LA REPÙBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY

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1 LA REPÙBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY JUICIO No PONENCIA DEL DR. JOHNNY AYLUARDO SALCEDO CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.- Quito,23 de noviembre de 202 las 09h00. En el juicio de trabajo seguido por Eduardo Enrique Álvarez Rosado en contra del Banco del Austro, Sucursal en Quito, en la interpuesta persona del señor economista Luis Patricio Robayo Hidrovo, en su calidad de Gerente General y Representante Legal. La Primera Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dicta sentencia con fecha 23 de junio del 200 a las 09h44, desechando el recurso de apelación interpuesto por la demandada y en los términos del fallo, confirma el venido en grado. ANTECEDENTES: Comparece el doctor Gonzalo Benalcázar Pavón, Procurador Judicial del Banco del Austro S.A., manifestando que insatisfecho con la sentencia expedida por la Primera Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, interpone recurso de casación por lo que, para decidir, se considera: PRIMERO:- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: Este Tribunal es competente para conocer y pronunciarse acerca del recurso deducido, con sujeción a lo dispuesto en el Art. 84. de la Constitución de la República del Ecuador; en el Art. 9 del Código Orgánico de la Función Judicial; en el Art. 63 del Código del Trabajo; y el Art. de la Ley de Casación; y, adicionalmente, atendiendo al resorteo de ley efectuado, cuya razón obra de fs. 3 del último cuaderno.- SEGUNDO: FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente, en su libelo de casación, manifiesta que en la sentencia se han infringido las siguientes normas: Los artículos 2020, 202, 2027, 2028, 2036, y 2094 del Código Civil, el Art. 308, inciso primero, del Código del Trabajo. El recurrente, además, funda su recurso en las causales era, y 3 era. del Art. 3 de la Ley de 2. Habiéndose realizado la confrontación de las causales señaladas en el recurso de casación interpuesto por la casacionista, con la sentencia y más piezas procesales, se advierte que su inconformidad se concreta en alegar lo siguiente: 2..) IMPUGNACIONES DE LA RECURRENTE A LA SENTENCIA: Sostiene que existe falta de aplicación del artículo 308 del Código del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2020, 202, 2027, 2028, 2036, y 2094 del Código Civil, el artículo 65,

2 inciso segundo, 5 del Código de Procedimiento Civil y de jurisprudencia contemplada en varias resoluciones- TERCERO: MOTIVACIÓN.- La doctrina explica que: "(...) La motivación de derecho involucrada en toda sentencia, se relaciona con la aplicación de los preceptos legales y los principios doctrinarios atinentes, a los hechos establecidos en la causa, con base en las pruebas aportadas por las partes. Por lo tanto, lo que caracteriza esta etapa de la labor del juez es, precisamente aquel trabajo de subsunción de los hechos alegados y aprobados en el juicio, en las normas jurídicas fuelos prevea, a través del enlace lógico de una situación particular, específica y concreta, con la prevención abstracta, genérica e hipotética contenida en la ley. Tal enlace lógico entre los hechos que el juez ha establecido como resultado del examen de las pruebas y las previsiones abstractas de la ley, se resuelve en lo que Satto llamó la valoración jurídica del hecho, esto es, la transcendencia que jurisdiccionalmente se atribuye al hecho, para justificar el dispositivo de la decisión y a este respecto, es clara la obligación que tiene el juez de expresar en su fallo las consideraciones demostrativas de aquella valoración, y justificativa del partido que toma el juez al aplicar los preceptos legales correspondientes, como única vía para que el fallo demuestre aquel enlace lógico hecho-norma que viene a ser el punto crucial de la motivación en la cuestión de derecho-; pues a través del examen de esas consideraciones, es como podrá efectuarse la determinación de si el juez erró o acertó en la aplicación de la ley". En el mismo sentido, respecto a los efectos del recurso de casación Márquez Añez dice que: "Entendida así, es en la motivación de la cuestión de derecho donde se encuentra virtualmente reconducida la parte más excelsa y delicada de la actividad decisoria del juez, pues al fin y al cabo el objetivo final de la jurisdicción es la declaración del derecho, que bajo el principio de la legalidad explica y al mismo tiempo condiciona la actividad del juez. Por ello la falta de motivación de la cuestión de derecho, constituye un vicio, quizás institucionalmente el más grave, en el que el órgano jurisdiccional puede incurrir (...)" 2. Conforme al mandato contenido en el artículo 76.7, letra I) de la Constitución de la República, las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda o no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho establecidos en el proceso. La falta de motivación y de aplicación de la norma constitucional en referencia, ocasiona la nulidad de la resolución.- Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela Recurso de Casación No MÁRQUEZ ÁÑEZ, Leopoldo, Motivos y Efectos del Recurso de Casación de Forma en la Casación Civil Venezolana, Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, (994),Pág. 40

3 Cumpliendo con la obligación constitucional de motivar la presente sentencia, este Tribunal de lo laboral, fundamenta su resolución en el análisis que se expresa a continuación: CUARTO: ARGUMENTACIÓN O RATIO DECIDENDI: 4..) SOBRE LA TUTELA JUDICIAL COMO EXPRESIÓN DEL ESTADO CONSTITUCIONAL.- El Estado democrático constitucional de derechos supone la consagración del principio de supra legalidad constitucional, es decir, la supremacía de la Constitución, la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de las personas y, estando en discusión derechos constitucionales; las juezas y jueces estamos obligados aplicar de manera directa e inmediata la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia4.2.) CONSIDERACIONES DEL RECURSO: El recurso de casación es un medio de impugnación de carácter extraordinario, público y de estricto derecho. Para Humberto Murcia Baillen, "la casación es un recurso limitado, porque la ley lo reserva para impugnar por medio de él solo determinadas sentencias, formalista; es decir, que impone al recurrente, al estructurar la demanda con la que sustenta, el inexorable deber de observar todas las exigencias de la técnica de casación a tal punto que el olvido o desprecio de ellas conduce a la frustración del recurso y aún al rechazo in limine del correspondiente libelo" 3. No es una tercera instancia. El objetivo fundamental del recurso, es atacar la sentencia para invalidarla o anularla por los vicios de fondo o forma de los que pueda adolecer; proceso que se verifica a través de un cotejamiento riguroso y técnico de la sentencia con el ordenamiento jurídico vigente, para encontrar la procedencia o no de las causales invocadas. Función jurisdiccional, confiada al más alto Tribunal de la Justicia ordinaria, que en el ejercicio del control de constitucionalidad y legalidad, lo que busca es garantizar la defensa del derecho objetivo en aras de la seguridad jurídica, pilar fundamental en los ciudadanos ante la ley, así como la unificación de la jurisprudencia, a través del desarrollo de precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración. De los argumentos del recurrente, a fin de dilucidar si la impugnación a la sentencia posee sustento jurídico, este Tribunal procede a confrontarla con los cargos formulados en su contra y en relación con la normativa legal citada y los recaudos procesales, se observa: elementos precisos para hacer racionalmente justificada y controlable la decisión." 4, en consecuencia, los juzgadores estamos obligados a dictar sentencias motivadas, lo que implica 3 MURCIA BALLÈN, Humberto, Recurso de Casación Civil, Bogotà P 7. 4 GASCÓN ABELLÁN Marina, LA PRUEBA JUDICIAL: VALORACIÓN RACIONAL Y MOTIVACIÓN (Universidad de Castilla-la Mancha) pág. 22

4 que los jueces debemos estar atados al texto de las normas jurídicas vigentes, debiendo, como exigencia, establecer la razón de nuestras razones, fundamentadamente, es decir, éstas no podrán ser arrogadas de manera arbitraria, sin ser colegidas de manera sólida y fundamentada. En este sentido, el tratadista Hugo Rocco señala que: "La norma jurídica es un mandato que, por estar expresado en forma abstracta, tiene necesidad de ser concretada, que es lo que hace precisamente el juez en la sentencia. Pero, evidentemente, en esta operación el juez no añade ningún particular de voluntad propia laya manifestada por el legislador. La operación por la cual, dada una norma general se determina cuál es la conducta que debe seguir en el caso concreto el particular sujeto a la norma, es una pura operación lógica y, como se suele decir, un silogismo, en el cual, tomada como premisa mayor la regla general, como menor el caso concreto, se deduce la norma que hay que seguir en el caso particular SOBRE LA CAUSAL TERCERA.- invocada en el documento contentivo del recurso, tiene que ver con la interpretación y aplicación de las normas reguladoras de la prueba en la apreciación de los hechos, a fin de que prevalezca la apreciación que debe hacerse de acuerdo a derecho y no a la que con criterio individual, hiciera el juez/a o tribunal apartándose de la sana crítica. Esta causal procede, cuando el Juez o Tribunal ha dado por establecidos los hechos violando las disposiciones legales que regulan la valoración de la prueba, en la certeza que éstos deben ser comprobados con arreglo a la ley. El recurrente, está obligado a explicar en qué consiste individualmente cada prueba mal apreciada o dejada de apreciar, detallando, cual es la que se dio por existente sin que obrara del proceso, o cual es la que constando de autos no ha sido valorada, comentándola además en su conjunto y en relación con las demás pruebas y precisando cómo este error ha repercutido en la decisión impugnada, el Dr. Andrade Ubidia Santiago. La Casación en el Ecuador, Andrade Asociados, Fondo Editorial, pág. 55, que dice: "La valoración de la prueba es una atribución jurisdiccional soberana o autónoma de los jueces o tribunales de instancia. El Tribunal de Casación no tiene otra atribución que la de fiscalizar o controlar que en esa valoración no se hayan violado normas de derechos que regulan expresamente la valoración de la prueba". SOBRE LA CAUSAL PRIMERA.- Contiene un vicio in iudicando, esto es, cuando se le atribuye a una norma de derecho un significado equivocado, de darse un caso así y si la sentencia viola los conceptos de una ley sustantiva o de fondo, hay un error de juicio. Lo que trata de proteger esta causal es la esencia y contenido de la norma de derecho de 5 ROCCO, Hugo. Tratado de Derecho Procesal. Tomo I. ED. EJEA. Página 25.

5 la Constitución y/o de cualquier código o ley vigente, y los precedentes jurisprudenciales obligatorios. Esta es una forma de violación directa de la ley que óbiga, al recurrente, a señalar cuál de las tres circunstancias de quebranto de la ley acusa: aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación pues, al Tribunal de casación le está vedado elegir una de ellas o cambiar lo indicado por el casacionista SOBRE EL CASO SUB JUDICE: a) HECHOS Y DERECHOS EN CONFLICTOS.- a).- En la especie, confrontadas las normas invocadas por el casacionista, este sostiene: a.) Que de la prueba actuada dentro del juicio, no ha sido analizada correctamente, argumenta también que el Tribunal Ad quem al dictar su sentencia, no aplicaron los precedentes jurisprudenciales obligatorios. Contrae su recurso a los siguientes puntos: ) En su recuro alega que el actor no se encuentra amparado en el Código del Trabajo, porque de autos consta el poder que obra a fojas 23 a 26, otorgado por el Banco del Austro S.A. a favor del señor Enrique Álvarez Rosado, instrumento público que se lo denomina "Poder Especial", el mismo que determina las facultades que las ejerce dentro de los limites previstos en los estatutos, reglamentos y en la política de la institución. 2) Con respecto a la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, el recurrente afirma que los juzgadores de instancia han incurrido en la falta de aplicación de los artículo 5 y 65 del Código de Procedimiento Civil, respecto a la causal primera varios fallos de la Corte Suprema de Justicia, constantes en la Gaceta Judicial Año CII, No. 9, página 2829, Gaceta Judicial, Año CII, Serie VII No. 0, página, 3295, Gaceta Judicial Año XCIX, No. página No. 8, las cuales no han sido tomadas en cuenta por la Primera Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia, de la Corte Provincial de Justicia de Quito, sic). Confrontadas las piezas procesales y la sentencia impugnada este Tribunal hace las siguientes consideraciones: ) Primera Sala de lo Laboral de la Corte Superior de Justicia de Pichincha, en su sentencia en el considerando Tercero dice: "La existencia de la relación laboral entre el actor y el Banco del Austro, a través de su representante legal, no es materia de controversia, se desprende de la demanda; y se corrobora con las pruebas actuadas". La Sala de segunda instancia tiene razón, pues la relación laboral se encuentra plenamente justificada con los siguientes documentos: a) Los roles de pagos que obran a fojas 9 a 22 del proceso; b) A Fs.-86 y 88 consta el informe del pago de la Décima Tercera Remuneración realizada por el Banco del Austro y presentada al Ministro de Trabajo, encontrándose el nombre del actor; c) El acta de inspección de trabajo a Fs. 225 de los autos, en la que hace referencia la inspectora del Trabajo de Pichincha en su parte pertinente, confirma que no se le permite al actor la

6 entrada a su lugar de trabador, d) A fojas. 29 de los autos consta documento de liquidación del señor Enrique Eduardo Rosado, en el que se indica que se paga las remuneraciones adicionales e inclusive una sanción salarial de $ 3,60 evidenciando claramente que es un trabajador; pues la aplicación del derecho disciplinario recae sobre los trabajadores, e) Igualmente a fs. 28 consta documento firmado por el Jefe Regional del RR.HH. del Banco del Austro, respecto al pago de fondos de reserva al actor, f) Por último a fojas 23 a 26, aparece poder especial a favor del actor, que aparezca que este ejerza representación legal, judicial y extrajudicial del Banco demandado, sino por el contrario funciones operativas y administrativas, a.2) Respecto de los precedentes jurisprudenciales, la parte demanda pretende atacar la legitimidad del poder otorgado en el que se confiere representación jurídica y administrativa al mandatario, mediante los fallos que conforman la jurisprudencia lo mismo que considera como no aplicados en la sentencia, lo que a todas las luces es improcedente, puesto que existe jurisprudencia acerca del tema en que analiza las relaciones laborales entre los empleados que desempeñan funciones de confianza e identidad corporativa y económica con la compañía, y están subordinados a ella así lo señalan varias resoluciones: Acción Extraordinaria de Protección No. 08--SEP-CC que sigue Reynaldo Iván Fuentes Cárdenas en contra de la sentencia emitida por la Primera Sala de lo Laboral y Social de la ex Corte Suprema de Justicia, de fecha 0 de septiembre de 20, Sentencia No , de la Segunda Sala de lo Laboral, publicada en el R.O. 96, 27-VI-997 seguido por Hugo Calderón en contra de Enkador S.A..; "Mandatario o empleado.- Cuando una persona tenga poder general para representar y obligar a la empresa, será mandatario y no empleado, y sus relaciones con el mandante se reglarán por el derecho común. Más si el mandato se refiere únicamente al régimen interno de la empresa, el mandatario será considerado como empleado. 6. De lo anotado, cuanto acaba de señalarse, indica, de manera inequívoca, que la relación jurídica existente entre los litigantes fue de carácter laboral por lo que se considera que el accionante, si bien ejerció el cargo de Gerente Regional de Operaciones - y Administración del Banco del Austro de la sucursal en la ciudad de Quito, no es menos cierto que- no fue factor o-mandatario con poder general para representar y obligar a la empresa, pues no consta de autos un contrato de mandato que así lo exprese, lo cual determina, inequívocamente, que sus funciones como gerente se referían al régimen interno de dicha empresa bancaria. Los gerentes de agencias, departamentales, financieros están subordinados a la reglamentación interna de la compañía, sólo tienen representación a nivel departamental, 6 Jurisprudencia: RELACIÓN LABORAL, Gaceta Judicial 3, 95. MANDATARIO Y CONTRATISTA, Gaceta Judicial 7, 964

7 provincial, regional y por ende sólo ejercen representación parcial en un determinado lugar, no es un ejecutor ni tampoco participa en las decisiones del Directorio, situación que los torna dependientes, no siendo el caso del gerente general o representante legal "con atribuciones de representación legal que debe reportarse semanal o mensualmente a un Directorio que aconseja y fija la política de la compañía". La relación del gerente de agencia de sucursal viene determinada por el hecho de las funciones desempeñadas, mas no por la naturaleza del vínculo que lo une con la sociedad. La relación será ajena al ámbito del derecho del trabajo cuando el desempeño de las tareas responda a ostentar la condición de administrador, representante jurídico, representante del directorio; será laboral cuando la actividad sea desempeñada por un tercero, dicha relación entre éste y la sociedad es de carácter interno, funciones que están vinculadas a la empresa mediante relación laboral de carácter especial denominados como trabajadores de alta dirección. El trabajo que realiza el gerente, el intermediario, el trabajador del hogar, el agente de comercio, el artista, el escritor de prensa, el técnico el transportista, el pasante, el profesional, deberán estar considerados dentro de las relaciones laborales de carácter especial para los cuales se debería establecer regímenes especiales ya que por sus actividades profesionales las que por su naturaleza y sus peculiares condiciones dentro de los procesos productivos se hace preciso el establecimiento de un régimen específico en donde se reconozca la existencia de la relación laboral de carácter especial. Por otro lado corrobora esta hipótesis el criterio que sobre los gerentes departamentales, señalara el Dr. Mera Giler quien dice que "estos están en relación de subordinación a la compañía, en la persona concreta del representante legal. A pesar de ostentar el cargo de Gerentes, y estar en una relación de confianza e identidad corporativa y económica con la compañía, están subordinados a ella: en última instancia, sus decisiones diarias siempre pueden ser alteradas y sus procedimientos cuestionados, por lo tanto, trabadores de la compañía, trabajadores de alto rango, pero trabajadores al fin. No tienen facultad de oponerse a las decisiones de su superior, atribución que sí tiene el representante legal. Deben, en última instancia, obedecer y su voluntad e iniciativa pueden ser sustituidas por la de su empleador. Inclusive pueden sus superiores, en ocasiones, ejercer control sobre su asistencia y su puntualidad al trabajo" 7. De lo anteriormente señalado se observa que no hubo infracción de las normas de derecho indicadas en el escrito de interposición del recurso ni ninguna de las circunstancias contempladas 7 MERA GILER, Alexis, Relaciones de Trabajo Especiales, Stampa Litografica, pág. 09.

8 en las causales antes invocadas con esta oportunidad de manera que en este punto no hay fundamento para casar la sentencia. QUINTO DECISIÓN.- Con estos razonamientos, y en consecuencia, resulta evidente que la sentencia emitida por el Tribunal Ad quem hace una correcta apreciación de las pruebas, de conformidad con la sana crítica y a los méritos procesales, sin haberse infringido las normas de derecho que alude el recurrente. En consecuencia hay una acertada y coherente aplicación de las normas legales; por lo que no existiendo fundamento legal, éste Tribunal de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, no casa la sentencia impugnada por la sentencia impugnada por la parte demandada. Sin Costas. Notifíquese. Fdo. Drs. Johnny Ayluardo Salcedo.- Gladys Terán Sierra.- Mariana Yumbay Yallico.- Certifico Oswaldo Almeida Bermeo. SECRETARIO RELATOR