********** P R I N C I P A L. Mexicali, Baja California, diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.

Transcripción

1 ********** VS JUEZ CALIFICADOR DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI Y OTRAS AUTORIDADES. EXPEDIENTE 144/2015 P R I N C I P A L Mexicali, Baja California, diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. V I S T O S para resolver en definitiva los autos del juicio contencioso administrativo 144/2015, promovido por ********** contra actos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Agente de tránsito adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Mexicali otra autoridad, y R E S U L T A N D O I. El actor, el veintidós de mayo de dos mil quince, promovió juicio contencioso en contra de las autoridades antes citadas, señalando como acto impugnado la resolución de inconformidad ********** y la boleta de infracción número ********** de fecha nueve de abril de dos mil quince, en la cual se le impuso una multa equivalente a diez salarios mínimos generales vigentes. II. El veinticinco de mayo de dos mil quince, se admitió la demanda, procediéndose a emplazar a las autoridades demandadas, quienes contestaron la demanda en tiempo y forma.

2 IV. La audiencia de pruebas y alegatos, se celebró el veintiuno de agosto de dos mil quince, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en la que se desahogaron las pruebas admitidas y se hizo constar que las partes no formularon alegatos. C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para resolver el presente juicio, en virtud de la naturaleza jurídica del acto impugnado y de la autoridad emisora, así como por la ubicación del domicilio señalado por el actor, el cual se encuentra en la circunscripción territorial de esta Sala, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2, 21, 22 fracción I, 23 y 45, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. SEGUNDO. Existencia del acto impugnado. La existencia del acto impugnado quedó debidamente acreditado en autos, con la documental exhibida por la parte actora consistente en el recurso de inconformidad número ********** y boleta de infracción al reglamento de tránsito número **********, la cual tiene valor probatorio conforme el artículo 322, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. TERCERO. Procedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, debe analizarse, en primer término, la causal de improcedencia del juicio invocada por la

3 autoridad demandada Director de Seguridad Pública del Municipio de Mexicali. La autoridad citada hizo valer la causal de improcedencia prevista por el artículo 40, fracción VI, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, señalando que no existe acto que reclamar en su contra. Debe desestimarse la causa de improcedencia que hace valer la autoridad demandada, en virtud de que el artículo 31, fracción III, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, de subsecuente transcripción, establece que el superior jerárquico de las autoridades emisoras del acto impugnado es parte en el juicio. ARTÍCULO 31.- Son partes en el juicio contencioso administrativo: [ ] III.- El Titular de la Dependencia o Entidad Administrativa Pública Estatal o Municipal, de la que dependa la autoridad mencionada en la Fracción anterior; y [ ] Por lo tanto, tomando en cuenta que el aludido Director es superior jerárquico del agente emisor del acto impugnado, lo que se deduce de lo dispuesto por el artículo 7 del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Mexicali, de subsecuente inserción y que, además, conforme a lo dispuesto por el artículo 31, fracción III, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, al ser parte en el juicio, con tal carácter se puede imponer condena, se concluye que no opera el sobreseimiento solicitado.

4 ARTÍCULO 7.- Corresponde a la Dirección a través de sus agentes el ejercicio de las siguientes facultades: [ ] II.- Aplicar las Sanciones que correspondan por las infracciones que se cometan; y,[ ] Al no actualizarse la causal de improcedencia invocada por la autoridad demandada, ni advertirse la actualización de una diversa, el juicio resulta procedente, por lo que dicha autoridad se refiere. La autoridad Juez Calificador del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, hizo valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 40 fracción IV de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, al considerar que para que el actor estuviera en posibilidad de accionar el juicio contencioso administrativo, debió haber agotado los mecanismos de defensa que la ley de la materia prevé, como lo es el recurso de revisión en términos del artículo 78 del Bando de Policía y Gobierno del Estado. La causal es infundada, la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en su artículo 35 establece que cuando la ley que regula el acto establezca medios de defensa o algún recurso administrativo, será optativo para el particular agotarlo. La autoridad Agente de Policía y Tránsito de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del H. XXI Ayuntamiento de Mexicali y Director de Seguridad Publica del Municipio, hicieron valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 40 fracción IX, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California,

5 señalando que la parte actora no indicó los motivos de inconformidad en su demanda. Es infundado lo anterior, dado que en la demanda, en particular, en el inciso h), se expresaron los motivos de inconformidad, de los cuales de advierte la causa de pedir del actor, por lo que el juicio es procedente. CUARTO.- Estudio. Esta Sala, con fundamento en el artículo 80, último párrafo, se advierte que el acto impugnado carece de la motivación debida en la imposición de la sanción, por las razones siguientes. Conforme al artículo 47, último párrafo, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se entiende que el actor impugna simultáneamente el acto de origen y el recaído al recurso de reclamación. El artículo 147 del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Mexicali, prevé una multa equivalente en salarios mínimos, siguiente: ARTÍCULO CONCEPTO DE INFRACCIÓN GRADO DE LA INFRACCIÓN 74 Conducir con exceso de velocidad o no respetar el limite señalado LEVE 1 A 3 LEVE 4 A 5 MEDIA 6 A 10 X GRAVE 80 A 100 De lo anterior, se observa que la tabla transcrita prevé sanciones con distinta cuantía establecida según el grado de la

6 infracción cometida y que, a su vez, se puede sancionar entre un mínimo y un máximo de días de salario mínimo general vigente. Por lo anterior, la autoridad demandada, Agente de Tránsito adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, al establecer como sanción, una equivalente a 10 salarios mínimos, debió justificar las razones y circunstancias particulares que tomó en consideración para imponer la sanción máxima como consta en el apartado correspondiente de la boleta de infracción ********** (folio 11), para satisfacer la garantía de motivación que todo acto de autoridad debe cumplir, pues su omisión transgrede lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al no haber sido así, el acto adolece del vicio de indebida motivación en la sanción. Apoyan lo anterior lo criterios siguientes: MULTA, FALTA DE MOTIVACION Y FUNDAMENTACION DEL MONTO DE UNA. Si al imponer una multa se dan los motivos que orillaron a la autoridad administrativa a la aplicación de la sanción que se encuentra regulada por precepto legal entre un máximo y un mínimo; es decir, se funda y motiva la procedencia legal de la imposición de una multa, pero no aparecen en la resolución contenida en el oficio que constituye el acto reclamado, los motivos y razones por las cuales, se le impone a la sociedad quejosa el máximo de la multa debe estimarse no motivada e infundada la resolución reclamada. El arbitrio de la autoridad administrativa para la fijación del monto de la multa, sin establecer grados y sin referirse a circunstancias atenuantes, ni a la gravedad de la infracción para sancionarla conforme a una escala, debe entenderse como la facultad discrecional de dicha autoridad administrativa de razonar la imposición de una multa máxima, lo cual es lógico y jurídico, para que no se llegue a la arbitrariedad. Es decir, que una escala que regula el monto de una sanción, implica el supuesto lógico de que el mínimo debe corresponder a una infracción de menor cantidad que aquella que debe ameritar el máximo, como infracción grave. Es por lo anterior, que existe la obligación de motivar debidamente la gravedad de la infracción cuando se aplica el máximo de la sanción establecida por el

7 precepto. No vale el argumento en el sentido de que la ley no establece grados ni circunstancias atenuantes, porque aunque así fuere por encima del precepto aludido, impera el artículo 16 Constitucional al establecer categóricamente la obligación de las autoridades de motivar debidamente sus actos. 1 MULTAS. DEBEN EXPONERSE LAS RAZONES QUE DETERMINEN LA GRAVEDAD DE LA INFRACCION. Para la correcta imposición de una sanción no basta la simple cita del precepto legal en que se funda, ya que debe determinarse la gravedad de la infracción y para ello es menester que las autoridades razonen pormenorizadamente las peculiaridades del infractor y de los hechos motivo de la infracción especificando la forma y manera cómo influyen en su ánimo para detenerla en cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, justificando así el ejercicio de su arbitrio para la fijación de las sanciones con base en la gravedad de la infracción. 2 Al no advertirse la existencia de algún de motivo de inconformidad que pueda otorgar mayores beneficios al actor, resulta innecesario el análisis de los restantes motivos de inconformidad, lo anterior con apoyo en la jurisprudencia siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE PREFERIR LOS RELACIONADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO A LOS FORMALES, O BIEN, ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO. La solución sustancial de los conflictos, en concordancia con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo, contenidos en los artículos 77 y 78 de la ley de la materia, obliga al juzgador a analizar, en primer lugar, los conceptos de violación que puedan 1 Época: Sexta Época, Registro: , Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXXXII, Tercera Parte, Materia(s): Administrativa, Tesis:, Página: Época: Séptima Época, Registro: , Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 84, Sexta Parte, Materia(s): Administrativa, Tesis:, Página: 88.

8 determinar la concesión de la protección federal con un efecto más amplio al que pudiese tener una violación formal. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que el estudio de los conceptos de violación que determinen la concesión del amparo directo debe atender al principio de mayor beneficio (tesis P./J. 3/2005 visible en la página 5, Tomo XXI, correspondiente al mes de febrero de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES."). En ese tenor, se estima que en los juicios de amparo indirecto deben analizarse los conceptos de violación relacionados con el fondo del asunto con preferencia a los formales, o bien, estudiarse en primer término los que pudiesen otorgar un mayor beneficio al quejoso. 3 Por ser consecuencia de un acto viciado, al declarase la nulidad de la boleta de infracción, queda sin efectos la resolución recaída al recurso de reclamación, En folio **********, de autos, consta en copia del recibo de pago expedido por Tesorería Municipal, por 1, pesos, moneda nacional, cantidad que deberá ser devuelta al actor como parte de la condena. 3 Época: Novena Época, Registro: , Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, Materia(s): Común, Tesis: I.4o.A. J/83, Página: 1745

9 Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 83, fracción II, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y 82, de la ley citada, se R E S U E L V E PRIMERO.- Se declara la nulidad de la resolución recaída al el recurso de inconformidad número **********, por ser consecuencia del acto viciado, consistente en la boleta de infracción número **********, de 28 de abril de 2015, emitida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. SEGUNDO.- Se condena a las autoridades demandadas, a que realicen la devolución del pago, según consta en el recibo ********** expedido por la Tesorería Municipal. Notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a las autoridades demandadas. Así lo resolvió la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, y firmó el Magistrado Carlos Rodolfo Montero Vázquez, ante el Secretario de Acuerdos Licurgo Daniel Solorio Banda, quien da fe. LDSB/seca*

10 LA SUSCRITA, CLAUDIA CAROLINA GOMEZ TORRES, SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CERTIFICA: QUE LO TRANSCRITO CON ANTERIORIDAD CORRESPONDE A UNA VERSION PUBLICA DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO EN FECHA DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS, EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 144/2015, EN LA QUE SE SUPRIMIERON DATOS QUE SE HAN CONSIDERADO COMO LEGALMENTE RESERVADOS O CONFIDENCIALES, CUBRIENDO EL ESPACIO CORRESPONDIENTE MEDFIANTE LA UTILIZACION DE DIEZ ASTERISCOS; VERSION QUE VA EN NUEVE FOJAS UTILES. LO ANTERIOR CON APOYO EN LA FRACCION I, DEL ARTICULO 34 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 15 DEL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS. DOY FE.