RECURSO DE CASACIÓN Resolución No Juez Ponente: Dr. José Suing Nagua

Transcripción

1 Resolución No Juez Ponente: Dr. José Suing Nagua CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Quito, a 14 de diciembre de 2012; las 16h41 VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de haber sido designados por el Consejo de la Judicatura de Transición mediante Resolución No de 25 de enero de 2012, las Resoluciones No. 1 de 30 de enero de 2012 y No. 4 de 28 de marzo de 2012, de integración de las Salas Especializadas emitidas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, así como el acta del sorteo electrónico de causas y de integración de Tribunales de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 4 de abril de Conforma este Tribunal de Casación la doctora Maritza Tatiana Pérez Valencia, de acuerdo con el artículo 2, literal c), de la Resolución No de 27 de junio de 2012, y la Resolución No de 29 de agosto de El Contralor General del Estado, dentro del término legal, propone recurso de casación en contra de la sentencia dictada el 21 de julio de 2009 por el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Cuenca, que declaró la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones civiles confirmadas en la Resolución No de 14 de septiembre de 1995, emitida por la Contraloría General del Estado, a favor del demandante, señor Juan Rodrigo Arévalo Arízaga. Fundamenta su recurso en las causales: primera del artículo 3 de la Ley de Casación por falta de aplicación de los artículos 332, 336, 353 y 355 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, vigente a la época de determinación de responsabilidades; y subsidiariamente los artículos 70, 71, 73 y 85 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y el artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en la causal tercera del propio artículo 3 referido, por errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, lo que ha conducido a la no aplicación de las normas de derecho antes referidas en la sentencia y en relación a las pruebas aportadas en el juicio, toda vez que el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil establece que la prueba debe ser apreciable en conjunto de acuerdo a las reglas de la sana crítica ; y, en la causal cuarta del mismo artículo 3 de la Ley de Casación, por haberse decidido lo que no era motivo de la litis, dejándose de aplicar el artículo 277 del

2 Código de Procedimiento Civil de 1987, (actual 273) y 1014 del mismo cuerpo legal. Alega el recurrente que el Tribunal de instancia no ha considerado que operó la caducidad del derecho y prescripción de la acción para impugnar el acto administrativo contenido en la Resolución No de 14 de septiembre de 1995, por haber transcurrido con exceso el término previsto en el artículo 70 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa. Además, sostiene en su recurso que el Tribunal resolvió sobre las glosas números 2510 y 2513 emitidas en contra de personas distintas al actor, por lo que no pueden ser beneficiadas con la decisión. Adicionalmente, alega que la acción era improcedente por la vía judicial que se tomó, por cuanto cabía únicamente alegar la prescripción dentro de un juicio de excepciones a la coactiva, dado que este procedimiento de ejecución inició con la emisión de los títulos de crédito. En este sentido, sostiene que se debía obtener un acto administrativo que niegue la prescripción para que pueda ser impugnado por la vía judicial y que esto no ha acontecido en el caso. Por otro lado, argumenta que no han sido tomadas en cuenta pruebas documentales referidas a la interposición del recurso de revisión administrativa por parte del demandante. Finalmente, insiste en que el Tribunal resuelve sobre glosas establecidas no en contra del actor, sino de otros responsables solidarios, lo que produce la justificación de la causal cuarta para casar la sentencia. El recurso de casación así interpuesto fue admitido a trámite por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, mediante auto de 4 de marzo de 2010; y, se corrió traslado al demandante, quien lo contesta en tiempo oportuno. Pedidos los autos para resolver, se considera: PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución de la República; numeral 1 del artículo 185 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, artículo 1 de la Codificación de la Ley de Casación SEGUNDO: El Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Cuenca, en la sentencia recurrida, como queda señalado, resolvió declarar la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones civiles determinadas confirmadas mediante la Resolución No de 14 de septiembre de 1995, por haber transcurrido

3 el plazo de diez años contados desde que el acto administrativo se encontraba ejecutoriado hasta el 16 de mayo de 2007, fecha en la que se interpone la acción de impugnación, de conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado TERCERO: Esta Sala deberá determinar si lo resuelto por el Tribunal de instancia estuvo conforme, tanto a las normas jurídicas que sirvieron como su fundamento de derecho, cuanto a los presupuestos fácticos que fundamentaron la acción De la lectura del escrito que contiene el recurso de casación, se puede establecer que el recurrente ataca la sentencia por falta de aplicación de normas que hacen relación a recursos administrativos y jurisdiccionales y a la caducidad y prescripción de los actos administrativos dictados por la Contraloría General del Estado para establecer responsabilidades en los funcionarios públicos sometidos a su control. Esta Sala coincide con el Tribunal A quo en el argumento que señala en su sentencia que lo que fue materia de la controversia procesal no fue el contenido, validez o legitimidad del acto administrativo contenido en la Resolución No de 14 de septiembre de 1995, sino que lo que se analizó fue la existencia de supuestos jurídicos y de hecho que concluyan en la declaración de prescripción de las obligaciones civiles que dicha resolución confirmaba. Es decir, que no se discutía si las glosas fueron o no establecidas conforme a derecho, sino si su pago podía seguir siendo exigible a su responsable. En tal virtud, no caben los cargos hechos en contra de la sentencia en virtud de la cláusula primera del artículo 3 de la Ley de Casación Respecto a la causal tercera, no queda claro de qué manera el precepto normativo del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil fundamenta la transgresión de las normas que invoca el recurrente, como errónea interpretación siendo un precepto aplicable a la valoración de la prueba. La Corte Nacional de Justicia, y antes la Corte Suprema de Justicia, han dejado establecido de manera explícita que el recurso de casación tiene una naturaleza estricta y rigurosa en los requisitos para su admisibilidad. No es suficiente, por tanto, hacer mención a las causales en las que se fundamenta sin argumentar la manera en que se justifican respecto a normas de derecho. Aún más, en la especie consta que el Tribunal A quo ha apreciado las pruebas documentales para determinar si existió o no la prescripción alegada, siendo lo único que se estaba ventilando en el proceso. Los

4 documentos que dice el recurrente fueron obviados no ameritaban ser valorados por ser ajenos a lo que estuvo controvertido. Por esto, en consideración a los argumentos del numeral anterior, tampoco la Sala concluye que se justifique la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación Finalmente, con respecto a que el Tribunal de instancia resolvió asuntos que no fueron controvertidos, esta Sala, luego del análisis de la sentencia y de los títulos de crédito, concluye que del texto de éstos, consta la mención expresa de que el fundamento para determinar los valores fueron las glosas 2510, 2511, 2513, 2515, y Si los títulos de crédito aparejados a la demanda fueron emitidos en contra del demandante, lo que se exprese en ellos debe ser entendido como parte del fundamento para haber establecido su responsabilidad. Como queda dicho, la litis no se configuró respecto a la validez y legitimidad del acto administrativo, por lo que no cabe que en casación, esta Sala se pronuncie al respecto. Consecuentemente, tampoco se encuentra justificada la causal cuarta alegada CUARTO: Es preciso abonar a los argumentos esgrimidos en el acápite anterior en el sentido de que la declaratoria de prescripción de la acción de cobro de las obligaciones civiles confirmadas en la Resolución No de 14 de septiembre de 1995 afecta únicamente al demandante. La Sala hace esta consideración tomando en cuenta que existió un proceso judicial de impugnación al referido acto administrativo presentado por otros responsables solidarios involucrados en las glosas determinadas que no afectaba al demandante de esta causa por cuanto no fue parte procesal de aquel juicio. Si el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que sirvió de fundamento a la decisión del Tribunal de instancia dispone, en su parte pertinente, [l]as obligaciones nacidas de responsabilidades civiles culposas de que trata esta Ley, prescribirán en diez años contados desde la fecha en que la determinación confirmatoria de la responsabilidad civil culposa se hubiere ejecutoriado y será declarada por el Contralor General, de oficio o a petición de parte, o por los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo; por vía de impugnación o por vía de excepción al procedimiento de ejecución coactiva, este tiempo debía ser contabilizado desde que el acto administrativo se ejecutorió para el demandante. Nótese que tampoco era necesario el agotamiento de la vía administrativa ni la existencia de un acto de la administración que niegue la prescripción para acudir a su reconocimiento en

5 vía jurisdiccional, porque esta norma no limita a que por vía de impugnación sean los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo los que declaren prescrita la obligación si el elemento fáctico así lo sostiene. Tampoco puede estar sometida esta acción a las caducidades ordinarias para presentar la demanda de las determinadas en el artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, porque nunca podría aplicarse la regla transcrita que exige el transcurso de diez años para interponer la impugnación Por lo expuesto, sin que sea necesario realizar otras consideraciones, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, rechaza el recurso de casación interpuesto.- Notifíquese, publíquese y devuélvase. Ff) Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo.- Juez Nacional.- Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia. Jueza Nacional.- Dr. José Suing Nagua.- Juez Nacional. Certifico.- Dra. Yashira Naranjo Sánchez.- Secretaria Relatora.