EL PROCESO DE HABEAS CORPUS EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL. Por el doctor Ricardo Beaumont Callirgos Magistrado del Tribunal Constitucional

Transcripción

1 MINISTERIO PÚBLICO EL PROCESO DE HABEAS CORPUS EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Por el doctor Ricardo Beaumont Callirgos Magistrado del Tribunal Constitucional

2 Habeas Corpus y Detención Preventiva El Art. 135º del CPP establece que un juez puede dictar mandato de detención preventiva cuando: Existen suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito doloso que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo; La sanción a imponerse o la suma de ellas sea superior a un año de pena privativa de libertad; y, Existe la posibilidad de que el imputado intente eludir la acción de la justicia o perturbar la acción probatoria.

3 Respecto a la constitucionalidad de la detención preventiva, el TC ha indicado que: Toda detención provisional tiene como última finalidad asegurar el éxito del proceso penal. No se trata, de una medida punitiva definitiva respecto a la culpabilidad del imputado en el ilícito que es materia de investigación, por lo que no se quebranta el principio constitucional de presunción de inocencia, ya que se trata de una medida cautelar cuyo objetivo es asegurar la eficacia de la labor jurisdiccional en el proceso penal de su referencia (STC HC/TC Caso Feliciano Aranda).

4 Procede el Habeas Corpus contra la medida cautelar de detención preventiva, cuando: No se cumplen los tres presupuestos establecidos en el Art.135º del CPP; Dichos (3) presupuestos del Art. 135º del CPP no concurren copulativa o simultáneamente; Habiéndose desvanecido los indicios que sustentaron cualquiera de los (3) presupuestos del Art. 135º del CPP, el juez no ordena la revocación de la detención preventiva.

5 Plazo razonable de la detención preventiva El TC ha señalado queno todo plazo máximo ái legall es per se razonable, pues pueden presentarse vulneraciones de la libertad personal en procesos donde el plazo legal no ha vencido pero que, dadas las circunstancias particulares de cada caso concreto, resulta irrazonable el mantenimiento i t de la detención preventiva. Aí Así, se ha indicado d que la duración de la prisión iió preventiva debe ser tan solo la que se considere indispensable para conseguir la finalidad con la que se ha decretado la medida cautelar; por lo tanto, si tal medida ya no cumple los fines propios, es preciso revocarla de inmediato (STC HC/TC Caso Miguel Sánchez Calderón).

6 Plazo máximo de detención policial STC. Nº PHC, Caso Guillermo Ruiz El plazo de la detención que la Norma Fundamental establece es un plazo máximo ái de 24 horas, de carácter absoluto, cuyo cómputo es inequívoco y simple, pero no es el único, pues existe también el plazo estrictamente necesario de la detención. El límite máximo de la detención debe ser establecido en atención a las circunstancias de cada caso concreto, tales como las diligenciasi necesarias a realizarse, la particular dificultad para efectuar determinadas pericias o exámenes, el comportamiento del afectado con la medida, entre otros.

7 La Razonabilidad del Plazo Máximo de Investigación ió del Ministerioi i Público STC. Nº HC, Caso Gleiser Katz, Precedente Vinculante Los criterios a considerar para determinar la razonabilidad del plazo de la investigación fiscal son de dos tipos: subjetivo y objetivo. 1. Criterio Subjetivo: Referidos a la actuación tanto del investigado como del fiscal.

8 Actitud obstruccionista del investigado i) No concurrencia, injustificada, a las citaciones que le realice el fiscal; ii) Ocultamiento o negativa, injustificada, a entregar información relevante para el desarrollo de la investigación; iii)recurrencia, de mala fe, a procesos constitucionales u ordinarios con el fin de dilatar o paralizar la investigación ; y, iv) Aquellas conductas que realice con el fin de desviar o evitar que los actos de investigación ió conduzcan a la formalización ió de la denuncia penal.

9 Actividad del fiscal Capacidad de dirección de la investigación y la diligencia con la que ejerce sus facultades. Habrá inactividad fiscal, aún cuando se lleven a cabo actos de investigación, cuando éstos no tengan relación directa o indirecta con el objeto materia de investigación. 2. Criterio Objetivo: La complejidad del objeto a investigar. Teniendo en cuenta i) los hechos mismos objeto de esclarecimiento; ii) el número de investigados, más aún si se trata de organizaciones criminales internacionales; y, iii) la particular dificultad de realizar determinadas pericias o exámenes especiales que se precisen.

10 Plazo Razonable de duración del Proceso Penal STC. Nº PHC, Caso Salazar Monroe y STC. Nº PHC, Caso Edith Villavicencio. El TC, declaró en ambos casos, fundada la demanda, por haberse acreditado la vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y se ordenó a la Primera Sala Penal Especial de la Corte de Lima que en el plazo de sesenta días naturales, contadosdesdelafechade notificación ió del presente fallo, emita y notifique la correspondiente sentencia que decida la situación jurídica de los demandantes, bajo apercibimiento de tenerse por sobreseído el proceso en relación a cada uno de ellos.

11 Contenido Esencial del Derecho a la Pluralidad de la Instancia STC. Nº PHC, Caso Fujimori. El TC ha señalado que pertenece al contenido esencial del derecho fundamental a la pluralidad de la instancia, el derecho de toda persona a recurrir las sentencias que le impongan una condena penal. Asimismo, siendo subyacente a dicha previsión fundamental, el proteger directa y debidamente el derecho fundamental a la libertad personal, también pertenece al contenido esencial del derecho, el tener oportunidad de recurrir toda resolución judicial que imponga directamenteala persona una medida seria de coerción personal (vg. una medida de detención judicial preventiva).

12 Pertenece al contenido esencial del derecho a la pluralidad de la instancia, el derecho de toda persona a un recurso eficaz contra: a) La sentencia que le imponga una condena penal. b) La resolución judicial que le imponga directamente una medida seria de coerción personal. c) La sentencia y/o resolución emitida en un proceso distinto del penal, a menos que haya sido emitida por un órgano jurisdiccional colegiado... (Fdto., de voto BC)

13 En el ordenamiento jurídico peruano, además de la exigencia de que exista un recurso eficaz contra una sentencia penal, también deben formar parte del contenido esencial del derecho a la pluralidad de la instancia, la exigencia de que exista un recurso eficaz contra una sentencia expedida por un órgano colegiado distinto al penal (civil, laboral, comercial, etc.).

14 Habeas corpus y Pedido de Extradición STC. Nº HC, Caso Wong Ho Wing. El TC consideró que las garantías diplomáticas ofrecidas por la República Popular China eran insuficientes para garantizar que al señor Wong Ho Wing no se le iba a aplicar la pena de muerte. Ello debido a que el Estado requirente en las Naciones Unidas no había demostrado que garantizaba la tutela real del derecho a la vida, pues permitía ejecuciones extrajudiciales, sumarias e incluso, arbitrarias. Asimismo, es de conocimiento internacional que la pena de muerte no se impone en forma objetiva, sino que se ve influida por la opinión pública.

15 Además, en el presente caso no resultaría procedente la extradición del favorecido, pues no se cumple el principio de reciprocidad, toda vez que los delitos por los cuales se le pretende extraditar no se encuentran reprimidos en el Estado peruano con la pena de muerte. En consecuencia, se declaró fundada la demanda, y se ordenó al Estado peruano, representado por el Poder Ejecutivo, que se abstenga deextraditar al señor Wong Ho Wing ala República Popular China.

16 RAC contra la sentencia fundada tratándose de Procesos Constitucionales relacionados con TID y/o Lavado de Activos En la STC PHC, 2010 publicada el 17 deagosto de 2010, que constituye doctrina jurisprudencial, se dispuso: Que de conformidad con lo establecido en el Art. 8º de la Constitución y III del TTPP del CPCo., en los procesos constitucionales relacionados con el delito de TID y/o LA en los que se haya dictado sentencia estimatoria de segundo grado, la Procuraduría del Estado correspondiente se encuentra excepcionalmente habilitada para interponer el RAC.

17 Habeas Corpus y Beneficios Penitenciarios El otorgamiento de los beneficios penitenciarios (como la semi-libertad, la liberación condicional, la redención de pena, el permiso de salida, etc.) están sujetos a las normas legales vigentes al momento o al tiempo de su solicitud. Sin embargo, el TC ha reconocido, en virtud del Art. VIII del TP del CdeEP, la retroactividad y la interpretación de la normas penitenciarias del modo más favorable al interno.

18 Concesión de los beneficios penitenciarios El TC ha señalado que el beneficio penitenciario no es un derecho constitucional, sino que constituye un derecho subjetivo expectaticio previsto en la ley, por lo que, su denegatoria, no constituye una violación de la libertad personal. No obstante, la resolución que lo concede o la rechaza, debe estar debidamente motivada.