Informe sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes en México Segundo ciclo del Examen Periódico Universal, México 2013

Transcripción

1 Informe sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes en México Segundo ciclo del Examen Periódico Universal, México 2013 México cuenta con una población total de 112 millones 336 mil 538 personas. De este número, 39 millones 226 mil 744 son niños, niñas y adolescentes que representan el 34.9% de la población. 1 Niñas, niños y adolescentes son un grupo poblacional que por sus propias características requieren acciones específicas que garanticen sus derechos. Para ello, es importante abandonar la visión asistencial y de caridad que se ha construido en torno al grupo, la cual se basa en percepciones adultocéntricas que colocan a niños, niñas y adolescentes en condiciones de dependencia y subordinación o como beneficiarios y actores pasivos de las políticas o programas. 2 En este marco, las acciones que se desarrollen deben atender al interés superior del niño, el cual se desprende del artículo tercero de la Convención sobre los Derechos del Niño y considera a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos y obliga a las autoridades administrativas e instituciones públicas y privadas de los Estados partes a asegurar su protección y cuidado y adoptar las medidas necesarias otorgando prioridad a este grupo. 3 Aunado a este principio, las acciones de los Estados deberán regirse por los principios de no discriminación; derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo; y derecho a la participación. Es importante señalar que pese a la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos Protocolos Facultativos sobre la participación de niños en conflictos armados y sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, respectivamente, el Estado mexicano aún debe ratificar el Tercer Protocolo Facultativo relativo a un mecanismo de comunicaciones. A pesar de las reformas legislativas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que priorizan la implementación de los tratados internacionales de derechos humanos, aún se encuentran algunos pendientes en materia de adecuación de la normativa local con los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos. Ante la falta de estándares generales entre las entidades de la República Mexicana y la ausencia de mecanismos e 1 Población de 0 a 17 años, La Infancia Cuenta en México, consultado el 7 de febrero de 2013, 2 Ricardo Ortega Soriano, dir., Informe especial sobre los derechos humanos de las y los jóvenes en el Distrito Federal , (México: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2012), p Rachel Hodgkin y Peter Newell, Manual de Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, (Nueva York: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2004), p

2 instituciones legales adecuadas para asegurar la coordinación entre los diferentes órdenes y sectores de gobierno responsables de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia, es necesario promover la creación de una iniciativa de Ley General para la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que organice el régimen de concurrencia entre los diferentes órdenes (federal, estatal, municipal) y sectores (salud, educación, asistencia, desarrollo social, desarrollo económico, cultura, deporte, entre otros) de gobierno y establezca estándares normativos generales para los estados que garanticen de manera uniforme y coordinada los derechos de la infancia y la adolescencia, en el marco de un Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 4 Dicha iniciativa deberá ser construida de la mano con la sociedad civil y con niños, niñas y adolescentes y deberá garantizar el reconocimiento del grupo como sujetos plenos de derechos, superar las visiones asistenciales y de criminalización y estar acompañada de presupuesto etiquetado para garantizar su correcta e inmediata aplicación. Por otra parte, en lo relativo al cumplimiento del derecho a la supervivencia y el desarrollo también se observan grandes vacíos. Desde diciembre de 2006 hasta 2012, a partir de un conteo hemerográfico, se ha calculado la muerte de aproximadamente 1,701 niños y niñas por hechos presuntamente relacionados con el crimen organizado. 5 De acuerdo con datos de La Infancia Cuenta en México 2012, 7 de cada 10 homicidios contra adolescentes de 15 a 17 años de edad ocurren por arma de fuego. En los últimos 5 años, esta tasa se ha triplicado pasando de 5.3 en 2007 a 15.7 en Ante el incremento, en los últimos años, de la tasa de mortalidad a nivel nacional de la población menor de 18 años y la ausencia de datos oficiales desagregados, se requiere que el Estado mexicano presente información sobre el número de niñas, niños y adolescentes heridos, detenidos y asesinados en el contexto de la lucha contra el crimen organizado trasnacional y desarrolle una estrategia nacional exhaustiva para prevenir y responder a toda forma de violencia, generalizada en el proceso de planificación nacional, coordinada por un administrador 4 Red por los Derechos de la Infancia en México, La Infancia Cuenta en México 2012: Desafíos actuales para la garantía de los derechos de la infancia. Análisis del marco legal mexicano (México: REDIM, 2012), consultado el viernes 1 de marzo de 2012, 5 Detengamos la violencia contra la infancia en México, Red por los Derechos de la Infancia en México, consultado el 30 de enero de 2013, 6 Tasa de mortalidad por homicidio, La Infancia Cuenta en México, consultado el 30 de enero de 2013, 2

3 de alto nivel con responsabilidades de liderazgo, apoyado por recursos humanos y financieros suficientes para prestar asistencia a su puesta en práctica, y evaluarla de manera efectiva. Aunado a lo anterior, también se observan vacíos en la garantía de los derechos de las niñas. En 2010, en México habitaban 19.3 millones niñas de 0 a 17 años, que representaban al 36.2% de las mujeres mexicanas. Es importante mencionar que la violencia y discriminación de género comienza desde la infancia, por lo cual las acciones afirmativas a favor de los derechos de las mujeres, cuando sea posible, tienen que iniciar con las niñas. En nuestro país, seis de cada cien mujeres de 15 a 17 años ya son madres. Es una situación aún más preocupante si observamos los datos que refieren que 11,682 niñas de entre 10 y 14 años de edad registraron un hijo en 2010, de éstas, 244 eran niñas de 10 años de edad. Asimismo, el embarazo adolescente es también causa de la deserción escolar y con ello, de la reducción de oportunidades para niñas y adolescentes: 9 de cada 10 niñas que se vuelven madres, dejan de asistir a la escuela. Por ello, el Estado mexicano y sus instituciones están obligados a reconocer los derechos de las niñas en las acciones de promoción y garantía de derechos de las mujeres. De igual forma, el sistema de salud está obligado a prevenir la discriminación de las adolescentes a quienes por su edad se les niegan los servicios de salud sexual y reproductiva; así como tomar las medidas necesarias para prevenir y atender el embarazo adolescente, especialmente en las zonas del país donde la violencia sexual se ha incrementado. En lo que atañe a las garantías procesales de niñas, niños y adolescentes, es importante señalar que a pesar de la reciente Ley de Migración y su nuevo reglamento, no se cuenta con una política pública integral ni la institucionalidad necesaria para garantizar los derechos de la infancia involucrada con el fenómeno migratorio. El Estado mexicano carece de una estrategia de fortalecimiento de las comunidades de origen en México, de programas de integración para niñas, niños y adolescentes mexicanos que regresan a nuestro país, y se observa un incremento en la separación de familias. Por ello, se debe establecer por ley la prohibición de la detención de la niñez migrante y el desarrollo de medidas alternativas. Igualmente, en el periodo de 2006 a 2011 se registró la detención de 7,532 adolescentes acusados de haber infrigido la ley penal, en particular en la comisión de delitos del orden federal. A pesar de que en México ya se aprobó la Ley Federal de Justicia Penal para Adolescentes, su implementación requiere un periodo de espera de dos años, lo cual genera incertidumbre en la garantía de sus derechos. Es urgente la creación de tribunales especializados para adolescentes así como de centros de detención y tratamiento, con la finalidad de garantizar una justicia 3

4 restitutiva y que el poder judicial federal y los poderes locales creen un sistema de información estadística, desagregado por edad, sexo, temporalidad, causas de detención y situación jurídica de las y los adolescentes en conflicto con la Ley Penal. Finalmente, es importante mencionar que niñas, niños y adolescentes carecen de espacios y mecanismos para incidir de manera activa en los procesos de formulación e implementación de las políticas públicas. Pese a que los instrumentos internacionales promueven el derecho de este grupo a ser escuchado, aún no se les concibe como ciudadanas y ciudadanos, sino hasta que cumplen la mayoría de edad. Asimismo, en aras de construir una ciudadanía efectiva el Estado debe generar espacios y mecanismos de participación en el diseño, monitoreo, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de infancia, a todos los niveles (municipal, estatal, federal). RECOMENDACIONES Que el Estado mexicano ratifique el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones Que el Estado mexicano genere las condiciones adecuadas para la construcción e implementación de un sistema integral de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes, el cual permita articular las leyes, las políticas, los programas y los presupuestos y establece condiciones efectivas para la realización del principio del interés superior. Que el Estado mexicano desarrolle una estrategia nacional exhaustiva para prevenir y responder a toda forma de violencia, generalizada en el proceso de planificación nacional, coordinada por un administrador de alto nivel con responsabilidades de liderazgo, apoyado por recursos humanos y financieros suficientes para prestar asistencia a su puesta en práctica, y evaluarla de manera efectiva. Que el Estado mexicano y sus instituciones reconozcan los derechos de las niñas en las acciones de promoción y garantía de derechos de las mujeres. De igual forma, el sistema de salud deberá prevenir la discriminación de las adolescentes a quienes por su edad se les niegan los servicios de salud sexual y reproductiva, así como tomar las medidas necesarias para prevenir y atender el embarazo adolescente, especialmente en las zonas del país donde la violencia sexual se ha incrementado. 4

5 Que se establezca por ley la prohibición de la detención de la niñez migrante y se desarrollen medidas alternativas para evitarla; la generación de espacios suficientes y adecuados para brindar los cuidados y atenciones a la infancia migrante no acompañada especialmente a las y los adolescentes; el fortalecimiento de la figura del Oficial de Protección a la Infancia para que cumpla con una función de protección y no solamente de control administrativo, y el establecimiento de garantías procesales. Que los poderes ejecutivo y judicial de las entidades y municipios mejoren la cobertura y calidad de los tribunales y centros de detención y tratamiento especializados en justicia para adolescentes, con la finalidad de garantizar una justicia restitutiva y que el poder judicial federal y los poderes locales creen un sistema de información estadística, desagregado por edad, sexo, temporalidad, causas de detención y situación jurídica de las y los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, a fin de disminuir los índices de arbitrariedad e incrementar la transparencia de los procesos. Que el Estado genere espacios y mecanismos de participación en el diseño, monitoreo, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de infancia, a todos los niveles (municipal, estatal, federal). 5