Asunto: Se atiende consulta respecto de la posibilidad de otorgar uniformes a los funcionarios municipales.

Transcripción

1 Al contestar refiérase al oficio Nº Señora Ginneth Bolaño Arguedas Auditoria Interna MUNICIPALIDAD DE PALMARES 11 de agosto del 2015 DJ Estimada señora: Asunto: Se atiende consulta respecto de la posibilidad de otorgar uniformes a los funcionarios municipales. Se refiere este Despacho a su oficio número DAI de fecha 25 de junio de 2015, recibido en esta Contraloría General el 30 de junio del mismo año, mediante el cual se consulta sobre la posibilidad de otorgar uniformes a los funcionarios municipales. En atención a la consulta planteada, debe advertirse que en el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 1994), el órgano contralor ejerce la potestad consultiva en el ámbito de sus competencias, de manera que atiende las consultas que al efecto le dirijan los órganos parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos y los sujetos privados no contemplados en el inciso b), del artículo 4, de la indicada ley. En este sentido, el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la, R-DC de las 8.00 horas del 13 de diciembre de 2011, establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva. Concretamente, el artículo 8 de dicho reglamento contempla los requisitos necesarios para la presentación de una consulta ante la Contraloría General de la

2 República, entre los que se citan en lo de interés: Artículo 8º Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos: ( ) 2. Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante.( ) Siendo que en el presente caso se cumple con lo dispuesto en dicho artículo se entra a conocer la misma y emitir el respectivo dictamen, no sin antes advertir que conforme lo indica el artículo 7 del citado reglamento, el mismo resulta vinculante. Por otra parte, la Contraloría General, conforme su naturaleza de contralor externo y vigilante de la Hacienda Pública y de los fondos públicos, no tiene por norma referirse a casos y/o a situaciones concretas que se susciten en los sujetos pasivos vinculados a su fiscalización y control. En ese sentido, este órgano contralor estima importante aclarar que el presente criterio se emite en términos generales y haciendo abstracción de cualquier situación particular, toda vez que no procede conocer o resolver por esta vía consultiva los casos concretos, cuya determinación corresponde a la propia administración activa en el ejercicio de sus competencias. Dicho proceder, valga señalar, obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que no pretende sustituir a la administración en la toma de decisiones respecto de las competencias que le han sido asignadas en el ordenamiento jurídico, a la vez que se trata de evitar el riesgo que implica adoptar decisiones sobre la base de supuestos

3 fácticos y jurídicos que no se conocen a plenitud, y por ende, puede generar un pronunciamiento errado en sus conclusiones. De manera que reiteramos- el carácter general de las observaciones y el análisis que aquí se plantea sobre el tema en consulta. En igual sentido, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual se sustituye a la Administración en el manejo particular de situaciones en el plano meramente administrativo, de los conflictos internos que se puedan generar entre las diferentes instancias en el seno de la administración consultante, o en la adopción de acuerdos o decisiones en sede administrativa. Tampoco debe interpretarse el criterio consultivo como validación o confirmación de las conductas previamente adoptadas por la Administración activa. En un supuesto como este el pronunciamiento por vía consultiva se desnaturalizaría porque perdería el rasgo asesor que lo caracteriza. En esa inteligencia, los criterios que en el ejercicio de esta competencia emite la Contraloría General se circunscriben al análisis y precisión de los distintos institutos, principios y reglas jurídicas, abstractamente considerados, es decir, sin referirse al caso concreto que motivó la consulta planteada. CRITERIO DEL DESPACHO. Respecto de la presenten consulta, corresponde indicar que en cuanto al tema de la compra de uniformes para los funcionarios públicos esta Contraloría General se ha pronunciado en otros momentos sobre el particular, concretamente, en los oficios no , DAGJ del 17 de diciembre de 1999, no. 1038, FOE-GU-34 del 6 de febrero de 2003, no. 6850, FOE-GU-196 del 16 de junio de 2005 y no. 4352, DCA del 16 de mayo de 2008, DJ del primero de febrero del En cuanto al tema del otorgamiento de uniformes a determinados servidores públicos, este órgano contralor ha mantenido una posición restrictiva, por lo que sólo en

4 casos excepcionales y calificados, ha estimado procedente el otorgamiento de este beneficio. La entrega de uniformes se ha justificado en algunos casos, en razón de las labores desempeñadas, siempre y cuando responda a una necesidad del servicio brindado por el funcionario. A su vez, se ha avalado en el tanto el uniforme sea visto como un medio indispensable para la obtención del objetivo y fin de la administración. Algunos de los supuestos en los que se ha indicado que se podrían otorgar uniformes a funcionarios públicos, son, por ejemplo, a los policías de tránsito, rurales y civiles; choferes, vigilantes, conserjes, así como los recolectores de basura, personas en contacto con productos químicos u otros que hagan necesario el uso de determinados implementos o uniformes especiales. También cuando obedecen a una forma de identificación del funcionario de determinado departamento o sección de la Institución que tiene relación con proveedores y personal afín a estas labores. En este caso, la Ley de Salarios de la Administración Pública, en el artículo 9 señala que: Salvo las sumas que por concepto de "zonaje" deban reconocerse a determinados servidores públicos, conforme al Reglamento que con tal fin dictará el Poder Ejecutivo, las prestaciones o suministros adicionales que en algunos casos se otorgaren, tales como las que cubran gastos de alojamiento, alimentación, vehículos, uniformes, etc., no tendrán el carácter de salario en especie, ya que tales gastos sólo se otorgarán cuando las necesidades del servicio así lo requieran, lo mismo que las sumas que fueren pagadas por concepto de viáticos o gastos de viaje. Por lo que de dicho artículo se puede concluir que se reconoce la posibilidad de que como beneficio adicional, sin carácter de salario en especie, se otorguen uniformes, siempre y cuando las necesidades del servicio así lo requieran.

5 Por su parte, esta Contraloría General es del criterio que la decisión que se adopte en el sentido de otorgar o no a determinados funcionarios uniformes queda bajo la entera responsabilidad de los jerarcas de la entidad respectiva, tomando en consideración el tipo de labor que se debe ejecutar, así como que se cuente con los recursos suficientes para la erogación en que deberá incurrir la Administración, gasto que deberá estar previamente presupuestado. Asimismo, es necesario que la respectiva Administración haya analizado técnicamente si cuenta con los recursos para sostener financieramente ese gasto a futuro. En conclusión, desde nuestra perspectiva, de previo a adoptar la decisión de otorgar o no uniformes a una determinada categoría de funcionarios, la Administración deberá valorar al menos- aspectos como, la existencia de una verdadera necesidad institucional, las características y la modalidad de la labor a realizar, la cantidad de funcionarios a los cuales se les va a otorgar uniformes, si se cuenta o no con la disponibilidad presupuestaria correspondiente, el objetivo que se va a cumplir con la entrega de estos uniformes, la sostenibilidad financiera a futuro de dicha erogación y todos los elementos necesarios que requiera para adoptar una decisión acorde con el uso eficiente y efectivo de los recursos públicos. A mayor abundamiento, adjuntamos los oficios antes citados. Atentamente Licda. Rosa Falla Ibáñez Gerente Asociada, Licda. Glory Elena Murillo Vega Fiscalizadora, GLMV/ Ci: Archivo Central NI: G: