LA NUEVA OFICINA JUDICIAL EN ASTURIAS

Transcripción

1 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA LA NUEVA OFICINA JUDICIAL EN ASTURIAS Grupo de Trabajo conjunto Sala de Gobierno TSJA, Secretarios Judiciales, Organizaciones Sindicales y Administración Autonómica.

2 El presente trabajo tiene la finalidad de facilitar la aplicación en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias de la reforma de la Administración de Justicia, en lo que afecta a la Nueva Oficina Judicial, operada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial de 1 de julio. Con tal objetivo se constituyó un Grupo de Trabajo integrado por representantes de la Sala de Gobierno del TSJA, de los Secretarios Judiciales, de las Organizaciones Sindicales más representativas en nuestro ámbito territorial y de la Administración del Principado de Asturias. En su composición se ha intentado conjugar la necesaria funcionalidad operativa con la participación en el mismo de los agentes más directamente afectados por la nueva estructura judicial. En este documento se plasma el resultado último de la actividad desarrollada por el Grupo de Trabajo durante varios meses, con modificaciones sustanciales con respecto a la propuesta inicial de la Administración, unánimemente aceptadas por la totalidad de sus integrantes, algunas de ellas en aspectos de gran importancia como el número mínimo de órganos judiciales requeridos para la existencia de Servicios Comunes Procesales, los criterios de distribución de las cargas de trabajo o los requerimientos mínimos de personal de los Servicios Comunes Procesales. Conscientes del enorme cambio que la implantación de la Nueva Oficina Judicial va a significar en la Administración de Justicia de nuestra Comunidad Autónoma y de las dificultades que van a rodear su puesta en marcha y posterior desenvolvimiento, los integrantes del grupo de trabajo han pretendido poner a disposición de la Administración del Principado de Asturias un documento consensuado que sirva de guía para los necesarios desarrollos normativos que ha de realizar, sin olvidar que la novedad de esta estructura judicial va a implicar, con toda seguridad, la necesidad de variar en algunos casos estos planteamientos iniciales para adecuarlos a las exigencias que la realidad del funcionamiento diario de la Nueva Oficina vaya imponiendo.

3 Integrantes del Grupo de Trabajo sobre la Nueva Oficina Judicial en Asturias. En representación de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias: D. Jorge González Rodríguez, Presidente de la Sala de lo Social del TSJ Dª Mª Pilar Martínez Ceyanes, Magistrada-Juez Decana de los Juzgados de Oviedo. En representación del Cuerpo de Secretarios Judiciales Dª Raquel Martínez Mazón, Secretaria de Gobierno del TSJ D. Jaime Estrada Ruiz, Secretario Coordinador Provincial En representación de las Organizaciones Sindicales más representativas: Dª Jacinta Navas Amez, Delegada de Comisiones Obreras de Asturias Dª Cristina Esteban Ruiz, Delegada de CSI-CSIF Asturias En representación de la Administración del Principado de Asturias: D. José Manuel Fernández García, Director General de Justicia D. Jesús María Canal González, Jefe del Servicio de Relaciones con la Administración de Justicia

4 ÍNDICE I. Presentación Pág. A. Introducción al marco normativo vigente B. Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPDs) C. Servicios Comunes Procesales (SCPs) D. Unidades Administrativas (UAs) II. Factores que inciden en la Oficina judicial A. Introducción B. Demarcación y Planta C. Estado de las sedes judiciales y su reforma D. Factores tecnológicos E. Factores procedimentales a) Dotación y Relación Puestos Secretarios Judiciales b) Relación de Puestos de Trabajo del Personal c) Protocolos de actuación III. Despliegue de la Oficina judicial en Asturias A. Principios B. Definición Servicios Comunes y Unidades a) Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPADs) b) Servicios Comunes Procesales (SCPs) c) Unidades Administrativas (UAs) d) Juzgados y Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz...29 e) Registros Civiles f) Instituto de Medicina Legal de Asturias...31 g) Oficina de la Fiscalía...32 h) Otros servicios prestados por la Dirección General...33 C. Despliegue por Partidos Judiciales a) Partidos Judiciales sin SCPs Partidos Judiciales con un único Juzgado Mixto Partidos Judiciales con dos Juzgados Mixtos Partidos Judiciales con cuatro Juzgados Mixtos...34 b) Partidos Judiciales con SCPs Partido Judicial de Avilés Partido Judicial de Gijón Partido Judicial de Oviedo...38 D. Servicios Comunes Procesales propuestos a) Cargas de trabajo y distribución plantillas b) Servicios Comunes Procesales en Avilés..43 1

5 c) Servicios Comunes Procesales en Gijón.. 46 d) Servicios Comunes Procesales en Oviedo.. 48 E. Cronograma Pág. ANEXOS ANEXO I DESPLIEGUE OFICINA JUDICIAL EN AVILÉS ANEXO II DESPLIEGUE OFICINA JUDICIAL EN GIJÓN.. 72 ANEXO III DESPLIEGUE OFICINA JUDICIAL EN OVIEDO ANEXO IV ATRIBUCIÓN DE FUNCIONES

6 I.- PRESENTACIÓN La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias asumió el ejercicio total de la competencia en materia de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia el día 1 de Enero de En un primer momento, a través del Real Decreto 966/2006, de 1 de septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, nuestra Comunidad asumió los medios materiales y 109 empleados de la Administración General del Estado (personal laboral y una parte de los efectivos adscritos a la Gerencia Territorial en el Principado). Con posterioridad, el Real Decreto 2003/2008, de 5 de diciembre, sobre traspaso al Principado de Asturias de funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de provisión de medios personales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, supuso la asunción del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en Asturias (Médicos Forenses y Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial) y, con ello, el ejercicio efectivo de la competencia en esta materia. Uno de los aspectos fundamentales en los que ha de concretarse el ejercicio de esta competencia es el desarrollo de la Oficina judicial en Asturias, toda vez que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante LOPJ) en la redacción que a la misma le dio la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de Diciembre, reconoce la competencia de las Administraciones competentes, en este caso de la Administración del Principado de Asturias, para determinar la dimensión y la organización de la Oficina judicial, así como para diseñar, crear y organizar los Servicios Comunes Procesales. Por ello, desde el comienzo del proceso de asunción de competencias en materia de justicia, una de las áreas en que el ejecutivo autonómico asturiano ha centrado su trabajo es el diseño de la Oficina judicial. A) INTRODUCCIÓN AL MARCO NORMATIVO VIGENTE La LOPJ opta por un sistema flexible de organización de la Oficina judicial, que pretende superar la tradicional limitación de funcionamiento de los órganos judiciales. Frente a la vigente agrupación en el Juzgado de las figuras del Juez y Secretario Judicial junto con la Oficina judicial, compuesta por funcionarios con diversas tareas y con función exclusiva para el órgano, correspondiente a un diseño autónomo de cada juzgado, y por tanto atomizado, 3

7 se propone una nueva estructura que separa los elementos más directamente relacionados con el órgano (Juez y Secretario Judicial y un pequeño número de funcionarios, integrantes de la Unidad Procesal de Apoyo Directo) y el resto de funcionarios, que pasan a formar parte de los Servicios Comunes Procesales, con tareas homogéneas asignadas, no ya para un único órgano, sino para un conjunto de ellos. El apartado VI de la Exposición de Motivos de dicha Ley Orgánica, en su redacción de 2003, comienza por sentar las bases para la configuración de la Oficina judicial, consciente de las dificultades de la reorganización que pretende: - La evolución de las formas del trabajo desempeñado en las Oficinas judiciales, que exige nuevas estructuras con un mayor y mejor diseño organizativo, imprescindible no solo por la progresiva incorporación de nuevas tecnologías, sino fundamentalmente para obtener una atención de calidad a los ciudadanos. - El intenso proceso de transferencias que en este ámbito se ha producido del Estado a las Comunidades Autónomas, implicadas en la dotación de medios personales y materiales al servicio del Poder Judicial, y la fuente de conflictos que ha supuesto la confluencia en esta materia de varios ámbitos de decisión, sin que las normas vigentes en ese momento establecieran mecanismos oportunos de colaboración, coordinación y garantía que aseguraran la autonomía funcional y orgánica de unos y otros. - La necesidad de racionalizar los medios utilizados por la Administración de Justicia, optando en el diseño de la nueva Oficina judicial por un sistema flexible que permita la adaptación a cualquier tipo de necesidades de dicha Administración. Posteriormente, su Libro V, bajo la rúbrica De los secretarios judiciales y de la Oficina judicial, dedica el Capítulo I de su Título I a la Oficina judicial en una muestra, ya puramente sistemática, de la trascendencia y relevancia que para la efectividad y garantía del Poder Judicial tiene la organización del sustrato material y personal que le sirve de soporte y que se encuadra en lo que el Tribunal Constitucional, en su paradigmática Sentencia 56/1990, bautizó como la administración de la Administración de Justicia. El citado Capítulo, sólo ha sido modificado ligeramente por la recientemente aprobada Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, que, junto a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, han realizado las modificaciones legales precisas para el despliegue y la implantación de la Nueva Oficina Judicial. 4

8 El primero de los artículos que la LOPJ dedica a la Oficina judicial, el 435, la define como la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales, prescribiendo, a la vez, que su estructura básica será homogénea en todo el territorio nacional como consecuencia del carácter único del Poder al que sirve y estará basada en los principios de jerarquía, división de funciones y coordinación. Enumera, también, este artículo los criterios que han de regir el funcionamiento de la Oficina judicial y reserva la cobertura de sus puestos de trabajo al personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, de acuerdo con lo establecido en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. El siguiente artículo, el 436, comienza introduciendo un cambio en relación con la actual organización atomizada que gira alrededor del Juzgado, Sala o Sección, al indicar que el elemento organizativo básico de la estructura de la Oficina judicial será la unidad y concretar que en atención a sus funciones se distinguirán dos tipos de unidades: unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales cuya actividad principal viene determinada por la aplicación de normas procesales. Establece este artículo el criterio básico de la flexibilidad en la organización de la Oficina, que, al igual que su dimensión, habrán de determinarse por la Administración pública competente, en función de la actividad que en la misma se desarrolle. La Oficina judicial podrá prestar su apoyo a órganos de ámbito nacional, de Comunidad Autónoma, provincial, de partido judicial o de municipio, extendiéndose su ámbito competencial al de los órganos a los que presta su apoyo. De igual modo, las unidades que componen la Oficina judicial podrán desempeñar sus funciones al servicio de órganos de una misma jurisdicción, de varias jurisdicciones o a órganos especializados, pero su ámbito no podrá modificar el número y composición de los órganos judiciales ni la circunscripción territorial de los mismos establecida por la Ley. B) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO (UPADs) El artículo 437 indica que se entiende por unidad procesal de apoyo directo aquella unidad de la Oficina judicial que directamente asiste a jueces y magistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias, realizando las actuaciones necesarias para el exacto y eficaz cumplimiento de cuantas resoluciones dicten y añade que existirán tantas unidades procesales de apoyo directo como juzgados, o en su caso, salas o secciones de tribunales estén creados y en funcionamiento, integrando junto a sus titulares el respectivo órgano judicial. 5

9 Cada Unidad Procesal de Apoyo Directo (en adelante UPAD), además de los puestos de trabajo necesarios para la atención al órgano, contará con un o una Secretaria Judicial, aunque por motivos de racionalización del servicio, una o un mismo Secretario Judicial podrá actuar en más de una. Con respecto a estas unidades, la LOPJ atribuye al Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, la competencia para determinar sus dotaciones básicas, lo que ya ha sido realizado a través de la Orden JUS/3244/2005, de 18 de octubre. C) SERVICIOS COMUNES PROCESALES (SCPs) Por su parte, el artículo 438 define el Servicio Común Procesal (en adelante SCP) como toda aquella unidad de la Oficina judicial que, sin estar integrada en un órgano judicial concreto, asume labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las Leyes procesales, prestando su apoyo a todos o a alguno de los órganos judiciales de su ámbito territorial, con independencia del orden jurisdiccional al que pertenezcan y la extensión de su jurisdicción. A diferencia de lo establecido para las UPADs, este precepto atribuye directamente al Ministerio de Justicia o a las Comunidades Autónomas, en sus respectivos territorios, la competencia para el diseño, creación y organización de los Servicios Comunes Procesales, con funciones de registro y reparto, actos de comunicación, auxilio judicial, ejecución de resoluciones judiciales y jurisdicción voluntaria, entre otros, pudiendo las Salas de Gobierno y las Juntas de jueces solicitar al Ministerio o a las Comunidades Autónomas la creación de servicios comunes. Es, por tanto, nuestra Comunidad Autónoma, la competente para el diseño, creación y organización de los SCPs en el Principado de Asturias, sin perjuicio de que la creación de servicios comunes con funciones de ordenación del procedimiento, o con funciones distintas de las enumerados en el párrafo anterior, requiera el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial. Por lo que se refiere a su organización, se exige la presencia al frente de cada Servicio Común Procesal de un Secretario Judicial, de quien dependerán funcionalmente el resto de los secretarios judiciales y el personal destinado en los puestos de trabajo en que se ordene el servicio. En la reciente reforma de la LOPJ, antes aludida, se introduce la novedad en este punto de permitir, en aquellos Partidos Judiciales en que el escaso número de órganos judiciales lo aconseje, que el mismo Secretario Judicial de la unidad procesal de apoyo directo podrá estar al frente de los servicios comunes procesales que se constituyan. En razón de la actividad concreta que realicen, los Servicios 6

10 Comunes Procesales, podrán estructurarse en secciones, a las que se dotará de los correspondientes puestos de trabajo y éstas, a su vez, si el servicio lo requiere, en equipos. Por último, atribuye el precepto al Consejo General del Poder Judicial la potestad de establecer criterios generales que permitan la homogeneidad en las actuaciones de los servicios comunes procesales de la misma clase en todo el territorio nacional, si bien impone la limitación de que tales criterios en ningún caso podrán incidir en el ejercicio de la función jurisdiccional o en las competencias de las Administraciones públicas en el ámbito de la Administración de Justicia. Es de destacar que, en uso de esta atribución, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha adoptado el Acuerdo de 25 de febrero de 2010, por el que se aprueba el Reglamento 2/2010, sobre criterios generales de homogeneización de las actuaciones de los Servicios Comunes Procesales (en adelante Reglamento 2/2010), aplicable a los SCP con funciones de registro y reparto, realización de actos de comunicación y ejecución y tramitación de solicitudes de auxilio judicial. D) UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UA) Por último, hemos de mencionar el papel y relevancia que ha de adquirir el tercero de los ejes de esta Nueva Oficina Judicial, a saber, las Unidades Administrativas (en adelante UAs), definidas como aquéllas que sin estar integradas en la Oficina judicial, se constituyen en el ámbito de la organización de la Administración de Justicia para la jefatura, ordenación y gestión de los recursos humanos de la Oficina judicial sobre los que se tienen competencias, así como sobre los medios informáticos, nuevas tecnologías y demás medios materiales. Incluso admite el precepto la posibilidad de que estas unidades, cuando se considere necesario, se constituyan como oficinas comunes de apoyo a una o varias Oficinas judiciales, para la prestación de servicios, cuya naturaleza no exija la realización de funciones encomendadas como propias por la LOPJ a los funcionarios de los Cuerpos de la Administración de Justicia. Corresponde a cada Administración en su propio ámbito territorial, el diseño, la creación y organización de las UAs necesarias y de las oficinas comunes de apoyo, la determinación de su forma de integración en la Administración pública de que se trate, su ámbito de actuación, dependencia jerárquica, establecimiento de los puestos de trabajo, así como la dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. A diferencia del resto de personal que forma parte de la Oficina judicial, los puestos de trabajo de estas unidades podrán ser cubiertos con personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, de la 7

11 Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas que reúnan los requisitos y condiciones establecidas en la respectiva Relación de Puestos de Trabajo. II.- FACTORES QUE INCIDEN EN LA IMPLANTACIÓN DE LA OFICINA JUDICIAL A) INTRODUCCIÓN Partimos de la premisa, que luego se concretará en los principios rectores del despliegue de la Oficina judicial en Asturias, de dar la máxima aplicación posible a las previsiones que la LOPJ contiene en esta materia, lo que supone procurar que la Oficina judicial realice su despliegue en nuestra Comunidad Autónoma de la forma más eficaz y rápida posible. Por otro lado, como es lógico, esta implantación habrá de ajustarse, en lo posible, a la entrada en vigor de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial. No obstante la fecha aludida, entendemos que en la implantación de la Oficina judicial ha de buscarse el necesario equilibrio entre lo deseable y lo posible, pues tan perjudicial sería la excesiva celeridad en su implantación, desconociendo los múltiples factores que inciden en la misma, como la demora que arriesgase a la Administración de Justicia en Asturias a una situación organizativa largamente transitoria, de resultados aún peores que los actuales. Es prudente, también, pensar en un período de transición entre la vieja Oficina judicial decimonónica y la Oficina judicial del siglo XXI que permita la acomodación al nuevo sistema tanto de quienes trabajan al servicio de la Administración de Justicia como de los usuarios de la misma y los profesionales que les representan y defienden, habida cuenta que el diseño de Oficina judicial que ahora se propone representa un cambio esencial en la situación organizativa anterior. Por todo ello, cualquier propuesta en este punto tiene que partir de la valoración previa de determinados factores que, en cuanto imprescindibles para el funcionamiento de la Oficina judicial, van a condicionar su despliegue. En efecto, de nada serviría la programación del despliegue territorial de la oficina si el mismo no va acompañado del previo examen de la exigencias y limitaciones que impone la demarcación y planta judicial, de la distribución arquitectónica de las sedes judiciales para el buen funcionamiento del diseño de Oficina judicial que se propone, de los equipamientos de medios ofimáticos, telemáticos y de programas avanzados de gestión procesal, registro y reparto, información de expedientes y comunicación entre las distintas unidades de las Oficinas 8

12 judiciales, y de las necesarias modificaciones procedimentales que permitan que el personal que ahora presta sus servicios en la Administración de Justicia se ajuste a la realidad de la nueva organización. B) DEMARCACIÓN Y PLANTA Hemos de partir del hecho de que Asturias cuenta con una demarcación compuesta por 18 Partidos Judiciales, distribuyéndose los órganos judiciales existentes en los mismos de la siguiente forma: - Nueve Partidos Judiciales (Cangas de Onís, Cangas de Narcea, Castropol, Llanes, Piloña, Pravia, Tineo, Valdés y Villaviciosa) que cuentan con un Juzgado Mixto único. - Tres Partidos Judiciales (Grado, Laviana y Lena) que cuentan con dos Juzgados Mixtos. - Tres Partidos Judiciales (Langreo, Mieres y Siero) que cuentan con cuatro órganos judiciales unipersonales: Langreo: tres Juzgados Mixtos y un Juzgado de lo Penal, Mieres: tres Juzgados Mixtos y un Juzgado de lo Social, Siero: cuatro Juzgados Mixtos. - Tres Partidos Judiciales (Avilés, Gijón y Oviedo) que cuentan con más de diez órganos judiciales: Avilés (11 órganos judiciales): 7 Juzgados Mixtos, 2 Juzgados de lo Social y 2 Juzgados de lo Penal, más Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución (en adelante SCACE). Gijón (28 órganos judiciales): Secciones 7ª y 8ª de la Audiencia Provincial, 11 Juzgados de 1ª Instancia, 5 Juzgados de Instrucción, 1 Juzgado de lo Mercantil, 1 Juzgado de Violencia sobre la Mujer, 4 Juzgados de lo Social, 1 Juzgado de lo Contencioso Administrativo, y 3 Juzgados de lo Penal, más SCACE. Oviedo (45 órganos judiciales): Tribunal Superior de Justicia con 3 Salas (Civil y Penal, Contencioso-Administrativo y Social) y Secretaría de Gobierno; Audiencia Provincial con 6 Secciones (cuatro civiles y dos penales); 11 Juzgados de Primera Instancia, 4 Juzgados de Instrucción, 6 Juzgados de lo Social; 6 Juzgados de lo Contenciosos-Administrativo; 2 Juzgados de lo Mercantil, 1 Juzgado de Violencia sobre la Mujer; 4 Juzgados de lo Penal; 1 Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y 1 Juzgado de Menores, más SCACE. 9

13 Se incluyen en la relación los órganos judiciales cuya creación ya ha sido aprobada en el pasado año y que habrán de entrar en funcionamiento a lo largo del presente año. A partir de esta realidad, a la vista de la naturaleza y el número de órganos judiciales de cada Partido Judicial, se nos plantea una triple decisión: - Determinar en qué Partidos Judiciales, atendidos los órganos judiciales existentes en los mismos, procede la creación de servicios comunes. - Determinar con carácter general la dimensión y organización de los servicios comunes, y las variantes que requiera su adaptación a las necesidades peculiares de cada Partido Judicial y los órganos en él ubicados. - Determinar la estructuración de los servicios comunes de ámbito de Partido Judicial y de ámbito provincial (en nuestro caso idéntico al ámbito de la Comunidad Autónoma). Además, a la hora de adoptar estas decisiones hay que tener en cuenta también otras circunstancias, algunas ya expuestas al examinar la normativa vigente en esta materia: - La posible estructuración de los SCP en secciones y de éstas en equipos (art LOPJ). - Los procedimientos de provisión de puestos de trabajo y movilidad que establece la Ley. - Que las unidades que compongan la Oficina judicial podrán desempeñar sus funciones al servicio de órganos de una misma jurisdicción, de varias jurisdicciones o de órganos especializados (art LOPJ). - Que el artículo 436 de la LOPJ, antes visto, posibilita la implantación de los Servicios Comunes Procesales de acuerdo con el ámbito territorial que resulte más conveniente (en nuestro caso, de Comunidad Autónoma, de Partido Judicial o de Municipio). Así pues, no tendrán por qué coincidir en la práctica el ámbito territorial con el de la sede del SCP o de la UA; de este modo, en Avilés, Gijón u Oviedo, por ejemplo, podrá haber Servicios o Unidades de ámbito de Partido Judicial y de ámbito provincial. - Las características especiales de algunos órdenes, como el penal, así como otras que favorezcan la concreción del ámbito más adecuado para cada servicio común. 10

14 Evidentemente, los criterios a aplicar a las UAs pueden ser equivalentes a los de los SCPs, aunque su ámbito territorial no tiene por qué ser el mismo en la práctica. Por último ha de señalarse que la vigente Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, aunque no haya sido derogada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, ha quedado desfasada en todo lo que se refiere a la organización judicial. De hecho ha de tenerse presente que ya ha sido creada una comisión de estudio para su reforma y que ésta podría producirse durante el período del despliegue de la Oficina judicial. En lo que se refiere a la organización de la Oficina judicial, se parte de que la interpretación de la Ley de Demarcación y Planta debe ser más abierta por lo que se refiere a los Servicios Comunes que a las UPADs, que son las que, en definitiva responden a la distribución territorial de los órganos judiciales, en los términos estrictos del artículo de la LOPJ. Esta interpretación permite dar respuesta a alguno de los desfases más que evidentes que se producen en algunos casos concretos: 1) El artículo 26.1 se refiere al titular del Decanato de los Juzgados, pero el artículo 26.2 dice que el Decanato estará dotado de una oficina independiente. Por tanto se entiende que el Decanato es un Juzgado como tal? Y cuando se habla de oficina independiente se refiere a una UPAD o a un SCP o a los dos? Se parte del criterio de incorporar esa oficina al Servicio Común General y no a la UPAD que pudiera corresponderle, dada la similitud de las funciones del Decanato con las de los Servicios Comunes. 2) El artículo 27.2, referido a los Registros Civiles no servidos en exclusividad por Jueces o Magistrados, señala que el Registro Civil es una función, que se atribuye a unos Juzgados determinados. Por otra parte, y puesto que la atribución a órganos nace de la propia Ley de Planta, cuando ésta se refiere a Juzgados, como en el artículo anterior, se está refiriendo a una UPAD o a un SCP o a los dos? Además, la Resolución de 18 de octubre de 2005 sobre dotaciones mínimas de las UPADs, insiste en las dudas. A diferencia del supuesto anterior, en este caso se entiende que la atribución de la función de Registro Civil a un Juzgado ha de entenderse hecha a su UPAD, y a esta se incorporará el personal que desempeña estas funciones. 3) El supuesto más curioso, a estos efectos, es el de los Juzgados de Paz de más de habitantes y las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz, en cuyos casos el artículo 51.2 no habla siquiera de adscripción de los funcionarios ni de su Secretario (artículo 50.1) al Juzgado, sino de su previsión en la plantilla. La decisión sobre este punto vendrá condicionada, como luego veremos, por la ausencia de un funcionario del Cuerpo de Secretarios Judiciales en estos centros. 11

15 C) ESTADO DE LAS SEDES JUDICIALES Y SU REFORMA En el Principado de Asturias ha de partirse, como dato esencial a la hora de establecer una previsión para el despliegue de la Oficina judicial, de la existencia de una patente situación de dispersión de los edificios de casi todos los Partidos Judiciales dotados de un mayor número de órganos judiciales. En efecto, si nos centramos en los Partidos Judiciales con más de cuatro órganos judiciales, es decir aquellos que, en principio, podrían requerir la existencia de una Oficina judicial, observamos que en tres de ellos existen grandes problemas en este punto: OVIEDO: los 45 órganos judiciales ubicados en la capital del Principado de Asturias se encuentran dispersos en las siguientes sedes: 1.- Palacio de Camposagrado (Plaza Porlier, 3) en la que se ubican la Presidencia y Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), parte de la Sala de lo Civil y Penal y la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo de dicho Tribunal. 2.- Palacio de Valdecarzana (Calle San Juan, 1) en la que se ubican parte de la Sala de lo Civil y Penal, la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y la Sala de lo Social del TSJA. También se localiza en este edificio la Fiscalía del Tribunal. 3.- Palacio de Justicia de la calle Comandante Caballero nº 3, en el que desempeñan sus funciones la seis Secciones de la Audiencia Provincial, nueve Juzgados de 1ª Instancia, cuatro Juzgados de Instrucción, cuatro Juzgados de lo Penal, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, el Juzgado de Guardia, el Decanato, el Registro Civil y otros servicios comunes, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal. 4.- Edificio judicial de la Calle LLamaquique, s/n, en el que actúan cinco Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, seis Juzgados de lo Social y dos Juzgados de lo Mercantil. 5.- Local judicial de la Calle Jovellanos nº 11, en el que se sitúa el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. 6.- Local judicial de la Calle Benedicto Santos López nº 8, en el que se ubican el Juzgado y la Fiscalía de Menores. 7.- Local judicial de las Calles Burriana nº 2 y Doctor Bellmunt nº 12, en el que se sitúan los Juzgados de 1ª Instancia números 10 y

16 8.- Local judicial de la Calle Pedro Masaveu, 1, que acoge al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6. GIJÓN: los 28 órganos judiciales ubicados en este Partido Judicial se encuentran dispersos en las siguientes sedes: 1.- Palacio Justicia de la calle Juan Carlos I, s/n, en el que se ubican la Sección 8ª (penal) de la Audiencia Provincial, cinco Juzgados de Instrucción, tres Juzgados de lo Penal y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. 2.- Sede Judicial de la calle Decano Prendes Pando, nº 1, en la que se encuentran situados la Sección 7ª (civil) de la Audiencia Provincial, ocho Juzgados de 1ª Instancia y cuatro Juzgados de lo Social, además de servicios comunes. 3.- Local de la calle Donato Argüelles, nº 1-3, en la que se sitúan los Juzgados de 1ª Instancia números 8 y 9 (Familia). 4.- Local de la calle Carretera Vizcaína, nº 62, en la que se sitúa el Juzgado de 1ª Instancia número 11. Además, en este Partido aún están sin definir las ubicaciones de los Juzgados de nueva creación para 2010 (Juzgado de Violencia sobre la Mujer y Juzgado de lo Mercantil) si bien, con toda probabilidad, se distribuirán entre los dos primeros edificios descritos, agotando totalmente cualquier posibilidad futura de expansión de los mismos. AVILÉS: en este caso los 11 órganos judiciales existentes en el Partido Judicial se hayan situados en un mismo edificio, en la Calle Marcos del Torniello, nº 27 de la capital del Concejo. Pues bien, resulta evidente que con la nueva Oficina judicial la proyección del espacio de los órganos judiciales en cada Partido Judicial ha de realizarse sobre la base de la necesidad de contemplar la ubicación de los mismos según criterios de homogeneidad en las funciones. Necesariamente han de integrarse en los órganos los magistrados titulares y los secretarios judiciales junto con las respectivas UPADs. Separadamente habrán de proyectarse las dependencias necesarias para los Servicios Comunes de los órganos judiciales, tanto colegiados como unipersonales, diferenciándose los de carácter general (Servicio Común General), de los más específicos (Servicio Común de Ordenación del Procedimiento y Servicio Común de Ejecución), cuando estos existan. 13

17 También se observa con claridad que, de todas las ubicaciones descritas, sólo Avilés presenta, a priori, una situación que permite planificar el despliegue de la Oficina judicial sin mayores cortapisas materiales que las derivadas de las necesarias obras menores que hayan de acometerse en los edificios. No obstante, incluso en este caso hemos de pensar que la nueva Oficina deberá adaptarse, en un principio, a la estructura física existente, para acometer después y gradualmente, las obras necesarias. Hay que tener en cuenta que la realización de obras sin dejar de prestar el servicio público resulta complicada en la práctica. Además, se da un problema añadido en Avilés como es la limitación del espacio para posibles nuevos órganos judiciales, pues si bien la tabiquería es modulable y las instalaciones de fácil adaptación, la previsible separación por jurisdicciones de los Juzgados mixtos, que necesariamente ha de producirse durante el despliegue de la Oficina judicial, puede hacer insuficiente el edificio actual y necesaria su ampliación. En los Partidos Judiciales restantes, la situación actual dificulta enormemente la implantación de la Oficina judicial y condiciona su despliegue. En Gijón y Oviedo la dispersión afecta a órganos de un mismo orden jurisdiccional y que habrían de compartir servicios comunes, lo que unido al hecho de que, salvo los edificios de Juan Carlos I, en Gijón, y Comandante Caballero, en Oviedo, el resto no están diseñados para su adaptación a la nueva organización, lo que hace prácticamente imposible el despliegue inmediato de la Oficina judicial en las deseables condiciones de eficacia y de eficiencia. No obstante, en ambos casos se encuentra en ejecución o está prevista la construcción de sedes ya adaptadas a la nueva organización, lo que permitirá su disposición a corto y medio plazo, circunstancia esta que ha de condicionar el despliegue de la Oficina judicial en estos Partidos. En Gijón está bastante avanzada (sería utilizable a mediados del año 2011) la construcción de una nueva sede judicial que acogería en un único edificio a la totalidad de los órganos judiciales ahora existentes, y cuyo proyecto ya prevé la nueva organización derivada de la nueva Oficina judicial, presentando grandes posibilidades de expansión para el futuro. De igual modo, se prevé en Oviedo la construcción de un nuevo edificio, en principio sobre un edificio ya parcialmente edificado, para destinarlo a Palacio de Justicia. Esta nueva sede judicial, como en Gijón, acogería las Secciones existentes de la Audiencia Provincial y la totalidad de órganos judiciales unipersonales del Partido Judicial, y permitiría la expansión derivada de la creación de nuevos órganos judiciales a corto y medio plazo. El hecho de que en el momento de realizarse este trabajo aún no haya comenzado la construcción del edificio no sería obstáculo para que su ejecución pudiera realizarse de modo que se cumpla el cronograma propuesto para el despliegue de la Oficina judicial. De no ser así, habría de buscarse una solución transitoria que no demore en exceso el despliegue propuesto. En todo caso, parece razonable el mantenimiento del emplazamiento actual del Tribunal Superior de Justicia en los 14

18 edificios históricos de los Palacios de Camposagrado y Valdecarzana, emplazamiento céntrico y acorde con la naturaleza del órgano. Esta circunstancia permitiría que los servicios comunes del TSJA puedan desplegarse a corto plazo. Por último, en cuanto a material fungible, ofimática y mobiliario de los edificios, las necesidades cuantitativas no tienen por qué ser en absoluto suplementarias, puesto que por el hecho de modificar la Oficina no va a incrementarse la litigiosidad y, en principio, tampoco va a haber más personal que el actual trabajando en los órganos y servicios judiciales. D) FACTORES TECNOLÓGICOS También han de valorarse a la hora de decidir el despliegue de la Oficina judicial los requerimientos tecnológicos que va a exigir la misma. Tema este relacionado con la continuamente demandada modernización de la justicia y con las tradicionales carencias que en este punto ha presentado la Administración de Justicia en nuestro país, y, lógicamente, con el recientemente aprobado Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia que ya ha comenzado a desplegar efectos, como la suscripción el pasado diciembre por el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la totalidad de Comunidades Autónomas con competencias transferidas, incluida Asturias, del Convenio EJIS (Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad). En Asturias no va a suponer un problema la adecuación del hardware ni la existencia de unas comunicaciones adecuadas para su uso por las aplicaciones actuales y futuras que se utilicen en la Administración de justicia. Desde la asunción de competencias en materia de justicia se ha hecho un notable esfuerzo en estos dos aspectos. Los equipos informáticos han sido recientemente renovados en su totalidad, durante este año se pretende cambiar en su integridad el sistema de impresión y se sigue avanzando en la mejora del sistema de grabación de vistas (ya completado), incluyendo el sistema de elaboración de actas indexadas y la generalización de videoconferencia integradas en el sistema ARCONTE, que se prevé concluir el próximo año. Siempre pensando en la reutilización del nuevo material en aquellas sedes que van a sustituir a las actuales. Tampoco la velocidad de las comunicaciones en los Partidos Judiciales que vayan a estar afectados por el despliegue de la Oficina judicial planteará problema alguno (se dispone de Metrolan100 en la práctica totalidad de los edificios). Por el contrario, sí que presenta mayores dificultades y va a tener una gran trascendencia en el despliegue dentro de nuestra Comunidad Autónoma el sistema informático de gestión de los expedientes judiciales. En Asturias no se dispone, a diferencia de otras Comunidades, de un sistema de gestión procesal 15

19 propio, sino que se parte de los transferidos por el Estado (LIBRA y MINERVA). Es más, desde principios de este año se ha procedido en nuestros juzgados a la sustitución del sistema LIBRA, generalizado en los órganos unipersonales de nuestra Comunidad, por MINERVA, sistema más avanzado aunque con evidentes limitaciones. En el mes de abril del presente año se ha concluido el proceso de minervización en Asturias, así como la virtualización y/o sustitución de los servidores de todos los órganos judiciales. Como evolución lógica del sistema actual, el Ministerio de Justicia ha desarrollado el Sistema de Gestión Judicial MINERVA NOJ, evolución de MINERVA adaptada a las reformas procesales derivadas de la Nueva Oficina Judicial, con la intención de proceder a su implantación el día 4 del mes de mayo del presente año (fecha de entrada en vigor de las reformas procesales de la Nueva Oficina Judicial), tanto en las Comunidades Autónomas sobre las que ejercen competencias en esta materia como en aquellas, como la nuestra, en que partimos del mismo sistema de gestión. Este sistema soportará, para su ámbito territorial y también para Asturias, las funcionalidades de recepción, registro y reparto, tramitación de asuntos y gestión de documentos procesales y esquemas de tramitación, así como hará operativos los siguientes Servicios Comunes: Registro y Reparto, Actos de Comunicación, Estadística Judicial, Ordenación del Procedimiento, Auxilio Judicial y Ejecución. En cuanto al resto de aplicaciones, se siguen utilizando en nuestro ámbito territorial las heredadas para la gestión de la Fiscalía, Medicina Forense y Registro Civil (FORTUNY, ASKLEPIOS e INFOREG). Todas ellas sometidas a un proceso de mejora de funcionamiento y adaptación a la necesaria interoperabilidad. Además, mediante Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, y en uso de la habilitación contenida en el apartado 2 de la Disposición Adicional Primera de la LOPJ, el Ministerio de Justicia ha implantado el sistema informático de telecomunicación LEXNET, para presentación de escritos y documentos, traslado de copias y realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos. Su ámbito de aplicación es el de las Oficinas judiciales correspondientes a su ámbito territorial, donde se implementará conforme a las posibilidades técnicas y presupuestarias. Este sistema se origina con la intención de extenderlo al resto de Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de Justicia en el marco de los correspondientes convenios de cooperación tecnológica que puedan llevarse a cabo. Pues bien, ya han sido aprobados por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y están pendientes de su firma varios convenios con el Ministerio de Justicia para la cesión gratuita del uso de las aplicaciones ahora utilizadas en el territorio gestionado por el Ministerio (LEXNET, MINERVA NOJ, FORTUNY y ASKLEPIOS). También durante el presente año se pondrán en marcha experiencias piloto con LEXNET, generalizándose su utilización a lo largo del año

20 No obstante la situación expuesta, la nueva estructura judicial va a requerir un nivel de exigencia muy distinto al sistema de gestión procesal actual. Aspectos como la asignación de funciones a personas, los sistemas de alerta para el impulso procesal, la intervención de otros agentes necesarios en el trámite judicial (Fiscalía, Medicina Legal, Psicología Forense), la agenda centralizada y conectada con todos los órganos, un mayor nivel de perfección en la explotación de datos estadísticos, la rapidez en la averiguación de datos centralizados, la generalización de la firma digital o la interoperabilidad, entre otros, van a suponer unos requerimientos superiores de los que son capaces de prestar los sistemas de gestión hasta ahora utilizados. Se considera preciso sustituir, al menos en parte, las aplicaciones actuales y los desarrollos que se vayan implementando, adaptándolas a la nueva Oficina y redireccionar acciones de acuerdo con las responsabilidades que se establezcan para las UPADs, los SCPs y las UAs. Si bien MINERVA NOJ responderá a corto plazo a estas necesidades, si sería factible valorar su posible sustitución a medio plazo, pues no deja de ser heredero del actual sistema y de sus limitaciones. Asimismo, deberá incrementarse el grado de perfección en la utilización de los sistemas informáticos por parte de los usuarios, de forma que la exactitud en los datos de los trámites de los expedientes judiciales sean un instrumento realmente eficaz para el seguimiento e impulso de éstos y para evitar el extravío de los expedientes en papel que, sobre todo en los primeros momentos de la implantación de la Oficina, se pueden producir. De ahí que la formación del personal, tanto en la evolución de las aplicaciones como en las propias reformas procesales, va a tener una sustancial trascendencia en el correcto funcionamiento del nuevo sistema organizativo. No cabe obviar, por tanto, la importancia de los necesarios cambios en componentes tecnológicos en este proceso de implantación de la Oficina judicial. Por ello, los integrantes del Grupo de Trabajo entienden que es deseable una pronta decisión acerca de la evolución del sistema de gestión y de todas o parte de las aplicaciones actuales, en principio en la línea seguida por la Administración del Estado, pero sin descartar la posible utilización de un sistema de gestión procesal o de aplicaciones desarrolladas por otras Comunidades Autónomas. Conscientes, en este segundo caso, de que la opción por un sistema de gestión procesal distinto al actual o futuro del Estado, implicará que haya de ser el Principado de Asturias el que asumirá el coste de los requerimientos de interoperabilidad y la confección de nuevas plantillas de documentos a que obligarán los futuros cambios en la Leyes procesales, así como la necesaria creación o modificación de datos en los esquemas de tramitación procesal, lo que requerirá la formación de equipos concretos que se encarguen de su redacción. Por todo lo expuesto, la necesidad de avanzar en la mejora y sustitución del sistema de gestión procesal ahora existente, con la paralela formación en su utilización del personal de la Administración de Justicia destinado en el 17

21 Principado de Asturias, son factores que han de condicionar el despliegue de la Oficina judicial en Asturias. Por ello, se parte del criterio de que la implantación, allí donde sea necesario, de Servicios Comunes de Ordenación del Procedimiento va a requerir como exigencia previa la completa adaptación a la nueva organización del sistema de gestión procesal actual o, de ser necesaria, su sustitución. E) FACTORES PROCEDIMENTALES a) Dotación y Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de Secretarios Judiciales En el esquema de funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial, adquiere una relevancia extraordinaria la figura del Secretario Judicial. La reforma le otorga: - Funciones de dirección de los Servicios Comunes de la Nueva Oficina Judicial. - Capacidad para dictar resoluciones en forma de Decreto cuando se ponga fin al procedimiento del que tuviere otorgada competencia exclusiva, o cuando fuere preciso o conveniente razonar lo resuelto. - Plenas facultades en impulso procesal. - Potenciación de funciones en materia de ejecución y realización de bienes. - Importantes atribuciones en conocimiento y resolución en materia de Jurisdicción Voluntaria. - Funciones de mediación en Conciliación. De este modo, el Secretario Judicial se mantiene como figura de segundo nivel en el esquema del órgano judicial, es decir, de la UPAD, y además adquiere el carácter de responsable máximo de cada uno de los SCPs, de forma que si no existe plaza de Secretario Judicial no podrá existir este servicio como tal. Esta exigencia de la LOPJ supone un condicionante de primer orden en la implantación de la Oficina judicial. Además, el Ministerio de Justicia a través de su Dirección General de Modernización en la reunión del Grupo de Trabajo de la Conferencia Sectorial Nueva Oficina Judicial, celebrada en Madrid el día 1 de octubre de 2009, ha manifestado con claridad su intención de no aumentar la dotación de Secretarios Judiciales. Por tanto, el despliegue de la Nueva Oficina Judicial se tendrá que llevar a cabo con el actual número de efectivos, sin 18

22 perjuicio, según el representante del Ministerio, de estudiar alguna vía que pueda aportar efectivos adicionales en el futuro (creación de nuevas unidades judiciales, creación de nuevos puestos de Secretario en paralelo a la creación de puestos de jueces de adscripción territorial, etc). Esta circunstancia aconseja actuar con mesura a la hora de estructurar la Oficina judicial, de forma que el número de Secretarios Judiciales requeridos para su implantación y, por ello la necesaria Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de Secretarios Judiciales, no parta de inicio con un considerable déficit, salvo excepciones justificadas. Va a exigir, también, que en la implantación de los SCPs sea necesario valorar con prudencia sus plazos de creación, atendiendo a los Secretarios sobrantes una vez que se doten las UPADs y a los que puedan resultar en el futuro de la creación de nuevos órganos judiciales, de la creación de puestos de Secretario no vinculados a ninguna UPAD o, por ejemplo en el caso de Avilés, de los Secretarios que puedan resultar sobrantes como consecuencia de la separación de jurisdicciones. Se prevén un escaso número de plazas de Secretarios Judiciales por encima de la plantilla existente en este momento y su necesidad efectiva se escalona en el tiempo, de este modo no se generan desarreglos estructurales en un primer momento y su creación responde a los criterios manifestados por el Ministerio de Justicia. Aparte de este primer condicionante, hay que partir de que la competencia para estructurar los SCPs corresponde en nuestro caso a nuestra Comunidad Autónoma, pero esta capacidad organizativa ha de ser matizada y quedará sin contenido si el Ministerio de Justicia, titular y responsable de los puestos de Secretarios Judiciales, a quien corresponde la tramitación y aprobación de sus relaciones de puestos de trabajo, no acomoda la misma a la organización de los SCP que se proponga y a la planta vigente de las UPADs. Por otra parte, los SCPs que se puedan definir, aun teniendo todos ellos una conexión evidente con el proceso judicial, pueden tener entre sí cometidos muy distintos, y sería muy conveniente que por quien corresponda se pudieran definir distintos perfiles que se adapten mejor a los diferentes puestos. La diferencia entre una UPAD y un SCP que lleve, por ejemplo, el control de depósitos y consignaciones, o entre este y otro servicio que se ocupe de los actos de ejecución, son evidentes, y la adopción cualquier criterio para la selección de los Secretarios para las nuevas plazas, que no tenga en cuenta el distinto perfil de éstas y el de los posibles candidatos, puede suponer un riesgo parcial para el éxito del nuevo sistema. Este riesgo ya se ha percibido por el Ministerio de Justicia que está elaborando un sistema de RPTs y provisión de puestos manteniendo la provisión por libre designación, no sólo para Secretarios de Gobierno y Secretarios Coordinadores Provinciales, sino también para Directores de Servicios Comunes y algunas Secciones, planteando para otros puestos en los SCPs, su provisión por concurso específico y relegando para los restantes puestos, incluidas las 19