CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO JUEZ PONENTE: DR. JOSÉ LUIS TERÁN SUÁREZ ASUNTO

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1 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO JUEZ PONENTE: DR. JOSÉ LUIS TERÁN SUÁREZ Quito, jueves 7 de mayo del 2015, las 11h22.- ASUNTO Resolución del recurso de apelación interpuesto por el señor Byron Arturo Zambrano Robles, en contra de la sentencia de 17 de abril de 2015, de las 08h33, dictada por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia los Ríos, con sede en el cantón Quevedo, dentro de la acción constitucional de Hábeas Corpus No I. ANTECEDENTES Mediante escrito de 17 de abril del 2015, el señor Byron Arturo Zambrano Robles, a través de su abogado defensor, Sixto Antonio Parra Ocaña, interpone recurso de apelación en contra de la sentencia de 17 de abril del 2015, de las 08h33, dictada por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia los Ríos, con sede en el cantón Quevedo, dentro de la Acción Constitucional de hábeas corpus que ( ) INADMITE la acción de Habeas Corpus planteada por BYRON ARTURO ZAMBRANO ROBLES ( ) y dispone que ejecutoriada la sentencia se remita copia certificada de la misma a la Corte Constitucional 1

2 conforme lo dispuesto en el artículo 86 numeral 5 de la Constitución de la República Fundamenta el recurso de apelación sosteniendo que: ( ) No se ha reconocido que la Detención habría sido ARBITRARIA, en ese sentido no se ha reconocido de manera expresa la Ausencia del presupuesto material habilitante de la detención, es decir que no existió flagrancia o mandato judicial, por tal motivo señores Jueces ustedes faltaron al Art. 45 numeral 2 de la LEY ORGÁNICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL que es Ley expresa que dice que. (sic) En caso de privación ilegítima o arbitraria, la jueza o juez declarará la violación del derecho, dispondrá la inmediata libertad y la reparación integral. La privación arbitraria o ilegítima se presumirá en los siguientes casos: a) Cuando no se exhiba la orden de privación de libertad. b) Cuando la orden de privación de libertad no cumpla los requisitos legales o constitucionales. d) Cuando se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la privación de libertad. c) En los casos en que la privación de la libertad es llevada a cabo por particulares, cuando no se justifique la privación de libertad. Y dentro del proceso y ante el desarrollo de la audiencia no se justificó la existencia de un proceso penal o instrucción fiscal, hecha (sic) que no se exhibió, admitiendo una certificación suscrita por el Fiscal Coordinador de la Unidad de la ciudad de Quevedo, Ab. Wilson Viteri Ojeda, en la que indica que el proceso en esta fiscalía de Quevedo, no existe, que reposa en la ciudad de Babahoyo, etc. con lo cual se justifica la ilegitimidad, ilegalidad, y estado absoluto y total de indefensión, por cuanto no se ha cumplido con las aspiraciones de la partes procesales de presentar pruebas y controvertirlas, afectando lo que dispone el Art. 76 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, lo que constituye como norma suprema imperio de la Ley, el Estado de Indefensión quedo totalmente demostrado y sobre este hecho no se motivó, ni se refirió la resolución, acto 2

3 que fue motivo de la exposición legal de la defensa. No se adjuntó documentación alguna que justifique la legalidad de la detención. Por lo expuesto, solicita se eleve la apelación al Superior de la Corte Constitucional del Ecuador (sic). II. JURISDICCION Y COMPETENCIA Conocemos del presente recurso, conforme la Resolución No de 25 de enero de 2012, emitida por el Consejo de la Judicatura de Transición, por la Resolución No de 17 de diciembre de 2014, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura y las Resoluciones Nos y de 28 de enero de 2015, expedidas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, así como del sorteo que consta en el proceso. Este Tribunal Constitucional es competente para conocer y pronunciarse sobre la apelación del hábeas corpus, en virtud de lo establecido en los arts. 184, número 1 de la Constitución de la República, 185, apartado segundo, número 3 del Código Orgánico de la Función Judicial; 169 número 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y por la Resolución de 19 de marzo de 2009 de la Corte Nacional de Justicia, publicada en el Registro Oficial No. 565 de 7 de abril del mismo año. III. VALIDEZ PROCESAL 3

4 3.1.- La acción constitucional de hábeas corpus se ha tramitado de conformidad con las normas pertinentes, por lo que no existe nulidad alguna que declarar. IV. PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS El accionante fundamenta el recurso de apelación en el siguiente cargo: Que dentro del proceso y en el desarrollo de la audiencia no se justificó la existencia de un proceso penal o instrucción fiscal, admitiendo una certificación suscrita por el Fiscal Coordinador de la Unidad de la ciudad de Quevedo, Ab. Wilson Viteri Ojeda, en la que indica que el proceso en esta fiscalía de Quevedo, no existe, que reposa en la ciudad de Babahoyo, con lo cual se justifica la ilegitimidad, ilegalidad, y estado absoluto y total de indefensión, por cuanto no se ha cumplido con las aspiraciones de la partes procesales de presentar pruebas y controvertirlas, afectando lo que dispone el art. 76 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador; que el estado de indefensión quedó totalmente demostrado y sobre este hecho no se motivó, ni se refirió la resolución. V. CONSIDERACIONES Y RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS Luego del sorteo practicado el 29 de abril de 2015, las 15h03, ha correspondido a esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia su conocimiento; y, de conformidad con lo previsto 4

5 en el art. 89 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el art. 44 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esta Sala debe pronunciarse acerca de la apelación propuesta, para lo cual considera: El hábeas corpus es una garantía individual de los ciudadanos y ciudadanas que se hallan detenidas de manera arbitraria, ilegal o ilegítima; entonces, el hábeas corpus es una acción destinada a tutelar la libertad física de las personas mediante un procedimiento sumarísimo que tiene por fin hacer cesar la privación ilegal de la libertad personal. Pedro Pablo Camargo define al hábeas corpus como: un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o ésta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicara el principio pro homine. (Pedro Pablo Camargo, La acción de Hábeas Corpus, Editorial Leyer, Bogotá Colombia 2006, pág. 117) El accionante sostiene que no se ha reconocido que la detención habría sido arbitraria por la ausencia del presupuesto material habilitante de la misma, es decir que no existió flagrancia o mandato judicial, que por tal motivo los jueces faltaron al art. 45 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; que además, de la certificación suscrita por el Fiscal Coordinador de la Unidad de la ciudad de Quevedo, en la que indica que el proceso no existe en la fiscalía de Quevedo, ya que reposa en la ciudad de Babahoyo, según manifiesta el apelante de esta manera se justifica la ilegitimidad, ilegalidad, y estado absoluto y total de indefensión, afectando lo que dispone el art. 76 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador. 5

6 La Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia los Ríos, con sede en el cantón Quevedo, respecto de la acción constitucional de hábeas corpus propuesta por el señor Byron Arturo Zambrano Robles, dijo: 1) A foja 25 vuelta que En el presente caso quienes procedieron a detener al recurrente son miembros de la policía, ante una orden de allanamiento dictada por un Juez de Garantías Penales competente, para dictar dichas órdenes o medidas cautelares, y al encontrar evidencias como son drogas en gran escala y por existir flagrancia fue detenido junto a otras personas y fue puesto a órdenes del Juez de Garantías Penales en el momento oportuno, es decir que, dentro de las 24 horas de la detención, se les realizó la respectiva audiencia donde el Fiscal de delincuencia Organizada Nacional y Trasnacional, dio inicio a una Instrucción Fiscal y solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, el Juez procedió a admitir a trámite la instrucción fiscal y a dictar la prisión preventiva por lo tanto la detención no es ilegal, ya que se cumplió con lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal 2) Respecto a que se haya privado al accionante del derecho a la defensa en el art. 76 numeral 7 literal a) de la CRE, el mencionado literal dice: Nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. El art. 589 del COIP, nos dice que el procedimiento ordinario se desarrollará en las siguientes etapas: instrucción, evaluación y preparatoria de juicio y etapa del juicio, es decir la indagación previa no consta como etapa del procedimiento sino como lo dijimos antes es una atribución de la o el fiscal con el sistema especializado de investigación, por lo tanto no existe violación del derecho a la defensa, más aun que el señor Juez ha manifestado y consta del audio y acta respectiva que una vez que se aceptó a trámite la Instrucción Fiscal, hizo conocer a los sujetos procesales sobre dicho particular;... (foja 26). 3) La acción de hábeas corpus presentada se basa según lo manifestado por la defensa en la certificación emitida por la Fiscalía General del Estado a través del Dr. Wilson Viteri Ojeda, en el que 6

7 certifica que la instrucción fiscal no ha sido asignada a fiscal alguno por problemas en el SIAF, ante ello la sala considera que esta alegación podría ser algún motivo de nulidad procesal que justamente no resuelve la acción de HÁBEAS CORPUS. En la especie, se confunde la naturaleza de la acción de hábeas corpus con un recurso de intra proceso, en el que cabe la discusión de aspectos sustanciales del caso;... (foja 26) Esta Sala Constitucional, en el caso puesto a su conocimiento, observa lo dispuesto en el inciso primero del art. 89 de la Constitución de la República, que dice: Art La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas de libertad Del texto transcrito constante en la norma constitucional, y conforme lo determinado tanto en la doctrina como la jurisprudencia se advierte que, la acción constitucional de hábeas corpus, procede cuando una acción u omisión amenace o vulnere la libertad del individuo y tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentra privado de ella en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como el proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de ésta; esta norma es concordante con lo que establece el art. 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. De lo expuesto en líneas que anteceden, se desprende con claridad que esta garantía constitucional procede únicamente en dos supuestos: si la privación de libertad fuese ilegal, arbitraria o ilegítima, o si es que la libertad fuese necesaria a fin de proteger la vida o integridad física de quien se encuentra privado de la misma. Esta privación de libertad puede ser ilegal, cuando va en contra de una disposición 7

8 legal; arbitraria, cuando se ejecuta sin tener sustento en una disposición legal, o ilegítima, cuando independientemente de su ordenación jurídica, atenta de forma injustificada a un derecho fundamental En el caso sub iudice, se puede observar que no se han configurado estos tres presupuestos, es decir no existe la alegada privación de la libertad injusta e ilegal, pues se establece que el 1 de abril del 2015, en la investigación previa No , dirigida por el Dr. Danny Vizuete Prado, Fiscal Cuarto de la FEDOTI del Guayas, con la finalidad de dar cumplimiento a la Orden Judicial No G, suscrito por el Ab. Carlos Edmundo Corro Betancourt, Juez de la Unidad Judicial Penal de Quevedo-Los Ríos, personal de la Policía y agentes de la Unidad de Apoyo de Criminalistica de Quevedo conjuntamente con el Fiscal en mención se realizó el allanamiento de una Finca con plantaciones de banano ubicada en la parroquia de San Carlos, cantón Quevedo, en donde se detuvieron a los señores Zambrano Robles Oscar Ignacio, Zambrano Robles Byron Arturo, Sanchez José Ruben, Gomez Mosquera Gabriel Franklin y Cano Morales Frank Davis. El día 2 de abril de 2015, a las 10h10, en la Unidad Judicial Penal, con sede en el cantón Quevedo, se ha realizado la Audiencia de Formulación de Cargos, en la que la Fiscalía manifiesta que conforme al art. 195 de la Constitución de la República y arts. 591 y 595 del Código Orgánico Integral Penal, formula los cargos contra los detenidos antes mencionados y resuelve dar inicio a la etapa de Instrucción Fiscal, como autores del delito tipificado en el art. 220 numeral 1 literal d) del COIP; y, por encontrarse reunidos los presupuestos del art. 534 ibídem solicita que se dicte prisión preventiva; pedido que es aceptado por el Juez de la Unidad Penal con sede en el cantón Quevedo y dicta auto de prisión preventiva en contra de los procesados Zambrano Robles Oscar Ignacio, Zambrano Robles Byron Arturo, Sanchez José Ruben, Gomez Mosquera Gabriel Franklin y Cano Morales Frank Davis y ha ordenado que se elaboren las respectivas 8

9 boletas de encarcelación las cuales cumplen con los requisitos legales. De lo expuesto, podemos reiterar que, no se ha producido la ilegal privación de libertad porque no está contra ninguna disposición legal ni constitucional, no es arbitraria porque existe un sustento legal y procesal, que es la orden de prisión preventiva y, tampoco es ilegítima, porque no atenta contra ningún derecho fundamental del procesado Con respecto al otro presupuesto del hábeas corpus; esto es, si es que la libertad fuese necesaria a fin de proteger la vida o integridad física de quien se encuentra privado de la misma, no se ha demostrado en el proceso que estuviera en peligro la vida o integridad física del ciudadano Zambrano Robles Byron Arturo. Finalmente, es preciso aclarar que esta Sala considera que la acción de hábeas corpus es una garantía de derechos fundamentales y no un recurso o medio para tratar de revocar una medida cautelar y en este caso el cumplimiento de una orden de prisión preventiva, así mismo, esta Sala puntualiza que en la apelación de la acción del hábeas corpus no se entra a considerar si la persona es inocente o no; eso corresponde únicamente probar en el juicio penal; nuevamente se recalca que a los jueces constitucionales les compete únicamente establecer si existen los presupuestos señalados en este considerando en el cual se ha podido determinar que la detención y posterior prisión preventiva no ha sido ilegal porque no va contra ninguna disposición legal, y que no es arbitraria porque existe un sustento legal y procesal. No corresponde en la acción constitucional de habeas corpus pronunciarse respecto a la violación de derechos conexos al derecho a la libertad, violación al debido proceso y violación a la seguridad jurídica, o reparación integral. Lo único que corresponde en esta garantía individual es pronunciarse respecto a la detención arbitraria, ilegal o ilegítima, de las ciudadanas y ciudadanos como 9

10 mecanismo de tutela de la libertad física de las personas, con el fin de cesar la privación ilegal de la libertad personal. VI. DECISIÓN En mérito de las consideraciones expuestas, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional, Administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor BYRON ARTURO ZAMBRANO ROBLES, en lo concerniente a su pretensión que se disponga su libertad Actúe el Ab. Diego Acuña Naranjo, como Secretario Relator, de conformidad con el oficio No. 03-P-SCT-2014 de 8 de enero de Comuníquese, publíquese y devuélvase.- F.- Dr. José Luis Terán Suárez, JUEZ NACIONAL; Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA NACIONAL; Dra. Ana María Crespo Santos, JUEZA NACIONAL. Certifico.- F. Ab. Diego Acuña Naranjo, SECRETARIO RELATOR. 10