JUICIO No PVM JUEZA PONENTE: DRA. ROCIO SALGADO CARPIO

Transcripción

1 JUEZA PONENTE: DRA. ROCIO SALGADO CARPIO CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- Quito, a 11 de mayo de 2012, las 09h05. VISTOS: (JUICIO No PVM).- Practicado el resorteo de causas e integrado legalmente este Tribunal, conocemos el proceso en nuestra calidad de Jueces de la Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia. ANTECEDENTES.- Sube el proceso en virtud del recurso de casación que interpone el actor Segundo Ernesto Yanchaguano Carrillo contra la sentencia proferida por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha el 16 de marzo de 2010, las 10H48, misma que confirma el fallo de primer nivel, dictado por el Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha el 26 de marzo de 2009, las 18H01, que declara sin lugar la demanda de divorcio propuesta por el ahora recurrente en contra de Liz Himelda Machasilla Quinchiguano. Inconforme con lo resuelto, el actor interpone recurso de casación que ha sido admitido por la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia el 15 de septiembre de 2010, las 08h25. Para resolver, se considera: 1. COMPETENCIA.- La competencia de esta Sala está asegurada en virtud de lo dispuesto en los artículos de la Constitución de la República, 172 en relación con el del Código Orgánico de la Función Judicial y artículo 1 de la Ley de Casación. 1

2 2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO.- El casacionista alega como infringidas en la sentencia recurrida las normas de derecho contenidas en los artículos 77 numeral 7 letra l) de la Constitución de la República del Ecuador, 110 causal 3 del Código Civil y 113, 115, 207 y 208 del Código de Procedimiento Civil. Fundamenta su recurso en las causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, por errónea interpretación del artículo 110 numeral 3 del Código Civil; y, por errónea interpretación de los artículos 113, 115, 207 y 208 del Código de Procedimiento Civil. 3. CONSIDERACIONES ACERCA DEL RECURSO DE CASACIÓN.- La casación es un medio de impugnación extraordinario y supremo cuyo objetivo fundamental es atacar la sentencia para invalidarla o anularla por los vicios de fondo y forma de los que puede adolecer; proceso que se verifica a través de un cotejamiento riguroso y técnico de la sentencia con el ordenamiento jurídico vigente, para encontrar la procedencia o no de las causales invocadas. Actividad jurisdiccional confiada al más alto Tribunal de la Justicia Ordinaria, que en el ejercicio del control de constitucionalidad y legalidad, busca garantizar la defensa del derecho objetivo en aras de la seguridad jurídica, pilar fundamental en el que se cimenta el Estado Constitucional de derechos y justicia; la igualdad de los ciudadanos ante la ley, así como la unificación de la jurisprudencia a través del desarrollo de precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración. 2

3 4. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO EN RELACIÓN A LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS.- PRIMER CARGO: Habiendo el recurrente señalado la infracción de una norma constitucional, es necesario analizarla en primer lugar, porque en caso de aceptarse sería inoficioso considerar las demás. El peticionario menciona que El Fallo impugnado no se encuentra motivado conforme lo dispuesto en el Art. 77 numeral 7 letra l)., de la Constitución de la República del Ecuador, así como en lo señalado en la Corte Constitucional para el período de transición, Registro Oficial No. 94 de fecha 23 de enero del 2009, Págs. 20 y 21, pues considera que No puede decirse que una sentencia está motivada, cuando se transcribe parte de las declaraciones rendidas por los testigos presentados por el demandante y se las analiza parcialmente en su contenido.. Al respecto, este Tribunal observa que el Art. 77 de la Constitución de la República del Ecuador, no contiene en su numeral 7 acápite alguno como literal l), sin embargo por lo dicho en su escrito, se infiere que su alegación se refiere al Art. 76 numeral 7 letra l), que dice: Art. 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.. La impugnación por infracción de la norma citada corresponde denunciarla con fundamento en la causal quinta del Art. 3 de la Ley de Casación, que contempla los casos: Cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la ley o en su parte dispositiva se adopten decisiones contradictorias o incompatibles., en ese sentido se ha pronunciado reiteradamente la jurisprudencia al señalar que: Toda sentencia debe ser 3

4 motivada, esto es, contener las razones o fundamentos para llegar a la conclusión o parte resolutiva. La falta de motivación está ubicada en la causal 5ª. Del artículo 3 de la Ley de Casación y tiene como efecto la anulación del fallo (R. O. 418 de 24 de septiembre del Resolución No. 271 de 19 de julio del 2001), lo que omite hacer el casacionista, que además expone su alegación, mencionando su inconformidad en relación con la valoración de la prueba testimonial actuada dentro del proceso, lo cual no se refiere a la violación directa de una norma constitucional sino a la atribución jurisdiccional que tienen los jueces de instancia, para apreciar las pruebas, lo que es más bien un asunto de legalidad que no debe confundirse con la falta de motivación de las resoluciones, que tiene lugar cuando aquellas no son razonables y carecen de una estructura racional, lo que no ocurre en la especie, en la que el fallo impugnado está dividido de una manera lógica y coherente, con una parte expositiva, una considerativa y una resolutiva, y que alude a las normas jurídicas en que se funda, explicando la pertinencia de su aplicación en consideración a los puntos sobre los que se trabó la litis, por lo que no se acepta el cargo. SEGUNDO CARGO: Siguiendo las recomendaciones de la lógica jurídica corresponde analizar la impugnación formulada con sustento en la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, que se refiere a Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto., de lo dicho se desprende que esta causal permite casar el fallo cuando el mismo incurre en inaplicar, aplicar indebidamente o interpretar en forma errónea las normas relativas a la valoración de la prueba, siempre que ello conlleve a una equivocada aplicación o no aplicación de normas de derecho en el 4

5 fallo impugnado. Para ello, el casacionista al fundamentar su recurso debe demostrar el error de derecho en que incurrió el Tribunal de instancia, ya que nuestro sistema, llamado de casación puro, no admite la alegación del error de hecho en la valoración de la prueba como causal de casación. Argüir la causal tercera, exige al recurrente la configuración de la proposición jurídica completa, por lo que ineludiblemente debe señalar: a) La norma relativa a la valoración de la prueba que ha sido inaplicada, indebidamente aplicada o erróneamente interpretada; y, b) La norma de derecho sustantivo que, como consecuencia del vicio en la aplicación de la norma de valoración de la prueba, no ha sido aplicada o lo ha sido equivocadamente, esto último como requisito copulativo o concurrente. En el caso que nos ocupa, el casacionista denuncia errónea interpretación de los Arts. 113, 115, 207 y 208 del Código de Procedimiento Civil. Señala que: De acuerdo con el Art. 113 del Código de Procedimiento Civil me correspondía probar los hechos propuestos afirmativamente en el juicio, para lo cual recurrí a la prueba testimonial, que se concreta a las declaraciones de las testigos señoras; Dilita Edida de la Cruz Burgos, Pedro Manuel Cachimuel y Valeria de las Mercedes Coyaquillo Tutillo, quienes declara en forma concordante y uniforme sobre los hechos señalados en mi demanda, que debían ser consideras de acuerdo a las reglas de la sana crítica como lo determina el Art. 207 del Código de Procedimiento Civil, y no se lo ha hecho. ( ) De acuerdo con el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil, la prueba testimonial que presenté, idónea debía ser apreciada en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica ( ) Si bien no corresponde al Tribunal de Casación hacer una nueva valoración de la prueba, si está facultado para comprobar si en la valoración de la prueba se ha violado o no las normas de derecho concernientes a esa valoración ( ) en el presente caso resulta que se hace una errónea interpretación de los Arts. 207 y 208 del Código de Procedimiento Civil, lo que ha llevado para que se deseche el recurso de apelación se confirme el fallo recurrido, y con ello se viola el Art. 110 causal 3ª. del Código Civil.. De lo trascrito se infiere que el recurrente al 5

6 fundamentar las alegaciones realizadas con sustento en la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación no lo hace conforme se expuso en líneas precedentes, pues no configura la proposición jurídica completa, por una parte; y, por otra, las normas por él citadas como erróneamente interpretadas no contienen preceptos jurídicos de valoración de la prueba, solo el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil consagra el deber del juez de apreciar la prueba en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, reglas que si bien no se encuentran expresamente señaladas en ninguna disposición legal, doctrinariamente se consideran como la aplicación de la lógica, los conocimientos científicos y la experiencia del juez, en la operación intelectual de la valoración de los medios de prueba debidamente actuados por las partes en el proceso, pero no basta mencionar la vulneración de este preceptos, pues, es necesario que el recurrente explique de qué manera el juzgador de instancia violentó la mentada disposición, determinando si ha sido por contravenir las reglas de la lógica, por contrariar ciertos conocimientos científicos o si con ello ha demostrado tal inexperiencia que la resolución cae en el absurdo, por lo que se desecha el cargo. TERCER CARGO: Por último, respecto de la impugnación propuesta con fundamento en la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación, por el que acusa errónea interpretación del Art. 110 causal tercera del Código Civil, encontramos que la menciona causal primera se refiere a Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios en la sentencia, que hayan sido determinantes en la parte dispositiva., contempla los llamados vicios de juzgamiento o in iudicando, que 6

7 tienen lugar en tres casos: a) Cuando el juzgador deja de aplicar al caso normas sustanciales que debía aplicar; b) Cuando el juzgador entendiendo bien la norma, la aplica a un supuesto fáctico diferente al hipotético planteado en ella, incurriendo con ello en la equivocada relación del precepto con el caso controvertido; y, c) Cuando el juzgador interpreta la norma, atribuyéndole un sentido y alcance que no tiene. Como queda dicho, en el caso en estudio, el recurrente acusa errónea interpretación del Art. 110 causal tercera, expone que en el fallo impugnado no se considera lo señalado por la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia, que señala: NO SE PUEDE OBLIGAR A DOS PERSONAS A VIVIR JUNTAS CUANDO AL MENOS UNA DE ELLAS ES CONTRARIA A TAL POSIBILIDAD, SIENDO LA MERA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE SEPARACIÓN INDICATIVA DE ESE CONTRARIO DESEO; POR OTRA PARTE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE SEPARACIÓN PONE DE MANIFIESTO LA RUPTURA DE LA AFFECTIO MARITALIS, FUNDAMENTO DEL MATRIMONIO Y SIN LA QUE ÉSTE CARECE DE SENTIDO ; y, que Los elementos señalados por la Corte Suprema de Justicia hoy Corte Nacional de Justicia, de la actitud hostil son: 1) DEBE EXISTIR UN COMPORTAMIENTO DE AGRESIÓN SISTEMÁTICA DE UN CÓNYUGE POR ACCIÓN U OMISIÓN, QUE REVELE CLARAMENTE ENEMISTAD Y LA INTENCIÓN DE PERTURBAR AL OTRO; 2) LA ACTITUD HOSTIL DEBE MANIFESTAR CLARAMENTE UN ESTADO HABITUAL DE FALTA DE ARMONÍA DE LAS DOS VOLUNTADES. LA LEY NO EXIGE GRAVEDAD DE ACTITUD HOSTIL; 3) ESTE ESTADO HABITUAL DE FALTA DE ARMONÍA DE LOS CÓNYUGES DEBE DARSE EN LA VIDA MATRIMONIAL; Y, POR TANTO ESTA CAUSAL NO PUEDE SER INVOCADA POR LOS CÓNYUGES QUE SE ENCUENTRAN SEPARADOS; 4) LA DEMANDA POR ESTA CUASAL DEBE SER PRESENTADA POR EL CÓNYUGE AGRAVIADO O PERJUDICADO. Respecto de la primera cita, conviene recordar que el recurrente planteó la demanda de divorcio con fundamento en la causal tercera del Art. 110 del Código Civil que prevé los casos de Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida 7

8 matrimonial., manifestando que en forma permanente y reiterada desde el día 7 de Diciembre del 2004, hasta el 1., de Septiembre del 2007, ha demostrado una actitud hostil en mi contra, esto es, un comportamiento contrario o antagónico, convirtiéndose en mi enemiga gratuita y pese a mis reiterados deseos de mantener una vida matrimonial normal, y mi permanente lucha porque el matrimonio no se destruya, he recibido como respuesta actitudes hostiles, lamentablemente todo esfuerzo realizado por el compareciente resultó inútil, lo que demuestra un estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial., por tanto debía centrar sus esfuerzos en demostrar los hechos por él alegados, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 116 del Código de Procedimiento Civil, en tal virtud, con respecto a la primera de sus citas, la sola presentación de la demanda de divorcio ni demuestra la permanente actitud hostil que dice observa en su contra la cónyuge demandada, ni es aplicable al caso, pues se trata de una cita sacada de contexto que refiere a un argumento esgrimido por la jurisprudencia española, que no ha sido admitido por la legislación ni el juez ecuatoriano como causa suficiente para dar por terminado el matrimonio, institución social, gobernada por normas institucionalizadas, protegida por la ley, fundamento de la familia, núcleo de la sociedad, constituida por vínculos jurídicos, basada en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. En cuanto tiene que ver con la otra de las citas invocadas, el actor debía probar la concurrencia de los cuatro elementos que configuran la causal de actitud hostil, lo que no ha logrado demostrar en forma fehaciente con las pruebas actuadas dentro del proceso, pues debía probar, entre otras cosas, un comportamiento de agresión sistemática por acción u omisión, pero los testigos que ha presentado no mencionan hechos puntuales que refieran dicha agresión u omisión, mencionan simplemente que la accionada no le atiende, que se portaba mal, hostigosa, e incluso, uno de ellos es 8

9 un testigo referencial pues expresa conocer sobre el particular porque le han conversado (fs. 30 y vta. del cuaderno de primera instancia), de tal suerte que no se ha justificado la causal de casación invocada, por lo que bien hizo el Tribunal Ad quem al rechazar la demanda. 6.- DECISIÓN: Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal de la Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de Justicia, integrado para resolver este caso, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no casa la sentencia dictada por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha el 16 de marzo de 2010, las 10H48. Sin costas ni multas.- Actúe la Dra. Patricia Velasco Mesías, como Secretaria Relatora encargada en virtud de la Acción de Personal No. 384 DNP de 8 de febrero de Leáse y Notifíquese.- f) Dra. Rocío Salgado Carpio, JUEZA NACIONAL, Dr. Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia, JUEZ NACIONAL, Dr. Eduardo Bermúdez Coronel, JUEZ NACIONAL, que certifica. F) Dra. Patricia Velasco Mesías, SECRETARIA RELATORA (E). CERTIFICO: Que las cinco (5) copias que anteceden son tomadas de sus actuaciones originales constantes en el juicio No PVM (Recurso de Casación) que sigue SEGUNDO YANCHAGUANO CARRILLO contra LIZ MACHASILLA QUINCHIGUANO. La razón que antecede no contiene enmendaduras ni borrones.- Quito, 11 de mayo de Dra. Patricia Velasco Mesías SECRETARIA RELATORA ( E ) 9