VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA ( )
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- Vicenta de la Fuente Araya
- hace 6 años
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1 VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA ( ) William Villa & Juan Houghton CENTRO DE COOPERACIÓN AL INDÍGENA (CECOIN) ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE ANTIOQUIA (OIA) GRUPO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOBRE ASUNTOS INDÍGENAS (IWGIA) INTRODUCCIÓN En los últimos treinta años los pueblos indígenas en Colombia se constituyen en sujetos importantes en el desarrollo político del país, afirmación que adquiere sentido al analizar el ordenamiento territorial y al explorar en la Constitución Política el lugar que se le asigna a pueblos y culturas en la estructura estatal. En este período grandes cambios se han producido en el reconocimiento territorial a los pueblos indígenas, los cuales en la actualidad disponen de áreas resguardadas en un área cercana al 27% del territorio nacional, en las que se ejerce relativa autonomía en el ejercicio del gobierno indígena. De esta primera aproximación a la realidad indígena pudiera deducirse que los pueblos indígenas gozan en Colombia de condiciones ideales que garantizan la reproducción de sus culturas, pero la realidad enseña de manera dramática todo lo contrario y el presente trabajo explora el universo de conflicto y guerra en el que los pueblos indígenas hoy se debaten. La investigación sobre Violencia política contra pueblos indígenas en Colombia, define como período desde 1974 hasta el presente año por dos razones, una es la disponibilidad de fuentes que permitan la reconstrucción de los hechos y la segunda porque es en esta fase cuando el indígena emerge como sujeto del movimiento social e interroga al Estado respecto a sus derechos. En la presente investigación se entiende por violencia política, aquella ejercida como medio de lucha político social con el fin de mantener, modificar, substituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también, para destruir o reprimir a un grupo humano por su afinidad social, política, gremial, racial, ideológico o cultural, esté o no organizado. Esta violencia se expresa entonces, en una sociedad como la colombiana, a través de violaciones a los derechos humanos, infracciones graves al derecho internacional humanitario, acciones bélicas y violencia político social. (Noche y Niebla No. 28, 2004). Con relación a las fuentes es importante señalar que la investigación se propuso indagar sobre la forma como se ha ejercido violencia contra la población indígena, de tal modo que se pudiera describir caso por caso, el sitio donde ocurre y el actor que es responsable de la acción. Así, la base documental que sustenta el análisis de la presente obra, está constituida por registros, los cuales se anexan al final de los capítulos de análisis y tienen en valor de enseñar la forma como se ha venido afectando a diversos pueblos. Esta información siempre será incompleta, pues muchos de los casos algunas comunidades no los reportan como forma de protegerse, mientras otros, hacia el pasado no eran identificados como eventos relacionados con pueblos indígenas, ya fuese porque los sistemas de información no integraban esta variable o porque la misma población no se organizaba desde una visión étnica, como sucedía con algunas comunidades que más bien se asumían como campesinas, especialmente en la década de los setenta. La investigación igualmente tiene como escenario la irrupción de la moderna organización indígena. Es a partir de los años setenta cuando las poblaciones indígenas, en el marco de las luchas campesinas que reivindican el derecho a la tierra o se movilizan entorno a los partidos revolucionarios, el momento en el que
2 inician un proceso de ascenso que les llevará a formar sus propias organizaciones, a afirmar la etnicidad como elemento de diferenciación, y al cabo de los años, construir su discurso político entorno a lo territorial y el ejercicio de la autonomía. Este movimiento social indígena que tiene su referente paradigmático en las luchas del Cauca, nace y crece en un contexto de guerra; ella es marca que le determina y es factor dinámico que explica las estrategias de resistencia asumidas en el último período. En la historia de la formación nacional la guerra o el conflicto se constituye en el vehículo que propicia la integración de territorios y poblaciones, es en esa lógica como en los últimos cincuenta años se sucede la ampliación de la frontera agrícola y se estructuran nuevas regiones en el orden económico y cultural. Este fenómeno descrito por distintos investigadores como colonización armada ha decantado modelos institucionales alternos, formas de control social perneadas o mediadas por el poder armado, al mismo tiempo que se configuran espacios marginales a la acción estatal. De estos procesos han participado la mayoría de los pueblos indígenas, los cuales han experimentado la guerra como su propia cotidianidad, en la medida que la intensificación del conflicto, trasforma sus territorios en el espacio donde diferentes actores pulsan por ejercer control. La guerra en la que los pueblos indígenas se han visto involucrados, en su manifestación geográfica, no difiere de las tendencias generales en las que de igual modo se integran poblaciones campesinas, líderes de base sindical o gremial, organizaciones de derechos humanos, pobladores de centros urbanos. Esto significa que una comprensión adecuada de la guerra vivida por los indígenas en sus territorios, tiene como punto de partida el entender el modo como evoluciona el conflicto, los intereses que se ponen en juego, los ordenamientos del territorio que determinan la acción de los actores armados y, en general, entender la guerra más allá de las articulaciones que ésta propicia con un territorio o un complejo cultural indígena. Se puede entonces deducir de la presente investigación que, en la medida que los pueblos indígenas en Colombia consolidan una visión territorial y disponen de territorio donde de forma relativa ejercen gobierno, a la vez y ante la intensificación del conflicto, se experimentan en medio de los ejércitos que avanzan en procura de ejercer control sobre áreas definidas como estratégicas desde visiones antagónicas. Es así como, a partir de 1997, el desarrollo de la guerra desde una construcción de control territorial sobre amplios corredores de la geografía nacional, lleva indefectiblemente a que la población indígena se convierta en obstáculo al proyecto de cualquiera de los ejércitos, dinámica que tiene su manifestación en los hechos de violencia de los que son objeto. Los impactos de la guerra para los pueblos indígenas son variables, no es posible decir que la afectación se expresa del mismo modo y dependerá de factores demográficos, capacidad político organizativa, fortaleza de la institucionalidad tradicional y capacidad para generar consensos orientados a la negociación con las fuerzas en conflicto. Pero independiente de los contextos culturales y demográficos, el impacto de la guerra sobre las poblaciones indígenas es dramático cuando se observan los homicidios políticos, los cuales en el período llegan a una tasa que es tres veces la nacional, que ya de por sí es una de las más altas del mundo. Igualmente de los 92 pueblos que se distribuyen en la geografía nacional, los reportes señalan que 37 de ellos son afectados por el homicidio político y 21 de ellos presentan una tasa superior a la nacional. El análisis de la violencia política contra los pueblos indígenas permite concluir que ésta es un elemento estructural, pero que también ha sido estructurante de la relación con la sociedad mayoritaria y dominante. La memoria de estos pueblos está llena de hechos violentos y de resistencia a los mismos, que abarcan los cinco siglos que corren desde la colonización y conquista, el despojo territorial, la imposición política y la integración cultural. El etnocidio como marca histórica, tiene la otra cara que habla de la resistencia, en algunos casos oculta, en otros abierta, al final la síntesis del camino recorrido se descubre en 92 pueblos indígenas que hoy sobreviven, unos en procesos de transformación cultural no voluntaria, casi la mitad en situaciones de riesgo de desaparición física o étnica y la gran mayoría refugiados en zonas de baja capacidad agro-productiva.
3 EVOLUCIÓN GENERAL DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Contra las violencias estructurales que han debido enfrentar los pueblos indígenas en Colombia, se desarrolla y crece el movimiento indígena a partir de la década de los setenta del siglo pasado. Movimiento social que funda su política y se moviliza en torno a la recuperación de sus territorios expropiados, al derecho a gobernarse y a aplicar su propia justicia, a la adopción de modelos económicos autónomos, a la definición de planes de control del cambio cultural y a la afirmación de su identidad o a la recuperación de ella, como fue la motivación de algunos pueblos. Este despertar indígena culmina su primera fase en 1982 con la fundación de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. A partir de entonces, se evidencia la presencia política diferenciada, legítima y reconocida del movimiento indígena en el contexto nacional. En una segunda fase que se desarrolla hasta 1991, caracterizada por la continuidad de las acciones de recuperación de tierras, lo mismo que la búsqueda de reconocimiento legal de sus territorios y gobiernos propios, culmina con la participación indígena en la Asamblea Nacional Constituyente realizada en Entre 1992 y 1996 tiene lugar una tercera fase, los pueblos indígenas y sus organizaciones viven un período de expectativa y optimismo ante los derechos constitucionales conquistados y una creciente ampliación de su incidencia social en el dominio nacional. En el marco de las campañas conmemorativas del Quinto Centenario, momento en el que la mayoría de organizaciones indígenas se involucran en la formulación de propuestas de ordenamiento territorial, regímenes jurisdiccionales internos, construcción de espacios de interlocución con el Estado; esta fase es también de inserción de organizaciones y líderes en el dominio de la participación electoral, un grueso número de dirigentes indígenas se ven integrados en esa nueva dinámica. Desde 1997 hasta el 2004 se configura una cuarta fase, llamada por algunas organizaciones de resistencia a la guerra, que corresponde a la incorporación de los pueblos indígenas en el sistema de guerra interna, que de manera evidente determina sus comportamientos políticos y organizativos. La información disponible permite identificar que la violencia política contra los pueblos indígenas está directamente relacionada con las diferentes etapas del despertar indígena. El Sistema de Información Geográfica de Pueblos Indígenas de CECOIN muestra que entre 1974 y 2004 se registran, en todos los años, violaciones individuales a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Las violaciones registradas en el período, de las cuales corresponden a asesinatos políticos contra dirigentes y autoridades, indican que la guerra ha afectado de forma sistemática a los pueblos indígenas en los últimos 30 años y es una constante en su proceso de conformación política. (Tablas 1 y 2) Se trata, no obstante, de una violencia política que va cambiando su sentido, intencionalidad y contexto. Es claro que en las dos primeras fases, la de ascenso del movimiento indígena entre 1979 y 1982, y su consolidación que abarca , la violencia que se ejerce es de corte gamonal. Son los terratenientes, lo mismo que algunos narcoterratenientes que ya empezaban su ascenso económico, quienes se movilizan y actúan contra los indígenas, por identificar en ellos a quienes compiten y ponen en cuestión su poder político y de control territorial. Contribuye a esta situación el hecho de que el movimiento indígena era marginal dentro de la política nacional y sus enemigos eran el poder político local como una extensión de los terratenientes.
4 TABLA 1 VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS TOTAL POR TIPO DE VIOLACIÓN Año ASESINATOS POLÍTICOS DESAPARIC. FORZADAS HERIDOS SECUESTRO VIOL. SEX. / TORTURA AMENAZA INDIVIDUAL DETENCIÓN ARBITRARIA / RETENCION TOTAL Total Fuente: Sistema de Información Geográfica de Pueblos Indígenas de CECOIN
5 TABLA 2 VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS TOTAL POR ETNIA Y TIPO DE VIOLACIÓN ASESINAT DESAPAR. HERIDOS SECUEST. VIOL. SEX. AMENAZ. DETENC. TOTAL. POLÍTIC. FORZAD. / TORTURA INDIV. ARBITR./ RETENC. Etnia NASA (PAEZ) PIJAO EMBERA KATIO EMBERA CHAMI KANKUAMO SENU EMBERA COCONUCO WAYUU U'WA (TUNEBO) WIWA (ARZARIO) YANACONA PASTO (QUILLACINGA) INGA ARHUACO (IJKA) KOREBAJU AWA (CUAIKER) GUAMBIANOS TIKUNA NO-INDÍGENA MULTIÉTNICO DE VAUPÉS WOUNAAN (WAUNAAN) EPERARA SIAPIDARA DUJOS SIKUANI (JIVE) BETOYE TULE (KUNA) PUINAVE KOGUI KOFAN SIONA YUKUNA KUBEO KARIJONA TUCANO (DESEA) BARI (MOTILON) UITOTO 7 7 GUAHIBOS TOTORO 6 6 CHIMILA (ETTE E NEKA) PIAPOCO (DZASE) 6 6 OTROS / SIN IDENTIFICAR YUKO (YUKPA) 4 4 KAMENTZA KURRIPAKO KUIBA 2 2 MAKAGUAJE MIRAÑA 1 1 DESANO 1 1 NUKAK (MAKU) 1 1 Total general Fuente: Sistema de Información Geográfica de Pueblos Indígenas de CECOIN
6 La irrupción de los indígenas en la escena nacional con el proceso constituyente dio un respiro a las luchas indígenas. De 1992 a 1996 se crea un contexto de legitimidad y de prelación de sus derechos sobre los intereses de los gamonales. Sin embargo, trajo aparejada una visibilidad ineludible frente a los actores armados que ya estaban en plena consolidación, quienes empezaron a verlos como actores políticos a los cuales ganar, subordinar o destruir en una fase en la cual el conflicto armado pasó a niveles definitorios. Así, en el período actual de la violencia política contra los pueblos indígenas, de 1997 a 2004, por efecto de la dinámica de la guerra las poblaciones indígenas aparecen de alguna manera integradas en ella, siendo manifiesto que pesar de su resistencia se ven obligadas a responder a los imperativos de una guerra que trasciende sus territorios e intereses locales. La evolución del conflicto armado interno en Colombia como en los territorios indígenas enseña que la correlación entre violencia política y conflicto armado, no solo se expresa en la perspectiva de violación a los derechos humanos e infracciones al DIH, sino en el papel estructurante que la violencia política ha tenido en la conformación del Estado y de la sociedad civil colombianos, en la definición de la territorialidad y la economía, y su carácter articulador de los modelos societales rural y urbano, situaciones en las cuales la realidad indígena ha estado articulada. Al igual que en los sistemas culturales, donde las comunidades que interpretan actúan a su vez en tramas de significado preestablecidas, en los estudios de la guerra no puede haber una explicación satisfactoria a menos que sea al mismo tiempo una interpretación sobre intereses y voluntades de los actores armados y desarmados- y una aproximación a las condiciones en que se desarrolla su acción colectiva. El conflicto armado interno colombiano se configura en una relación crítica entre condiciones materiales y elecciones políticas de los actores. Por un lado, en el campo han persistido estructuras sociales, políticas y económicas esencialmente polarizadas: discriminación social, régimen político excluyente, inequidad económica extrema; situaciones que facilitaron y siguen facilitando la acción política antisistémica, escogida voluntariamente por actores armados como una propuesta de construcción de Estado; por el otro lado, estos actores antisistémicos deciden acudir a la acción militar luego de una interpretación política en que se concluye la ausencia de canales institucionales para tramitar los conflictos, mientras los sectores dominantes adoptan una respuesta legal e ilegal a este desafío insurgente, y ambas dinámicas modifican así mismo las estructuras sociales, políticas y económicas del país, constituyendo de hecho al Estado. Ésta es en su mayor parte la tesis central del libro de González, Bolívar y Vásquez, que apunta a una interpretación compleja del conflicto, y a su carácter estructurante de la estatalidad colombiana (González et al, 2002). Lo importante de este enfoque es que no niega el papel facilitador, aunque no directamente causal, de las condiciones sociales, económicas y políticas en la generación del conflicto, ni reduce los actores sociales a simples epifenómenos de esas condiciones. En esta óptica, ni la guerra es inevitable ni es caprichosa; profundizando dicha tesis, la expansión territorial de los actores armados no obedece ni a simples disponibilidades económicas de los territorios ni a veleidades militaristas. Sin embargo el reconocimiento del conflicto interno como político y no determinado solo por intereses económicos inmediatos de los actores armados, que está a la base del presente estudio, no es suficiente para responder a la relación que existe entre una guerra esencialmente política y una realidad esencialmente degradada de violencia contra las comunidades indígenas. En eso radican gran parte de las prevenciones existentes en las comunidades y líderes indígenas ante una interpretación de la guerra desde la óptica exclusiva de las estrategias de construcción de Estado por parte de los actores armados. Se requiere resolver cómo es que una guerra política se ha transformado en una guerra donde la disputa de recursos económicos acapara gran parte de las acciones militares, y en la cual la violencia contra las comunidades pareciera negar el carácter político de la misma. Dos componentes son relevantes al respecto: la existencia prolongada del conflicto en forma larvada, y la rápida transformación y escalada del mismo en los últimos ocho años.
7 El carácter marginal del conflicto armado en Colombia durante muchos años produjo una tendencia a la coexistencia entre los aparatos armados y a acciones de guerra de baja intensidad (hostigamiento y neutralización), en tanto la guerrilla no fue considerada por los militares ni por el gobierno de los Estados Unidos como un desafío al establecimiento. Es así como la vieja estrategia de acumulación para la insurrección urbana adoptada por la guerrilla agraria de las FARC no llega a constituirse en desafío al poder desde el aparato militar, igual que la estrategia de Guerra Popular Prolongada del EPL no logró cubrir en su momento el territorio nacional, y la estrategia combinada de guerra de liberación e insurrección popular del ELN y M19 fue derrotada militarmente 1. Por efecto de la prolongación de la guerra, y en tanto sus actores principales estuvieron durante décadas en un impasse cómodo que les permitió reproducirse y crecer sin ponerse en riesgo los unos con los otros, de tal forma que la insurgencia ejercía control en las zonas de colonización, los militares dominaban los espacios de latifundio, el Estado lograba reproducir su relativo control y la actividad económica se desarrollaba sin grandes traumatismos. Estas condiciones terminaron creando un "sistema de guerra" que adoptó una lógica más allá de las intenciones y los intereses de los actores. El término sistemas de guerra asumido por Nazih Richani, se refiere a: a) el fracaso de las instituciones, de los canales y de los mecanismos políticos prevalecientes para mediar, arbitrar, o tramitar conflictos entre grupos sociales y políticos antagónicos; b) el nivel de éxito de los antagonistas para adaptarse al conflicto mediante el establecimiento de una economía política positiva, a través de la acumulación de activos políticos y económicos que hacen que la guerra sea la mejor opción disponible, dados el equilibrio de poder y los altos costos de la paz; y c) un equilibrio de fuerzas entre los grupos o actores en conflicto que resulta en un cómodo impasse. (Richani, Nazih, Sistemas de Guerra, 2003). Ésta es la situación creada a partir de una guerra de baja intensidad, diseñada por los ideólogos de la seguridad nacional para controlar países en paz, aplicada a una insurgencia que mayoritariamente actuaba subordinada a una estrategia insurreccional urbana que no avizoraba su realización. La incorporación del narcotráfico y los paramilitares en este sistema en los años 80s facilitó una escalada del conflicto. En un contexto tal, los planes de los actores implican una tensión de todos los recursos para la guerra; nada, ni recursos, ni personas, deben quedar exentos de ser un medio para ésta. La nueva etapa del conflicto implica que tendencialmente quedan subordinadas las lógicas económicas y políticas a la lógica del conflicto; mientras en un principio la guerra se hace para defender intereses económicos, ahora los intereses y necesidades de ésta tienden a subordinar la economía y los intereses estratégicos de los actores. Los fines se mantienen, la defensa o el ataque de un modelo de economía y poder, pero las dinámicas ya no corresponden a esos fines, incluso, se desarrollan estrategias que contradicen o ponen en riesgo los modelos de economía y poder que se defienden. En el caso de los pueblos indígenas, el ataque a sus gobiernos y territorios, adquiere significado por ser obstáculo al logro de los intereses propios del sistema de guerra: como el reclutamiento de jóvenes indígenas, el paso por los territorios, la disponibilidad alimentaria, las rentas de protección. Todos los actores armados hacen una lectura militar de las posiciones políticas indígenas siendo secundario para los grupos armados proteger a las comunidades de apoyo y prioritario neutralizar y destruir las posibles bases de los enemigos. En tal contexto las consideraciones políticas se subordinan a las militares: la única forma de lograr los objetivos sociales y políticos, es ganarlos en lo militar (Richani, 2002). Una orientación político-militar centrada en el control territorial y de poblaciones, típico de la constitución o defensa de los Estados, necesariamente choca con el proyecto indígena. En desarrollo de un interés estrictamente militar y sus 1 Desde la década de los sesenta las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, grupo guerrillero que encarna la tradición de guerra campesina, se constituye en el principal actor armado y su acción se proyecta hasta el período actual. El Ejército Popular de Liberación EPL de origen maoísta tiene importancia hasta mediados de los noventa, momento en el que asume la negociación como alternativa frente a la derrota militar. El Movimiento 19 de Abril M19 cobra vida hacia los setenta y el proceso de negociación los lleva a convertirse en actores políticoas de primer orden en la Asamblea Nacional Constituyente de El Ejército de Liberación Nacional ELN, como las FARC, son los grupos que en la actualidad asumen la guerra en diferentes puntos del país.
8 exigencias operativas inmediatas, los actores armados fundan su estrategia en el reclutamiento constreñido de hombres-arma, el control y neutralización del acceso a las fuerzas enemigas, el suministro de material de guerra, el control de corredores para la movilidad para la acción y el repliegue, y el debilitamiento de las fuentes de recursos del adversario. Se acude a prácticas de imposición, reclutamiento, asesinatos, intervención en ámbitos de los gobiernos y la ley indígena. En consecuencia, es consustancial a la degradación del conflicto, el desprecio por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. En este escenario las organizaciones indígenas se ven inducidas a interpretar la incursión de las guerrillas, los paramilitares o el ejército en los territorios indígenas, lo mismo que el ataque a sus líderes y autoridades, como parte de un plan de esos actores por "tomar nuestros territorios y recursos naturales" o "liquidar nuestras autoridades". No obstante, esta lectura victimista no capta debidamente que se presenta una inclusión plena de los indígenas en la lógica de la guerra y la imposibilidad de excluirse de ella. TABLA 3 VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS TOTAL VIOLACIONES POR PRESUNTOS RESPONSABLES Tipo de Actor Asesinatos Políticos % asesinat. políticos Desapar. forzada Secuest. Violencia Sexual / Tortura Heridos Amenaza Individual Detención arbitraria/ Retención Total general Actores Estatales Armada Nacional 5 5 Autoridad civil Ejército FAC Guardia Venezolana 5 5 Organismos Seguridad Policía Total Actores Estatales 174 9, ,78 Otros Actores Violentos Sin identificar/otros actores Terrateniente/Narcotraficante Total Otros Actores Violentos , ,219 Paramilitares ACCU AUC Paramilitares N.I Total Paramilitares , ,79 Grupo insurgente ELN EPL ERG 5 5 FARC Guerrilla N.I M Quintín Lame 7 7 Total Grupo insurgente , ,21 Total general , ,00 % del total Fuente: Sistema de Información Geográfica de Pueblos Indígenas de CECOIN
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