RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL

Transcripción

1 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA Recurso nº 93/2018 C.A. de Cantabria 3/2018 Resolución nº 231/2018 RESOLUCIÓN DEL En Madrid a 12 de marzo de VISTO el recurso interpuesto por D. A. B. E., en representación de COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS S.A., contra los pliegos del procedimiento Servicios de colaboración en la gestión, recaudación e inspección de los tributos locales y demás ingresos de Derecho Público, expte. 27/2017, convocado por el Ayuntamiento de Miengo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO Primero. El Ayuntamiento de Miengo convocó, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de 14 de diciembre de 2017 y en el Perfil del Contratante, un procedimiento abierto de licitación para la adjudicación del contrato Servicios de colaboración en la gestión, recaudación e inspección de los tributos locales y demás ingresos de Derecho Público. Segundo. La licitación se ha desarrollado de conformidad con los trámites previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en lo sucesivo TRLCSP) y demás legislación aplicable en materia de contratación. AVDA. GENERAL PERÓN 38, 8ª PLTA MADRID TEL: FAX: Tribunal_recursos.contratos@minhafp.es

2 2 Tercero. El de 5 de enero de 2018, la representación de COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS S.A. interpone recurso especial en materia de contratación contra los pliegos del contrato, por entender que incurren en causa de nulidad de pleno derecho. Cuarto. Con fecha 9 de febrero de 2018, la secretaria del Tribunal, por delegación de este, resolvió conceder la medida de suspensión del procedimiento de contratación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 43 y 46 del TRLCSP, de forma que, según lo establecido en el artículo 47.4 del texto citado, será la resolución del recurso la que acuerde el levantamiento. Quinto. Con fecha 12 de febrero de 2012 la secretaría del Tribunal dio traslado del recurso a los restantes licitadores para que alegaran lo que a su derecho conviniera, sin que se hayan presentado alegaciones. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. El recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para resolverlo de conformidad con el artículo 41.3 del TRLCSP y el Convenio suscrito al efecto entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre atribución de competencia de recursos contractuales, publicado en el BOE el día 13 de diciembre de Segundo. La interposición se ha producido dentro del plazo legal de quince días previsto en el artículo 44 del TRLCSP. Tercero. La empresa COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS S.A. concurrió al procedimiento de licitación del contrato Servicios de colaboración en la gestión, recaudación e inspección de los tributos locales y demás ingresos de Derecho Público. Debe entenderse, por lo tanto, que está legitimada para la interposición del recurso, al abrigo del artículo 42 del TRLCSP. Cuarto. El recurso se interpone contra los pliegos que han de regir un procedimiento de licitación de un contrato de servicios El recurso se dirige contra los pliegos aplicables a la licitación de un contrato de servicios, por su importe, sería susceptible de recurso especial en materia de contratación según el TRLCSP, pero no con arreglo a la Directiva 2014/24/UE, cuyo plazo de transposición expiró el 18 de abril de Ello obliga a examinar el efecto directo que la nueva Directiva sobre contratación pública pueda tener en este caso.

3 3 La delimitación de los contratos sujetos a regulación armonizada de la Directiva 2014/24/UE (norma sustantiva), se traslada al ámbito objetivo del recurso especial en materia de contratación, tal y como se argumenta en el Documento sobre Los efectos jurídicos de las Directivas de contratación pública ante el vencimiento del plazo de transposición sin nueva Ley de Contratos del Sector Público, aprobado el 1 de marzo de 2016 por los Tribunales Administrativos de Contratación Pública, en cuyo apartado IV se resalta que el objeto del recurso debe coincidir plenamente con materias reguladas en las Directivas de contratación pública (...) De esto se desprende un hecho trascendente: el objeto del recurso depende del contenido de las Directivas de contratación pública, de tal forma que, si éstas cambian, cambia la materia susceptible de recurso especial en materia de contratación pública. Y ello, aunque no haya cambiado la redacción de la Directiva de recursos que es una norma de carácter adjetivo. De acuerdo con lo expuesto, este Tribunal ha de atender, a efectos de determinar su competencia objetiva, al contenido material de las Directivas de contratación pública vigentes, habida cuenta que la Directiva 2014/24/UE considera sujetos a regulación armonizada los contratos del Anexo XIV (entre los que se incluyen los servicios de vigilancia de seguridad) cuyo importe sea igual o superior a euros. Tal como se indicó, el ámbito objetivo del recurso especial en materia de contratación ha de coincidir plenamente con el contenido material de las Directivas de contratación pública. La delimitación de los contratos de servicios susceptibles de recurso especial recogida en el artículo 40.1.b) del TRLCSP debe entenderse superada desde el momento en que la Directiva 2014/24/UE no mantiene la distinción de servicios que recoge el artículo 16.1 del TRLCSP, basada en un Anexo II que desaparece en la nueva Directiva. Cabe añadir que este Tribunal ya ha reconocido y aplicado en anteriores ocasiones el efecto directo de las nuevas Directivas de contratación pública para determinar el ámbito objetivo del recurso especial en materia de contratación. En particular en la Resolución 852/2017, de 3 de octubre relativa a la impugnación de la resolución de adjudicación de una concesión de abastecimiento y suministro de agua potable a poblaciones, se indicó lo siguiente:

4 4...este Tribunal ya ha tenido ocasión de pronunciarse en un supuesto similar si bien se impugnaban los pliegos de cláusulas que regían el procedimiento. Así en la reciente resolución 645/2017, se establece que: Como dice la Recomendación de la JCCA, de 15 de marzo de 2016, en su apartado 3.1.5, en relación con el efecto directo de las Directivas Comunitarias, los contratos de gestión de servicios públicos pueden caracterizarse como sujetos a regulación armonizada cuando: i) superen el umbral de aplicación que establece la DC ( ), ii) puedan tipificarse como tales y, además, iii) no estén excluidos expresamente por la DC de su ámbito objetivo de aplicación. En el presente caso se cumplen las dos primeras características, pero no la tercera, puesto que el artículo 12 de la Directiva 2014/23/UE declara excluidas de su aplicación las concesiones adjudicadas para la explotación del agua potable, y la eliminación o tratamiento de las aguas residuales. Siendo que el contrato convocado por parte del Ayuntamiento de Corral de Almaguer es de concesión del servicio público de abastecimiento de agua potable no cabe duda que la Directiva citada no es de aplicación, por lo que en este punto lo señalado por el recurrente no puede prosperar. En fin, la doctrina expuesta es la que mantenemos en la Resolución número 1056/2017, de 10 de noviembre pasado, dictada en el recurso número 997/2017. Quinto. La entidad recurrente considera que se ha producido la nulidad de pleno derecho del procedimiento de licitación, al haberse prescindido de un trámite esencial como es la publicación del anuncio de licitación en el DOUE. En este sentido, considera que debe aplicarse, por efecto directo, la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, toda vez que en el momento en que se aprobó el expediente de contratación (el 8 de noviembre de 2017) ya había transcurrido el plazo máximo de trasposición. Sexto. El órgano de contratación, en su informe, afirma que el contrato no está comprendido en las categorías 1 a 16 del Anexo II del TRLCSP, y que por tanto no está sujeto a regulación armonizada ni es obligatoria la publicación del anuncio en el DOUE.

5 5 Séptimo. Como indica el órgano de contratación, de acuerdo con el artículo 16 del TRLCSP solo estarían sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios comprendidos en las categorías 1 a 16 del Anexo II que superen los umbrales que en dicho precepto se establecen. No obstante, tal y como consta en el apartado 1 del anexo I del PCAP, el código del contrato es el CPV: Servicios de administración pública. Este tipo de servicios se recoge en el anexo XIV de la Directiva 2014/24/UE, que incluye, entre otros, los a ; ; a Otros servicios administrativos y servicios gubernamentales. Ahora bien, como señalamos en la resolución 23/2017, de 13 de enero de 2017, y en la resolución 926/2016, de 11 de noviembre, en su fundamento de derecho tercero, El 26 de febrero de 2014 se aprobó la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (en adelante Directiva de contratos). El plazo de transposición de la Directiva expiró el 18 de abril de este año. Dicha transposición no se ha llevado a cabo por el Reino de España con carácter global, si bien por diversas normas legales se ha introducido parte del contenido de dicha Directiva en el TRLCSP. Ahora bien, el hecho de que el Estado miembro no haya transpuesto el contenido de las Directivas, no impide su aplicación directa, si se dan los requisitos necesarios para ello fijados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En virtud de ello, los procedimientos de contratación sujetos a regulación armonizada, que se hubieran iniciado con posterioridad al 18 de abril de 2016 entendiendo por tales conforme a la disposición transitoria primera, apartado 1, del TRLCSP, sensu contrario, aquellos procedimientos abiertos en que se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato, con posterioridad a dicha fecha y, en el caso de procedimientos negociados, se hubieran aprobado los pliegos igualmente con posteridad a dicha fecha, están sujetos al efecto directo de la Directiva de contratos.

6 6 A tal efecto ha de tenerse en cuenta los siguientes criterios interpretativos: -La recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (JCCA), en relación con la aplicación de las nuevas directivas de contratación pública, de 15 de marzo (R JCCA de 15 de marzo de 2016). -Los criterios fijados sobre el efecto directo de las Directivas por los Tribunales administrativos encargados de la resolución del recurso especial en materia de contratación acordaron, de 1 de marzo de Conforme a dichos criterios, el objeto del recurso especial en materia de contratación depende del contenido de las Directivas de contratación pública, de tal forma que si estas cambian, cambia la materia susceptible de recurso especial en materia de contratación pública; ello aunque no haya cambiado la redacción de la Directiva 89/665/CEE, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras modificada por la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre de 2007, que es una norma de carácter adjetivo. Como consecuencia del efecto directo del artículo 2.9 de la Directiva de contratos, a partir del 18 de abril pueden ser objeto de los contratos de servicio sujetos a regulación armonizada, cualesquiera servicios y no solo los servicios de las categorías 1 a 16 del Anexo II del TRLCSP, distintos de aquéllos susceptibles de ser objeto de un contrato de obras sujeto a regulación armonizada, siempre y cuando no estén expresamente excluidos por la Directiva de contratos de su ámbito objetivo de aplicación, en virtud de sus artículos 7 a 17; entendiéndose por todo ello desplazado el artículo 16.1 del TRLCSP por la Directiva de contratos. En cuanto a los umbrales, tiene efecto directo la distinción que hace la Directiva de contratos en su artículo 4, letras b), e) y d), entre por una parte, los contratos públicos que tienen por objeto los denominados servicios sociales y otros servicios específicos que son los enumerados en su Anexo XIV de la Directiva, y por otra aquéllos contratos que tienen por objeto las demás prestaciones susceptibles de ser objeto de un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada.

7 7 Respecto de los contratos de servicios del Anexo XIV de la Directiva de contratos el umbral es de euros, de acuerdo con la letra d) del citado artículo 4 de la Directiva. Respecto de los demás contratos de servicios el umbral es de euros o euros, según el caso, de acuerdo con las letras b) y e) del artículo 4 de la Directiva de contratos respectivamente; coincidiendo así con los umbrales actualmente vigentes en el TRLCSP, por aplicación del Reglamento (UE) 2015/2342 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2015, por el que se modifica la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos. El fundamento derecho sexto de la citada resolución sigue diciendo: Como ya hemos dicho el régimen jurídico del contrato que nos ocupa está determinado por las normas de efecto directo de la Directiva de contratos, en cuanto desplazan a las nacionales, y en todo lo demás por el TRLCSP, al haberse iniciado el procedimiento de licitación con posterioridad al 18 de abril de En efecto, el hecho de que el Estado miembro no haya transpuesto el contenido de las Directivas, no impide su aplicación directa, si se dan los requisitos necesarios para ello fijados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dichos requisitos son los siguientes: -Que la disposición sea lo suficientemente clara y precisa. -Que la disposición establezca una obligación que no esté sujeta a ninguna excepción ni condición. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado en diversas ocasiones que una disposición es incondicional cuando no otorga a los Estados miembros ningún margen de apreciación. El efecto directo no se predica de las Directivas en su conjunto, sino tan solo de aquellas disposiciones incluidas en ellas que cumplan los requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia que se han citado. Además ha de tenerse en cuenta la prohibición del efecto directo vertical descendente.

8 8 El efecto directo de las Directivas de contratación pública es el denominado vertical ascendente, lo que significa que lo pueden invocar válidamente los particulares para hacer valer sus intereses frente a los Estados. Ahora bien, se excluye la posibilidad de que el efecto directo pueda ser horizontal, invocado entre particulares, o descendente, invocada por los poderes públicos en perjuicio de los particulares. En este sentido, la jurisprudencia del TJUE entiende que el carácter obligatorio de la Directiva es el fundamento del efecto directo y dicho carácter solo existe respecto del Estado destinario de la misma, por lo que es una norma que no puede crear por sí sola, obligaciones a cargo de un particular ni puede alegarse contra él; se trata de evitar que el Estado pueda sacar partido de su incumplimiento del Derecho de la Unión (STJUE de 12 de diciembre 2013, Portgás, asunto C-425/12), debiendo considerarse a estos efectos que los poderes adjudicadores como Estado. A los efectos de determinar las normas con efecto directo de la Directiva de contratos, han de tenerse en cuenta, como dijimos, tanto la R JCCA de 15 de marzo, como los criterios fijados sobre el efecto directo de las Directivas por los Tribunales administrativos encargados de la resolución del recurso especial en materia de contratación en su reunión de 1 de marzo de En este marco normativo de referencia no cabe sino aceptar la impugnación de la recurrente. Pues bien, tal y como consta en el apartado 1 del anexo I del PCAP, el código del contratp es el CPV: Servicios de administración pública. Este tipo de servicios se recoge en el anexo XIV de la Directiva, que incluye, entre otros, los a ; ; a Otros servicios administrativos y servicios gubernamentales. De acuerdo con el artículo 74 de la Directiva, Los contratos públicos de servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo XIV se adjudicarán de conformidad con el presente capítulo cuando el valor de dichos contratos sea igual o superior al umbral indicado en el artículo 4, letra d).

9 9 En la medida en que el contrato de servicios de objeto del presente recurso está incluido, por su objeto, en el Anexo XIV de la Directiva 2014/24/UE, pero su valor estimado es de euros, no alcanza los euros que el artículo 4.d) de dicha Directiva establece para poder considerarlo sujeto a regulación armonizada, el Tribunal, de conformidad con lo expuesto, ha de concluir que dicho contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratación, lo que determina la inadmisión del recurso. Por el mismo motivo, valor estimado del contrato inferior al umbral de euros que fija el precepto señalado, el contrato no está sujeto a regulación armonizada y no era obligatoria la publicación del anuncio en el DOUE, lo que implica que tampoco podría prosperar el recurso interpuesto. Quinto. Sentado lo anterior, y al amparo de lo dispuesto en el artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de conformidad con el cual el error o la ausencia en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter, procede devolver el citado escrito al órgano de contratación para su tramitación como recurso administrativo, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo II del Título VII de la Ley 30/1992 citada. Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha, ACUERDA: Primero. Inadmitir, por referirse a un contrato no susceptible de recurso especial, el interpuesto el recurso interpuesto por D. A. B. E. en representación de COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS S.A., contra los pliegos del procedimiento Servicios de colaboración en la gestión, recaudación e inspección de los tributos locales y demás ingresos

10 10 de Derecho Público, convocado por el Ayuntamiento de Miengo de la Comunidad Autónoma de Cantabria Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento producida de conformidad con los artículos 43 y 46 del TRLCSP. Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP. Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.