REVISORÍA FISCAL EN CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES. Análisis de su procedencia.

Transcripción

1 80112 EE58439 Bogotá, D.C., Octubre 20 de 2009 Doctor MAURICIO TOBÓN FRANCO Gerente Departamental de Antioquia Contraloría General de la República Calle 46 No Piso 8 Medellín - Colombia Asunto: REVISORÍA FISCAL EN CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES. Análisis de su procedencia. I. ANTECEDENTE Mediante oficio No. 2009ER62542 del 3 de septiembre de 2009, nos solicita concepto jurídico, bajo el planteamiento de que las normas que regulan la figura del revisor fiscal lo hacen para sociedades comerciales pues sus criterios se ajustan a ellas, no así para entidades del Estado para las cuales la forma de ejercer vigilancia y control es a través del control fiscal ejecutado por la Contraloría General de la República. Señala que es una figura reglamentada en la Ley 43 de 1990, en cuyo artículo 13 determina la obligación de tener revisor fiscal en sociedades comerciales conforme a criterios de ingresos y capital, situación que es diferente a las entidades del Estado, en las cuales prima el objeto social. Por su parte considera que el artículo 203 del Código de Comercio que sólo rige para los comerciantes, determina que están obligadas a tener revisor fiscal las sociedades por acciones; las sucursales de compañías extranjeras, y las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no corresponda a los socios. El artículo 82 de la Ley 222 de 1995 (por la cual se modifica el libro II del Código de Comercio), señala que el presiente de la República ejercerá por conducto de la Superintendencia de Sociedades la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales en los términos establecidos en las normas vigentes. En ese sentido la Circular No. 011 del 21 de octubre de 2008 de la Superintendencia de Sociedades dirigida a revisores fiscales de

2 República Página 2 de 12 las sociedades sometidas a su inspección vigilancia y/o control imparte instrucciones sobre revisoría fiscal. Estas normas se concentran en la esfera comercial, cuyos fines no van de la mano con los fines del Estado, señala usted. Adicionalmente pone de manifiesto que los informes de los revisores fiscales de las CAR no hacen una evaluación de eficiencia, economía y equidad y de valoración de los costos ambientales, sino que son sucintos e iguales año tras año y a veces contradictorios con los informes de auditoría que derivan en ocasiones en balances con salvedades mientras que los de revisoría fiscal muestran resultados razonables. Finalmente señala que los informes de auditoría son de acceso público por el contrario los papeles de los revisores fiscales son privados y la Contraloría General no tiene acceso a ellos. 2. CONSIDERACIONES JURIDICAS Su inquietud podríamos plantearla a través del siguiente problema jurídico: Teniendo en cuenta que la figura del revisor fiscal se encuentra regulada por el Código de Comercio y por la Ley 43 de 1990, para que el Estado ejerza supervisión y control sobre las sociedades que llevan a cabo actividades mercantiles, no así para las entidades del Estado, se pregunta si resulta apropiada la figura del revisor fiscal que crea el artículo 25 de la Ley 99 de 1993, en las Corporaciones Autónomas Regionales? Pasaremos a responder su inquietud bajo las siguientes premisas jurídicas: El artículo 150 de la Constitución Política señala en el numeral 7 que corresponde al legislador reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales El artículo 40 de la Ley 489 de 1998 por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones, señala que: ENTIDADES Y ORGANISMOS ESTATALES SUJETOS A REGIMEN ESPECIAL. El Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones

3 República Página 3 de 12 autónomas regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política se sujetan a las disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes. Siguiendo la determinación constitucional, se expidió la Ley 99 de 1993 que desarrolla la naturaleza y estructura de las corporaciones autónomas regionales las cuales son definidas por su artículo 23 como entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. El artículo 46 de la Ley 99 de 1993, señala: Patrimonio y Rentas de las Corporaciones Autónomas Regionales. Constituyen el patrimonio y rentas de las Corporaciones Autónomas Regionales: 1. El producto de las sumas que, por concepto de porcentaje ambiental del impuesto predial, les transferirán los municipios y distritos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la presente Ley. 2. Los recursos que le transfieren las entidades territoriales con cargo a sus participaciones en las regalías nacionales. 3. El porcentaje de los recursos que asigne la ley, con destino al medio ambiente y a la protección de los recursos naturales renovables, provenientes del Fondo Nacional de Regalías. 4. Los recursos provenientes de derechos, contribuciones, tasas, tarifas, multas y participaciones, que perciban, conforme a la ley y las reglamentaciones correspondientes; y en especial el producto de las tasas retributivas y compensatorias de que trata el Decreto Ley 2811 de 1974, en concordancia con lo dispuesto en la presente Ley; 5. Los ingresos causados por las contribuciones de valorización que se establezcan, conforme a la ley, para la financiación de obras de beneficio común ejecutadas en ejercicio de sus funciones legales. 6. Un porcentaje hasta del 10% del producto del impuesto de timbre a los vehículos que autónomamente decidan fijar los Departamentos, como

4 República Página 4 de 12 retribución del servicio de reducción del impacto o de control de las emisiones de sustancias tóxicas o contaminantes del parque automotor. 7. El 50% de las indemnizaciones, distintas a la recompensa que beneficiará en su totalidad al actor, impuestas en desarrollo de los procesos instaurados en ejercicio de las acciones populares de que trata el artículo 88 de la Constitución Política. Estos valores corresponderán a la Corporación que tenga jurisdicción en el lugar donde se haya producido el daño ambiental respectivo. En caso de que corresponda a varias Corporaciones, el juez competente determinará la distribución de las indemnizaciones. 8. El 50% del valor de las multas o penas pecuniarias impuestas, por las autoridades de las entidades territoriales que forman parte de la jurisdicción de la respectiva Corporación, como sanciones por violación a las leyes, reglamentos o actos administrativos de carácter general en materia ambiental. 9. Los recursos que se apropien para serles transferidos en el presupuesto nacional. 10. Las sumas de dinero y los bienes y especies que a cualquier título le transfieran las entidades o personas públicas o privadas, los bienes muebles e inmuebles que actualmente posean y los que adquieran y les sean transferidos en el futuro a cualquier título. 11. Los derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y salvoconductos, de acuerdo a la escala tarifaria que para el efecto expida el Ministerio del Medio Ambiente. Toda la organización administrativa, el patrimonio y rentas del cual la ley ha dotado a las Corporaciones Autónomas Regionales, en adelante CAR, está destinado para el cumplimiento del fin que le ha sido designado que es la administración dentro de su jurisdicción del medio ambiente y de los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible preservación y saneamiento ambiental. Por su parte la figura de la revisoría fiscal está regulada en el Código de Comercio que dispone en algunos de sus apartes: ARTICULO 203. <SOCIEDADES QUE ESTAN OBLIGADAS A TENER REVISOR FISCAL>. Deberán tener revisor fiscal: 1) Las sociedades por acciones; 2) Las sucursales de compañías extranjeras, y

5 República Página 5 de 12 3) Las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos del veinte por ciento del capital. ( ) ARTICULO 207. <FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL>. Son funciones del revisor fiscal: 1) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva; 2) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios; 3) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados; 4) Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines; 5) Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título; 6) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales; 7) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente; 8) Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario, y 9) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios. PARAGRAFO. En las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo del revisor fiscal, éste ejercerá las funciones que expresamente le señalen los estatutos o las juntas de socios, con el voto requerido para la creación del cargo; a falta de estipulación expresa de los estatutos y de instrucciones concretas de la junta de socios o asamblea general, ejercerá las funciones indicadas en este artículo. No obstante, si no es contador público, no podrá autorizar con su firma balances generales, ni dictaminar sobre ellos.

6 República Página 6 de 12 La Ley 43 de 1990 también regula la figura del revisor fiscal en varios de sus artículos. De lo establecido en el Código de Comercio y en la Ley 43 de 1990 podemos decir que la revisoría fiscal es una institución de origen legal, de carácter profesional, a la cual corresponde por ministerio de la ley, bajo la responsabilidad de un profesional contable, con sujeción a normas que le son propias, y por motivos de interés público, vigilar integralmente los entes económicos, dando fe pública de sus actuaciones 1 y entre cuyas funciones está la de velar por la razonabilidad de los estados financieros de la entidad para que estén acordes con las normas de contabilidad generalmente aceptadas. La revisoría fiscal en el ámbito privado cumple las funciones detalladas en las disposiciones normativas pero en relación con recursos privados y en beneficio de cada uno de los socios particulares, sin desconocer también que en el sector privado la figura del revisor fiscal hace parte de la política de un Estado que interviene de alguna manera en la economía de la empresa privada 2. Ahora bien la revisoría fiscal en el ámbito público cumple las mismas funciones pero sobre recursos públicos y en beneficio público para proteger los intereses del Estado y sus habitantes. En otras palabras podemos decir que en el ámbito privado el revisor fiscal brinda a los socios información sobre el correcto manejo de los recursos financieros y en general del desempeño en las operaciones desarrolladas, y en el ámbito público la brinda al Estado y de manera primigenia a la población que lo integra. Si los recursos que aportan los miembros de las Corporaciones Autónomas Regionales y en general los recursos que conforman el patrimonio y rentas de las CAR de conformidad con lo señalado en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993, tienen como fin primordial la protección del medio ambiente y con ello del patrimonio ambiental y ecológico, entonces la finalidad que persigue la creación legal de la revisoría fiscal al interior de las CAR debe acompasarse con la persecución de dichas finalidades constitucionales, siendo ello así encuentra su razón de ser la figura del revisor fiscal en dichos entes 1 Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Documento. Orientación profesional. Ejercicio profesional de la Revisoría fiscal PDF/2008/ORIENTACION%20PROFESIONAL%20REVISORIA%20FISCAL.pdf 2 Esta figura viene dada del modelo latino de revisoría fiscal.

7 República Página 7 de 12 autónomos e independientes, es decir que dadas las diferentes funciones asignadas al revisor fiscal en el Código de Comercio y en la Ley 43 de 1990, que básicamente son dar fe pública sobre la razonabilidad de los estados financieros y contables y en general de la gestión, con el propósito de emitir un informe profesional sobre la eficacia, eficiencia y economicidad en el manejo de los recursos y su apego a las normas contables, administrativas y legales que le son aplicables, se puede decir que el revisor fiscal a través de su trabajo no persigue otra cosa que defender el interés público del Estado, vigilando a quienes administran los recursos públicos por su adecuado y correcto manejo y administración y de no ser así darlo a conocer a las autoridades competentes para que lleven a cabo las sanciones a que hubiere lugar. De conformidad con lo anterior la función del revisor fiscal de manera especial en las CAR debe estar orientada al cumplimento de las políticas de protección del medio ambiente a que están obligadas esas Corporaciones de manera especial, garantizando un control de gestión en la Corporación. Usted pone de manifiesto que la normatividad en materia de revisoría fiscal se encuentra regulada por el Código de Comercio y la Ley 43 de 1990, que se refieren a sociedades de tipo comercial, clasificando la obligatoriedad de tener revisor fiscal de conformidad con criterios de capital e ingresos lo cual no resulta ajustado a la naturaleza de las entidades del Estado, en las cuales prima el objeto social. Por su parte considera que el artículo 203 del Código de Comercio que sólo rige para los comerciantes, determina que están obligadas a tener revisor fiscal las sociedades por acciones; las sucursales de compañías extranjeras, y las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no corresponda a los socios. Al respecto ponemos de manifiesto los siguientes fundamentos jurídicos: La Corte Constitucional en la Sentencia C-794 de 2000, ha señalado en relación con las CAR, que: No es necesario resaltar que las corporaciones autónomas regionales no constituyen cualquier tipo de empresa sino unidades de acción estatal concebidas para lograr objetivos de beneficio colectivo.

8 República Página 8 de 12 Toda empresa, como base del desarrollo, tiene a cargo una función social que implica obligaciones y supone responsabilidades. Si ello es predicable de cualquier unidad de explotación económica, con mayor razón lo es de entidades como las corporaciones autónomas, las cuales superan el puro concepto empresarial que les ha querido conferir la norma examinada. Tales entes se han previsto directamente por el Constituyente para una finalidad superior que interesa, más que a sus accionistas, a toda la comunidad. Su existencia y papel deben entenderse y hacerse efectivos a la luz de los postulados del Estado Social de Derecho y no bajo una perspectiva capitalista. Así, en las corporaciones autónomas regionales no está de por medio el objetivo de rendimiento de capitales aportados por las entidades que las conforman sino el cumplimiento de una función constitucional de primer orden De conformidad con lo hasta aquí citado, efectivamente las normas del Código de Comercio y de la Ley 43 de 1990, se refieren a sociedades comerciales y clasifican a las sociedades que están obligadas a tener revisor fiscal de conformidad con criterios del capital e ingresos pero además con criterios propios de las sociedades mercantiles. No obstante lo que hizo el legislador en la Ley 99 de 1993 fue superar esos criterios y establecer la figura del revisor fiscal para todas las CAR en igualdad de condiciones, sin permitir que criterios sobre ingresos o capital o de naturaleza jurídica impidieran la presencia del revisor fiscal en las CAR, y no se ve en ello una desnaturalización de la institución de la revisoría fiscal ni que se afecten las funciones que se han encomendado a las CAR, pues como ya se vio el revisor fiscal debe cumplir una función especial en las instituciones del Estado en relación con los recursos públicos que permita la inspección continua de diferentes aspectos financieros, contables, administrativos de manera concomitante y permanente a como se van ejecutando las actividades para la mejor administración de los recursos públicos. En tal sentido la aplicación de la revisoría fiscal en las CAR no puede darse con una idea privatista y capitalista ya que no pueden asimilarse en ningún caso a sociedades mercantiles pues persiguen objetivos distintos, la primera persigue un interés público o de Estado en la guarda y conservación del ambiente y las segundas buscan intereses privados de carácter económico. 3 3 Como también lo ilustra la Corte Constitucional en la Sentencia C-794 de 2000: El régimen de los votos de los miembros de las asambleas corporativas no puede asimilarse al de las sociedades mercantiles, pues es evidente que la naturaleza y los fines de las corporaciones autónomas regionales y de las sociedades comerciales son bien diversos. Por tal motivo, los representantes legales de las

9 República Página 9 de 12 Creemos que la norma no tuvo en cuenta un criterio meramente económico para determinar si debe o no haber un revisor fiscal en las CAR, pues la necesidad del mismo no se toma en consideración a la naturaleza comercial ni en términos de acciones o capital, sino se tomó en igualdad condiciones para todas las CAR pensando en la vigilancia permanente a la gestión de los recursos públicos que debe darse al interior de las CAR y para que haya un garante de dar fe pública sobre la razonabilidad de los estados financieros y contables y en general de la gestión. Del mismo modo como lo determinó la Corte Constitucional 4 el criterio económico no puede resultar determinante para definir la adopción de decisiones mediante votación de los entes territoriales, en igual sentido no puede señalarse que la figura del revisor fiscal no cabe dentro de las CAR, tomando en cuenta un criterio meramente económico cual es la consideración de que no son sociedades comerciales. Sobre su argumento de que la figura del revisor fiscal es para sociedades comerciales pues sus criterios se ajustan a ellas, no así para entidades del Estado para las cuales la forma de ejercer vigilancia y control es a través del control fiscal ejecutado por la Contraloría General de la República (en adelante CGR), ponemos de presente los siguientes fundamentos jurídicos. El artículo 267 de la Constitución Política señala que el control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República es posterior y selectivo. La Superintendencia Bancaria mediante la Circular Externa 007 de 1996, Título I, páginas 17 y 18, ha compilado la siguiente doctrina en materia de revisión fiscal: Características de la revisoría fiscal: entidades territoriales no pueden ser vistos como accionistas o socios capitalistas sino como entes que, en desarrollo de su propia función constitucional, concurren a la configuración de un organismo encargado de defender, en igualdad de condiciones, los intereses de todas ellas y, sobre todo, los de sus habitantes, quienes no pueden ser tratados peyorativamente por pertenecer a departamentos y municipios más pobres. 4 Corte Constitucional. Sentencia C-794 de 2000: El derecho al voto en las asambleas de las corporaciones autónomas regionales no puede estar supeditado a un factor económico, pues se pondría en peligro el interés general y el desarrollo sostenible como fines de la política de protección al medio ambiente.

10 República Página 10 de Permanencia: Su labor debe cubrir las operaciones en su fase de preparación, celebración y ejecución; su responsabilidad y acción deben ser permanentes, tal como se deduce de lo dispuesto en los ordinales 1 y 5 del artículo 207 del Código de Comercio, principalmente. 2- Cobertura Total: Su acción debe ser total, de tal manera que ningún aspecto o área de operación de la empresa esté vedado al revisor fiscal. Todas las operaciones o actos de la sociedad, como todos sus bienes, sin reserva alguna, son objeto de su fiscalización. 3- Independencia de Acción y criterios: El revisor fiscal debe cumplir con las responsabilidades que le asigna la ley y su criterio debe ser personal, basado en las normas legales, en su conciencia social y en su capacidad. En todo caso, su gestión debe ser libre de todo conflicto de interés que le reste independencia y ajena a cualquier tipo de subordinación respecto de los administradores que son, precisamente, los sujetos pasivos de su control (Art. 219 del Código de Comercio). 4- Función preventiva: La vigilancia que ejerce el revisor fiscal debe ser de carácter preventivo, sus informes oportunos, para que no se incurra en actos irregulares o no se persevere en conductas ajenas a la licitud o a las órdenes de los órganos superiores, según lo dispone el Artículo 207, ordinales 2 y 5 del Código de Comercio. En el documento Orientación Profesional, Ejercicio Profesional de la Revisoría Fiscal, , emanado del Consejo Técnico de la Contaduría Pública 6, se habla sobre el principio de oportunidad en materia de revisoría fiscal según el cual aquella no puede ser posterior pues perdería su razón de ser. Entonces la revisoría fiscal ejerce un control previo y concomitante a los actos de la administración, orientado a prevenir y neutralizar riesgos amenazas o pérdidas de manera oportuna antes y durante la ejecución de las actividades. Su control no es selectivo como el que ejerce la CGR sino que debe tener una cobertura total cubriendo todas las operaciones en su 5 %20PROFESIONAL%20REVISORIA%20FISCAL.pdf 6 Se hace pertinente recordar que la Ley 43 de 1990, reglamentaria de la Profesión de Contador Público determina: ARTICULO 29. DE LA NATURALEZA. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es un organismo permanente, encargado de la orientación técnica-científica de la profesión y de la investigación de los principios de contabilidad y normas de auditoría de aceptación general en el país. En el artículo 33, señala que entre las funciones del Consejo están: Adelantar Investigaciones técnico-científicas, sobre temas relacionados con los principios de contabilidad y su aplicación, y las normas y procedimientos de auditoría. 4. Pronunciarse sobre la legislación relativa a la aplicación de los principios de contabilidad y el ejercicio de la profesión. Es decir que el Consejo puede brindar orientaciones en temas de revisoría fiscal sin que sean de carácter vinculante.

11 República Página 11 de 12 fase de preparación, celebración y ejecución. De tal manera que ningún aspecto o área de operación ó bienes queden sin fiscalización. Como se ve las funciones del revisor fiscal no son asimilables a las que desempeña la CGR, porque nuestro control es posterior y selectivo, por el contrario el control que realiza el revisor fiscal es previo, de permanente de acompañamiento, continuo y total sobre la entidad en la cual ejerce revisoría fiscal. En razón de ello las funciones del revisor fiscal en las CAR, no pueden reemplazarse por las que ejerce la CGR. Respecto de la situación por usted considerada de la reserva de documentación privada de revisoría fiscal oponible a la CGR, le informamos que la Corte Constitucional, ya se pronunció sobre el deber para los revisores fiscales de suministrar sus papeles de trabajo al Estado para efectos de la revisión de diferentes aspectos en el siguiente sentido: El examen de los papeles de trabajo del contador público permite al Estado desempeñar de manera cabal distintas funciones de origen constitucional, tales como las de imponer y cobrar impuestos, administrar justicia, intervenir en la economía e inspeccionar y controlar a las sociedades. El escrutinio de los papeles de trabajo, puede en ciertos eventos arrojar elementos de juicio valiosos con miras a verificar la validez y exactitud de las cifras y hechos contables que, ayunos de toda posibilidad de comprobación y confrontación, otorgarían a los contadores y a los empresarios el monopolio absoluto de la verdad económica y financiera, privando al Estado de toda capacidad investigativa, la cual es indispensable para establecer los presupuestos a los que la ley anuda diversos efectos. (Corte Constitucional. Sentencia C-538 de 1997). Por su parte este Despacho se pronunció en el Concepto No. IE23546 del 19 de mayo de 2009, sobre la publicidad de la información que requiera la CGR cuando realiza una auditoría, en el siguiente sentido: Debe prevalecer la reserva de los estados contables de la Administradora de los Fondos de Pensiones ó el interés general de la CGR en la vigilancia de los recursos públicos destinados al pago de la seguridad social?, la respuesta por razones de justicia basadas en el diseño del Estado Social de Derecho es que prevalece el interés general del Estado en la vigilancia de la gestión fiscal, en la medida en que la revisión de los estados contables de la administradora le sirva para determinar si se ha realizado una correcta gestión fiscal de los recursos públicos.

12 República Página 12 de 12 La CGR puede dentro de una auditoria solicitar a la Administradora de los fondos de pensiones los estados contables, en tanto en su deber de vigilancia fiscal puede intervenir sobre los libros de contabilidad sin que le sea oponible reserva alguna sobre los mismos, porque siguiendo lo determinado por la Corte Constitucional, en materia económica, el interés particular debe ceder ante el interés general. Siguiendo lo citado, entonces a la CGR en su labor de vigilancia y control fiscal no le será oponible la reserva de documentación de revisoría fiscal, si la requiere. Si como lo señala en su consulta los informes del revisor fiscal resultan siempre sin salvedades, resultando ello contradictorio con los informes de auditoría de la CGR, debe proceder a realizar las denuncias a que hubiera lugar pues a los revisores fiscales les cabe la responsabilidad civil, contravencional o administrativa, penal, y disciplinaria derivada del incumplimiento de la ley o de la presunta incursión en un delito, y eventualmente responsabilidad fiscal dependiendo de cada caso en particular. Finalmente lo invitamos a consultar los conceptos que, con relación a este y otros temas, ha proferido la Oficina Jurídica, visitando el enlace normatividad - conceptos de nuestro portal institucional: Cordialmente, LUIS GUILLERMO CANDELA CAMPO Director Oficina Jurídica Proyectó: Isabella Narváez Coral. Profesional Universitario Revisó: Juan Carlos Luna Rosero. Coordinador de Gestión Radicado: 2009ER62542