Recursos 276, 277 y 278/2013- Comunidad Valenciana 014, 015 y 016/2013 Resolución nº 228/2013

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1 MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recursos 276, 277 y 278/2013- Comunidad Valenciana 014, 015 y 016/2013 Resolución nº 228/2013 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 12 de junio de VISTOS los recursos interpuestos por D.A.M.A., en representación de la mercantil PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. (en adelante PAVASAL o la recurrente), contra los informes técnicos de valoración de las ofertas en las licitaciones, convocadas por la Diputación de Valencia, para la contratación de las obras de conservación y mejora de carreteras de titularidad provincial en las demarcaciones de Alzira (expte. AZ-346; recurso 276/2013-VAL 014); de Buñol (expte. B-253; recurso 277/2013-VAL 015) y de Villar del Arzobispo (expte. V-174, recurso 278-VAL 016), el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO Primero. La Diputación de Valencia convocó, mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 1 de marzo de 2013, licitaciones para adjudicar por procedimiento abierto los contratos de obras arriba citados. En los anuncios de licitación y en los pliegos se indica un valor estimado, respectivamente, de ,35 euros (expte. AZ-346), de ,97 euros (expte. B-253) y de ,89 euros (expte. V-174). A las tres licitaciones presentó oferta, entre otras, la empresa recurrente. Segundo. Las licitaciones se llevan a cabo de conformidad con los trámites previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP en adelante), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y en las demás normas de desarrollo de la Ley... AVDA. GENERAL PERÓN, 38, 8ª PLTA MADRID TEL: /47/51 FAX: Tribunal_recursos.contratos@minha p.es

2 2 Tercero. En sesión de la mesa de contratación de 9 de mayo de 2013, se aprobaron los informes técnicos de valoración de las ofertas relativos a los criterios no valorables mediante fórmula. El 16 de mayo se procedió a la apertura de las ofertas económicas. El 20 de mayo, se publica en la Plataforma de Contratación de la Generalitat Valenciana el resultado de la apertura de las ofertas económicas y la puntuación asignada a los licitadores en cada uno de los apartados correspondientes a los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas. Cuarto. Contra dichos informes de valoración técnica y los acuerdos de la mesa de contratación que los aprueban, PAVASAL ha interpuesto recursos especiales en materia de contratación. Los presenta el 4 de junio, previo anuncio, ante el órgano de contratación. Solicita que se suspenda la tramitación de los procedimientos, se anulen los informes de valoración impugnados y se retrotraigan las actuaciones al momento anterior al de otorgamiento de la puntuación técnica de las ofertas. Quinto. El 6 de junio de 2013 se recibieron en el Tribunal los expedientes administrativos y los correspondientes informes del órgano de contratación. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJ-PAC), aplicable al procedimiento para tramitar los recursos especiales en materia de contratación en virtud del artículo 46.1 del TRLCSP, este Tribunal ha dispuesto la acumulación de los procedimientos de recurso 276/2013-VAL 014, 277/2013-VAL 015 y 278/2013-VAL 016, por guardar entre sí identidad sustancial e íntima conexión, al estar interpuestos por el mismo recurrente, dirigirse todos ellos contra acuerdos similares de las mesas de contratación de 9 de mayo de 2013 y coincidir en su fundamentación. Segundo. El objeto de cada uno de los recursos es el correspondiente informe de valoración técnica y su aprobación por la mesa de contratación, en un contrato de obras cuyo valor estimado es, en los tres casos, inferior a 5 millones de euros. La competencia para resolverlos corresponde a este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.3 del indicado texto legal y en el Convenio de colaboración

3 3 con la Comunidad Valenciana sobre atribución de competencia de recursos contractuales, publicado en el BOE de 17 de abril de Tercero. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 del TRLCSP, están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 5 millones de euros. Todas las licitaciones impugnadas se refieren a contratos cuyo valor estimado, señalado en los anuncios y en los pliegos, es inferior a ese umbral. De acuerdo con lo establecido en el artículo 40.1 del TRLCSP, en los contratos de obras sólo es posible formular el recurso especial en materia de contratación cuando están sujetos a regulación armonizada. Por tanto, al referirse a contratos de obras no sujetos a regulación armonizada, la resolución de los recursos interpuestos no corresponde a este Tribunal y procedería su inadmisión. No obstante, PAVASAL alega que el valor estimado señalado en los pliegos coincide con el presupuesto base de licitación y no incluye las modificaciones que se puedan autorizar, dado que el Pliego permite que se puedan llevar a cabo modificaciones del contrato en su cláusula De estas previsiones se observa cómo, en principio, el pliego permite que el contrato pueda verse modificado sin límite alguno, por lo que dicha circunstancia debió tenerse en cuenta para determinar el importe del valor estimado del contrato...si simplemente se añadiera al presupuesto base de licitación, el 10% del precio del contrato que puede incrementarse como consecuencia de la alteración del número de unidades de obras sin necesidad de modificar el proyecto, nos encontraríamos en que el valor estimado del contrato superaría de por sí los A este respecto, el artículo 88 del TRLCSP relativo al cálculo del valor estimado de los contratos, en su apartado 1 señala: 1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación...

4 4 En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106, se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas. En los pliegos, la cláusula 21, citada por el recurrente, bajo el título de Modificación del contrato está formulada en los siguientes términos: "El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma prevista en el título V del libro I del TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 de la misma. Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el contratista en los términos indicados en el artículo 234 del TRLCSP. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP". Esta cláusula contiene únicamente una remisión genérica al TRLCSP, no prevé ninguna modificación concreta y nada tiene que ver con las modificaciones previstas en los pliegos a que se refiere el artículo 106 del TRLCSP. Como argumenta el órgano de contratación en su informe, las exigencias de ese artículo para las modificaciones previstas, -que son las que se deben tener en cuenta en el cálculo del valor estimado-, requieren que en los pliegos o en el anuncio de licitación se especifiquen cuestiones no contempladas en la cláusula transcrita del PCAP. Ésta no define los supuestos en que podrá modificarse el contrato, ni detalla de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, ni establece el alcance y los límites de las modificaciones que pueden acordarse, ni indica expresamente el porcentaje del precio del contrato al que, como máximo, puedan afectar. En conclusión, ni en los anuncios de licitación, ni en los pliegos, se prevé ninguna modificación en el sentido de lo dispuesto en el artículo 106 del TRLCSP, ni se determina su alcance, ni la cuantía máxima que pudiera alcanzar. Por tanto, no hay modificaciones previstas, de las contempladas en el artículo 88 del citado texto legal, que haya que tener en cuenta en el cálculo del valor estimado. Por ello, como se

5 5 indicó antes, no procede admitir los recursos, puesto que se refieren a contratos de obras no sujetos a regulación armonizada. Declarada su inadmisión, resulta improcedente manifestarse sobre las cuestiones de fondo planteadas en los recursos interpuestos. Cuarto. Sentado lo anterior, y al amparo de lo dispuesto en el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con el cual el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter, procede remitir el citado escrito al órgano de contratación al objeto de que determine si se admite su tramitación como recurso administrativo, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo II del Título VII de la Ley 30/1992 citada. Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha, ACUERDA: Primero. Inadmitir los recursos interpuestos por D.A.M.A., en representación de PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., contra los informes técnicos de valoración de las ofertas en las licitaciones, convocadas por la Diputación de Valencia, para la contratación de las obras de conservación y mejora de carreteras de titularidad provincial en las demarcaciones de Alzira (recurso 276/2013-VAL 014); de Buñol (recurso 277/2013-VAL 015) y de Villar del Arzobispo (recurso 278-VAL 016) por tratarse de contratos no susceptibles de recurso especial. Segundo. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP. Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo dos meses, a

6 6 contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.