DEMANDANTE : TEOFILO MONTOYA PLAZA : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION DE TUMBES : INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS

Transcripción

1 EXPEDIENTE N : JR-CI-02 DEMANDANTE : TEOFILO MONTOYA PLAZA DEMANDADO : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION DE TUMBES MATERIA : INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS RESOLUCIÓN NÚMERO: VEINTIDOS Tumbes, dieciocho de agosto Del dos mil diez VISTOS: En audiencia publica del día de la fecha; con el escrito de alegatos fecha dieciséis de agosto del dos mil diez presentado por el demandante; viene en grado de apelación la sentencia contenida en la resolución número dieciséis, de fecha dieciséis de abril del año dos mil diez, corriente de folios doscientos treinta y cuatro a doscientos cuarenta, la misma que declara INFUNDADA la demanda interpuesta por TEÓFILO MONTOYA PLAZA contra el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION DE TUMBES y PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES, sobre INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS; apelación concedida con efecto suspensivo al sujeto activo de la relación jurídica procesal, mediante resolución número diecisiete, de fecha siete de junio del dos mil nueve, corriente a folios doscientos ochenta y cuatro; Considerando PRIMERO.- El sujeto procesal activo de la relación jurídica procesal, en su recurso de apelación argumentan lo siguiente: a).- La sentencia contiene error de hecho, porque el demandante no ha sido cesado en sus labores por resolución suprema sino por resolución presidencial, la pretensión alegada es de daños y perjuicios por las remuneraciones dejadas de percibir desde el momento del cese hasta el momento en que se le restituye sus derechos laborales; b).- Las comisiones encargadas de revisar los ceses colectivos fue creada por ley y no por la ley como se alega en la apelada por lo que el recurrente es servidor público de la Dirección Regional de Agricultura, este craso error es evidente causal de nulidad; c).- El cuarto considerando 1

2 de la sentencia reconoce que ha existido arbitrariedad en mi despido injustificado sin causa alguna, entonces si existe relación de causalidad entre el hecho generador del daño es decir la conducta del agente y el daño producido a la víctima por lo que debió declararse fundada la demanda; d).- La juzgadora considera que al haber el demandado elegido la reincorporación laboral a su centro de trabajo, en mérito a la ley 27803, implica que es una forma de compensación por los presuntos daños sufridos a consecuencia del cese, lo que es totalmente contradictorio, porque el daño ha sido probado y reconocido por el codemandado Gobierno Regional de Tumbes, porque la pretensión que invoco en la demanda es la indemnización de daños y perjuicios por la remuneraciones dejadas de percibir desde el uno de abril de mil novecientos noventa y tres al treinta uno de diciembre del dos mil seis fecha en que fue reincorporado; e).- Las entidades demandadas forman parte de la estructura del Estado, porque el Gobierno Regional de Tumbes ha emitido la Directiva denominada normas complementarias para el otorgamiento de incentivos al retiro voluntario establecido por el Decreto Ley 26109, así como expedido la resolución presidencial, la misma que acepta la renuncia de los trabajadores cesados irregularmente los cuales fueron cómplices de la dictadura, porque fuimos liquidados en forma irregular, nunca se nos pagó los beneficios conforme a ley, por lo que queda demostrado el nexo causal entre la demandada y el daño ocasionado al recurrente por lo que mi demanda debe ser amparada y se revoque la apelada y se declare nula; f).- Lo esbozado en el considerando décimo primero de la apelada, la pretensión resarcitoria debido a que los demandantes ya se acogieron a uno de los beneficios regulados por el artículo 3º de la ley 27803, es excluyente, la protección de indemnización de daños y perjuicios está fundada en los artículos 1969º, 1985º, 1321º y 1322 y otros del Código Civil, y el artículo 83º y 86º del Código Procesal Civil, porque existe una relación de causalidad entre la conducta de la demandada y el daño producido al demandante por haber sido despedido arbitrariamente; finalmente el apelante no señala cual es la naturaleza del agravio que le causa la resolución impugnada; señala como pretensión impugnatoria que la sentencia sea revocada, se declare nula y se deje sin efecto SEGUNDO.- El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente, tal como prescribe el artículo 364º del Código Procesal Civil

3 TERCERO.- En todo proceso judicial el pilar fundamental son los medios probatorios, que tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, para producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones, los que deben ser ofrecidos por los sujetos procesales en la etapa postulatoria, y referirse a los hechos y a la costumbre cuando ésta sustenta la pretensión, siendo valorados por el Juez en forma conjunta utilizando su apreciación razonada y en la resolución serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustenten su decisión; conforme dispone los artículos 188º, 189º y 197º del Código Procesal Civil. La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, conforme prescribe los artículos 196º y 201º del código antes acotado CUARTO.- En todo análisis de la Responsabilidad Civil se debe tener en consideración la verificación de sus elementos, como son: la antijuridicidad, el daño, la relación causal y los factores atributivos de responsabilidad (propios del análisis de imputabilidad de la responsabilidad civil). La "antijuridicidad" como "aquella que implica la violación de los elementos extrínsecos e intrínsecos del ordenamiento jurídico", recogiéndose en ésta, a los hechos antijurídicos como son: los hechos ilícitos, los hechos abusivos y los hechos excesivos. El "daño o demere, que es entendido como todo detrimento o menoscabo a un interés (en el caso del Sistema de Responsabilidad Civil Extracontractual, a un interés general de "no verse dañado por nadie" que es el correlato del "alterum non laedere" o "deber jurídico de no causar daño a nadie") jurídicamente tutelado. Este daño requiere cumplir de ciertos requisitos para efectos de su indemnización: un primer requisito es que tenga certeza (una certeza lógica y una certeza fáctica); un segundo requisito es que no haya sido indemnizado antes; como tercer requisito debe existir una relación diádica, esto es una relación entre un sujeto "supuesto responsable" determinado y una "supuesta víctima" también determinada; siendo el último requisito que el daño sea injusto. La "relación causal" es de vital importancia por que permite determinar entre una gama de hechos vinculados a la verificación del daño cuál es el "hecho determinante del daño" (determinándose al causante o responsable material) lo que acercará al "supuesto responsable jurídico del daño" que finalmente será determinado por la imputabilidad que es el factor atributivo de responsabilidad, entendido como "el justificativo teórico del traspaso del peso económico del daño de la víctima al sujeto responsable"; este traspaso del peso 3

4 económico del daño, como expresión de la función "redistributiva" de la Responsabilidad Civil QUINTO.- De la revisión del escrito de demanda y los fundamentos del recurso de apelación, la indemnización contenida en el petitorio de la demanda es de naturaleza contractual, por lo que la responsabilidad civil contractual es la obligación de reparar los daños causados por la inejecución de obligaciones derivados del contrato; estas son las prestaciones a las cuales se obligan las partes cuando celebran un contrato para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico; razón por la cual en materia contractual, se requiere la concurrencia del daño, la antijuridicidad, factor de atribución y el nexo causal, como se tiene señalado precedentemente, sin estos requisitos no se puede establecer una obligación de reparar, cualquier sea la naturaleza de los daños causados. En el ámbito de la responsabilidad civil contractual, el Código Civil, regula la institución jurídica de la culpa en los artículos 1319º y 1320º, como causales de inejecución de obligaciones, distinguiendo ambas normas jurídicas en dos clases: culpa inexcusable y culpa leve. La culpa inexcusable o grave, supone una conducta de la parte, inmersa en la relación obligacional donde indudablemente existe la omisión de los más elementales deberes de cuidado; en cambio la culpa leve, se debe entender como aquella acción u omisión que obedece a la torpeza o falta de atención del deudor, es decir omisión de la diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. En cambio el dolo, implica la conciencia y la voluntad de no ejecutar una obligación; el deudor tiene claro conocimiento de que su actitud ya sea por comisión o por omisión, significa un alejamiento de la conducta o comportamiento que debería observar para satisfacer el interés del acreedor, y voluntariamente, deja de cumplir; por lo esbozado el concepto de responsabilidad contractual debe basarse en la idea de daño, se es responsable frente a otro no porque se es culpable sino porque la ley otorga consecuencias indemnizatorias al daño causado SEXTO.- Los requisitos para que se configure el daño son: La certeza, es decir debe mediar certidumbre en cuanto a la existencia misma del daño, que el daño será real y efectivo y no puramente eventual o hipotético; otro requisito es la subsistencia del daño, es decir que no haya sido indemnizado con anterioridad; este requisito establece que a efecto de solicitar una indemnización, el interés dañado a reparar no debe haber sido 4

5 objeto de un resarcimiento previo que haya dado lugar a su satisfacción, puesto que de permitir su indemnización se estaría incurriendo en un supuesto de enriquecimiento indebido; además el daño sea injusto, es decir un daño cuya realización no sea justificada por el ordenamiento jurídico. En el caso de autos como señala el demandante en su escrito de demanda y recurso de apelación, el accionante ha sido cesado en aplicación del Decreto Ley 26109; por intermedio de la citada norma legal se declara en proceso de reorganización y reestructuración administrativa a los Gobiernos Regionales establecidos en el país, y dispone que los organismos Regionales apliquen un programa de racionalización de personal, basado en el otorgamiento de incentivos al retiro voluntario y de exámenes de evaluación y selección para calificar el personal que ocupará los cargos determinados en sus nuevas Estructuras Orgánicas respectivas, determinándose los incentivos según el tiempo de servicios con que cuente el trabajador, de acuerdo a una escala establecida en la citada ley; a su vez el Decreto Ley 26093, dispone a los Titulares de los distintos Ministerios y de las Instituciones Públicas Descentralizadas, cumplir con efectuar semestralmente programas de evaluación de personal de acuerdo a las normas que para tal efecto se establezcan y autoriza a los referidos titulares a dictar las normas necesarias para la correcta aplicación del proceso de evaluación; y al el personal que no califique, cesar por causal de excedencia. Como podrá advertirse la entidad demandada, es decir el hoy Gobierno Regional de Tumbes antes Región Grau, han actuado en cumplimiento de las normas legales antes citadas, promulgadas por el Gobierno Central de aquel entonces, por tanto su actuar no les acarrea responsabilidad contractual, que de lugar a la indemnización pretendida SÉTIMO.- La Ley 27803, que implementa las recomendaciones derivadas de las comisiones creadas por las leyes y 27586, encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados en las empresas del estado sujetas a procesos de promoción de la inversión privada y en las entidades del sector público y gobiernos locales; de aplicación únicamente a los ex trabajadores cesados mediante procedimientos de ceses colectivos llevados a cabo ante la Autoridad Administrativa de Trabajo en el marco del proceso de promoción de la inversión privada, y que conforme a lo establecido por la Comisión Especial creada por Ley Nº han sido considerados irregulares, y a los ex trabajadores cuyos ceses colectivos en el Sector Público y Gobiernos Locales han sido considerados igualmente irregulares en función a los parámetros determinados por la Comisión Multisectorial creada por la Ley Nº y a los ex trabajadores que 5

6 mediante coacción fueron obligados a renunciar en el marco del referido proceso de promoción de la inversión privada o dentro del marco de los ceses colectivos de personal al amparo del Decreto Ley Nº o procesos de reorganización a que se refiere el Artículo 3 de la Ley Nº 27487; ésta norma legal (27803) instituye un Programa Extraordinario de Acceso a Beneficios, a los ex trabajadores que se encuentren debidamente inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente quienes pueden optar alternativa y excluyentemente entre la reincorporación o reubicación laboral, jubilación adelantada, compensación económica o capacitación y reconversión laboral; este procedimiento establecido tiene precisamente una forma de resarcir el cese irregular de los trabajadores, por ello es un programa extraordinario que acarrea al estado ingentes gastos económicos, no solo reincorporándolos en su centro de trabajo, sino reconociéndoles como tiempo de servicios el lapso de tiempo en que estuvieron cesados; por ello para el criterio del Colegiado, el interés dañado a reparar no debe haber sido objeto de un resarcimiento previo que haya dado lugar a su satisfacción, puesto que de permitir su indemnización se estaría incurriendo en un supuesto de enriquecimiento indebido, toda vez que el demandante ya sido objeto de satisfacción por parte del Estado con el programa extraordinario de reincorporación laboral dispuesto por la ley Por estas consideraciones, de conformidad con dispuesto por el artículo 39º del la Ley Orgánica del Poder Judicial CONFIRMARON la sentencia contenida en la resolución dieciséis, de fecha dieciséis de abril del año dos mil diez, corriente de folios doscientos treinta y cuatro a doscientos cuarenta, que declara INFUNDADA la demanda interpuesta por TEÓFILO MONTOYA PLAZA contra el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION DE TUMBES y PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES, sobre INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS; con los demás que contiene. Interviniendo como Juez Superior ponente el señor Valencia Hilares. Señores Jueces Superiores: Valencia Hilares, Maqui Vera y Lezcano Fernandez. Secretaria: Carla M. Lip Zegarra.- 6