DEMANDANTE: SINIDCATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y DEMANDADOS: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y

Transcripción

1 EXPEDIENTE : DEMANDANTE: SINIDCATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE TUMBES DEMANDADOS: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE TUMBES GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES MATERIA : CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Resolución Número: DIECISÉIS Tumbes, veintitrés de junio del dos mil nueve VISTO El recurso de apelación interpuesto por el Procurador Público del Gobierno regional de Tumbes contra la sentencia de fecha cinco de marzo del dos mil nueve que declara fundada la demanda. Teniéndose presente los argumentos expuestos por el abogado de la parte demandante con motivo del informe oral sustentado en la audiencia de vista de la causa; y, teniendo presente el escrito presentado por el mismo abogado del sindicato demandante con fecha diecinueve de junio en curso, el mismo que se manda agregar a los autos junto con los documentos presentados. ANTECEDENTES 1. Con fecha veintiuno de abril del dos mil ocho, el Sindicato de Trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tumbes, representado por don William Honorio Gómez Cáceres y Eliezer Ramírez Cisneros, interponen demanda de Cumplimiento de Resolución Administrativa contra la Dirección Regional de Salud de Tumbes y el Gobierno Regional de Tumbes, solicitando que se de estricto cumplimiento a la Resolución Regional Sectorial N /GOB.REG.TUMBES-P de fecha veinticinco de septiembre del dos mil seis,

2 rectificada con Resolución Regional Sectorial N /GOB.REG.TUMBES- DRSTC-DR de fecha ocho de noviembre del dos mil seis; mediante las cuales se declara procedente el reclamo del sindicato demandante, reconociéndole el derecho de los trabajadores afiliados, a percibir el incremento de remuneraciones equivalente al 10% de sus haberes que estuvieron afectos a la contribución del FONAVI, tal como lo dispone la Ley y que asciende a la suma de S/. 4,307.86; además, reconoce como reintegros por el periodo Enero a Septiembre del 2006 la suma de S/ 42,755.20; así mismo, reconoce como créditos devengados por el periodo Enero de 1993 al 31 de Diciembre del 2005 la suma de S/ 656, Como fundamento de su pretensión señalan que la administración les ha reconocido los crédito laborales ya mencionados, sin embargo, al haber solicitado su cumplimiento, se les ha dado como respuesta que es imposible atender su pago por no haber obtenido el crédito presupuestario suficiente; por tanto, considera que es el órgano jurisdiccional el llamado a disponer su estricto cumplimiento. 2. El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de esta ciudad, mediante sentencia del cinco de marzo del dos mil nueve, declaró fundada la demanda; bajo el argumento que el acto administrativo cuyo cumplimiento se demanda, ha sido dictado observando las formalidades establecidas en el artículo 3 de la Ley 27444, por tanto, se trata de una resolución valida y eficaz que al no haber sido cuestionada administrativamente, debe darse su estricto cumplimiento. 3. El Procurador Público del Gobierno Regional de Tumbes con motivo de su recurso de apelación ha señalando como agravios que, la sentencia no ha tenido en cuenta que la resolución administrativa cuyo cumplimiento se demanda, se encuentra sustentada en una ley derogada, así como tampoco se ha compulsado que el Tribunal Constitucional con motivo de la sentencia recaída en el Expediente AC/TC, ha determinado que solo tienen derecho a percibir el incremento de remuneraciones aquellos trabajadores que acrediten que alguna vez lo hayan obtenido; del mismo modo estima que la sentencia venida en grado no ha satisfecho el deber de la debida motivación de las resoluciones judiciales. FUNDAMENTOS: 1. El artículo 1 de la Ley señala que la acción contencioso administrativa tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los

3 derechos e intereses de los administrados. Es decir, deberá garantizarse que el ejercicio jurídico que realiza la Administración Pública con arreglo a sus potestades, se encuentren vinculados en el ámbito de la Constitución y de las normas legales; así mismo, deberá garantizar una efectiva tutela de las situaciones jurídicas de los administrados que pudieran haberse lesionado o que se hallen amenazadas por la actuación administrativa inconstitucional o ilegal. Además, se puede afirmar que la labor del Poder Judicial no se restringe a una declaración de invalidez del acto administrativo, sino a una auténtica sustitución de la decisión administrativa, pues solo de ese modo se estará brindando una efectiva tutela a las situaciones jurídicas que requieren los administrados. 2. En el caso de autos, el Sindicato de Trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tumbes, solicita que se de cumplimiento a la Resolución Directoral Sectorial N /GOB.REG.TUMBES-DRST-DR de fecha 25 de setiembre del 2006, a que se refiere la copia de folios seis a nueve, mediante la cual declarándose procedente el reclamo administrativo presentado por el Sindicato en mención, se reconoce el derecho a otorgar incremento de remuneraciones equivalente al 10%, a favor de los trabajadores que estuvieron afectos a la contribución del FONAVI, tal como lo disponía la Ley y cuyo monto asciende a la suma de S/ 1, (un mil cuatrocientos veintidós y 92/100 nuevos soles), debiendo incorporarse dicho incremento en la Planilla Única de Pagos a partir del mes de octubre del 2006 conforme se indica en el Anexo 01. Así también, reconoce como reintegro que se adeuda por lo dejado de percibir del periodo enero a septiembre 2006, la suma de S/ 12, (doce mil setecientos treinta y seis con 19/100 nuevos soles). Del mismo modo, reconoce como créditos devengados correspondiente al periodo Enero de 1993 al 31 de Diciembre del 2005 la suma ascendente a S/ 184, (ciento ochenta y cuatro mil doscientos treinta y tres nuevos soles). Esta decisión administrativa fue rectificada por la Resolución Directoral Sectorial N /GOB.REG.TUMBES-DRST-DR de fecha 08 de noviembre del 2006, cuya copia de folios diez a trece, en el sentido que el monto a incorporarse en la planilla única de pagos del mes de octubre del 2006, no es de S/ 1,422.92, sino S/ 4, (cuatro mil trescientos siete con 86/100 nuevos soles). Además, se rectifica lo concerniente al monto del reintegro reconocido por el periodo enero a septiembre del 2006, adicionándosele el mes de octubre del 2006, en el sentido que no es S/ 12, sino S/ 42, (cuarenta y dos mil

4 setecientos cincuenta y cinco con 20/100 nuevos soles). Por último, se rectifica el monto de los devengados correspondiente al periodo enero de 1993 a Diciembre del 2005, en el sentido que no es de S/ 184, sino de S/ 656, (seiscientos cincuenta y seis mil setecientos veintidós con 47/100 nuevos soles). 3. Al respecto, cabe preciarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Ley del 23 de Diciembre de 1992, se estableció que Los trabajadores dependientes cuyas remuneraciones están afectas a la contribución al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de diciembre de 1992, tendrán derecho a percibir un incremento de remuneraciones a partir del 1 de enero de El monto de este aumento será equivalente al 10% de la parte de su haber mensual del mes de enero de 1993 que esté afecto a la contribución al FONAVI (subrayado nuestro). Dicho Decreto Ley fue drogado por disposición del artículo 3 de la Ley del 17 de Octubre de 1993, la que en su disposición final única establece que Los trabajadores que por aplicación del artículo 2 del Decreto Ley 25981, obtuvieron un incremento de sus remuneraciones a partir del 1 de Enero de 1993, continuarán percibiendo dicho aumento. 4. Como se tiene precisado anteriormente, ha sido la administración la que ha reconocido el incremento de remuneraciones a favor de los trabajadores sindicalizados de la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones de Tumbes; decisión administrativa que no obstante la oposición del Procurador Público Regional contenida en su escrito de contestación a la demanda, quien no solo acusa de ilegales las resoluciones administrativas cuyo cumplimiento se demandan, sino también de encontrarse sustentadas en normas derogadas; lo cierto es que, las resoluciones administrativas en cuestión no han sido objeto de impugnación y a la fecha, ha prescrito toda posibilidad de ser nulificadas de oficio por el ente administrativo, según lo autorizado por el artículo de la Ley del Procedimiento Administrativo General En relación a los agravios contenidos en el recurso de apelación, y los argumentos expuestos por el Representante del Ministerio Público en su dictamen de folios ciento sesenta y cinco a ciento sesenta y nueve, relacionado a que la normatividad legal aplicable al caso, sólo permite el derecho de continuar percibiendo el incremento remunerativo exclusivamente a aquellos trabajadores que ya lo habían percibido o cuyo derecho les había reconocido por la administración durante la vigencia de la norma que lo otorga, y que por tanto, los trabajadores agrupados en el

5 sindicato demandante no se encuentran dentro de dichos supuestos, por cuanto estos recién pidieron el incremento en el año 2006, es decir, cuando ya la norma legal autoritativa del incremento estaba derogada; y, por ello estiman que deviene ilegal amparar la pretensión postulada en autos, pidiendo por tanto la revocatoria de la sentencia. Este Colegiado deja establecido lo siguiente: a) En primer lugar que la literalidad de la norma legal (Disposición Final Única de la Ley 26233) no indica que solo tienen derecho a percibir el incremento de remuneraciones, a quienes les hicieron efectivo el mismo durante la vigencia de la norma que originariamente lo autorizó o a los trabajadores que la administración les había reconocido tal incremento; pues, lo que realmente exige la referida norma legal es que, tienen derecho a continuar percibiendo la remuneración, todos los trabajadores que por mandato del artículo 2 de la Ley 25981, obtuvieron el derecho del incremento de sus remuneraciones. En otras palabras, para acceder al derecho del incremento remunerativo bastará con acreditar que el trabajador tenían contrato vigente al 31 de Diciembre de 1992 y que sus remuneraciones estaban afectas a la contribución del FONAVI. 6. En ese contexto este órgano jurisdiccional revisor considera que, ni la omisión en solicitar el reconocimiento de un derecho remunerativo establecido imperativamente por la ley, ni la omisión de la administrativa de dar su cumplimiento, pueden generar afectación a los trabajadores, por lo que, razonar en contrario significaría un total desconocimiento del carácter irrenunciable que tienen los derechos remunerativos y la interpretación favorable al trabajador en caso de duda sobre el sentido de una norma, que subyacen en los numerales 2 y 3 del artículo 26 de la Constitución Política del Estado. 7. En el orden de conceptos glosados, el Colegiado concluye que no son atendibles jurídicamente los fundamentos del Representante del Ministerio Público y que, aún cuando la norma que reconoce originariamente el incremento remunerativo (Ley 25981) ya se encuentre derogada, ello no obsta para que, por aplicación ultractiva de la ley, un trabajador pueda tener derecho a su reconocimiento; pues, basta para ello con acreditar que tuvo contrato vigente al 31 de diciembre de 1992 y que fue aportante con sus remuneraciones percibidas al FONAVI. 8. Es dentro de las precisiones antes glosadas que corresponde a la Administración reconocer el derecho al incremento remunerativo a favor de los trabajadores pertenecientes al Sindicato demandante; es decir, siempre que cumplan los

6 presupuestos antes señalados y que se otorgue el cálculo del aumento en estricta observancia de lo normado por la ley, esto es, en la proporción del 10% de la parte de su haber mensual del mes de enero de 1993 que esté afecto a la contribución al FONAVI. 9. Determinada entonces la legalidad de las resoluciones administrativas cuyo cumplimiento se demanda, por cuanto gozan no solo de firmeza sino que además contiene un mandato claro, cierto, liquido y vigente, corresponde disponer su estricto cumplimiento, sin que el argumento de la falta de disponibilidad presupuestaria y financiera puede constituir una limitación a la fundabilidad de la pretensión; pues, al respecto ya el Tribunal Constitucional ha establecido en sus sentencias recaídas en los Expedientes N AC, PC, PC y PC que este tipo de condición es irrazonable y pone de manifiesto más bien una actitud insensible y reiterada de los funcionarios llamados a cumplir los mandatos administrativos firmes. Por las consideraciones glosadas y con lo expuesto por el Representante del Ministerio Público en su dictamen de folios ciento sesenta y cinco a ciento sesenta y nueve; CONFIRMARON la sentencia de fecha cinco de marzo del dos mil nueve, que declara FUNDADA la demanda interpuesta por el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE TUMBES contra la DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE TUMBES y el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, sobre CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, debiendo darse cumplimiento al acto de incremento de remuneraciones a los trabajadores integrantes del sindicato demandante, en los términos que se precisan en la presente resolución; con lo demás que contiene; y, los devolvieron. Intervino como Magistrado Ponente el doctor Pablo Díaz Piscoya.-NOTIFÍQUESE. Señores: Díaz Piscoya. Vizcarra Tinedo. Valencia Hilares.