PANORAMA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL SUR ORIENTE COLOMBIANO 1

Transcripción

1 comunidades indígenas muy vulnerables, especialmente en la Amazonia 2 PANORAMA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL SUR ORIENTE COLOMBIANO 1 Asentamiento de indígenas Nukak Maku desplazados en San José del Guaviare. CODHES-2009 Tras su visita oficial a Colombia en el año 2004, el relator especial de Naciones Unidas para los derechos y libertades fundamentales de los indígenas, constató que la situación de los derechos humanos de los indígenas de Colombia es grave, crítica y profundamente preocupante. Un gran número de comunidades sufre condiciones de violencia persistente en el marco de un conflicto armado que tiene impactos considerables en sus condiciones de vida cotidiana. Esta incluso amenazada la supervivencia física y cultural de algunas 1 Documento preparado como insumo regional para el Informe entregado por CODHES al Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos y libertades fundamentales de los indígenas, en el marco de su visita a Colombia en julio de Versión ajustada a octubre de 2009 Cinco años después, y de acuerdo con diversos indicadores de violación a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, la situación de los pueblos indígenas presenta un deterioro acentuado. Entre tanto, las acciones desarrolladas por el Estado Colombiano para garantizar los derechos de estas comunidades no han pasado de declaraciones formales y formulación de instrumentos de política pública, cuyos resultados concretos son muy precarios. A esto se suma la agudización de la confrontación armada en los territorios indígenas; todo lo cual continúa dejando a cientos de miles de indígenas desplazados, líderes y autoridades tradicionales amenazados y asesinados, cientos de víctimas de minas antipersona, menores reclutados forzosamente, entre otras formas de violencia que atentan contra la integridad física y cultural de estos pueblos. La dimensión que ha alcanzado esta situación motivó el pronunciamiento del máximo tribunal constitucional a través del auto 004 de enero de 2009; providencia a través de la cual se ordena al gobierno nacional tomar medidas efectivas para prevenir la desaparición de pueblos y culturas enteras que padecen en la actualidad las consecuencias del conflicto armado, pero también de las ambiciones desatadas sobre sus territorios, sumado a la débil prestación de servicios básicos por parte del Estado en las zonas en las que habitan la mayor parte de los indígenas. 2 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. 10 de noviembre de 2004, p. 5 1

2 En la Amazonia Colombiana habitan 56 pueblos indígenas, que agrupan cerca de personas 3. En la actualidad, algunos de estos pueblos cuentan con una población inferior a 500 personas, y las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran son tan graves que requieren ser afrontadas de manera inmediata, a fin de evitar su desaparición cultural, e incluso física. La expansión del conflicto armado hacia los territorios del oriente selvático, la mayor parte de los cuales corresponden a resguardos indígenas, ha generado un incremento sustancial de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por parte de todos los actores del conflicto. A través de este informe, CODHES presenta un panorama de la situación actual de los pueblos indígenas en el Sur Oriente Colombiano, basado en el trabajo de campo desarrollado en la región desde el año Los departamentos a los que se hace referencia son: Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés y Amazonas. El Sur Oriente Colombiano se caracteriza por la alta presencia de población indígena en comparación con el total departamental; siendo los departamentos de Guainía y Vaupés los que concentran el mayor porcentaje de esta población con el 65% y 67% respectivamente. Mientras que a nivel nacional los indígenas representan el 3,4% de la población, en esta región su participación alcanza el 44,7%. A su vez, estos departamentos poseen una escasa densidad poblacional, asociada con los 3 Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos ALDHU. La agonía del Jaguar. Derechos humanos de los pueblos indígenas de la Amazonia Colombiana. Bogotá, marzo de p. 19 patrones de ocupación territorial y las condiciones geográficas de la región, propias del ecosistema de selva tropical amazónica que constituye la mayor reserva de bosque y agua dulce del planeta. Así mismo, en esta región se concentra la mayor diversidad étnica del país, en tanto allí habita cerca del 50% por ciento de los pueblos indígenas reconocidos en Colombia. Sólo en el departamento del Vaupés habitan 23 pueblos diferentes, muchos de ellos corresponden al grupo de pueblos que la Organización Nacional Indígena de Colombia ha denominado en vía de extinción, dado que su población actual es inferior a 500 personas, y en ocasiones es de menos de 100. Estos pueblos son: Pisamira, Piaroa, Muinane, Jupda, Yauna, Bara, Ocaina, Yohop, Nonuya, Cabiyari, Yuri, Matapi, Kacua, Carijona, Tatuyo, Tariano, Yagua, Nukak Maku, Carapana y Bora. Las anteriores características, deben ser consideradas al analizar la dimensión de la crisis humanitaria que actualmente afrontan estos los pueblos indígenas, quienes habitan en comunidades aisladas, en un territorio selvático que por siglos les ha brindado el sustento necesario para existir como pueblos con tradiciones y culturas propias, pero que hoy se constituye en un escenario de guerra en el cual sus derechos han sido atropellados por parte de todos los actores del conflicto. Como consecuencia de ello, cientos de indígenas se han visto obligados a abandonar su territorio y hoy afrontan situaciones dramáticas en los principales centros urbanos de la región, principalmente San José del Guaviare, Inírida y Mitú. 2

3 Según datos oficiales sobre desplazamiento forzado 4, sólo en el año 2008, indígenas fueron expulsados de sus territorios ancestrales como consecuencia del conflicto en esta región. En el Departamento de Vaupés el desplazamiento de indígenas representó el 77% del total de víctimas de este delito. Las capitales departamentales (Leticia, Inírida, San José del Guaviare, Mitú y Puerto Carreño) recepcionaron 984 indígenas en situación de desplazamiento que llegaron a incrementar una problemática de atención para la que ninguno de estos municipios, todos de categoría 6, cuenta con los recursos y la capacidad institucional suficiente para afrontar. Si bien estas cifras pueden parecen pequeñas, la real dimensión de la afectación se evidencia al examinar los impactos concretos sobre cada grupo poblacional. En la región, dos casos evidencian la magnitud de la tragedia del desplazamiento: los indígenas Jiw (Guayaberos) y los Nukak Makú. A continuación se presenta un panorama de la situación del pueblo Jiw (Guayabero) 5, uno de los 34 pueblos sobre los cuales la Corte Constitucional ordenó al gobierno nacional diseñar un plan de salvaguarda étnica dirigido a impedir su desaparición física y cultural. 4 SIPOD: Sistema de Información de Población Desplazada - Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. 5 La información contenida en este informe corresponde a recopilación parcial basada en diálogos con algunos líderes del pueblo Jiw, En el marco del trabajo conjunto que adelanta el Grupo Sur Oriente durante el presente semestre, se avanza en la recopilación de información más detallada sobre cada uno de los resguardos y comunidades Jiw asentadas a lo largo del Río Guaviare; con lo cual se espera contar con un panorama más detallado sobre la situación actual de este pueblo. Los JIW 6 (GUAYABEROS) Niños Jiw (Guayaberos), Resguardo Barrancón. San José del Guaviare. CODHES-2009 El pueblo Jiw está integrado por personas 7, de los cuales cerca de 718 se encuentran en situación de desplazamiento como consecuencia de la agudización del conflicto en sus territorios. Esto quiere decir que el 64,22% del pueblo ha sido víctima del desplazamiento forzado, en un fenómeno que se ha acentuado particularmente en los últimos cuatro años. Según la información procedente de las declaraciones recibidas en la Defensoría del Pueblo Regional Guaviare, tan sólo en el año 2008, 270 Jiw arribaron en situación de 6 Aun cuando este pueblo es conocido como Guayabero, en recientes encuentros realizados en Mapiripán Meta y San José del Guaviare, ellos mismos han planteado que esta denominación no corresponde a su historia y por ello han señalado que el nombre de su pueblo es Jiw. 7 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Los pueblos indígenas de Colombia. Bogotá,

4 desplazamiento al municipio de San José del Guaviare, procedentes en su mayoría de los Resguardos Barranco Colorado y Mocuare. Entre los meses de mayo y julio del mismo año, 156 Jiw fueron desplazados al municipio de Mapiripán Meta, procedentes de los Resguardos Barranco Colorado y Barranco Ceiba Laguna Arahuato. En su mayoría, estos desplazamientos fueron ocasionados por amenazas, restricciones a la movilidad y reclutamiento de menores por parte de la guerrilla de las FARC, así como por enfrentamientos entre este grupo y la Fuerza Pública en territorio indígena, ó en proximidades al mismo. Como consecuencia del desplazamiento, actualmente resguardos como Barranco Ceiba se encuentran prácticamente abandonados. A principios del año 2009, se produjo un caso de retorno sin garantías de un grupo de 42 familias Jiw al Resguardo Barranco Colorado; ante lo cual se espera el acompañamiento institucional permanente, así como el respeto por parte de los actores armados, para que estas familias puedan permanecer en su territorio. El Resguardo Mocuare ha sido uno de los más afectados por el desplazamiento forzado; de aproximadamente 600 habitantes que tenía hace 9 años, cerca de 500 se han desplazado y solo permanece allí un grupo de 103 personas. Los primeros casos de desplazamiento en Mocuare se dieron en el año 2001 como consecuencia de la ocupación de 800 hectáreas del resguardo por parte de la guerrilla, las amenazas y las restricciones al desarrollo de actividades habituales como la pesca, así como los señalamientos contra los líderes. En el Resguardo Barranco Ceiba Laguna Arahuato se han presentado dos casos de desplazamiento en los años 2003 y 2008, tras los cuales el resguardo ha estado abandonado. El 31 de diciembre de 2003 se presentó el primer desplazamiento de 1 familia (10 personas) hacia el Resguardo Barrancón. El 23 de diciembre de 2008 se desplazó el último grupo de 28 familias (158 personas) hacia Puerto Alvira (Mapiripán Meta). Entre los miembros del pueblo que no se han desplazado, la mayor parte se ubican en el Resguardo Barrancón (municipio San José del Guaviare), que se ha convertido a la vez en el principal lugar de recepción de población desplazada. A continuación se reseñan algunos de los atropellos de que ha sido víctima el pueblo Jiw en el curso de los últimos años: Resguardo Mocuare: -1 de enero de 2000: reclutamiento por parte de la guerrilla del menor Rogelio Rodríguez (14 años) - 14 de septiembre de 2001: amenazas por parte de la guerrilla contra el promotor de salud del resguardo, como consecuencia de lo cual tuvo que abandonar el territorio : amenazas contra un maestro de la comunidad por parte de la guerrilla, como consecuencia de lo cual tuvo que abandonar el territorio. - En el año 2007 tuvo lugar el asesinato por parte de la guerrilla de Ever Rojas Gómez, joven de 17 años de edad. -6 de marzo de 2008: como consecuencia de amenazas de la guerrilla, el Capitán del 4

5 resguardo es obligado a desplazarse, luego de lo cual se generalizó un ambiente de temor que condujo al desplazamiento de los maestros y una buena parte de la comunidad. Resguardo Barranco Ceiba Laguna Arahuato II -29 de junio de 1999: Las FARC asesinan al indígena Chato Parra (17 años) -2003: la guerrilla hurta un motor de la lancha utilizada para transporte de enfermos en la comunidad. -2 de noviembre de 2004: Jorge Santos fue asesinado por la guerrilla, su cuerpo fue arrojado al río Guaviare La joven María Cristina (16 años) junto con una niña de 9 meses, fallecieron como consecuencia de accidente con mina antipersonal. -1 de octubre de 2008: Yesid Santos (30 años) fallece como consecuencia de accidente con mina antipersonal. Resguardo Barranco Colorado -Domingo 3 de septiembre 2000 (2:00 p.m.) La guerrilla capturó a docente de la comunidad Saúl Niño, con el motor y la lancha de la comunidad. Nunca regresó. -6 de julio de 2003 (7:00 p.m.) La guerrilla capturó al promotor de salud Luis Carlos González, lo asesinaron a 300 metros de la comunidad. -Septiembre 7 de 2008 (7:00 p.m.): Benjamín González fue asesinado por la guerrilla con tres impactos de fusil en el patio de su casa. SITUACION ACTUAL DE LOS RESGUARDOS JIW Resguardo Mocuare. Tras los hechos de desplazamiento que se han producido en este territorio, actualmente permanece allí un grupo de apenas 103 personas. La presencia de actores armados, el desarrollo de combates en la zona y la existencia de minas antipersonales, constituyen factores de riesgo para esta comunidad. Resguardo Barranco Ceiba Laguna Arahuato II. Este Resguardo está prácticamente abandonado como consecuencia de los desplazamientos que se produjeron en los años 2003 y La comunidad está requiriendo la protección del territorio; de manera que se impida la apropiación del mismo por parte de colonos que hacen presencia en la zona. Se conoce que buena parte del territorio se encuentra minado. Resguardo Barrancón. Cuenta con aproximadamente hectáreas en las cuales habitan actualmente 780 personas, de los cuales 577 corresponde a población que ha llegado desplazada en los últimos años. Este resguardo tiene problemas derivados de la proximidad con la Base de Fuerzas Especiales del Ejército Nacional, que han sido denunciadas reiteradamente por la comunidad. La llegada masiva de desplazados a este resguardo en los últimos años, ha llevado a que en la actualidad esta población haya superado a la población nativa, lo cual ha generado problemas asociados con la escasez de recursos para dar sustento a toda la población. Las autoridades del resguardo han autorizado la permanencia de los desplazados con la condición de que 5

6 trabajen en una parte del territorio, mientras no tengan conflictos con los raizales. Sin embargo, se han presentado inconvenientes entre los desplazados y los raizales asociados con la concentración de la atención de las instituciones en el grupo de familias desplazadas. La atención a los desplazados se ha limitado a la provisión de ayudas alimentarias por parte de Acción Social. Estas familias no cuentan con fuentes de generación de ingresos y por ende tienen dificultades para adquirir elementos básicos como jabón, sal, carne. Adicionalmente, no tienen acceso a proteína animal porque no pueden salir a cazar y a pescar; en torno al resguardo hay fincas privadas y en algunas oportunidades, cuando los indígenas han ido a pescar, han sido atacados por los colonos por invadir sus predios. Resguardo Caño La Sal (municipio de Puerto Concordia). Tiene alrededor de hectáreas, donde habitan 67 familias (490 personas), pero están rodeados por los colonos. En el año 2002, los paramilitares asesinaron a tres indígenas en este sector. Tienen problemas en la actualidad para el manejo de los recursos de transferencias. de la expansión del conflicto armado hacia su territorio. En su mayor parte, los lugares de llegada de los desplazados han sido resguardos del mismo pueblo; principalmente el Resguardo Barrancón en San José del Guaviare; y en el caso de Mapiripán, el Resguardo Caño Ovejas del pueblo Sikuani. Esta situación ha generado toda suerte de conflictos, derivados del crecimiento ostensible de la población en tales territorios y la escasez de recursos para dar sustento a todos los habitantes. Adicionalmente, la respuesta institucional ha estado limitada a la provisión de raciones alimentarias que en algunos casos deben ser compartidas entre desplazados y población raizal, debido a las precarias condiciones en que también se encuentra ésta última. Las posibilidades de retorno a los territorios de origen son muy escasas, debido a la continuidad del accionar de los grupos armados en la zona, y sobre todo a la siembra indiscriminada de minas antipersonales. Aún así, la falta de atención y la precarización de las condiciones de vida a que se han visto expuestos quienes han sido desplazados, ha motivado algunos casos de retorno sin garantías. Resguardo Barranco Colorado: tiene una población cercana a 130 habitantes. Hacia este resguardo retornaron a comienzos del año 2009, 42 familias que se encontraban desplazadas en San José del Guaviare. Hasta el momento, no se han brindado las condiciones de acompañamiento por parte de las autoridades locales, a fin de garantizar los derechos de estas familias. El cuadro descrito anteriormente evidencia la crítica situación del pueblo Jiw, que en los últimos años se ha visto forzado a abandonar su territorio como consecuencia 6

7 PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO Y VULNERACIONES A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN EL SUR ORIENTE COLOMBIANO Niña del pueblo Tatuyo. Este pueblo cuenta con una población de apenas 331 integrantes, y es uno de los 23 pueblos indígenas que integran el gran complejo cultural del Vaupés. CODHES-2009 Como consecuencia de la agudización del conflicto armado en el Sur Oriente Colombiano, se observa en los últimos años un incremento de las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas que habitan en esta región. Las condiciones de vulnerabilidad se acentúan al considerar que se trata de comunidades pequeñas, aisladas entre sí y en las cuales la prestación de servicios básicos por parte de las instituciones estatales es muy precaria. A continuación se reseñan algunos de los patrones comunes de afectación que se observan en esta región: 1. Presencia de actores armados en territorios indígenas. En el Sur Oriente Colombiano ha tenido lugar durante los últimos años un creciente proceso de militarización de los territorios indígenas. Los grupos paramilitares incursionaron en la zona en el año 1997, cuando ejecutaron la masacre de Mapiripán Meta y a partir de entonces ejercen control en amplias zonas del sur del Meta y norte del Guaviare, así como en el departamento de Vichada. La guerrilla de las FARC tiene una presencia tradicional en la zona, y durante los últimos años ha expandido su accionar hacia el oriente selvático; territorio que está empleando como retaguardia estratégica de movilidad y para el tráfico de estupefacientes. Entre tanto, la Fuerza Pública ha fortalecido su presencia y accionar en la zona en los últimos cinco años, con la instalación de bases militares y el incremento del pie de fuerza. En varias ocasiones, la instalación de bases militares se ha efectuado en territorios indígenas, sin el lleno de los requisitos de consulta. En casos como el de la Base de Fuerzas Especiales del Ejército Nacional, ubicada en las afueras de San José del Guaviare, colindante con el Resguardo Barrancón, los indígenas han denunciado reiteradamente las consecuencias que ello les ha traído. Entre otros elementos, el desarrollo constante de ejercicios de entrenamiento militar, constituye un factor de riesgo para los indígenas Jiw que allí habitan. 2. Confrontación entre actores armados La mayor presencia de actores armados en el territorio, ha conllevado al incremento de acciones de confrontación entre los mismos, 7

8 en medio de lo cual han quedado atrapadas las comunidades indígenas. El 10 de agosto de 2007, tras enfrentamientos entre los grupos paramilitares conocidos como Cuchillos y Macacos, 18 familias -112 personaspertenecientes al pueblo Sikuani, se vieron forzadas a desplazarse del Resguardo Punta Bandera al Resguardo La Esmeralda, en jurisdicción de San Luis del Tomo, municipio de Cumaribo Vichada. Los enfrentamientos entre paramilitares, guerrilla y ejército en territorio de la Gran Reserva Nukak, ha generado diferentes episodios de éxodo de este pueblo desde el año Instalación de minas antipersonales y abandono de municiones sin explotar. El minado de territorios constituye uno de los principales riesgos a que están expuestas las comunidades indígenas en el Sur Oriente Colombiano. Los accidentes e incidentes que se han producido por esta razón en territorio del pueblo Jiw (Guayabero), constituyen una de las mayores causas de abandono de resguardos como Barranco Ceiba. El sábado 23 de mayo de 2009, Martha Lemis Valencia, indígena del pueblo cubeo, fue víctima de una mina antipersonal cuando se dirigía a su chagra en el sector étnico del municipio de Carurú Vaupés. Como consecuencia de ello esta mujer de 26 años, madre de dos menores (de 4 años y 1 mes de edad), quienes la acompañaban cuando ocurrió el accidente, sufrió amputación de miembro inferior. El traslado de la víctima a un centro asistencial apropiado para atender la gravedad de sus lesiones sólo fue posible 16 horas después de ocurrido el accidente, debido a las restricciones que impone la Fuerza Pública para desarrollar vuelos a este municipio en horas de la noche. La vía aérea es la única posibilidad de acceso a Carurú. 4. Amenazas y asesinatos de líderes y autoridades tradicionales. El asesinato selectivo de líderes ha sido empleado como estrategia de amedrentamiento de las comunidades por parte de la guerrilla de las FARC. En el departamento de Guaviare, los indígenas Jiw y Nukak Maku han sido víctimas frecuentes de esto tipo de atropello. En los meses de febrero y marzo de 2008 fueron asesinados Monikaro Nukak y Daniel Nukak en el Resguardo Barranco Colorado. 5. Confinamientos. Algunas comunidades indígenas de la región han denunciado las restricciones a que son sometidas por parte de todos los actores armados que operan en la región. En particular, cuando el Ejército Nacional hace presencia en zonas próximas a las comunidades impone restricciones a la movilidad y limitaciones para el desarrollo de la caza y la pesca; actividades que garantizan la provisión alimentaria de las comunidades, y que por tradición se realizan en horas de la noche. En el mes de mayo de 2008, el Ejército Nacional se instaló durante varios días en la comunidad La Libertad, Resguardo Arara Bacatí Lagos de Jamaicurú, Departamento del Vaupés. Durante su estadía en la zona, las tropas sometieron a la comunidad a fuertes restricciones de movilidad, que impidieron el desarrollo de las actividades básicas como cazar, pescar e ir a la chagra. En el mismo episodio, las comunidades denunciaron diversos atropellos cometidos por miembros del Ejército Nacional, los cuales fueron puestos en conocimiento de las autoridades pertinentes. 8

9 6. Restricciones a la movilidad de personas, alimentos, medicamentos, combustibles, bienes y servicios básicos. En el marco de las operaciones que desarrolla el Ejército Nacional en contra de los grupos armados que actúan en la zona, son comunes los controles al ingreso de medicamentos y alimentos que circulan en su mayor parte por vía fluvial. Estos atropellos han sido denunciados por comunidades que habitan las riberas de los ríos Guaviare y Vaupés, particularmente. Este hecho constituye un factor de riesgo para las comunidades indígenas, y en general para la población civil allí asentada. 7. Señalamientos. La confluencia de actores armados en territorios indígenas, y de manera particular, el desarrollo de acciones denominadas cívico-militares por parte de la Fuerza Pública, deriva en actos de involucramiento de la población civil en el conflicto, lo cual conduce a retaliaciones por parte del actor armado contrario. La lógica del señalamiento y la acusación de ser colaborador del bando contendiente es una práctica generalizada por parte de todos los actores armados en el Sur Oriente Colombiano. Entre el 29 y 30 de junio de 2008, las FARC asesinaron a cinco indígenas Sikuani habitantes de la comunidad Barranquillita, ubicada a 40 kilómetros de la cabecera municipal de Miraflores Guaviare. Los acusaban de haber prestado colaboración al Ejército durante su estadía en la zona; uno de los asesinados era menor de edad. El capitán de la comunidad, que también era objetivo de las FARC, logró huir hacia Miraflores, dejando a su familia. En retaliación, la familia fue retenida por la guerrilla. Como consecuencia de estos hechos, las 8 familias Sikuani que habitaban en este resguardo se vieron forzadas a desplazarse hacia la cabecera municipal de Miraflores y hacia San José del Guaviare. 8. Reclutamiento de menores En el Sur Oriente Colombiano se habla cada vez más del reclutamiento de menores como una práctica extendida, principalmente ejecutada por la guerrilla de las FARC como estrategia para recomponer sus fuerzas, en respuesta a los golpes propinados por la Fuerza Pública en los últimos años en contra de este grupo. A pesar de la dificultad de contar con estadísticas exactas frente a este delito, algunos indicadores resultan relevantes para observar el crecimiento de esta práctica y las consecuencias que ello ha tenido en materia de desplazamiento forzado de indígenas en la región. En particular, durante el año 2008 se observó un incremento en la referencia al reclutamiento de menores como causal de desplazamiento, entre las personas que presentaron declaración por tal delito ante el Ministerio Público, en los departamentos de Vaupés y Guaviare, principalmente. Recientemente, el Consejo Regional Indígena del Vaupés CRIVA- produjo un informe en el que hace un primer esfuerzo por sistematizar los datos existentes sobre casos de reclutamiento forzado en este departamento. Con información procedente de 5 de las 17 organizaciones zonales filiales del CRIVA, se constató el que en los últimos 9 años, por lo menos 42 menores han sido vinculados mediante estrategias de engaño y por vía de coacción a las filas de las FARC. Las etnias más afectadas por este delito son los Cubeo y Yurutí. De manera particular, el CRIVA llama la atención sobre casos como el 9

10 del pueblo Pisamira, conformado actualmente apenas por 43 personas, donde se han presentado tres casos de reclutamiento de menores; lo cual constituye un factor adicional de riesgo de desaparición para este pueblo. 9. Homicidio, hostigamientos y amenazas a maestros, promotores de salud y líderes. En el escenario de conflicto que tiene lugar en la región, los líderes indígenas son objeto de constantes atropellos por parte de todos los actores armados, e incluso de desconocimiento de su carácter de autoridad tradicional por parte de las autoridades civiles. En escenarios de fuerte militarización como el que se observa en esta región, es frecuente el desconocimiento del carácter de autoridad que la Constitución Política y los Tratados Internacionales reconocen a los líderes indígenas. En casos como el del pueblo Jiw el patrón de amenazas, hostigamientos y homicidios contra líderes de las comunidades aparece directamente relacionado con los diferentes episodios de éxodo que ha sufrido este pueblo. 10. Ocupación de bienes protegidos por parte de actores armados. En medio de la ofensiva militar desplegada por el Ejército en la zona, resulta muy preocupante la recurrente práctica de ocupación de bienes civiles que ha sido denunciada por varias comunidades de la región. En una clara infracción al derecho internacional humanitario, la Fuerza Pública arriba a las comunidades y ocupa internados y viviendas de civiles, ó instala campamentos en proximidad a los mismos. En el mes de mayo de 2008, el Ejército ocupó por varias semanas casas de civiles en la comunidad La Libertad, Resguardo Arara Bacatí Lagos de Jamaicurú Vaupés. 11. Desarrollo de actividades económicas lícitas e ilícitas en territorios indígenas. El desarrollo de actividades económicas lícitas e ilícitas en los resguardos indígenas del Sur Oriente Colombiano, está generando consecuencias negativas para las comunidades. Si bien uno de los impactos más acentuados esta dado por la implantación de cultivos para la producción de cocaína, el desarrollo de cultivos lícitos y explotación de recursos naturales también constituye una amenaza para a la integridad territorial de las comunidades. Las actividades relacionadas con el cultivo de coca y el procesamiento de cocaína en la región, generan impactos medioambientales que han sido denunciados por las comunidades indígenas. La contaminación de fuentes de agua y otros recursos naturales es un aspecto que tiene graves consecuencias en el mediano y largo plazo. Los indígenas Jiw han llamado la atención sobre las expectativas de explotación petrolera que se ciernen sobre sus territorios en la ribera del Río Guaviare; algunos de ellos abandonas tras el desplazamiento a que han sido sometidos. En otros resguardos, se conoce la existencia de minerales como el titanio y oro, que están siendo explotados por particulares, sin ninguna concertación con los indígenas. Una situación de este orden fue puesta en conocimiento recientemente por los líderes Sikuani del Resguardo Barranco Lindo Siare Departamento de Vichada. 10

11 12. Desarrollo de fumigaciones de cultivos de uso ilícito en territorios indígenas. En el marco de la lucha antidrogas que adelanta el gobierno colombiano, las operaciones de fumigación de cultivos ilícitos en el Sur Oriente son frecuentes. En este sentido, las comunidades indígenas han reiterado el reclamo por el respeto a los criterios de consulta que deben darse en los casos en los que estas operaciones involucren territorios indígenas. Sobre este aspecto los líderes indígenas del Alto Vaupés y de otras zonas de la Amazonia han reclamado que se desarrolle una verificación previa para constatar la existencia de cultivos de uso ilícito en su territorio, garantizando que no se afecten los cultivos de hoja de coca que tienen las comunidades para sus prácticas tradicionales. Maloka Cabiyarí. Este pueblo está integrado por apenas 311 personas, y hace parte del gran complejo cultural del Vaupés. CODHES