Resolución Administrativa n P-CSJCA-PJ

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Gloria Henríquez Coronel
hace 6 años
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1 Resolución Administrativa n P-CSJCA-PJ Cajamarca, 02 de abril del VISTOS: El escrito presentado por María Elvira Castro Chumpitaz el 16 de marzo del 2012; y, CONSIDERANDO: Conforme lo prevé el artículo 143 de la Constitución Política del Estado, el Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administración; como tal, en materia de políticas de gobierno y dirección, realiza sus acciones administrativas con arreglo a las disposiciones establecidas en el marco de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y disposiciones administrativas vigentes; La Administración Pública 1, tiene la facultad de revisar sus propios Actos Administrativos, en virtud del Control Administrativo 2, pero dicha facultad también se encuentra fundamentada en el principio de autotutela de la administración, por el cual, ésta puede dejar sin efecto sus propias 1 Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. Para los fines de la presente Ley, se entenderá por entidad o entidades de la Administración Pública: 3. El Poder Judicial; 2 Control Administrativo, es aquella facultad de la Administración pública que tiene por finalidad la protección y defensa de la legalidad administrativa y de los derechos subjetivos de los administrados, armonizándose con ello, la defensa de cada uno de los derechos subjetivos con el Principio del Interés Público que gestiona la Administración Pública.

2 actuaciones, básicamente cuando dichos actos resultan alterados por vicio alguno de legalidad, y consecuentemente vulnera el ordenamiento jurídico, atentando contra derechos colectivos (violación al principio de interés público), o derechos susceptibles de ser individualizados (derechos subjetivos de los administrados). En ese contexto, la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, en el numeral 1 del artículo 202 prescribe la facultad que tiene toda Administración Pública de declarar de oficio la nulidad de sus Actos Administrativos, cuando estos se encuentran inmersos dentro de cualquiera de las causales de Nulidad del Acto Administrativo establecidas por el artículo 10 del citado texto normativo 3 ; por tanto podemos afirmar que la Nulidad de Oficio del Acto Administrativo, se configura estrictamente por motivos de legalidad (trasgresión directa o indirecta del ordenamiento jurídico vigente), o por falta de adecuación de alguno de los elementos del Acto Administrativo (el cual está viciado) y por tanto afectan de manera parcial o total la validez del Acto Administrativo. También cabe señalar, que la Nulidad de Oficio del Acto Administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 202 de la norma procesal administrativa antes referida, sólo puede ser declarada por el funcionario o autoridad administrativa superior a la que expidió dicho Acto Administrativo, y si dicho acto fue emitido por funcionario o autoridad administrativa, no sujeta a jerarquía, será éste quien deba declarar la nulidad de su propia resolución; sin embargo, debemos tener en cuenta que la facultad que tiene la Administración Pública para declarar la nulidad de sus propios 3 El artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, establece como causales de Nulidad del Acto Administrativo: a) La contravención a la Constitución, las leyes o las normas reglamentarias, b) El defecto u omisión de alguno de sus requisitos de validez, c) Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición, y d) Los Actos Administrativos que son constitutivos de infracción penal o los que se dicten como consecuencia de la misma.

3 Actos Administrativos, prescribe al año, a partir de que los referidos actos administrativos hayan quedado consentidos, y en caso que dicha facultad haya prescrito, sólo procede solicitar la nulidad del acto administrativo, en sede judicial vía proceso contencioso administrativo. Con resoluciones doscientos ochenta y cuatro y trescientos cuarenta, de fecha 17 de marzo y 30 de marzo, ambas del 2011, respectivamente, por las cuales se resuelve declarar improcedente el pedido de licencia con goce de remuneración presentado por María Elvira Castro Chumpitaz; y, se le concede licencia sin goce de remuneración, indicándose que la causal alegada es un presupuesto regulado como licencia sin goce de remuneración por tratarse de un asunto personal; según lo prevista en el Reglamento de Licencias para Magistrados del Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa N CE-PJ; Luego, con resolución administrativa n SP-P-CSJCA-PJ, de fecha 20 de abril del 2011, la Sala Plena estima el pedido del magistrado Oscar Ramiro Pérez Sánchez y le concede la licencia con goce de remuneración por el mismo supuesto; aplicando el artículo 114 del Reglamento de la Carrera Administrativa, Decreto Legislativo N PCM, que prescribe: La licencia por citación expresa de la autoridad judicial, militar o policial competente, se otorga al funcionario o servidor que acredite la notificación con el documento oficial respectivo. Abarca el tiempo de concurrencia más los términos de la distancia ; Efectivamente, de la revisión de las resoluciones administrativas se concluye que adolecen de nulidad, pues se configura la causal por motivos de legalidad (trasgresión directa o indirecta del ordenamiento jurídico vigente), en tanto, no

4 se ha tenido en cuenta lo previsto en el artículo 114 del Reglamento de la Carrera Administrativa, Decreto Legislativo N PCM; Por tales consideraciones, y de acuerdo a las atribuciones concedidas por el artículo 90, incisos 3), 4) y 9) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; SE RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD de la resolución administrativa doscientos ochenta y cuatro de fecha 17 de marzo del 2011, en el extremo que concede la licencia sin goce de remuneración por asuntos de índole personal por el día 18 de marzo del 2011, renovando el acto administrativo viciado CONCÉDASE la licencia con goce de remuneración a María Elvira Castro Chumpitaz por el día 18 de marzo del 2011 para que efectúe su informe oral en la investigación preparatoria que se le sigue en su contra por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en su modalidad de retardo injustificado de actos funcionales y otros, en la ciudad de Cajamarca; SEGUNDO: DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD de la resolución administrativa trescientos cuarenta de fecha 30 de marzo del 2011, en el extremo que concede la licencia sin goce de remuneración por asuntos de índole personal por el día 01 de abril del 2011, renovando el acto administrativo viciado CONCÉDASE la licencia con goce de remuneración a María Elvira Castro Chumpitaz por el día 01 de abril del 2011, para que efectúe su informe oral en la investigación preparatoria que se le sigue en su contra por el delito

5 de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en su modalidad de retardo injustificado de actos funcionales y otros, en la ciudad de Cajamarca; TERCERO: PÓNGASE en conocimiento de la Presidencia de la Corte Suprema de la República, Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia General del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura, Administración Distrital, Oficina de Personal y Diario Judicial La República para su publicación y fines de ley. Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase. PERCY HARDY HORNA LEÓN PRESIDENTE CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA

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