LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY.- CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.

Transcripción

1 LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY.- CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL. JUEZ PONENTE: DOCTOR WILSON MERINO SÁNCHEZ CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL Quito, 04 de octubre de 202, las 09h50 VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en nuestra calidad de Jueces de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, en virtud de haber sido designados y posesionados el 26 de enero del 202; de la distribución y organización de las Salas prevista en el Art.83 del Código Orgánico de la Función Judicial realizada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia y designados para actuar en esta Sala.- PRIMERO.- ANTECEDENTES: En el Juicio de Trabajo seguido por la señora Dolores María Zari Barros en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, y de su Hospital José Carrasco Arteaga en la persona del Eco. Fernando Guijarro Cabezas, Director General del IESS y del Eco. Ramiro Ordoñez Ochoa, Director Provincial del IESS, Azuay, así como del Dr. Marco Carrión Calderón, Director del Hospital; el demandado Eco. Ramiro Ordoñez Ochoa, Director Provincial del IESS, interpone recurso de casación de la sentencia dictada por la Sala Especializada de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay. SEGUNDO.- COMPETENCIA.- El Tribunal es competente para conocer el recurso de casación en virtud de las disposiciones contenidas en los Arts. 84 numeral de la Constitución de la República

2 del Ecuador; 83 inciso quinto; 84 y 9 numeral del Código Orgánico de la Función Judicial; de la Ley de Casación y 63 del Código del Trabajo; y de la razón que obra de autos.- TERCERO.- NORMAS DE DERECHO INFRINGIDAS Y CAUSALES ALEGADAS POR EL CASACIONISTA.- El casacionista fundamenta su recurso en la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación; pues manifiesta que existe errónea interpretación del Art. 8 del Mandato Constituyente número DOS, que las autoridades laborales velarán por el derecho a la estabilidad de los trabajadores, salvo en el caso de despido intempestivo, las indemnizaciones por supresión de puesto o terminación de relaciones laborales del personal de las instituciones contempladas en el artículo 2 de este mandato, acordadas en contratos colectivos, actas transaccionales, actas de finiquito y cualquier otro acuerdo bajo cualquier denominación, que estipule pago de indemnización, bonificación o contribuciones por terminación de cualquier tipo de relación individual de trabajo, será de siete salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de 20 salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total. Mediante auto de 7 de Agosto del 20, la Ex Primera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Nacional de Justicia, califica y admite a trámite el recurso.- CUARTO.- MOTIVACION.- El Art.76, numero 7,literal l) de la Constitución de la República dispone que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas, que no habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios en los que se funda y no se explica la pertinencia de aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Se ha dicho que los jueces deben tener presente que las decisiones judiciales siempre cuenten con una adecuada y estricta

3 motivación razonable; el juez motiva la sentencia y exterioriza sus razonamientos basado en el principio lógico de razón suficiente que indica que hay siempre una razón por la cual alguien hace lo que hace, que de esta forma se evitan arbitrariedades y se permite a las partes usar adecuadamente el derecho de la impugnación contra la sentencia para los efectos de la segunda instancia, planteándole al superior razones legales y jurídicas que desvirtúan los errores que condujeron al juez a su decisión. Porque la resolución de toda sentencia es el resultado de las razones o motivaciones que en ella explican. 4.. La demanda de casación debe cumplir con las reglas adjetivas que su planteamiento y demostración requieren, a efectos de que sea susceptible de un estudio de fondo, pues acorde con las normas procesales debe reunir los requisitos de técnica que aquella exige, que de no cumplirse puede conducir a que el recurso extraordinario resulte ineficaz. Además, debe entenderse, como en numerosas ocasiones ha dicho la Corte Nacional de Justicia, que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, puesto que la labor de la Sala, se limita a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el Juez de apelaciones al dictarla observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto La causal primera que se refiere a la violación directa de normas sustantivas en la parte resolutiva de la sentencia; siendo obligación del casacionista determinar cómo se violó la norma y que efecto causó dicha violación, sin olvidar que cuando se esgrime esta causal, se tienen como aceptadas, por el casacionista las conclusiones a las que llegó el juez en relación a los hechos y de cada una de las pruebas presentadas, disintiendo con éste, respecto de la aplicación, o no de la norma o normas sustantivas. QUINTO.- ANALISIS DEL CASO CONCRETO EN RELACION A LA IMPUGNACION PRESENTADA.- El casacionista señala que el IESS aplicó el inciso primero del art. 8 del mandato

4 Constituyente, 2, que en forma expresa dice que el monto de indemnización por terminación de la relación laboral de trabajo será de hasta siete salarios básicos unificados del trabajador privado, expresión que no es de carácter impositiva si no al contrario es facultativa, concediendo a la demandante, el estímulo de retiro voluntario, de acuerdo con lo que dispone el Contrato Colectivo Indefinido de Trabajo a Nivel Nacional celebrado entre el Sindicato Nacional Único de Obreros y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Art. 25; 5.- El Art. 25 del Contrato Colectivo celebrado entre el Sindicato Nacional Único de Obreros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el IESS dice INCENTIVO EXCEPCIONAL PARA LA JUBILACION.- El Instituto se compromete a reconocer un incentivo para la jubilación a los trabajadores que al momento de su renuncia probaren derecho a los beneficios de jubilación patronal del IESS, de vejez, de vejez por edad avanzada, a la de invalidez definitiva o a la de riesgos del trabajo si la incapacidad es total o permanente; al pago de una bonificación calculada en base al tiempo de servicio en el IESS y al sueldo mensualizado, siempre que acredite como mínimo quince años en el Instituto ; modificado por Revisión del Contrato Colectivo indefinido de Trabajo a nivel nacional, celebrado entre el Sindicato Nacional único de Obreros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el IESS el mismo que dice: Modificación por revisión.- En aplicación a lo dispuesto en el artículo 8 del Mandato Constituyente N 2, este incentivo excepcional para la jubilación que contempla el presente contrato colectivo, se sujetará a los límites establecidos en dicho artículo, esto es, de hasta siete salarios mínimos básicos unificados en dicho artículo, esto es de hasta siete (7) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de doscientos diez (20) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total En la demanda la actora manifiesta que presentó la renuncia para acogerse a la jubilación, y que el 30 de septiembre de 2009,

5 su empleador le canceló la suma de $33.50 como así aparece de la boleta de pago por incentivos jubilación IESS de fs. 85, con lo que la empleadora dio cumplimiento al pago de incentivo por jubilación prevista en el Art. 25 del Contrato Colectivo, sin que tenga derecho a los valores que se indica en el Art.8 del Mandato Constituyente 2; La Corte Constitucional en la sentencia N SAN-CC, Caso N AN dentro de la acción de incumplimiento seguida por la señora Beatriz Noemí Burbano Rojas en contra del Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dice En relación al denunciado incumplimiento del inciso segundo del artículo 8 del Mandato Constituyente N 2, es preciso señalar que el Art. 25 del Contrato único de Trabajo del IESS prevé un incentivo para jubilación, figura distinta a las previstas en la referida disposición del Mandato Constituyente N 2., es decir, al pago de indemnizaciones o bonificaciones por terminación de la relación laboral que también se hallen previstas en contrataciones colectivas u otros convenios entre empleadores y trabajadores sujetos al Código del Trabajo, razón por la que la accionante no se encontraba incursa en los supuestos del referido inciso del Art. 8 del Mandato, por tanto no podía ser beneficiaria de los valores establecidos por este concepto en el Mandato N 2. La Corte concluye que al haber entregado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social valores previstos en el contrato colectivo de trabajo por concepto de incentivo por jubilación, no existe incumplimiento del Mandato Constituyente N 2.De lo analizado se concluye que los recurrentes han justificado los cargos que con fundamento en la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación formula, en virtud de lo expuesto, este Tribunal ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, casa la sentencia dictada por la Sala Especializada de lo Laboral de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay el 20 de diciembre del 200, a

6 las 09H30, y se desecha la demanda.-.notifíquese y devuélvase. Fdo. Dres. Wilson Merino Sánchez (Juez Ponente), María del Carmen Espinoza V. y Paulina Aguirre Suárez, JUECES NACIONALES. Certifico.- Dr. Oswaldo Almeida Bermeo, SECRETARIO RELATOR.