UNIVERSIDAD MONTEÁVILA Comité de Estudios de Postgrados Especialización en Derecho Procesal Constitucional

Transcripción

1 UNIVERSIDAD MONTEÁVILA Comité de Estudios de Postgrados Especialización en Derecho Procesal Constitucional LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE SENTENCIAS: DEBERÍA ESTABLECERSE UN LAPSO DE CADUCIDAD PARA SU EJERCICIO? Trabajo Especial de Grado presentado como requisito parcial para optar al Grado de Especialista en Derecho Procesal Constitucional Autor: María Corina Castillo Pérez Tutor: Iván Eduardo Escalona Silva Caracas, Febrero de 2010

2 Caracas, 17 de febrero de 2010 Señores Comité Académico del Programa de Postgrado Especialización de Derecho Procesal Constitucional Presente.- En mi carácter de Tutor del Trabajo Especial de Grado denominado LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE SENTENCIAS: DEBERÍA ESTABLECERSE UN LAPSO DE CADUCIDAD PARA SU EJERCICIO? presentado por la ciudadana MARÍA CORINA CASTILLO PÉREZ, para optar al Grado de Especialista en Derecho Procesal Constitucional, considero que dicho Trabajo Especial de Grado, reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometidos a la presentación privada y evaluación por parte del jurado examinador que se designe. En la ciudad de Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de febrero del año dos mil diez (2010). Iván Eduardo Escalona Silva C.I. V ii

3 Dedicatoria: A la memoria de mi madre Lucila Pérez Luciani de Castillo iii

4 Agradecimientos: A mi tutor Dr. Iván Escalona Silva, por su apoyo durante la elaboración del trabajo especial de grado. Al Dr. Antonio Canova González, excelente profesor en la Especialización de Derecho Procesal Constitucional, por motivarme en su cátedra tanto para la escogencia del tema del trabajo como para la consecución de mis logros. A la profesora Beatriz Martínez, quien nos orientó y acompañó en la realización del trabajo. A mis compañeros: Belinda, Jorge, Fidel y Juan, con quienes tuve el honor de compartir este postgrado. iv

5 ÍNDICE GENERAL RESUMEN vii INTRODUCCIÓN... 1 CAPÍTULO I EL PROBLEMA Planteamiento del Problema Objetivos de la Investigación Importancia y Justificación de la Investigación.6 pp. II MARCO CONTEXTUAL 7 III MARCO METODOLÓGICO IV MARCO TEÓRICO REFERENCIAL Ámbito de aplicación de la Revisión Constitucional de Sentencias Funciones, finalidad y naturaleza jurídica de la Revisión Constitucional de Sentencias Funciones de la Revisión Constitucional de Sentencias Finalidad de la Revisión Constitucional de Sentencias Naturaleza Jurídica de la Revisión Constitucional de Sentencias Oportunidad para introducir la solicitud de Revisión Constitucional de Sentencias v

6 V DESARROLLO 5.1. Aspectos que favorecen el establecimiento de un lapso de caducidad para activar el mecanismo de Revisión Constitucional de Sentencias La cosa juzgada Aspectos que dificultan o pueden impedir la fijación de un lapso de caducidad a la Revisión Constitucional de Sentencias La Caducidad y el Orden Público Constitucional Tratamiento de los lapsos de caducidad en los recursos que pueden Enervar la cosa juzgada en el Ordenamiento Jurídico Venezolano El Recurso de Invalidación El Recurso de Amparo contra sentencias La Revisión de Sentencias prevista en el Código Orgánico Procesal Penal Un Vistazo al Derecho Comparado en cuanto al establecimiento de un lapso de caducidad en recursos análogos a la Revisión Constitucional de Sentencias El Writ of Certiorari en Estados Unidos de Norteamérica El Recurso de Amparo en España El Recurso de Amparo en Alemania El Recurso Extraordinario Federal en Argentina CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES REFERENCIAS CURRICULUM VITAE.. 85 vi

7 Especialización en Derecho Procesal Constitucional LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE SENTENCIAS: DEBERÍA ESTABLECERSE UN LAPSO DE CADUCIDAD PARA SU EJERCICIO? Autor: María Corina Castillo Pérez Tutor: Dr. Iván Escalona Silva Fecha: Febrero 2010 RESUMEN El presente trabajo de investigación tuvo como objeto determinar si era razonable y conveniente establecer un lapso de caducidad para el ejercicio de la Revisión Constitucional de Sentencias, mecanismo de control de la constitucionalidad, incorporado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1.999, en el artículo 336 numeral 10. En ese sentido, se efectuó un análisis de la Revisión Constitucional de Sentencias y su desarrollo desde su incorporación en la Carta Magna hasta la fecha, con énfasis en la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, máximo intérprete de la Constitución, en lo que se refiere a las sentencias objeto de revisión y a la naturaleza jurídica del citado mecanismo. Posteriormente, se analizaron los aspectos que podían favorecer o dificultar la fijación de dicho lapso de caducidad. A tales efectos, se revisó la cosa juzgada, la eficacia de las sentencias inconstitucionales, el criterio de la cosa juzgada aparente y se efectuó un análisis de la conveniencia de mantener ilimitada en el tiempo la posibilidad de enervar la primera, frente a una violación constitucional. Asimismo, se hizo una breve investigación sobre el tratamiento de los lapsos de caducidad en los recursos que pretenden enervar, destruir o postergar la cosa juzgada, tanto en Venezuela, como en el Derecho Comparado: Estados Unidos de América, España, Alemania y Argentina. Por último, se generó una propuesta que concilia la eficacia de cosa juzgada y los derechos de los vencedores en los procesos con la facultad revisora ante las posibles violaciones constitucionales, la cual contempla la fijación de un plazo de caducidad. PALABRAS CLAVES: REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE SENTENCIAS. COSA JUZGADA. CADUCIDAD Y ORDEN PÚBLICO. vii

8 INTRODUCCIÓN La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1.999, en el numeral 10 del artículo 336, introdujo un nuevo mecanismo de control de constitucionalidad, atribuido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la facultad de revisión de las sentencias de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos que deberá establecer la respectiva ley orgánica. Ante la ausencia de la ley orgánica que desarrolle la jurisdicción constitucional, la propia Sala Constitucional ha enmarcado dicha potestad revisora en: (i) El mandato constitucional artículo 336, ordinal 10º de la Constitución, (ii) La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia artículo 5, numerales 4, 16 y 22; y, (iii) La jurisprudencia emanada de dicha Sala, como máximo y último intérprete de la Constitución, conforme a lo previsto en el artículo 335 constitucional. En el último aspecto, ha sido prolija la Sala Constitucional en el pronunciamiento acerca de cuáles decisiones son revisables a través de este mecanismo; los requisitos de procedencia de la citada revisión constitucional; la facultad discrecional de admitir o rechazar la solicitud por medio de la cual se interponga, y el procedimiento a seguir, entre otros. En el estudio de la Revisión Constitucional de resoluciones judiciales, se observa que se contraponen, de un lado, la prevalencia o la defensa de la Constitución y de la uniformidad en la interpretación de las normas y principios constitucionales y, del 1

9 otro, la necesidad de seguridad jurídica, como realidad imperante en el mantenimiento de la paz y el orden social. Si se concibe ilimitada en el tiempo esta amplia potestad de la Sala Constitucional de revisión de resoluciones definitivamente firmes dictadas por los tribunales de la República y por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, a priori, podría pensarse que atenta contra algunas de las instituciones fundamentales del Derecho, tales como la eficacia de la cosa juzgada y la seguridad jurídica. Caso contrario, si se trata de derechos y garantías constitucionales inherentes a la persona humana los que pudieran resultar vulnerados con una decisión definitivamente firme y, si se asume que este medio tiene una dimensión objetiva que mira a la unificación de la jurisprudencia constitucional, no luce conveniente establecer un límite de tiempo para el ejercicio de la revisión constitucional. Con la investigación que se realiza, se pretende determinar la conveniencia y procedencia de limitar en el tiempo, a través de un lapso de caducidad, la posibilidad de solicitar ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la revisión de resoluciones judiciales definitivamente firmes emanadas de los tribunales y de las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia. A tales efectos, se estudiarán y analizarán las implicaciones jurídicas de la Revisión Constitucional de sentencias definitivamente firmes por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, tal como ha sido desarrollado a partir de la entrada en vigencia de la Constitución, a la luz de la cosa juzgada, de la seguridad jurídica y de la defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales. El trabajo de investigación que nos ocupa ha sido elaborado en seis (6) secciones o capítulos, así: 2

10 Primera: En la primera sección, se ha efectuado el planteamiento del problema; la definición de los objetivos del trabajo; y, la correspondiente justificación e importancia de la investigación. Segunda: En este capítulo, de una manera resumida, se delimita el contexto en el cual se ha realizado el estudio. Tercera: En esta parte del trabajo, se precisa la metodología utilizada en la investigación para llegar al cumplimiento de los objetivos propuestos. Cuarta: En esta sección, se ha elaborado una síntesis del desarrollo del mecanismo de Revisión Constitucional de decisiones judiciales, desde la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1.999, hasta la fecha de la investigación, con especial atención al contenido de la Exposición de Motivos de la Constitución; a los criterios establecidos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y por la doctrina patria especializada en la materia, en relación con las sentencias sobre las cuales procede la revisión; en cuanto a la naturaleza jurídica, funciones y finalidad de dicho mecanismo y a la oportunidad para activarlo. Quinta: En esta sección se han analizado, en primer lugar, entre los aspectos que pudieran favorecer el establecimiento del lapso de caducidad para formular la solicitud de Revisión Constitucional ante la Sala Constitucional, concretamente, la institución de la cosa juzgada; y cómo la Revisión Constitucional podría afectar su eficacia; y, en consecuencia, alterar la seguridad jurídica, estas últimas, como elementos esenciales para mantener la paz y el orden social. En segundo lugar, se han analizado algunos aspectos que dificultan o pueden impedir la fijación de un lapso de caducidad en la Revisión de Constitucional de decisiones. En ese orden de ideas, fueron examinadas: la prevalencia de la defensa 3

11 de la constitución y de los derechos fundamentales; y, la necesidad de preservar la uniformidad de la interpretación de las normas y principios constitucionales; los efectos de las sentencias inconstitucionales, el fraude procesal y la cosa juzgada aparente; así como la caducidad frente al Orden Público Constitucional. En esta parte del trabajo, en tercer lugar, se efectuó un estudio breve de los recursos o mecanismos existentes en el ordenamiento jurídico venezolano que pretenden desvirtuar, enervar o postergar la cosa juzgada, a los efectos de determinar el tratamiento que en dichos recursos se les da a los lapsos de caducidad para su ejercicio. Por último, se realizó un análisis somero sobre los medios de impugnación análogos a la Revisión Constitucional de sentencias en el Derecho Comparado, concretamente, en Estados Unidos de América, España, Alemania y Argentina, para precisar sí los mismos tienen establecido un lapso de caducidad para su interposición y, en caso afirmativo, conocer la extensión de éstos. Sexta: En esta última sección o capítulo, se presentan las conclusiones a las que llegó la autora al finalizar la investigación, en las cuales, entre otros aspectos, se fija una posición acerca de si es necesario y razonable fijar un lapso de caducidad para solicitar ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la revisión de decisiones judiciales. En ese sentido, se ha generado una propuesta que concilie el equilibrio entre la defensa de la constitución; de los derechos fundamentales; de la necesidad de uniformidad en la interpretación de las normas y principios constitucionales con la vigencia y eficacia de la cosa juzgada, de expreso rango constitucional, que permite preservar los derechos de los vencedores en los procesos. 4

12 CAPÍTULO I EL PROBLEMA 1.1. Planteamiento del Problema Debería establecerse un lapso de caducidad para solicitar la Revisión Constitucional de Sentencias ante la Sala Constitucional? 1.2. Objetivos de la Investigación Objetivo General Determinar la conveniencia de limitar en el tiempo, a través de un lapso de caducidad, la posibilidad de solicitar ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la revisión de sentencias definitivamente firmes emanadas de los tribunales y de las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia. Objetivos Específicos 1. Analizar la cosa juzgada, como aspecto fundamental que podría favorecer el establecimiento del lapso de caducidad para interponer la solicitud de Revisión Constitucional de sentencias atribuida a la Sala Constitucional. 5

13 2. Analizar los aspectos que dificultan o pueden impedir la fijación de un lapso de caducidad para activar el mecanismo de Revisión Constitucional de decisiones judiciales, ante la Sala Constitucional. 3. Revisar en el ordenamiento jurídico vigente en Venezuela y en el Derecho Comparado, el tratamiento de los lapsos de caducidad en los recursos o medios extraordinarios de impugnación de sentencias que pretendan enervar la cosa juzgada Importancia y Justificación de la Investigación La presente investigación encuentra asidero en el vacío legal que impera en lo atinente a la regulación del procedimiento a seguir para activar el control de constitucionalidad, a través de la Revisión Constitucional de decisiones judiciales. Por otra parte, son numerosas las sentencias definitivamente firmes emanadas de los tribunales de la República y de las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia, susceptibles de ser sometidas a revisión, por la Sala Constitucional, conforme a la doctrina establecida por ésta. Dicha situación ha generado inseguridad jurídica, toda vez, que a pesar de obtener sentencias definitivamente firmes emanadas de los tribunales o de cualquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, a excepción de las dictadas por la Sala Constitucional, contra las cuales se han agotados todos los recursos para su impugnación, en la actualidad, es posible, que en cualquier tiempo, dichas sentencias puedan ser revisadas por la Sala Constitucional a través de la Revisión Constitucional de Sentencias. 6

14 CAPÍTULO II MARCO CONTEXTUAL El trabajo de investigación se limitó a determinar si es razonable y procedente establecerle o no un lapso de caducidad a la facultad de revisión de sentencias definitivamente firmes, que le fue conferida a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en la Constitución de Como ya fue señalado, se estudió el citado mecanismo de revisión constitucional desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1.999, hasta la fecha y la evolución de la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ese sentido. Asimismo, se efectuó un breve análisis de los medios extraordinarios que pretenden enervar o destruir la cosa juzgada tanto en Venezuela, como en el Derecho Comparado en algunos países, previamente seleccionados, en lo tocante al establecimiento de los lapsos de caducidad para su respectivo ejercicio, a saber: Estados Unidos, España, Alemania y Argentina. 7

15 CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO La investigación realizada es de tipo documental, de carácter teórico y de nivel, descriptivo. Se dice que es documental porque tiene base fundamentalmente bibliográfica, lo cual permitió estudiar el problema a nivel teórico, y se escogió la misma porque es la que mejor se adecuó al interés de la autora en el desarrollo del estudio. Igualmente se recurrió a la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como máximo y último intérprete de la Constitución y se realizó una investigación retrospectiva, desde la aprobación y entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de y la evolución jurisprudencial en torno a la Revisión Constitucional de Sentencias, fundamentalmente referida a dos puntos esenciales, el ámbito de aplicación y la naturaleza jurídica de la misma. Se investigó y consultó, asimismo, la doctrina patria especializada en la materia. Todas estas fuentes de información, permitieron caracterizar el mecanismo de Revisión Constitucional de Sentencias en Venezuela y determinar su evolución hasta la fecha de la investigación, lo que denota el nivel descriptivo de la misma. Se han revisado igualmente, diversos autores clásicos, en relación con la cosa juzgada, su definición, efectos, tipos, razones que justifican su existencia y la 8

16 posibilidad de enervarla, sin limitación en el tiempo, frente a violaciones constitucionales. Por último, se analizó el criterio de la cosa juzgada aparente sostenido en sus orígenes por la Sala de Casación Civil de la antigua Corte Suprema de Justicia y reiterado posteriormente por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; se efectuó una investigación de la posición de la Sala Constitucional, en relación con la caducidad y el Orden Público Constitucional y, un estudio somero, del tratamiento de los lapsos de caducidad, en recursos y acciones que pretenden enervar la cosa juzgada, tanto en el ordenamiento jurídico patrio, como en el Derecho Comparado. 9

17 CAPÍTULO IV MARCO TEÓRICO REFERENCIAL La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1.999, en el numeral 10 del artículo 336, como se dijo, introdujo un nuevo mecanismo de control de constitucionalidad, atribuido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la facultad de revisión de las sentencias de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, dictadas por los tribunales de la República, en los términos que establezca la respectiva ley orgánica. En efecto, dispone el citado artículo, lo siguiente: Art.336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: 10. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva. En atención al texto constitucional parcialmente transcrito, la competencia de la Sala Constitucional de revisar las decisiones abarca únicamente las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República. El precepto constitucional, de igual forma, deja a la ley orgánica que habrá de regular la jurisdicción constitucional el establecimiento de los términos y condiciones en que ha de configurarse tal facultad revisora. 10

18 4.1. Ámbito de aplicación de la Revisión Constitucional de Sentencias Desde la entrada en vigencia de la constitución, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con el objeto de determinar el ámbito de la potestad revisora que le fue conferida en el numeral 10 del artículo 336, estableció como premisa general, que «cada derecho fundamental se encuentra delimitado por los demás derechos fundamentales contenidos en el conglomerado de las normas constitucionales» (Ramírez & Garay. (2001, Febrero). Jurisprudencia. [Sentencia (No c)] (173). 294.) En vista de dicha circunstancia, en la mencionada decisión del 6 de febrero de 2001, caso Corpoturismo, consideró apropiado la Sala, definir los límites de la potestad revisora a que se refiere el artículo citado y, a tal efecto, determinó cuales sentencias definitivamente firmes podían ser objeto de revisión constitucional, así: Por lo antes expuesto, esta Sala considera que la potestad de revisión extraordinaria de sentencias definitivamente firmes de las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y de los demás tribunales y juzgados del país se encuentra delimitada de la siguiente manera: Con base en una interpretación uniforme de la Constitución y considerando la garantía de La Cosa Juzgada establecida en el numeral 7º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en principio, es inadmisible la revisión de sentencias definitivamente firmes en juicios ordinarios de cualquier naturaleza por parte de esta Sala. Y en cuanto a las decisiones de las otras Salas de este Tribunal es inadmisible cualquier demanda, incluyendo la acción de amparo constitucional contra cualquier tipo de sentencia dictada por ellas, con excepción del proceso de revisión extraordinario establecido en la Constitución, y definido a continuación. Solo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta sala posee la facultad de revisar lo siguiente: 1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país. 11

19 2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia. 3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país, apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional. 4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente, hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional. Ramírez & Garay. (2001, Febrero). Jurisprudencia. [Sentencia No f)]. (173) (Resaltado la autora) Por otra parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial No del 20 de mayo de 2004, en su artículo 5, numerales 4, 16 y 22, recogió y amplió los criterios establecidos por la Sala Constitucional y, en ese sentido, dispuso lo siguiente: Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: 4. Revisar las sentencias dictadas por una de la Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación; asimismo podrá avocarse al conocimiento de una causa determinada, cuando se presuma fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, aun cuando por razón de la materia y en virtud de la ley, la competencia le esté atribuida a otra Sala; 16. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad de leyes o de normas jurídicas, dictadas por los demás tribunales de la República; 12

20 22. Efectuar, en Sala Constitucional, examen abstracto y general sobre la constitucionalidad de una norma previamente desaplicada mediante control difuso de la constitucionalidad por una Sala del Tribunal Supremo de Justicia, absteniéndose de conocer sobre el mérito y fundamento de la sentencia pasada con fuerza de cosa juzgada; Leoncio Cuenca, en su obra «Revisión de las Decisiones Judiciales como mecanismo de control de la constitucionalidad en Venezuela» (2007, 66), de una forma práctica y actualizada, efectúa una síntesis de las sentencias definitivamente firmes sobre las cuales la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se ha arrogado la potestad para ejercer la facultad revisora. En ese sentido, señaló: A manera de resumen, se puede indicar que el estado actual de los supuestos de hecho o motivos que dan lugar a la revisión constitucional según la jurisprudencia de la Sala Constitucional son los siguientes: (i) sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional; (ii) sentencias definitivamente firmes en las que se haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas; (iii) sentencias de las demás Salas que violen principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución y Tratados, Pactos o Convenios Internacionales ratificados por la República; (iv) sentencias de las demás Salas que sean consecuencia de error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación; (v) sentencias que violen la Constitución; (vi) sentencias que se aparten de la doctrina vinculante o no de la Sala Constitucional; y (vii) sentencias que violen derechos constitucionales. Ante dicha potestad genérica de revisar todas las sentencias que contraríen la Constitución y las interpretaciones que haga la Sala Constitucional, que como máximo intérprete de ésta y con base en la Supremacía de la Constitución se ha adjudicado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Casal (2006, ) ha manifestado su desacuerdo, para lo cual, señaló: 13

21 No hallamos apoyo normativo para la tesis de que la Sala Constitucional ostenta, en virtud de la Constitución y sin respaldo legislativo, un poder genérico de revisión de cualquier clase de sentencias definitivamente firmes que contengan serios errores de interpretación constitucional. A este respecto, no es acertado invocar el principio de supremacía constitucional, por cuanto en un sistema de justicia constitucional como el nuestro dicho principio vincula a todos los jueces del país, los cuales están obligados a proteger la Constitución y a desaplicar las leyes contrarias a la Constitución Nótese, además, que el artículo 335 de la Constitución atribuye al Tribunal Supremo de Justicia, y no solamente a la Sala Constitucional, el deber de asegurar la supremacía de las normas y principios constitucionales, lo cual es expresión del carácter mixto de nuestro sistema de justicia constitucional y de la función que en esta materia ha de ejercer cada uno de los distintos órdenes jurisdiccionales, en cuyo vértice, se encuentran las demás Salas de ese Supremo Tribunal. La preservación de la supremacía de la Constitución, en rigor, es una misión no de la Sala Constitucional, mucho menos del mecanismo de la revisión, sino del completo sistema de justicia constitucional. Dentro de este sistema dicha Sala ocupa un lugar capital y le corresponde jugar un papel singular, pero el éxito del sistema estriba en que cada una de sus piezas desempeñe su función específica. De la significación de la misión de encabezar el sistema de justicia constitucional no cabe inferir poderes genéricos de revisión de sentencias, que ni siquiera están sometidos a plazo preclusivo de ejercicio. El argumento de que la Sala Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, y el sano propósito de preservar su integridad, no debe llevar a alterar el orden procesal y a debilitar la garantía de la cosa juzgada, que si posee indiscutible fundamento constitucional. De otro lado, se aprecia como la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de sus sentencias, no sólo ha ampliado, como se dijo, la facultad revisora que le fue conferida por el artículo 336 numeral 10 del Texto Fundamental, sino que ha establecido que para que dicha facultad sea ejercida no hace falta la instancia de parte, sino que en algunos casos puede ser ejercida de oficio. Lo dicho, se puede constatar de la sentencia del 6 de febrero de 2001, Caso: Corpoturismo, ya citada, en la cual, en lo que se refiere a este punto, indicó: 14

22 En cuanto a la potestad de esta Sala para revisar de oficio las sentencias definitivamente firmes en los mismos términos expuestos en la presente decisión, esta Sala posee la potestad discrecional de hacerlo siempre y cuando lo considere conveniente para el mantenimiento de una coherencia en la interpretación de la Constitución en todas las decisiones judiciales emanadas por los órganos de administración de justicia. (Ramírez & Garay. (2001, Febrero). (Sentencia No g) (173). (301). (Resaltado la autora). Al comienzo de la labor de la Sala Constitucional, tal como lo apunta Kiriakidis, (2000, 337) ésta ejercía su facultad revisora aun contra sentencias emanadas de las otras Salas de dos formas «(i) bien cuando por vía directa le sea solicitado por un particular, o (ii) bien cuando en el curso de un procedimiento cualquiera, previamente incoado por un particular, se percate, de oficio de las infracciones constitucionales que pueda contener un fallo de cualquiera de las restantes Salas de Tribunal Supremo». En la actualidad, es distinto el proceder de la Sala Constitucional y sin que medie petición de parte y, sin que en un procedimiento previamente incoado por un particular, se percate de alguna infracción constitucional, la mencionada Sala, bastándole la «notoriedad judicial que se desprende de la revisión de la Página Web del Tribunal Supremo de Justicia» en ciertos casos, ha procedido de oficio y ha anulado sentencias proferidas por otras de las Salas del Máximo Tribunal. Ejemplo de ello, lo constituye la sentencia No del 27 de diciembre de 2007, (Caso: Yolanda del Carmen Vivas Guerrero), en la cual la Sala Constitucional, de oficio y, con fundamento, como se reitera, en la «notoriedad judicial que se desprende de la revisión de la Página Web del Tribunal Supremo de Justicia» ordenó la revisión y por consiguiente, anuló, también de oficio, la sentencia No dictada el 2 de agosto de 2007, por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; y, ordenó reponer la causa a efectos de que dicha Sala dictara nuevo pronunciamiento respecto de la demanda de nulidad interpuesta por la 15

23 ciudadana Yolanda del Carmen Vivas Guerrero, el cual debía ajustarse a los criterios expuestos en el referido fallo. En ese caso, para proceder de oficio, la Sala Constitucional, por auto No del 15 de octubre de 2007, estableció lo siguiente: Esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por notoriedad judicial de la revisión de la Página Web del Tribunal Supremo de Justicia, advirtió que la Sala Político Administrativa de este Tribunal, dictó sentencia Nº 1.415/2007, en la cual se declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por la ciudadana Yolanda del Carmen Vivas Guerrero, contra ( ) la decisión emanada de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, que en sesión de fecha 15 de noviembre de 2005 declaró ( ) sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto administrativo del 21 de junio de 2005, contenido en el oficio CJ , mediante el cual se dejó sin efecto la designación de la recurrente en el cargo de Jueza Temporal del Juzgado de Primera Instancia de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, por las observaciones presentadas ante [ese] Despacho ( ). Igualmente, advierte de la revisión preliminar del contenido de la sentencia Nº 1.415/2007 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que en la misma se establecieron criterios generales en torno al régimen disciplinario y de estabilidad de los jueces, a las competencias y funcionamiento de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, así como al estatuto aplicable a los jueces y otros funcionarios designados con carácter provisorio y en general al sistema del acceso y desarrollo de la carrera judicial. Asimismo, que el alcance de las consideraciones y asertos desarrollados en el texto de la referida sentencia Nº 1.415/2007, se encontrarían directamente vinculados a principios y derechos constitucionales tales como el derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva objeto de interpretación por parte de la jurisprudencia de esta Sala Constitucional. Que la delimitación del ejercicio de las competencias y funcionamiento de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, se relaciona directamente con el artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela preceptúa la estabilidad y permanencia de los jueces en el Poder Judicial, al respecto señala: ( ) Los jueces o juezas sólo podrán ser removidos o removidas o suspendidos 16

24 o suspendidas de sus cargos mediante los procedimientos expresamente previstos en la ley. (...). Que conforme lo establece el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala Constitucional tiene atribuida la potestad de ( ) revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva ( ). Que el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, dispone: ( ) Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: 4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación; asimismo podrá avocarse al conocimiento de una causa determinada, cuando se presuma fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, aun cuando por razón de la materia y en virtud de la ley, la competencia le esté atribuida a otra Sala ( ). Que en el fallo Nº 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: Corpoturismo ), esta Sala determinó su potestad extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, de revisar las siguientes decisiones judiciales las sentencias definitivamente firmes dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país, apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad y, estableció que la Sala posee la potestad de revisar, en forma extraordinaria y excepcional ( ) de oficio las sentencias definitivamente firmes en los mismos términos expuestos en la presente decisión, esta Sala posee la potestad discrecional de hacerlo siempre y cuando lo considere conveniente para el mantenimiento de una coherencia en la interpretación de la Constitución en todas las decisiones judiciales emanadas por los órganos de administración de justicia. ( ). En virtud de las consideraciones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ACUERDA: 17

25 1.- ORDENAR a la Secretaría de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, abrir el correspondiente expediente a los fines de que esta Sala en ejercicio de las competencias contenidas en los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y del criterio vinculante de su sentencia Nº 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: Corpoturismo ), conozca de oficio la revisión de la sentencia Nº 1.415/2007 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, para lo cual se ordena realizar todos los trámites de ley correspondientes a tal efecto. En otro orden de ideas y, para denotar la amplitud de la competencia revisora que actualmente ostenta la Sala Constitucional, en cuanto al tipo de sentencias que puede revisar y a la manera de iniciar la revisión, ésta se ha paseado por la posibilidad de revisar sentencias publicadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la constitución. En lo que a este último punto se refiere, Cuenca (2007, 87-89), señala que la Sala Constitucional, «ha tenido dualidad de criterios». En efecto, afirma el mencionado autor que «un primer criterio, niega la revisión de las sentencias anteriores a la Constitución vigente, por cuanto implicaría una aplicación retroactiva de la Constitución, expresamente prohibida por su artículo 24» pero que «un segundo criterio admite la revisión de las sentencias anteriores a la Constitución vigente». La Sala Constitucional ha determinado que en algunos casos excepcionales la facultad de revisión también opera para aquellas sentencias definitivamente firmes, publicadas antes de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de En efecto, así lo dejó expresamente establecido, en decisión No de fecha 26 de julio de Ramírez & Garay. (2006) (Julio ), cuando señaló: 18

26 Conviene destacar que existe la posibilidad de que la Sala revise sentencias proferidas con anterioridad a la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consagra la revisión constitucional de los fallos dictados por las demás Salas de este Tribunal o por los demás Tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente haya obviado por completo la interpretación de la norma constitucional, sin embargo, tal posibilidad es de aplicación restrictiva, pues como lo ha señalado esta Sala, sólo procederá bajo aquellas circunstancias en que la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela permite la retroactividad de la norma jurídica, esto es, en el supuesto contenido en el artículo 24 eiusdem, el cual señala ( ) Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena ( ) (Vid. Fallo No de esta Sala del 12 de septiembre de 2001, caso: Jesús Ramón Quintero, criterio ratificado en sentencia No del 15 de diciembre de 2004, caso: Urbanización La Trigaleña C.A.) Sin embargo, la retroactividad de la revisión queda vinculada a la nulidad de decisiones relacionadas con derechos fundamentales tutelados con anterioridad a la Constitución de 1999, pero cuya irracionalidad o arbitrariedad, en contraste con las normas constitucionales, exija su corrección, es decir, aquellas decisiones que evidencien de su contenido un error craso que afecte el orden público, en el supuesto que la sentencia a revisar contenga una grave inconsistencia en cuanto a la aplicación e interpretación del orden jurídico constitucional. (Resaltado la autora) Como se puede observar, de todo lo antes señalado, la facultad de revisión de sentencias definitivamente firmes pronunciadas por cualesquiera de los tribunales de la República o indistintamente por una de la Salas del Tribunal Supremo de Justicia, a excepción de las emanadas de la Sala Constitucional, que se ha arrogado esta última, abarca casi todas las sentencias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales de la República, sin reparar, siquiera, si las mismas fueron proferidas antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 y sin que se necesite que medie instancia alguna de parte. 19

27 Sosa, (2007, ), ha resumido claramente en un párrafo esta amplia facultad que la Sala Constitucional ha adoptado para sí, en la revisión de sentencias, de la siguiente manera: Se comprende que la Sala Constitucional tiene la potestad de revisar de forma extraordinaria y discrecional las sentencias definitivamente firmes dictadas por cualquier tribunal, incluso las de las demás Salas del TSJ porque así ella lo decidió, y esta potestad se haya limitada por las normas y en los supuestos indicados supra, sin embargo la Sala Constitucional en sus interpretaciones de la norma constitucional ha hipertrofiado de tal forma estos supuestos, que la potestad revisora tal como ya se indicó, luce hoy absoluta en cuanto a la materia, tipo de sentencia y órgano que la dictó, transformando esta vía en una tercera o cuarta instancia, sin que la propia decisión de la Sala Constitucional, sea revisable por ella misma, para argumentar un supuesto aún más absurdo. Que podemos decir de la seguridad jurídica en Venezuela?... (Resaltado la investigadora) A título de conclusión, en lo que respecta al ámbito de aplicación de la Revisión Constitucional de Sentencias, a criterio de la investigadora, en consonancia con la opinión de la mayoría de los autores consultados, es amplísima la facultad revisora que se ha adjudicado la Sala Constitucional, lo cual puede afectar seriamente la seguridad jurídica en Venezuela. En ese sentido, quiere la autora resaltar en particular, los siguientes aspectos: (i) La Revisión Constitucional de sentencias como está prevista en el Texto Fundamental, presupone que contra el fallo que ha de someterse al control de la constitucionalidad de Sala Constitucional, hayan sido ejercidos en jurisdicción ordinaria y en jurisdicción constitucional, todos los recursos y acciones, así como, que se hayan agotado todas las instancias que a tales efectos pauta el ordenamiento jurídico vigente, lo cual devela su carácter subsidiario. 20

28 (ii) Por otra parte, no se justifica bajo ningún motivo que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia pueda, sin que medie instancia de parte, a menos que esté conociendo de un determinado proceso y detecte una violación constitucional, de oficio - y, bajo la premisa de la «notoriedad judicial que se desprende de la revisión de la Página Web del Tribunal Supremo de Justicia» - revise las sentencias dictadas o bien por los tribunales de la República o bien por una cualquiera de las restantes Salas del Tribunal Supremo de Justicia. (iii) Aun cuando no es la materia concreta de este trabajo, en innumerables oportunidades y, para otros procesos de justicia constitucional, la Sala Constitucional ha determinado que no es posible intentar los recursos o las acciones respectivas, con la sentencia obtenida de la página web de ese Máximo Tribunal y, por ende, ha exigido como presupuesto de admisibilidad de los mismos, la presentación de la copia certificada de la sentencia o resolución judicial que se pretende impugnar, lo cual en opinión de la investigadora encierra una contradicción al determinar que ella lleva consigo una notoriedad judicial. En efecto, si esto es así, no sería necesario que los recurrentes, en los otros casos, estuvieran obligados a aportar su prueba al proceso en cuestión, sino que bastaría con alegar la notoriedad judicial de la sentencia publicada en la referida página web. (iv) Asimismo, la investigadora considera que es inaceptable que la Sala Constitucional pueda revisar sentencias proferidas antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1.999, cuando para el momento en que dichas resoluciones fueron publicadas el régimen jurídico aplicable era otro y no existía ni la Sala Constitucional ni 21

29 la Revisión Constitucional de Sentencias como fue consagrada en el Texto Fundamental de (v) Por último y, como bien lo apunta Cuenca, (2007, 22): la exposición de motivos aclara que sólo la facultad del ordinal 6 del artículo 336 de la Constitución puede ejercerse de oficio, lo cual por interpretación en contrario, significa que todas las demás facultades del mencionado artículo 336 deben ejercerse a instancia de parte. En ese sentido y, con la salvedad en torno a la discusión acerca de la validez de la Exposición de Motivos de la Constitución de 1.999, entiende la autora, que no fue la intención del constituyente, que la revisión de sentencias, ni ninguna de las otras facultades que se le confieren a la Sala Constitucional en el artículo 336 constitucional, pueda ser ejercida de oficio, salvo la referida a los estados de excepción. Todos estos aspectos enunciados, sumados a la posibilidad actual de revisar casi cualquier tipo de sentencia que no son de las mencionadas en el Texto Fundamental y a las cuales se contrajo el mandato del artículo 336, sin que sea necesaria la instancia de parte, atenta contra la seguridad jurídica y, de igual forma pudiera afectar gravemente el derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de los actores en los procedimientos, cuya sentencia ha sido objeto de examen en lo términos antes señalados. Resulta obvio, para la investigadora, que en estos casos, en donde la Sala, de oficio, sólo por haber examinado el portal del Tribunal Supremo de Justicia, decide revisar una sentencia recaída en juicio determinado, en donde hubo partes y se produjo un fallo, a priori se puede establecer cuál será el destino de dicha sentencia. 22

30 4.2. Funciones, finalidad y naturaleza jurídica de la Revisión Constitucional de Sentencias Se ha considerado necesario, a los efectos de la presente investigación, efectuar también, un análisis de las funciones, finalidad y de la naturaleza jurídica de la revisión establecida en el artículo 336 numeral 10, de la constitución, toda vez que se cree, en principio, que la posición que se asuma acerca de tales aspectos puede aportar soluciones para determinar si es razonable o no, establecer un lapso de caducidad para su ejercicio Funciones de la Revisión Constitucional de Sentencias Antes de conocer la opinión de los distintos autores que le han dedicado tiempo a la Revisión Constitucional de sentencias y los cuales se ha podido consultar, es necesario indicar que para la Sala Constitucional dicha «potestad» de revisión, tiene una doble función, la cual consiste en garantizar una cierta uniformidad y seguridad jurídica, así como la garantía y protección de los derechos fundamentales. Este criterio se dejó sentado en la sentencia No. 44, del 2 de marzo de Caso: Francia Josefina Rondón Astor. Casal, (2007, 123), la cual dispuso: Esta novísima figura de la revisión extraordinaria cuyo fundamento es el artículo 336 numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha sido creada con la finalidad de uniformar criterios constitucionales, así como evitar decisiones que lesionen los derechos y garantías que consagra la Carta Magna. (Resaltado la investigadora) Este criterio de la doble función ha sido reiterado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en distintos fallos. 23

31 Para Cuenca, (2007, 17-18), y de acuerdo con la definición proporcionada por el Poder Constituyente, en la Exposición de Motivos de la Constitución, son «tres las funciones que especifican el mecanismo extraordinario de revisión». En ese sentido, señaló, el autor citado, lo siguiente: La primera función es garantizar la uniformidad de la interpretación de las normas y principios constitucionales, por ser la Sala Constitucional su máximo y último intérprete. La segunda función es garantizar la eficacia de la Constitución, con especial énfasis en materia de derechos constitucionales. Y la tercera función es garantizar la seguridad jurídica, porque se puede controlar la actividad jurisdiccional de las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y de todos los tribunales de la República. En efecto, la Exposición de Motivos de la Constitución de 1.999, con respecto a la Revisión Constitucional de sentencias, estableció lo siguiente: Finalmente y al margen de su competencia para conocer de acciones de amparo, se atribuye a la Sala Constitucional la competencia para revisar las decisiones definitivamente firmes dictadas por los tribunales de la República en materia de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad, a través de un mecanismo extraordinario que deberá establecer la ley orgánica que regule la jurisdicción constitucional, sólo con el objeto de garantizar la uniformidad en la interpretación de las normas y principios constitucionales, la eficacia del Texto Fundamental y la seguridad jurídica. Ahora bien, la referida competencia de la Sala Constitucional no puede ni debe entenderse como parte de los derechos a la defensa, tutela judicial efectiva y amparo consagrados en la Constitución, sino, según lo expuesto, como un mecanismo extraordinario de revisión cuya finalidad constituye únicamente darle uniformidad a la interpretación de las normas y principios constitucionales. Por ello, no siendo un derecho y teniendo en cuenta que el legislador puede ensayar y errar en forma evolutiva en la búsqueda del mecanismo extraordinario más adecuado, la Asamblea Nacional Constituyente decidió 24