RESOLUCIÓN NÚMERO: DIECISEIS. Tumbes, veintisiete de agosto del dos mil nueve.-

Transcripción

1 EXPEDIENTE N : DEMANDANTE : RUBEN DARIO PEÑA OLIVOS NELIDA LUCRECIA TRINDADE MENDOZA GUSTAVO VILELA MEDINA DEMANDADO : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÒN DE TUMBES Y GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES. MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA RESOLUCIÓN NÚMERO: DIECISEIS Tumbes, veintisiete de agosto del dos mil nueve.- VISTOS: En audiencia Pública del día de la fecha; con el Dictamen Fiscal Superior que antecede; viene en grado de apelación la resolución número siete, de folios doscientos cuarenta y nueve a doscientos cincuenta y tres, de fecha once de febrero del dos mil nueve, corregida mediante resolución número ocho de folios doscientos setenta y seis a doscientos setenta y siete; que declara Infundada la demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por Rubén Darío Peña Olivos, Nelida Lucrecia Trindade Mendoza y Gustavo Vilela Medina; contra la Dirección Regional de Educación de Tumbes y el Gobierno Regional de Tumbes, en su virtud declara la nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional Nº /GOB.REG.TUMBES-P, corregida mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº /GOB.REG.TUMBES-P y la nulidad de la Resolución Regional Sectorial Nº 127, de fecha veintidós de enero del dos mil siete, rectificada por Resolución Regional Sectorial Nº 726 de fecha veintidós de marzo del dos mil siete; ordena que la Dirección Regional de Educación de Tumbes, en el plazo de seis días de notificada la resolución, expida nueva resolución reconociendo el pago del beneficio reclamado en base a la parte considerativa de la presente resolución; apelación concedida con efecto suspensivo al Procurador Público del Gobierno Regional de Tumbes y al Director Regional de Educación de Tumbes, por resolución número ocho de folios doscientos setenta y seis a doscientos setenta y siete, de fecha veinte de marzo del dos mil nueve; y Considerando: Primero.- El Procurador Público del Gobierno Regional de Tumbes, argumenta lo

2 siguiente: a).- Los demandantes vienen gozando de los beneficios establecidos por el Decreto Supremo PCM.; en aplicación del artículo siete del Decreto de Urgencia O37-94 no les corresponde este beneficio, las resoluciones administrativas impugnadas se han emitido conforme a las disposiciones de la Ley 27444; b).- El Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha doce de setiembre del dos mil cinco, recaída en el Expediente Nº AC/TC, en el fundamento once dice con meridiana claridad no se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia los servidores públicos que se regulan su relación laboral por sus respectivas leyes de carrera y tienen sus propias escalas remunerativas, que son los ubicados en la Escala Número Cinco Profesorado; c).- La naturaleza del agravio es de tipo económico, que siendo docentes no les corresponde la bonificación establecida en el Decreto de Urgencia , más aún si lo ha ratificado el Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha doce de setiembre del dos mil cinco, recaída en el Expediente Nº AC/TC; la pretensión impugnatoria es la motivación del recurso de apelación, que implica la exposición de los fundamentos fácticos y jurídicos que hemos glosado, persigue que la sentencia emitida por el A quo sea revocada y reformándola se declare infundada. A su turno EL Director Regional de Educación de Tumbes, apela la misma resolución con similares argumentos al del Procurador Público del Gobierno Regional de Tumbes Segundo.- La acción contenciosa administrativa prevista en el artículo 148º de la Constitución Política, tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados, tal como prescribe el artículo uno de la ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo y sus modificatorias.---- Tercero.- El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente, tal como prescribe el artículo 364º del Código Procesal Civil, en aplicación supletoria que dispone la Primera Disposición Final de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo 27584: Cuarto.- En todo proceso judicial el pilar fundamental son los medios probatorios, que tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, para producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones, los que deben ser ofrecidos por los sujetos procesales en la etapa postulatoria, y referirse a los hechos y a la costumbre cuando ésta sustenta la pretensión, siendo valorados por el Juez en forma

3 conjunta utilizando su apreciación razonada y en la resolución serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustenten su decisión; conforme dispone los artículos 188º, 189º y 197º del Código Procesal Civil. La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, conforme prescribe los artículos 196º y 201º del código antes acotado Quinto.- De la revisión del escrito de demanda la pretensión de los demandante es que el órgano jurisdiccional declare la nulidad de las resoluciones impugnadas con el que se declara infundada el pago de la bonificación dispuesta por el DU PCM; porque han ejercicio funciones directorales en las instituciones educativas que indican los accionantes; pero sin embargo de los medios probatorios incorporados al proceso y ofrecidos por los demandantes se advierte la Resolución Directoral Nº de fecha diez de abril de mil novecientos noventa y cinco, con el que se le nombra al demandante Rubén Darío Pena Olivos en el cargo de Director Titular de la Institución Educativa Nº 09, con Nivel Magisterial Tercer Nivel, en su boleta de pago de folios setenta y nueve, no aparece consignado que su nivel remunerativo sea F-2 o F-3; igualmente la Resolución Regional Sectorial Nº de fecha once de abril del dos mil tres, con el que se le nombra al demandante Gustavo Vilela Medina, como Director Titular del Colegio Efraín Arcaya Cevallos, con Nivel Magisterial Cuarto Nivel, en su boleta de pago de folios ochenta, no aparece consignado que su nivel remunerativo sea F-1 o F-2; de la misma forma la Resolución Directoral Nº 250, de fecha veinte mayo de mil novecientos ochenta y cinco, con el que se le cesa a la demandante Nélida Lucrecia Trindade Mendoza, se hace en el Sexto Nivel Magisterial, en su boleta de pago de folios ochenta y uno, no aparece consignado que su nivel remunerativo sea F-1 o F-2; como se puede advertir, los documentos antes citados no acreditan que hayan ejercido funciones del nivel remunerativo de F-1 o F-2 tampoco tienen la condición de auxiliares, técnicos o profesionales que no sean del nivel magisterial, por tanto las remuneraciones de los demandantes está regulado por la Ley del Profesorado, que tiene sus propias escalas de acuerdo a los niveles magisteriales Sexto.- El Tribunal Constitucional en el exp. N.º AC/TC Amazonas, caso Amado Nelson Santillán Tuesta; en el fundamento nueve dice. Habiéndose realizado el análisis de cada una de las normas legales pertinentes y elaborado la tabla comparativa de las escalas remunerativas, se llega a establecer que se encuentran comprendidos en los alcances del Decreto Supremo N.º PCM aquellos servidores públicos: (.) b.

4 Que se encuentren en la Escala Remunerativa N.º 5, esto es, el profesorado. A su vez en el fundamento 11 dice: No se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia N.º , los servidores públicos que regulan su relación laboral por sus respectivas leyes de carrera y tienen sus propias escalas remunerativas, que son los ubicados en: ( ) d) La Escala N.º 5: Profesorado; y en el fundamento diez dice: En virtud del Decreto de Urgencia N.º , corresponde el otorgamiento de la bonificación especial a los servidores públicos: ( ) a) Que se encuentren en los niveles remunerativos F-1 y F-2 en la Escala N.º 1, al referirse a la escala uno, hace alusión a funcionarios y directivos precisado en el fundamento ocho; es decir a las categorías remunerativas-escalas prevista en el Decreto Supremo PCM; por consiguiente; los demandantes están dentro de la Escala Remunerativa N.º 5, esto es, El Profesorado, no les corresponde percibir los beneficios que otorga el Decreto de Urgencia Nº 037-PCM, porque sus remuneraciones están regulados por la Ley del Profesorado; por tanto las resoluciones administrativas impugnadas no adolecen de vicios que causan su nulidad, por existir contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, ni adolecen de requisitos de validez, tal como dispone el artículo 10 de la Ley Ley Del Procedimiento Administrativo General; por lo que corresponde revocar la resolución recurrida Sétimo.- El artículo 147º del Reglamento de la Ley del Profesorado Decreto Supremo Nº ED; señala el ejercicio profesional del profesor se realiza en las áreas de la Docencia y de la Administración de la Educación; pertenecen al Área de la Docencia los profesores que desempeñan funciones educativas en relación directa con los educandos en los Centros y Programas Educativos de todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo. Estas funciones son docentes y se refieren al proceso de enseñanza aprendizaje o al desempeño de cargo de Director, Sub-Director, Asesores, Coordinadores u otro cargo jerárquico docente que la organización escolar determina; y, pertenecen al Área de la Administración de la Educación los profesores que desempeñan funciones técnico - pedagógicas, administrativas, teleducación y de investigación según corresponda, en el organismo central del Ministerio de Educación, en los organismos descentralizados, órganos desconcentrados y órganos de ejecución; y el artículo 148º del mismo reglamento, prescribe los profesores, según el Nivel Magisterial, tendrán la identificación jerárquica correspondiente, iniciándose como Profesor del Primer Nivel y concluyendo como Profesor de Quinto Nivel, esta denominación es independiente del cargo que ocupe en

5 cualquiera de las áreas del ejercicio profesional; quedando plenamente establecido que las funciones de los directores de las instituciones educativas no tienen el carácter de administrativos, por ser cargos de la función docente, cuyas regeneraciones se rigen por su ley especial Por estos fundamentos; teniendo en cuenta el Dictamen del Fiscal Superior corriente a folios doscientos noventa y nueve a trescientos cuatro; al amparo del artículo 39º de la Ley Orgánica del Poder Judicial; REVOCARON la sentencia contenida en la resolución número siete, de folios doscientos cuarenta y nueve a doscientos cincuenta y tres, de fecha once de febrero del dos mil nueve, corregida mediante resolución número ocho de folios doscientos setenta y seis a doscientos setenta y siete; que declara fundada la demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por Rubén Darío Peña Olivos, Nelida Lucrecia Trindade Mendoza y Gustavo Vilela Medina; contra la Dirección Regional de Educación de Tumbes y el Gobierno Regional de Tumbes, en su virtud declara la nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional Nº /GOB.REG.TUMBES-P, corregida mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº /GOB.REG.TUMBES-P y la nulidad de la Resolución Regional Sectorial Nº 127, de fecha veintidós de enero del dos mil siete, rectificada por Resolución Regional Sectorial Nº 726 de fecha veintidós de marzo del dos mil siete; y ordena que la Dirección Regional de Educación de Tumbes, en el plazo de seis días de notificada la resolución, expida nueva resolución reconociendo el pago del beneficio reclamado en base a la parte considerativa de la resolución; REFORMANDOLA LA DECLARARON IMPROCEDENTE la demanda de Impugnación de Resolución Administrativa contra la Dirección Regional de Educación de Tumbes y el Gobierno Regional de Tumbes.; sin costas ni costos. Interviniendo el señor Juez Superior ponente Valencia Hilares. Señores: Díaz Piscoya, Valencia Hilares, Castañeda Díaz.