DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

Transcripción

1 Al contestar refiérase al oficio No de setiembre de 2014 DFOE-IFR-0600 Licenciado Reynaldo Vargas Soto Auditor General CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD Asunto: Respuesta a la consulta efectuada por el auditor interno del CONAVI sobre las relaciones de hecho. Se da respuesta al oficio AUOF de 11 de agosto de 2014 mediante el cual nos consulta lo siguiente: 1. Si le corresponde a la auditoría interna incoporar en las relaciones de hechos las normas jurídicas sancionatorias que se les podría aplicar a los posibles implicados. 2. Debe darle la auditoría interna, con base en el numeral 2.11 de las Normas de auditoría interna en el Sector Público, a las relaciones de hecho dirigidas al Jerarca de la institución. I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. En primer término, se debe señalar que el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se regula en el artículo 29 de su Ley Orgánica (Ley No 7428 del 4 de setiembre de 1994) y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución N R-DC ), publicado en el diario oficial La Gaceta No 244 del 20 de diciembre de En ese sentido, cabe destacar que este órgano contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento, no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la institución solicitante o en su caso, por la Auditoría Interna en el ejercicio de sus competencias, de tal manera que lo que se emite es un criterio general y en ese entendido de carácter vinculante. Este proceder se funda, en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos

2 DFOE-IFR de setiembre de 2014 cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente informado. II.- Criterio del Área De conformidad con lo estalecido en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política que establecen a esta Contraloría General como institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública; los numerales 12 y 24 de nuestra Ley Orgánica, No 7428, que la designa como el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores de la Hacienda Pública y le confiere la facultad para emitir disposiciones, normas, políticas y directrices que coadyuven a garantizar la legalidad y eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos públicos, es que este órgano contralor emitió las Directrices sobre la comunicación de las relaciones de hecho y denuncias penales por auditorías internas del Sector Público, resolución Nro. R- CO de las once horas del diecinueve de febrero del dos mil ocho, publicada en la Gaceta Nro. 51 de 12 de marzo del mismo año. Al respecto, las directrices conceptualizan la relación de hechos como el ( )informe que compila una serie de hechos, actos, acciones y omisiones, que se encuentran ligados por un nexo de causalidad a una falta de carácter administrativo o a la determinación de responsabilidades, y que se constituye como un insumo para la acreditación de dichas responsabilidades. En ese sentido, tanto la Sala Constitucional, la Procuraduria General como esta Contraloria General han reconocido a las relaciones de hecho, efectuadas por las auditorías internas, como investigaciones preliminares, es decir, una fase preliminar al procedimiento administrativo en la que se recopilen documentos o se preparen informes, con el objetivo básico de establecer la procedencia de iniciar el respectivo procedimiento, o bien para identificar a las partes a partir de determinados hechos. La realización de esta etapa puede permitir a la Administración tomar una decisión mejor fundamentada en torno a si inicia o no un procedimiento administrativo, y de ahí su importancia. ( ) 1. Esta investigación, tal y como se detalló, tiene como objetivo que el órgano administrativo competente tenga una base para decidir si existe mérito o no para iniciar un procedimiento administrativo, que tienda a averiguar la verdad real de los hechos objeto de las pesquisas y es una vez cuando se ha abierto el procedimiento administrativo, con la conformación del Órgano Director, que surge el momento procesal oportuno donde el servidor investigado puede ejercer su derecho de defensa, tenga acceso a las piezas del expediente, sea asistido por un abogado y pueda realizar los alegatos que considere pertinentes Procuraduría General de la República, Manual de Procedimiento Administrativo, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto: de las nueve horas con veintiún minutos del veintinueve de agosto del dos mil tres. En el mismo sentido, Procuraduría General de la República, dictamen No C del 24 de febrero del 2005

3 DFOE-IFR de setiembre de 2014 En ese sentido, las Directrices sobre la comunicación de las relaciones de hecho mencionadas, en el punto 2.2, establecen un contenido mínimo para las relaciones de hechos, dentro del cual se debe: identificar el nombre completo del funcionario o ex funcionario, cédula, puesto y demás calidades que permitan su identificación; describir las acciones u omisiones que se presumen productoras de responsabilidad de manera clara, precisa, lógica, congruente y en orden cronológico; analizar, en el apartado de consideraciones factico jurídicas, y detallar en forma razonada por qué se estima que los hechos determinados infringen el ordenamiento jurídico aplicable, con indicación de las normas que se consideran transgredidas y la determinación, valoración e individualización de los daños y perjuicios que pudieran haber sido ocasionados por el eventual responsable o responsables, así como el método utilizado para estimar tales daños y perjuicios y la prueba que sustenta los hechos. Por su parte, la Sala Constitucional también ha puntualizado una serie de aspectos importantes como que: El informe que brinde el órgano que realizó la investigación se considera un acto interno o preparatorio del órgano compentete para tomar la decisión si abre o no el procedimiento administrativo, para lo cual debe analizarlo y pronunciarse al respecto 3. Es por ello que la Sala Constitucional ha indicado que el informe no se considera un acto administrativo definitivo que cause efectos en la esfera jurídica del accionante, pues no se resuelve, en esa etapa, la responsabilidad de los funcionarios 4. Se hace una distinción muy clara entre la investigación preliminar, que es, definir los hechos, examinar los procedimientos seguidos, establecer las posibles incorrecciones, y otro muy distinto, es exigir la responsabilidad o imponer la sanción, lo que necesariamente debe hacerse por medio de un procedimiento administrativo, siguiendo las reglas del debido proceso 5. Ahora bien, de conformidad con lo expuesto, y en relación a su primera interrogante, el apartado fáctico-jurídico de las relaciones de hecho debe contener un análisis de las acciones u omisiones enumeradas en el punto de hechos donde el nexo de causalidad permita determinar las posibles violaciones al ordenamiento jurídico y por consiguiente la indicación de las normas que se consideren transgredidas, relacionando sus comentarios con los hechos que los acreditan, así como determinar, cuando correspondiere, el daño y perjuicio que pudiera haber sido ocasionado por el eventual o eventuales responsables, así como el método utilizado para estimar tales daños y perjuicios Resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Nros de 20 de enero de 1995, de 6 de diciembre de 1994 y de 20 de enero de Resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Nros de 10 de febrero de 1999, de 10 de febrero de 1999 y 1029 de 16 de febrero de Resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Nros de 6 de diciembre de 1994 y de 20 de enero de Oficios de la Contraloría General Nros. DFOE-DI-0220 (1203) de 7 de febrero de 2014, DFOE-DI-0735 (3333) de 28 de marzo de 2014, DFOE-DI-796 (03521) de 2 de abril de 2014.

4 DFOE-IFR de setiembre de 2014 Lo anterior no debe confundirse con la función que debe realizar el órgano decisor, en la determinación y fundamentación, conforme al expediente administrativo del eventual procedimiento administrativo, de la demostración de mérito para aplicar una sanción administrativa o no y la gravedad de ésta, puesto que tal y como se indicó en líneas atrás, la relación de hechos que elabore una auditoría interna, es un insumo para que el funcionario con competencia disciplinaria valore el mérito o no de la eventual apertura de un procedimiento administrativo. Por otro lado, con relación a la segunda consulta sobre el seguimiento a las relaciones de hecho, tal y como usted lo menciona en su consulta, las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna para el Sector Público establecen en el numeral 2.11 que el auditor interno debe establecer, mantener y velar porque se aplique un proceso de seguimiento de las recomendaciones, observaciones y demás resultados derivados de los servicios de la auditoría interna, para asegurarse de que las acciones establecidas por las instancias competentes se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos definidos por la administración. ( ). Aunado a lo anterior, las Directrices para la Comunicación de Relaciones de Hechos indicadas, regulan en el apartado 2.2, que en ese documento el auditor debe dar una recomendación expresa de que se proceda a tomar las acciones pertinentes para dar inicio al procedimiento, con la advertencia de que deben tenerse presentes los plazos de prescripción que correspondan, de ahí que de la relación entre las normas citadas (2.11 y 2.2) resulta conveniente que el auditor interno conozca el resultado de su trabajo, respecto a la decisión del órgano competente sobre el mérito para abrir o no el procedimiento administrativo recomendado, esto como una especie de seguimiento, el cual finalizaría con el conocimiento de dicha decisión. III.- Conclusiones 1.- La Contraloría General con base en las competencias contenidas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 12 y 24 de nuestra Ley Orgánica emitió las Directrices sobre la comunicación de las relaciones de hecho y denuncias penales por auditorías internas del Sector Público, resolución Nro. R-CO de las once horas del diecinueve de febrero del dos mil ocho, publicada en la Gaceta Nro. 51 de 12 de marzo del mismo año. 2.- En esas Directrices se conceptualiza las relaciones de hecho como informe que compila una serie de hechos, actos, acciones y omisiones, que se encuentran ligados por un nexo de causalidad a una falta de carácter administrativo o a la determinación de responsabilidades, y que se constituye como un insumo para la acreditación de dichas responsabilidades. 3. La Sala Constitucional, la Procuraduría General y la Contraloría General han reconocido a las relaciones de hecho efectuadas por las auditorias internas como investigaciones preliminares, teniendo como objetivo ser una base para

5 DFOE-IFR de setiembre de 2014 que el órgano administrativo compentete decida si existe mérito o no para abrir un procedimiento administrativo. 4.- La auditoría interna en la relación de hechos debe indicar los hechos concatenados con la prueba, identificar los posibles imputados, realizar el análisis que fundamente que las acciones u omisiones señaladas infringen el ordenamiento jurídico, indicando la normativa transcredida. 5.- No obstante, ese análisis no debe confundirse con la competencia del Órgano Director y el Órgano Decisor, el primero de llevar a cabo el procedimiento, y el segundo, con base en el expediente administrativo, decidir si es aplicable o no una sanción, determinar cuál y su gravedad. 6.- Con base en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna para el Sector Público, numeral 2.11 y las Directrices para la Comunicación de Relaciones de Hechos indicadas, numeral 2.2, resulta conveniente que el auditor interno le dé seguimiento a las relaciones de hechos remitidas al órgano administrativo con competencia disciplinaria, a efecto de que se le informe la decisión adoptada de abrir o no el procedimiento administrativo. De esta forma, se deja atendida su consulta. Atentamente, Ana Paula Hernández Cordero Fiscalizadora Marcela Aragón Sandoval Gerente de área MAS/APHC/mzl Ci: G , P-26 Ni: