembre siguiente. Séptimo. Propuesta de resolución.- El Pleno del Ayuntamiento de Almansa, en sesión extraordinaria celebrada el 20 de septiembre de 2012, aprobó la propuesta de resolución del procedimiento de revisión de oficio del Acuerdo de aprobación definitiva del Plan Especial de Dotaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Almansa, instada por la Consejería de Fomento. Considera la propuesta que el Plan Especial de Dotaciones ha sido dictado con vulneración de lo previsto en el artículo 37 del TRLOTAU por lo que incurre en un supuesto de nulidad. En la misma propuesta se acuerda la suspensión en el cómputo del plazo de resolución del expediente, por el tiempo que medie entre la petición del dictamen y la recepción del mismo. En tal estado de tramitación V. E. dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en el que tuvo entrada el día 17 de octubre de A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes CONSIDERACIONES I Carácter del dictamen.- A través del titular la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas se insta el dictamen de este órgano consultivo en relación con un expediente de revisión de oficio instruido por el Ayuntamiento de Almansa (Albacete), concerniente al acuerdo de aprobación definitiva del Plan Especial de Dotaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Almansa. 2

3 El artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), exige, como requisito necesario general para poder revisar y declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos y de las disposiciones administrativas, el previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma si lo hubiere. Este precepto debe ser puesto en conexión con el artículo 53 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que somete el ejercicio de la potestad de revisión, cuando es ejercido por las Corporaciones Locales, a las mismas reglas establecidas en la legislación estatal rectora del procedimiento administrativo común; así como con el artículo 57 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, según el cual las Corporaciones Locales de la Región solicitarán el dictamen del Consejo Consultivo, por mediación de la Consejería de Administraciones Públicas, cuando preceptivamente venga establecido en las leyes. Específicamente, en materia de urbanismo, el artículo 46 del Texto Refundido de la Ley del Suelo estatal, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, establece que las Entidades Locales podrán revisar de oficio sus actos y acuerdos en materia de urbanismo con arreglo a lo dispuesto en la legislación de régimen jurídico de las Administraciones Públicas. En aplicación de la normativa mencionada se emite el presente dictamen con carácter preceptivo y habilitante. II Examen del procedimiento tramitado.- Antes de pasar al análisis de los aspectos sustantivos que suscita el expediente, procede examinar el procedimiento desarrollado por la entidad local consultante para posibilitar la eventual adopción del acto revisor sometido a dictamen. A diferencia del procedimiento para revisar los actos nulos (apartado 1 del artículo 102 LRJPAC), en el que se recoge la posibilidad de que pueda iniciarse a solicitud de interesados, la redacción actual del apartado 2 del mismo artículo, sobre la nulidad de las disposiciones administrativas, sólo contempla la revisión por iniciativa propia de las Administraciones Públicas. Fue precisamente la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la que se introdujo, en el apartado 2 del artículo 102 de la Ley, la revisión de oficio de las disposiciones generales en los supuestos previstos en el artículo 62.2 de la propia Ley, dejando, sin embargo, muy claro el legislador, en la Exposición de Motivos, que esa posible revisión de oficio de las disposiciones generales nulas no opera, en ningún caso, como acción de nulidad. Es decir, si bien, después de la modificación por Ley 4/1999, de 13 de enero, la Administración Pública tiene potestad para tramitar un procedimiento para la revisión de una disposición general nula de pleno derecho, a que se refiere el artículo 62.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tal potestad administrativa no supone conferir a los particulares interesados el ejercicio de una acción de nulidad tendente a obtener dicha declaración de nulidad radical, lo que, además, resulta lógico, dada la posibilidad que éstos tienen de impugnar en sede jurisdiccional una disposición de carácter general al ejercitar una acción frente a un acto de aplicación de la misma, basándose en que aquélla no es conforme a derecho. Por otro lado, el artículo 4.1.g) de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, dispone de modo genérico que corresponde a las Corporaciones Locales, en su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial y dentro de la esfera de sus competencias, la potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos, reiterándose la atribución de tal potestad en similar precepto del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. El régimen jurídico aplicable al instituto revisor dentro del ámbito local queda reflejado en el mencionado artículo 53 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que remite para su ejercicio a los términos y con el alcance que, para la Administración del Estado, se establece en la legislación del Estado reguladora del procedimiento administrativo común. El artículo 102 de la LRJPAC no contempla un procedimiento específico para la sustanciación de los expedientes de revisión de oficio y declaración de nulidad, por lo que han de entenderse aplicables las reglas comunes recogidas en el Título VI del antedicho cuerpo legal, denominado De las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos, si bien con la particularidad señalada en el citado precepto de que será necesario el previo dictamen favorable del órgano consultivo que corresponda. De este modo, siguiendo el procedimiento descrito en el referido Título VI, pueden señalarse como trámites ordinarios para proceder a la revisión de oficio de los actos administrativos: el acuerdo de iniciación del procedimiento dictado por órgano competente, la sustanciación de las actuaciones que se consideren precisas para la debida instrucción del procedimiento, tales como la práctica de las pruebas pertinentes para acreditar los hechos relevantes para su resolución y la emisión de los informes que se estimen necesarios, la audiencia a los afectados y la formulación de una propuesta de resolución, como paso previo al requerimiento de dictamen de este Consejo Consultivo. A la vista de tales requisitos, las actuaciones practicadas por la entidad local impulsora del procedimiento, que ya han quedado descritas en los antecedentes, ponen de manifiesto una general adecuación a los trámites formales de aplicación, sin que se aprecie irregularidad alguna de la que pueda derivar riesgo de nulidad para la resolución con la que se ponga término al procedimiento. 3

4 4 III Naturaleza de la disposición objeto de revisión de oficio.- Los Planes especiales son instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo, complemento o mejora de los Planes de Ordenación Municipal, siendo su rasgo esencial que, a diferencia de los otros instrumentos de planeamiento, los planes especiales no albergan la finalidad general de ordenar urbanísticamente, con carácter multisectorial, un espacio territorial dado, sino que, por el contrario, persiguen satisfacer bien un fin determinado, identificable con un sector determinado de actividad con incidencia territorial, bien una operación de reforma interior o semejante, bien la conservación y protección del patrimonio y la naturaleza. En el caso de Castilla-La Mancha, los planes especiales se regulan en el artículo 29 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que señala que: 1. En desarrollo, complemento o mejora de los Planes de Ordenación Municipal, podrán formularse Planes Especiales con cualquiera de las siguientes finalidades: a) Crear o ampliar reservas de suelo dotacional. b) Definir o proteger las infraestructuras, las vías de comunicación, el paisaje o el medio natural. c) Adoptar medidas para la mejor conservación de los inmuebles, conjuntos o jardines de interés cultural o arquitectónico. d) Concretar el funcionamiento de las redes de infraestructuras. e) Vincular áreas o parcelas de suelo urbano o urbanizable a la construcción o rehabilitación de viviendas u otros usos sociales sometidos a algún régimen de protección oficial o pública. 2. Con las mismas finalidades señaladas en el número anterior y también, con las de realizar operaciones de renovación urbana o, en su caso, gestionar áreas de rehabilitación preferente, podrán formularse Planes Especiales de Reforma Interior para áreas concretas de suelo urbano, debiendo diferenciar los terrenos que han de quedar sujetos al régimen de actuaciones de urbanización de los que se sometan al régimen de actuaciones de edificación. 3. Los Planes Especiales deberán redactarse con el mismo grado de detalle y contendrán las mismas determinaciones que los instrumentos de planeamiento que complementen o modifiquen. Regulación que se completa con lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, que señalan: Los Planes Especiales (PE) complementan, desarrollan o mejoran, en este último caso incluso modificando, las determinaciones de los Planes de Ordenación Municipal (POM), tanto las correspondientes a la ordenación detallada (OD) como, en su caso, las de la ordenación estructural (OE). (artículo 76) y 1. En desarrollo, complemento o mejora de los Planes de Ordenación Municipal, podrán formularse Planes Especiales (PE) con cualquiera de las siguientes finalidades: a) Crear o ampliar reservas de suelo dotacional. b) Definir o proteger las infraestructuras, las vías de comunicación, el paisaje o el medio natural. c) Adoptar medidas para la mejor conservación de los inmuebles, conjuntos o jardines de interés cultural o arquitectónico. d) Concretar el trazado y funcionamiento de las redes de infraestructuras. e) Vincular áreas o parcelas o solares a la construcción o rehabilitación de viviendas u otros usos sociales sometidos a algún régimen de protección pública. 2. Con las mismas finalidades señaladas en el número anterior o con las previstas en el artículo 85 de este Reglamento, podrán formularse Planes Especiales de Reforma Interior (PERI) para áreas concretas de suelo urbano (SU) que contarán con las determinaciones y documentación expresadas en la subsección siguiente. (artículo 77). Respecto a la naturaleza jurídica de los instrumentos de planeamiento (entre ellos los Planes Especiales), nuestra jurisprudencia, tanto la del Tribunal Constitucional como la del Tribunal Supremo, ha declarado reiteradamente la naturaleza jurídica normativa de los Planes. Así podemos destacar la Sentencia n.º 56/1986, de 13 de mayo, (RTC 1986/56) en cuyo Fundamento Jurídico (FJ) 4º se recoge lo siguiente: Conviene recordar que el planeamiento urbanístico forma parte del ordenamiento jurídico al que están sujetos todos los poderes públicos (art. 9.1 de la C.E.). Del mismo modo el Tribunal Supremo viene señalando este carácter normativo, entre otras, en su Sentencia de 31 de mayo de 2011 (RJ/2011/5795). Además, tanto este Consejo Consultivo como el Consejo de Estado han tenido ocasión de pronunciarse al respecto reiterando la naturaleza de normas jurídicas de carácter reglamentario de los instrumentos de planeamiento. Por lo tanto, dado que los planes urbanísticos tienen naturaleza normativa de vigencia indefinida, también tendrá tal carácter el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Almansa de 23 de diciembre de 2010, al que será aplicable el motivo

5 de nulidad contemplado en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el que se dice que También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. IV Examen del fondo del asunto.- Los argumentos de fondo para instrumentar la revisión de oficio se fundamentan en la solicitud planteada por la Consejera de Fomento con fecha 21 de marzo de 2012, en la que tras formular varias consideraciones, de conformidad con los artículos 62.2 y 102 de la LRJPAC, solicitaba que por parte del Ayuntamiento se procediera a la revisión de oficio del acuerdo, al considerar que el mismo ha sido dictado con vulneración de lo previsto en el artículo 37 del TRLOTAU que atribuye la resolución sobre la aprobación definitiva de los Planes Especiales que no sean de reforma interior y que afecten a elementos integrantes de la ordenación estructural a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística. Habiendo dejado expuesto en la consideración III que los Planes Especiales tienen carácter normativo, procede analizar si en el presente supuesto se ha incurrido en alguna de las causas que en el artículo 62.2 de la LRJPAC, se contienen como fundamentadoras de la revisión de las disposiciones generales. El Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, dispone el artículo 37, respecto a la tramitación para la aprobación definitiva de los Planes de Ordenación Municipal, Planes de Delimitación de Suelo Urbano, determinados Planes Especiales y Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos que: 1. La Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística, una vez recibida la solicitud de aprobación definitiva, iniciará un período consultivo y de análisis del Plan de Ordenación Municipal, Plan de Delimitación de Suelo Urbano, Plan Especial que no sea de reforma interior y que afecte a elementos integrantes de la ordenación estructural o Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos correspondientes con la Administración promotora y las demás Administraciones afectadas en los términos del artículo 10. [ ] 3. La resolución sobre la aprobación definitiva corresponde a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística. Por su parte el artículo 141 del citado Reglamento de Planeamiento establece, en relación con el procedimiento para la aprobación de este tipo de Planes, que: 1. Los Planes Especiales (PE) a los que se refiere el artículo 77.1 de este Reglamento que afecten a la ordenación estructural (OE) se atendrán al procedimiento establecido en los artículos 135 y 136 del mismo para su aprobación definitiva. 2. Los Planes Especiales (PE) a los que se refiere el artículo 77.1 de este Reglamento que afecten a la ordenación detallada (OD) y los Planes Especiales de Reforma Interior (PERI) a los que se refiere el artículo 77.2 de este Reglamento se atendrán al procedimiento establecido en los artículos 138 y 139 del mismo, para su aprobación. Por tanto, dependiendo de si el Plan Especial afecta a la ordenación estructural o a la detallada el procedimiento a seguir para su aprobación variará y con ello el órgano competente para la aprobación definitiva del mismo. Según se desprende de los informes incorporados al expediente, algunos de los equipamientos afectados por el Plan Especial del Ayuntamiento de Almansa, como el matadero o la escuela-taller, pueden considerarse sistemas generales (disposición preliminar del TRLOTAU), al tratarse de dotaciones cuya funcionalidad y servicio abarcan más de una actuación urbanizadora o ámbito equivalente, por lo que, al afectar a la ordenación estructural, el Plan Especial debe atenerse a lo establecido en los artículos 135 y 136 del Reglamento de Planeamiento, debiendo ser aprobado definitivamente por el titular de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística. Además, el artículo 152 del citado Reglamento indica que: 1. Cualquier innovación de las determinaciones de los Planes de ordenación urbanística (OU) deberá ser establecida por la misma clase de Plan y observando el mismo procedimiento seguido para la aprobación de dichas determinaciones. 2. Se exceptúa de esta regla la innovación en las determinaciones de la ordenación detallada (OD) en los Planes de ordenación urbanística (OU) siempre que, de acuerdo con lo previsto en el artículo de este Reglamento, los Planes contengan la identificación y distinción expresa de las determinaciones de la ordenación estructural (OE) y de la detallada (OD). En el supuesto anterior, la innovación en las determinaciones de la ordenación detallada (OD) en las normas urbanísticas y en la documentación gráfica del Plan se tramitará observando el mismo procedimiento seguido para la aprobación del mismo si bien la aprobación definitiva de la innovación corresponderá al Ayuntamiento-Pleno. Del documento aprobado definitivamente se dará traslado a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística. 3. Igualmente se exceptúan de la regla contenida en el número 1 de este artículo las innovaciones derivadas de las modificaciones que pueden operar los Planes Parciales y Especiales de Reforma Interior de Mejora (PPM y PERIM), conforme a lo dispuesto en este Reglamento. 5

6 En el presente caso, tal como señala la Consejería de Fomento en su solicitud de revisión de oficio, el Plan General de Ordenación Urbana vigente en el municipio de Almansa no contiene la identificación expresa de las determinaciones de la ordenación estructural y de la detallada, por lo que, conforme al citado artículo 152 del Reglamento de Planeamiento, cualquier innovación de las determinaciones del plan deberá tramitarse observando el mismo procedimiento seguido para la aprobación, correspondiendo por tanto la aprobación definitiva del citado Plan Especial a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística, y no al Ayuntamiento. Según ha señalado el Tribunal Supremo en su Sentencia de 28 octubre 2009 (RJ 2010\1214): [...], a diferencia de lo que sucede con los actos administrativos, cuando se trata de disposiciones de carácter general -y tal es la consideración que una reiteradísima jurisprudencia atribuye a los instrumentos de planeamiento urbanístico como el aquí controvertidopara declarar su nulidad de pleno derecho no es necesaria la invocación de alguna de las causas de nulidad enumeradas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, pues cualquier vulneración de un precepto constitucional o legal o de una disposición de rango superior comportar la nulidad de pleno derecho de la disposición (artículo 62.2 de la Ley 30/1992). La reconocida falta de competencia de dicho órgano municipal para aprobar definitivamente el Plan Especial de Dotaciones conlleva que dicho Plan se vea afectado del vicio de nulidad enunciado en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, al transgredir lo dispuesto en una norma de rango superior, el artículo 37 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. Corolario de todo lo anterior es que se estima procedente la revisión de oficio del acto administrativo cuestionado. En mérito de lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha es de dictamen: Que procede informar favorablemente la revisión de oficio tramitada por el Ayuntamiento de Almansa para declarar la nulidad del acuerdo de aprobación definitiva del Plan Especial de Dotaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Almansa, debido a la concurrencia de la causa de nulidad prevista en el artículo 62.2 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 6