CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL , VISTOS:

Transcripción

1 Archivo En el Juicio No que sigue la Luisa Cevallos Arteaga, representada por su procurador judicial Dr. Matías Cevallos Arteaga contra José Delgado Macías hay lo que sigue: Jueza Ponente: Dra. Paulina Aguirre Suárez CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- Quito a, 2 de agosto del 202, a las 09h VISTOS: (29-200) En virtud de que las Juezas y Jueces abajo firmantes, hemos sido debidamente designados por el Consejo de la Judicatura de Transición, mediante Resolución No de 25 de enero del 202; y, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución de 30 de enero del 202, nos designó para integrar esta Sala Especializada; y conforme el acta de sorteo que consta en el expediente, somos competentes para conocer la presente causa.- Antecedentes: En el juicio ordinario de nulidad de sentencia que sigue Luisa Francisca Cevallos Arteaga contra José Antonio Delgado Macías y Ab. Juvencio Antonio Caballero Ortega; interpone recurso de casación el demandado José Antonio Delgado Macías respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial Justicia de Manabí, el 2 de diciembre del 2009, a las 5h45, que confirma el fallo del juez de primer nivel que aceptó la demanda.- El recurso se encuentra en estado de resolver, para el efecto, la Sala hace las siguientes consideraciones: PRIMERO: Competencia: Este Tribunal de la Sala es competente para conocer el recurso de casación en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 numeral de la Constitución de la República del Ecuador, el Art. 90. del Código Orgánico de la Función Judicial y el Art. de la Ley de Casación; por cuanto el recurso de casación ha sido calificado y por ende, admitido a trámite por la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, mediante auto de 7 de junio del 200; las 0h35, por cumplir con los requisitos de procedencia, oportunidad, legitimación y formalidades acorde a lo dispuesto en el Art. 6 de la Ley de Casación; y, por corresponder a este Tribunal la resolución del recurso de casación, en virtud del sorteo realizado acorde a lo previsto en el Art. 83, inciso quinto del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme obra de la razón precedente.- SEGUNDO.- Fundamentos del recurso de casación: 2..- El casacionista fundamenta su recurso en la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación por falta de aplicación de los Arts. 7,72, 300, numerales y 2, 30 y 273 del Código de Procedimiento Civil; y, por falta de aplicación de los precedentes doctrinarios y jurisprudenciales de Convalidación y Homologación de sentencias dictadas en otros Estados, consagradas en el Código Sánchez Bustamante y otros instrumentos internacionales.- En estos términos fija el objeto del recurso y, en consecuencia, lo que es materia de análisis y decisión de la Sala de Casación, en virtud del principio dispositivo consagrado en el Art de la Constitución de la República y regulado por el Art.

2 9 del Código Orgánico de la Función Judicial Con cargo en esta causal el recurrente formula las siguientes acusaciones: Que a la presentación de la demanda ha operado el Principio Universal del Derecho de Preclusión o Eventualidad que expresamente lo alegó, pues el reclamo contenido en la demanda no solo es extemporáneo, sino improcedente Que invoca la Convalidación, Homologación o Exequátur de las Sentencias dictadas en otros Estados y que tengan por objeto su vigencia y aplicación en el Estado ecuatoriano consagrados en el Código Sánchez de Bustamante, la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros y otros instrumentos internacionales que cita en su recurso de casación, los cuales expresa son de jerarquía superior a las leyes nacionales y que al dejarlos de aplicar han influido en la decisión de la causa Que no se ha aplicado la norma del Art. 72, numeral 2º del Código de Procedimiento Civil respecto a que no podrán ser demandadas en un mismo libelo dos o más personas por actos, contratos u obligaciones diversos, que tenga diversa causa u origen, como dice ocurre en este caso, ya que el compareciente y el Ab. Caballero Ortega, tienen nada en común en los intereses por los que se encuentran demandados en este juicio; además que se está demandando acciones diversas e incompatibles Otro cargo es que no se ha aplicado en Art. 300 y el Art. 30 numeral º del Código de Procedimiento Civil, normas que establecen que la demanda de nulidad de sentencia ejecutoriada sólo podrá ser intentada por el vencido mientras no se hubiere ejecutado la sentencia y que no habrá lugar a la acción de nulidad, si la sentencia ya ha sido ejecutada, como expresa ocurre en el presente caso, pues la sentencia del Juez Vigésimo de lo Civil de Manabí se encuentra marginada e inscrita en la Jefatura Provincial del Registro Civil e Identificación de esa Provincia Tomo 3, Pág. 4, Acta 648, por tanto está ya ejecutada desde el 4 de mayo del 2006, en tanto que la demanda materia de esta causa fue propuesta el 4 de julio del 2007 y las citaciones por la prensa datan de 3, 4 y 5 de noviembre de ese año, seis meses después de estar ejecutada Finalmente acusa que no es pertinente demandar en un mismo libelo dos sentencias de jueces que tienen distinto fuero como es el caso de la Corte Superior de New Jersey, de la División Familiar del Condado de Hudson de los Estados Unidos de Norteamérica.- TERCERO.- Motivación: Conforme el mandato contenido en el Art. 76, numeral 7, letra l) de la Constitución de la República, las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda o no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho establecidos en el proceso.- La falta de motivación y por lo mismo de aplicación de la norma constitucional en referencia ocasiona la nulidad de la resolución.- Cumpliendo con la obligación constitucional de motivación antes señalada, este Tribunal de la Sala fundamenta su resolución en el análisis que se expresa a continuación: 3..- La causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación procede por: Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva..- El vicio que la causal primera

3 imputa al fallo es el de violación directa de la norma sustantiva, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, porque no se ha dado la correcta subsunción del hecho en la norma; es decir no se ha producido el enlace lógico de la situación particular que se juzga con la previsión hipotética, abstracta y genérica realizada de antemano por el legislador; yerro que se puede producir por tres diferentes tipos de infracción, que son: por la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de las normas de derecho; siempre que estos vicios sean determinantes de la parte dispositiva de la sentencia o auto, lo que el recurrente debe fundamentar debidamente. La aplicación indebida ocurre cuando la norma ha sido entendida rectamente en su alcance y significado; más se la ha utilizado para un caso que no es el que ella contempla. La falta de aplicación se manifiesta si el juzgador yerra ignorando la norma en el fallo, la cual efectivamente si es aplicable al caso que se está juzgando. La errónea interpretación tiene lugar cuando, siendo la norma cuya transgresión se señala la pertinente para el caso, el juzgador le ha dado un sentido y alcance que no tiene, que es contrario al espíritu de la Ley Respecto del primer cargo, tenemos que el recurrente no concreta su acusación pues se limita a enumerar una serie de Tratados Internacionales relativos a la convalidación, homologación y ejecución de sentencias o laudos arbitrales dictados por otros Estados o por Tribunales Internacionales de Arbitrajes; refiriéndose únicamente a la norma del Art. 423 del Código Sánchez de Bustamante, norma que dispone: Art Toda sentencia civil o contencioso - administrativa dictada en uno de los Estados contratantes, tendrá fuerza y podrá ejecutarse en los demás si reúne las siguientes condiciones:.- Que tenga competencia para conocer del asunto y juzgarlo, de acuerdo con las reglas de este Código, el juez o tribunal que la haya dictado; 2.- Que las partes hayan sido citadas personalmente o por su representante legal, para el juicio; 3.- Que el fallo no contravenga al orden público o al derecho público del país en que quiere ejecutarse; 4.- Que sea ejecutorio en el Estado en que se dicte; 5.- Que se traduzca autorizadamente por un funcionario o intérprete oficial del Estado en que ha de ejecutarse, si allí fuere distinto el idioma empleado; 6.- Que del documento en que conste reúna los requisitos necesarios para ser considerado como auténtico en el Estado de que proceda, y los que requiera, para que haga fe, la legislación del Estado en que se aspira a cumplir la sentencia. Como podemos apreciar, esta norma del Código de Derecho Internacional Privado, establece una regla general que es la que toda sentencia dictada en uno de los Estados contratantes, como lo es el Ecuador, tiene fuerza y podrá ejecutarse en otro Estado signatario, pero además, esa disposición establece las condiciones para que pueda operar tal extraterritorialidad de una sentencia, en la primera de ellas claramente se determina que el país donde se dictó el fallo tenga competencia para conocer el asunto y juzgarlo.- En el presente caso, tratándose de un tema que tiene relación a la familia y al estado civil de las personas, esta es una cuestión de Derecho Público, pues la familia goza de la protección del Estado ecuatoriano, según lo previsto en el Art. 67 de

4 nuestra Constitución que dispone: Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan íntegramente la consecución de sus fines. Estás se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades. El Código de Procedimiento Civil dispone que las sentencias extranjeras se ejecutarán si no contravinieren al Derecho Público Ecuatoriano o a cualquier ley nacional y si estuvieren arregladas a los tratados y convenios internacionales vigentes. A falta de tratados y convenios internacionales, se cumplirán si, además de no contravenir al Derecho Público o a las leyes ecuatorianas, constare del exhorto respectivo: a) Que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada, conforme a las leyes del país en que hubiere sido expedida; y, b) Que la sentencia recayó sobre acción personal.- En materia de derecho de familia, el mismo Código de Procedimiento Civil en la norma del Art. 29 claramente establece: Cuando uno de los cónyuges fuere ecuatoriano, no podrá anularse, ni disolverse por divorcio el matrimonio contraído en el Ecuador, sino mediante sentencia pronunciada por jueces ecuatorianos..- Así lo ha analizado el Tribunal ad quem en el considerando Cuarto de su fallo cuando acertadamente aplica esta normatividad para declarar la nulidad de la sentencia del Juez Vigésimo de lo Civil de Manabí que autorizó la convalidación y dispuso la marginación en el Registro Civil de una sentencia de divorcio expedida por un juez del Estado de New Jersey de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando los cónyuges son ecuatorianos y contrajeron matrimonio en el Ecuador Sobre el segundo cargo, es necesario puntualizar que el Ab. Juvencio Caballero Ortega actuó como supuesto Procurador Judicial de la actora en este juicio, Luisa Francisca Cevallos Arteaga, compareciendo a su nombre y representación ante el Juez Vigésimo de lo Civil de Manabí para solicitar la convalidación de la sentencia de divorcio expedida un juez de Estado de New Jersey, Estados Unidos de Norteamérica, que declaró la disolución del vínculo matrimonial entre Antonio Delgado Macías y Luisa Francisca Cevallos Arteaga; por tanto, es correcto que se haya demandado a dicho abogado, quien es parte en este proceso, ya que no se trata de cuestiones diversas o que tienen origen en diferentes actos o contratos.- Además, en este aspecto cabe destacar que si bien la pretensión de la actora en su demanda es también que se declare la nulidad de la sentencia de divorcio antes referida dictada en el exterior, el Tribunal ad quem desestimó esta petición por considerar que un juez ecuatoriano no tiene competencia para declarar tal nulidad; por tanto, el cargo de que se ha demandado y resuelto sobre asuntos diversos e incompatibles carece de fundamento Se acusa también de falta de aplicación en la sentencia recurrida de los Arts. 300 y 30 numeral º del Código de Procedimiento Civil en lo relativo a que no es procedente demandar la nulidad de una sentencia ejecutoriada y ejecutada.- Estas disposiciones son aplicables cuando se alega la nulidad de sentencia por alguna de las causales de nulidad contempladas en el Art. 299 del Código de Procedimiento Civil, esto es, por falta de jurisdicción o por incompetencia del juez que la dictó; por ilegitimidad de personería de cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio; y, por no haberse citado la demanda al demandado, si el juicio se ha

5 seguido y terminado en rebeldía. En el presente caso, como se lo analizó pormenorizadamente en el numeral 3.2. de este fallo, el asunto materia de este proceso compromete temas de familia que son de Derecho Público, en los que el juzgador debe mirar más allá del interés meramente particular y debe considerar el orden de interés social que tiene este asunto, quedando en claro que son nulas las sentencias expedidas en país extranjero por la cual se declare disuelto el vínculo matrimonial cuando al menos uno de los contrayentes sea de nacionalidad ecuatoriana y el matrimonio se haya celebrado en el Ecuador; nulidad que opera de pleno derecho por contravenir al derecho público, el acto es nulo y como tal es inexistente, sin que pueda surtir efectos jurídicos, siendo irrelevante el hecho de que estuviera o no ejecutada la sentencia.- Por lo expuesto, se desechan todos los cargos por la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación.- En base a las consideraciones que anteceden la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no casa la sentencia dictada por la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial Justicia de Manabí, el 2 de diciembre del 2009, a las 5h45.- Como del proceso se observa la existencia de posibles infracciones penales, para los efectos previstos en el Art. 25, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil, se dispone que por Secretaria se obtenga las copias certificadas necesarias y se oficie al Ministro Fiscal Distrital del Manabí.- Entréguese a la actora el valor consignado como caución.- Sin costas.- Notifíquese y devuélvase.- f) Dra. Paulina Aguirre Suárez, Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo, Dr. Eduardo Bermúdez Coronel, Jueza y Jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia.