RESOLUCIÓN NÚMERO: VEINTISEIS Tumbes, diecisiete de diciembre del dos mil diez
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- Cristóbal Torres Bustamante
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1 EXPEDIENTE N : JR-CI-01 DEMANDANTE : SEGUNDO JUAN ZARATE SOCOLA DEMANDADO : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES MATERIA : IMPUGNACIÓN DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA RESOLUCIÓN NÚMERO: VEINTISEIS Tumbes, diecisiete de diciembre del dos mil diez VISTOS: El recuso de apelación interpuesto por el Procurador Público del Gobierno Regional de Tumbes, donde solicita se revoque la sentencia apelada, reformándola se declare infundada la demanda FUNDAMENTOS DE LA APELACION: El Procurador Público del Gobierno Regional de Tumbes, en su recurso de apelación argumenta lo siguiente: a).- El A quo ha incurrido en error de derecho, porque no ha tenido en cuenta el artículo 23º del Decreto Supremo TR, Reglamento de la Ley 27803, que prescribe la reincorporación, genera un nuevo vínculo laboral, sea mediante contratación o nombramiento, el régimen laboral será el que corresponde a la plaza presupuestada vacante tomando como referencia la plaza que ocupaba al momento del cese. b).- El refrigerio y movilidad que aduce el administrado lo adquirió mediante sentencia judicial y en aquella época era un cesante, al ser reincorporado como trabajador activo, no le corresponde continuar percibiendo dicho beneficio debido a que en la actualidad los servidores de dicho sector no vienen percibiendo. c).- En atención a estas circunstancias la Resolución Directoral del Gobierno Regional de fecha veintitrés de enero del dos mil siete, y la Resolución Ejecutiva Regional del veinte de agosto del dos mil siete, se ha expedido de conformidad con la Ley y su Reglamento Decreto Supremo TR., y no se ha incurrido en causal de nulidad contemplada en el artículo 10º de la Ley 27444, manteniendo vigencia las resoluciones. d).- La naturaleza del agravio de mantenerse la sentencia apelada, constituye un atentado contra la reincorporación y reubicación laboral, ya que dicho proceso se ha llevado a cabo a través de las etapas señaladas en el artículo 4º del Plan Operativo de Ejecución de los 1
2 beneficios establecidos en la ley 27803, aprobado por Resolución Ministerial TR, y trae consigo un perjuicio económico en agravio del patrimonio del Gobierno Regional ANTECEDENTES 1. El veintinueve de octubre del dos mil siete, Segundo Juan Zárate Sócola, interpone demanda Contenciosa Administrativa contra el Gobierno Regional de Tumbes, con la finalidad de que se declare judicialmente la ineficacia de la Resolución Ejecutiva Regional Nº /GOB.REG.TUMBES-P., de fecha veinte de agosto del dos mil siete, que declara infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Directoral Nº /GOB.REG.TUMBES-DRAT-D, de fecha treinta de marzo del dos mil siete, expedida por el Director Regional de Agricultura de Tumbes; porque no tiene derecho el demandante a percibir el beneficio por refrigerio y movilidad, por que se trata de beneficios pensionables y porque no le corresponde dicho beneficio a la plaza que fue reincorporado El Juzgado Mixto Permanente de Tumbes, mediante sentencia de folios doscientos veintiocho y siguientes, de fecha catorce de mayo del dos mil diez, declara fundada la demanda interpuesta por Segundo Juan Zárate Sócola; disponiendo que el Gobierno Regional de Tumbes, expida nueva resolución reincorporándolo al régimen pensionario del Decreto Ley 20530, así como el pago de la compensación económica por refrigerio y movilidad; bajo el argumento central de que al demandante se le ha reconocido al momento de su cese irregular en el año de mil novecientos noventa y tres como pensionista del régimen del Decreto Ley 20530, tal como se advierte de la resolución de folios ocho con el que se le suspende la pensión; derecho que ha percibido en la vigencia de la Constitución de mil novecientos noventa y tres, al haber sido reincorporado al servicio activo, también se le debe reincorporar al régimen del Decreto Ley 20530; por lo que a criterio del juzgador se trata de un derecho adquirido por el demandante, por mandato de la Primera Disposición Final y Transitoria de nuestra Constitución Política, que prescribe los regímenes sociales referidos a pensiones de los trabajadores públicos no pueden afectar los derechos legalmente adquiridos correspondientes al Decreto Ley
3 3. El Procurador Público del Gobierno Regional de Tumbes, en su recurso de apelación señala que, se ha incurrido en error de derecho, por no tenerse en cuenta el artículo 23º del Decreto Supremo TR, Reglamento de la Ley 27803; que prescribe la reincorporación, genera un nuevo vínculo laboral; el refrigerio y movilidad que aduce el administrado lo adquirió mediante sentencia judicial cuando era cesante, al ser reincorporado como trabajador activo, no le corresponde percibir FUNDAMENTOS 1. La pretensión invocada en el petitorio de la demanda por Segundo Juan Zárate Sócola, es que, el órgano jurisdiccional declare la nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional Nº /GOB.REG.TUMBES-P., de fecha veinte de agosto del dos mil siete, que declara infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Directoral Nº /GOB.REG.TUMBES-DRAT-D, de fecha treinta de marzo del dos mil siete, expedida por el Director Regional de Agricultura de Tumbes; que resuelve declarar no corresponderle el beneficio por refrigerio y movilidad, y acumulativamente por derivar de la misma resolución, se le haga las retenciones al sistema previsional regulado por el Decreto Ley y no al sistema del Decreto Ley La pretensión en la forma invocada se encuentra amparada en el inciso 1) del artículo 5º de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 27584, norma que prescribe en el proceso Contencioso Administrativo puede demandarse pretensiones con el objeto de obtener la declaración de nulidad total o parcial o ineficacia de los actos administrativos; tramitándose bajo los mecanismos de la vía procesal del proceso especial El derecho a la seguridad social está consagrado en el artículo 10º de la Constitución Política del Estado, por tanto toda persona que presta servicios al estado, bajo régimen laboral, tiene derecho a percibir los beneficios del régimen del Decreto Ley o 19990, para percibir una pensión mensual, previo cumplimiento de los requisitos correspondientes El Tribunal Constitucional ha precisado el derecho fundamental a la pensión, tiene naturaleza de derecho social con contenido económico, que surge del Estado Social de Derecho, que impone a los poderes públicos la obligación de proporcionar a las 3
4 personas las prestaciones respectivas, previo cumplimiento de los requisitos que la ley regula; para cubrir sus necesidades vitales para su existencia (STC AI, AI, AI, AI, AI, acumulados, ver fundamento 74) El artículo 3º de la Ley 2839, que modifica la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución, prescribe los siguiente: Declárese cerrado definitivamente el régimen pensionario del Decreto Ley En consecuencia a partir de la entrada en vigencia de esta reforma constitucional, no están permitidas la nuevas incorporaciones o reincorporaciones al régimen pensionario del Decreto Ley Los trabajadores que, perteneciendo a dicho régimen, no hay cumplido con los requisitos para obtener la pensión correspondiente, deberán optar por el sistema nacional de pensiones o el sistema privado de administradoras de fondos de pensiones ; la citada norma constitucional, antes de su modificación establecía: Los nuevos régimen sociales obligatorios, que sobre materia de pensiones de los trabajadores públicos se establezcan, no afectan los derechos legalmente obtenidos, en particular el correspondiente a los regímenes de los Decretos Leyes y y sus modificatorias. El artículo 2º de la ley 28449, que establece nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley 20530, prescribe, el régimen del Decreto Ley 20530, es un régimen cerrado que no admite nuevas incorporaciones ni reincorporaciones de conformidad con la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú; solo se considerarán incorporados al régimen regulado por el Decreto Ley 20530: (.) 2. Los trabajadores sujetos al régimen del Decreto Ley que, a la fecha de la entrada en vigencia de la modificación de la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política, habían cumplido con todos los requisitos para obtener la pensión La Teoría de los derechos adquiridos, se sustenta en la ultractividad de las normas, una nueva ley no modifica las normas que estaban vigentes al momento en que se adquirieron los derechos, siempre que la relación jurídica se haya constituido durante la vigencia de la norma antigua, se haya producido el supuesto previsto en la norma y se haya generado y gozado del beneficio antes de su supresión. En cambio la Teoría de los hechos cumplidos, propugna la aplicación inmediata de las normas, los efectos o 4
5 los hechos que se produzcan o cumplan luego de la entrada en vigencia de la nueva ley, se rige por ésta; su fundamento radica en que no se puede desconocer el carácter obligatorio de las normas luego de su entrada en vigencia El Tribunal Constitucional ha declarado la constitucionalidad de las leyes y 28449, en su sentencia STC AI, AI, AI, AI, AI, acumuladas; corresponde entonces determinar si el demandante adquirió el derecho de pertenecer al régimen del sistema de pensiones del Decreto Ley 20530, de ser afirmativa la respuesta, determinar si las leyes y cierran en forma definitiva el citado régimen pensionario, desterrando nuevas incorporaciones o reincorporaciones Se establece como probado que el demandante, ha pertenecido al régimen de pensiones del Decreto Ley 20530, conclusión a que se llega por la emisión de la Resolución Directoral de folios ocho, con el que se le suspende del citado régimen pensionario; reincorporándose al servicio público en aplicación de la ley y sus modificatorias y normas conexas, conforme se aprecia de la resolución de reincorporación de folios ciento trece y siguientes a partir de uno de enero del dos mil siete en su calidad de nombrado, estableciendo su régimen pensionario el del Decreto Ley 19990; sin embargo teniendo en cuenta la adquisición de un derecho no se adquiere desde la fecha en que se presenta la petición, sino desde el momento que el beneficiario cumple con los requisitos para solicitar; en el caso concreto de autos el accionante ha adquirido el derecho del régimen pensionario antes del cierre del sistema pensionario regulado por el Decreto Ley 20530, el Tribunal Constitucional en el Expediente /PA-TC, ha interpretado la Constitucional, precisando que la Primera Disposición Transitoria y Final, contempla dos supuestos para el cierren del régimen: Se aplica a quienes no han accedido al sistema pensionario del Decreto Ley 20530, y en consecuencia no tienen derecho a ser incorporados y a quienes ostentado la calidad de trabajadores y estando dentro del régimen no alcanzaron los requisitos para acceder a una pensión de cesantía conforme a los previsto en el artículo 4º de la ley 20530, vale decir no tienen derecho a acceder a una pensión; en el caso del autos el demandante no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos; por lo que corresponde confirmar la sentencia apelada
6 9. Teniendo en cuenta los considerandos precedentes; la resolución impugnada contraviene el principio de legalidad, previsto en el artículo 10.1 de la Ley Con relación al extremo, de la bonificación por refrigerio y movilidad, el demandante ha obtenido dicho derecho, tal como se dispone en la sentencia expedida en el Expediente , sobre Proceso de Amparo, seguido por el demandante y otros contra el Ministerio de Agricultura; derecho adquirido que no se le puede recortar; toda vez que el argumento del apelante que este beneficio le fue concedido cuando se encontraba el demandante en su condición de cesante y al ser reincorporado los ha perdido, no merece ningún sustento ni análisis Por las consideraciones expuestas; las normas legales invocadas; amparados en el artículo 39º de la Ley Orgánica del Poder Judicial; CONFIRMARON la sentencia contenida en la resolución número dieciocho, de folios doscientos veintitrés a doscientos veintiocho; que declara fundada la demanda de Impugnación Resolución Administrativa, interpuesta por Segundo Juan Zárate Sócola, contra el Gobierno Regional de Tumbes; en su virtud ordena que el Gobierno Regional de Tumbes, expida nueva resolución reconociendo al demandante su reincorporación al régimen pensionario del Decreto Ley 20530; así como el pago del derecho de la compensación económica por refrigerio y movilidad; INTEGRANDOLA, declararon la NULIDAD de la Resolución Nº /GOB.REG.TUMBES-P., de fecha veinte de agosto del dos mil siete, emitido por el Gobierno Regional de Tumbes; con los demás que contiene. Interviniendo como Juez Superior ponente, el señor Valencia Hilares. Señores Jueces Superiores: Valencia Hilares, Maqui Vera y Lezcano Fernandez. Secretaria: Teresa A. Nole Zapata.- 6
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