JUICIO No LA REPÙBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. PONENCIA DEL DR: JOHNNY AYLUARDO SALCEDO

Transcripción

1 JUICIO No LA REPÙBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. PONENCIA DEL DR: JOHNNY AYLUARDO SALCEDO CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.- Quito, abril 12 de 2012; las 15h40 VISTOS: La Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Guayaquil, en el juicio seguido por John Rafael Valverde Villegas en contra de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil ECAPAG, dicta sentencia declarando con lugar la demanda. Inconforme con tal resolución, las partes litigantes interponen recurso de casación. Para resolver se considera: PRIMERO.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: Este Tribunal es competente para conocer y pronunciarse acerca del recurso deducido, con sujeción a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, en el Código Orgánico de la Función Judicial, en el Código del Trabajo y en la Ley de Casación; y, adicionalmente, atendiendo al sorteo de ley efectuado, cuya razón obra de fs. 9 del último cuaderno.- SEGUNDO.- ANTECEDENTES: A) RECURSO DEL ACTOR: En su recurso de casación manifiesta que considera infringidas las siguientes normas de derecho: los Arts. 17 y 78 del Décimo Cuarto Contrato Colectivo de Trabajo suscrito entre ECAPAG y sus trabajadores; Arts y 151 del Código Civil; Arts. 5, 52.1, 9, 83, 94, 95, 117, 584 y 588 del Código del Código del Trabajo; 35 de la Constitución Política de la República; los Art. inciso 2 de la Ley de Procedimiento Oral (R.O. 14 del 14 de 13 de Agosto de 2003, página 4); Art. 19 de la Ley de Casación; el Reglamento para la aplicación de la Ley Sustitutiva a la Compensación del Transporte; Ley para la Transformación Económica del Ecuador, Sup. R.O. 34 de 13 de Marzo de 2000; Art. 31 del Reglamento sobre Arreglo de Procesos y Actuaciones Judiciales. A.1) FUNDAMENTOS DEL RECURSO: El recurrente funda su recurso en la causal primera y segunda del Art. 3 de la Ley de Casación. Además, fundamenta la impugnación en la aseveración que por la infracción a las normas citadas no se le ha garantizado su derecho. B) RECURSO DE LA DEMANDADA: La parte demandada expresa que en la sentencia se han infringido las siguientes normas de derecho: Arts y 35.5 de la Constitución Política de la República; Arts y 35 del Código del Trabajo; Arts. 151, , 2392 y 2418 del Código

2 Civil; Arts. 73, 9.2, 14, 15, 170 y 34 del Código de Procedimiento Civil; Arts. 17 y 49 del Décimo Cuarto Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre ECAPAG y los trabajadores. B.1) FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Funda el recurso en las causales 1ª y 2ª del Art. 3 de la Ley de Casación. Fundamenta el reclamo de su recurso, en la infracción de las normas mencionadas. TERCERO: MOTIVACION.- La doctrina explica que: (...) La motivación de derecho involucrada en toda sentencia, se relaciona con la aplicación de los preceptos legales y los principios doctrinarios atinentes, a los hechos establecidos en la causa, con base en las pruebas aportadas por las partes. Por lo tanto, lo que caracteriza esta etapa de la labor del juez es, precisamente aquel trabajo de subsunción de los hechos alegados y aprobados en el juicio, en las normas jurídicas que los prevea, a través del enlace lógico de una situación particular, específica y concreta, con la prevención abstracta, genérica e hipotética contenida en la ley. Tal enlace lógico entre los hechos que el juez ha establecido como resultado del examen de las pruebas y las previsiones abstractas de la ley, se resuelve en lo que Satto llamó la valoración jurídica del hecho, esto es, la transcendencia que jurisdiccionalmente se atribuye al hecho, para justificar el dispositivo de la decisión y a este respecto, es clara la obligación que tiene el juez de expresar en su fallo las consideraciones demostrativas de aquéllas valoración, y justificativa del partido que toma el juez al aplicar los preceptos legales correspondientes, como única vía para que el fallo demuestre aquél enlace lógico hecho-norma que viene a ser el punto crucial de la motivación en la cuestión de derecho-; pues a través del examen de esas consideraciones, es como podrá efectuarse la determinación de si el juez erró o acertó en la aplicación de la ley 1. Entendida así, es en la motivación de la cuestión de derecho donde se encuentra virtualmente reconducida la parte más excelsa y delicada de la actividad decisoria del juez, pues al fin y al cabo el objetivo final de la jurisdicción es la declaración del derecho, que bajo el principio de la legalidad explica y al mismo tiempo condiciona la actividad del juez. Por ello la falta de motivación de la cuestión de derecho, constituye un vicio, quizás institucionalmente el más grave, en el que el órgano jurisdiccional puede incurrir (...) 2. Conforme el mandato contenido en el Art. 7, numeral 7, letra l) de la Constitución de la República, las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda o no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho establecidos en el proceso. La falta de motivación y de aplicación de la norma constitucional en referencia ocasiona la nulidad de la resolución.- Cumpliendo con la obligación constitucional de 1 Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela Recurso de Casación No Leopoldo Márquez Áñez. Motivos y Efectos del Recurso de Casación de Forma en la Casación Civil Venezolana. Pág. 40

3 motivación antes señalada, esta Sala fundamenta su resolución en el análisis que se expresa a continuación: CUARTO: ARGUMENTACION O RATIO DECIDENDI: De los argumentos de los recurrentes, a fin de dilucidar si el ataque a la sentencia tiene o no sustento, se procede a confrontarla con los cargos formulados en su contra y en relación con la normativa legal citada y los recaudos procesales, se observa que los recursos interpuestos por los litigantes tienen sustento legal por lo que fueron aceptados al trámite, siendo menester para el análisis hacer las siguientes consideraciones: A) DOCUMENTOS IMPUGANDOS POR EL ACTOR: Consta del proceso las actas de finiquito y de liquidación de haberes, de fecha de agosto de 2001, ( fs. 27, 28 y 29 del cuaderno de primera instancia), y la reliquidación de haberes por jubilación, de 19 de mayo de 2000 (fs. 25 a 2 ), las que han sido impugnadas por el actor. Examinados los documentos referidos se encuentra que, si bien estos han sido elaborados en forma pormenorizada y con participación del Inspector Provincial del Trabajo del Guayas, en ellos no se ha tomado en consideración la última remuneración del trabajador conforme lo dispone el Art. 95 del Código del Trabajo en concordancia con el Art. 17 del Contrato Colectivo de Trabajo referente al pago de la bonificación teniendo como base la última remuneración percibida por el trabajador; también reclama el actor que no se ha tomado en cuenta en la liquidación la última remuneración correspondiente al mes de julio, con el recargo que su incumplimiento genera. A.1) PERTINENCIA DE LA IMPUGNACIÓN: La impugnación del trabajador al finiquito realizado es procedente conforme la disposición prevista por el Art. 595 del Código del Trabajo, por cuanto en los documentos señalados se puede apreciar que no constan los rubros de comisariato, transporte, ni la remuneración correspondiente al de mes de julio a los que tiene derecho por haber trabajado hasta el día 27 de julio del último año laborado; respecto a los rubros de comisariato y transporte se advierte a fs. 34, estos eran pagados mensualmente por la empleadora, rubros que forman parte de la remuneración según lo determinado por el Art. 95 del Código del Trabajo, de manera que, si estos no constan incluidos en la liquidación practicada en el acta de finiquito, se vulneran los derechos del trabajador, garantizados por los principios de intangibilidad e irrenunciabilidad contenidos en la Constitución. A.2) IMPROCEDENCIA DE LA PRESCRIPCIÓN: La prescripción señalada en el considerando cuarto, literales b y c) de la sentencia impugnada, se analiza de conformidad con las normas previstas el Art. 32 (hoy 35) del Código del Trabajo, por lo que, examinados los autos, se observa que ella no existió por no haber transcurrido el plazo para que opere la prescripción;

4 A.3) FALTA DE PAGO DE LA ÚLTIMA REMUNERACIÓN: No consta en la sentencia de alzada que haya pronunciamiento expreso respecto al reclamo de pago de la remuneración correspondiente al mes de julio de 2001, asunto que, al no haber sido resuelto en sentencia, no obstante de existir el derecho y prueba instrumental de la pertinencia para su pago, el actor interpuso recurso de casación. CUARTO JURISPRUDENCIA.- Cabe recordarse que en varias resoluciones expedidas por la Corte Suprema Justicia, tales como la publicada en la Gaceta Judicial Serie XIII No. 13, pp , se establece que: Si algún derecho, por error, por desconocimiento de la Ley o de un contrato, olvido u otro motivo cualquiera, no se hubiese hecho constar en el finiquito, el trabajador no pierde tal derecho y conserva la facultad, en fuerza de lo establecido en el mencionado Art. 571 (592 del Código del Trabajo), para impugnar a dicho documento denominado finiquito y obtener que se rectifique el error u omisiones que se hayan cometido en el acta de liquidación(...). En varias ocasiones, tanto las Salas de la Corte Suprema como de la Corte Nacional, han manifestado que el finiquito, debe cumplir inexorablemente con dos requisitos para que este instrumento público - administrativo tenga plena validez y eficacia jurídica y sirva a su vez de instrumento liberatorio de obligaciones para el empleador y estas son: a) los requisitos de forma que son aquellos establecidos en el Código del Trabajo; y, b) los de fondo relativos a la obligación existente de respetar en este documento los derechos que la Constitución y la ley proclaman como irrenunciables. Siendo perfecto dicho instrumento cuando cumple ambos requisitos por que constituye obligación de los funcionarios judiciales y administrativos prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos (Art. 5 del Código del Trabajo. En cuanto al pago del bono por comisariato y al subsidio de transporte, es preciso tomar en cuenta que dichos valores han sido pagados en forma normal esto es mes a mes por la Empresa demandada, como consta justificado a fojas. 51 del cuaderno de primera instancia, misma que guarda relación con lo dispuesto en el Art. 95 del Código del Trabajo y con la resolución de 5 de enero de 2011, publicada en el R.O. Nº 393 de 25 de febrero del mismo año, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, resuelve: se considerará como parte de la remuneración, para el pago de las indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador de conformidad con el Art. 95 del Código del Trabajo, el o los bonos o subsidios de comisariato y/o por transporte que se paguen mensualmente ; resolución primera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Nacional de Justicia. 2 de abril de Jorge Novillo contra Ecapag. Se considera como parte de la remuneración, para el pago de las indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador de conformidad con el artículo 95 del Código

5 del Trabajo, el o los bonos o subsidios de comisariato y/o por transporte que se paguen mensualmente. ( ) TERCERO 3.2. El bono o subsidio de comisariato, al ser un beneficio que se paga mensualmente en una cantidad de dinero determinada, no es una compensación de orden social, por más que así se diga en el contrato referido por el recurrente, sino que conforme a la Constitución Política y al Art. 95 del Código del Trabajo, forma parte de la remuneración. 3. QUINTO: DECISION: En el acta de finiquito impugnada no consta la liquidación de la remuneración del mes de julio de 2001 alegada por el actor, por lo que consecuentemente este tiene derecho a dicha prestación, que, al no haber sido atendida en la sentencia, se produjo la falta de aplicación de la norma citada por el recurrente. Adicionalmente, al no haberse solucionado el pago del rubro referido anteriormente es procedente la aplicación del ultimo inciso del artículo 17 del decimo cuarto contrato colectivo. Tampoco consta de la liquidación efectuada por el tribunal del Alzada el rubro remunerativo correspondiente al subsidio de transporte y comisariato. Por lo antes señalado se considera que en la sentencia se han infringido las normas citadas por el actor. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, rechaza el recurso de casación presentado por la parte demandada y acepta el recurso de casación del actor, y dispone que la demandada pague al actor lo correspondiente a la liquidación de haberes. Lo que se deberá cumplir en los términos consignados en esta resolución. Incorpórese a los autos el escrito presentado, tómese en cuenta el casillero 5318 del Dr. Miguel Ángel Puente Asquet, Guillermo Javier Córdova y Ab. Iván de la Cruz para futuras notificaciones y hágase saber de la sustitución al Dr. Olmedo Lupera. Por licencia de la Dra. Gladis Terán Sierra, actúe el Doctor Káiser Arévalo Barzallo en calidad de Conjuez Nacional de conformidad con el oficio No. 38-SG_GNC del 29 de marzo de 2012 Notifíquese y devuélvase. Fdo. Drs. Johnny Ayluardo Salcedo.- Mariana Yumbay Yallico.- Kaiser Arévalo Barzallo. Certifico Dr. Oswaldo Almeida Bermeo. SECRETARIO RELATOR 3 Corte Nacional de Justicia, Jurisprudencia Ecuatoriana Ciencia y Derecho, Tomo I Pág. 335, Quito- Diciembre 2011.

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