Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Transcripción

1 GCBA CONTRA ASCENSORES SCHINDLER S.A. SOBRE EJ.FISC. - ING.BRUTOS CONVENIO MULTILATERAL, Expte: EJF / 0 Ciudad de Buenos Aires, 19 de marzo de VISTOS Y CONSIDERANDO: 1. Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició la presente ejecución fiscal contra ASCENSORES SCHINDLER S.A. (contribuyente Nº ) a fin de obtener el cobro de la suma de pesos ciento doce mil quinientos setenta y seis con cuarenta centavos ($ ,40), con más sus intereses y costas, en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos, monto determinado sobre base cierta en el expediente administrativo 16310/2010, correspondiente a los anticipos 12 de 1999; 1 y 3 a 12 de 2000; 1 a 12 de 2001 y 2002; 1, 2, 4, 6, 7, 8 y 10 a 12 de 2003; 4 y 6 de 2004; 1, 3 y 6 a 12 de 2005 (v. fs. 1/9). Debidamente intimada de pago (cfme. fs. 10/11), a fs. 19/27, se presentó la empresa demandada mediante su apoderado y contestó la demanda. En primer término, planteó la caducidad de la instancia (rechazada mediante la resolución de fs. 34) y en subsidio, la excepción de prescripción de los anticipos 12 del año 1999 al 6 del En este sentido y para el hipotético caso de que el GCBA quisiera valerse de la suspensión de la prescripción dispuesta por la ley 671, dejó planteada su inconstitucionalidad por ser contraria a lo dispuesto en el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional y a las directrices dictadas por la Corte Suprema de Justicia en los autos Municipalidad de Avellaneda s/ incidente de verificación en: Filcrosa S.A. s/ quiebra. Asimismo, en subsidio de ello, opuso la excepción de inhabilidad de título. Efectuó reserva del caso federal y ofreció prueba. Luego de una serie de cuestiones procesales (v. fs. 34,45/7, 52, 63, 71/4 y 80), a fs. 90/102 el letrado apoderado del GCBA contestó las defensas opuestas por la contraria. Efectuó un breve relato de los antecedentes de la causa y, concretamente con relación a la prescripción, señaló que el cómputo del plazo de los anticipos más antiguos (12/1999 y 1 a 11 de 2000) comenzó a correr desde el primero de enero del año 2001 y que a ello hay que agregar las diferentes suspensiones establecidas en los arts. 76 y 78 del Código Fiscal, más la del art. 13 de la ley 671. Asimismo, sostuvo la constitucionalidad de esta última norma. Finalmente, respondió el planteo de inhabilidad de título y solicitó su rechazo. Ofreció prueba y efectuó reserva de acudir ante el TSJ y del caso federal. A fs. 112 se ordenó la remisión de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal en atención a la defensa de inconstitucionalidad, que emitió su dictamen a fs. 114/6. En primer término, recordó el criterio restrictivo en cuanto a la posibilidad de efectuar este tipo de planteos en el marco del juicio de ejecución fiscal. Por otra parte, expuso la doctrina de la CSJN en el precedente Filcrosa ya mencionado como así

2 también la postura contraria del Tribunal Superior local recaída en los autos Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR (Res. 1881/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR (art. 114 Código Fiscal), expte. 2192/2003, sentencia del 17 de noviembre de 2003, criterio ratificado en posteriores pronunciamientos (cfme. TSJCABA, YPF S.A. c/ Dirección General de Rentas [Res. N 480-DGR-2000] s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR art. 114 Código Fiscal ). De esta forma, consideró pertinente mantener el criterio sostenido por el Tribunal Superior y opinó que el planteo de inconstitucionalidad no podría prosperar. Por lo tanto, concluyó que para el supuesto de que se entendiera necesario analizar el planteo efectuado por la demandada a fs. 22/vta., debería ser desestimado. En tales condiciones y toda vez que la prueba ofrecida por ambas partes ya se encontraba remitida a este Tribunal en los autos Ascensores Schindler S.A. c/gcba s/ impugnación de Actos Administrativos (exp /0), a fs. 117 pasaron los autos a resolver, providencia que se encuentra firme. 2. Que en primer lugar, corresponderá pronunciarse respecto de la excepción de prescripción planteada, defensa que se encuentra prevista en el art. 451, inc. 7, CCAyT. A tal fin es útil recordar que [l]a prescripción es un instituto por el cual se adquiere o se pierde un derecho real o personal por el sólo transcurso del tiempo. Planteada como excepción, implica que quien la opone no discute ni afecta el derecho del que se trate, sino que sólo aduce la imposibilidad de reclamarlo en juicio atento a que ha fenecido el plazo durante el cual el acreedor podía válidamente hacerlo. (cfme. FALCÓN, ENRIQUE M., Procesos de Ejecución, Tomo 1, Juicio ejecutivo, volumen A, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 1998, p. 307). De conformidad con los argumentos esgrimidos por las partes, ambas están de acuerdo en que el plazo aplicable es de cinco (5) años y en su forma de cómputo (a partir del 1 de enero del año siguiente al de su vencimiento). Por lo tanto, la cuestión se ciñe a determinar cómo inciden en dicho plazo las diferentes causales de interrupción y suspensión previstas en la ley 671 como así también en el Código Fiscal, y una vez dilucidado ello, establecer si los períodos reclamados se encuentran o no prescriptos. En efecto, la parte actora estima que corresponde aplicar los preceptos del Código Fiscal, en tanto la demandada postula que el presente caso debe ser resuelto con las normas contenidas en dicho cuerpo normativo siempre que se ajusten a las previsiones del Código Civil y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 3. Que a fin de resolver este aspecto, no es ocioso recordar que en reiteradas oportunidades me he pronunciado sobre la cuestión debatida en autos y he señalado que la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de su autonomía, cuenta con facultades propias para legislar en materia tributaria y para establecer, respecto de las obligaciones comprendidas en ella, normas en materia de prescripción diferentes a las

3 previstas por el Código Civil, el que por otro lado, no cuenta con disposiciones precisas para esta materia. Igual tesitura venían adoptando tanto el Tribunal Superior de Justicia (in re Sociedad Italiana de Beneficencia, ya citado) como las Salas de la Cámara de Apelaciones del fuero (ver, entre muchos otros, GCBA c/ Textil Santa Fe SA s/ Ejecución Fiscal, EJF /0, Sala II, sentencia del 15 de julio de 2004; e YPF SA c/ DGR [res. 480/DGR/2000] s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR, RDC 37, Sala I, sentencia del 27 de junio de 2003). Sin embargo, el Tribunal Superior ha variado su posición, pues recientemente se ha expedido en el sentido de que corresponde acatar la última jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por razones de economía procesal y, por lo tanto, aplicar las normas de prescripción establecidas en el Código Civil (cfme. lo resuelto en los autos Marini Osvaldo Oscar s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: GCBA c/ Osvaldo Marini s/ ej. Fisc.-avalúo, sentencia del 22 de octubre de 2013). Para así decidir, el máximo tribunal nacional, hizo especial referencia a los fundamentos expuestos por la Procuradora Fiscal a cuyo dictamen se remitió la Corte para resolver una cuestión análoga a la que aquí se ventila, quien sostuvo que las provincias y en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires carecen de facultades para establecer normas que importen apartarse de la legislación de fondo, incluso cuando se trata de regulaciones concernientes a materias de derecho público local. Parece necesario insistir aquí, una vez más, en que, como dijo esa Corte, la prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho (CSJN, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Bottoni Heriberto s/ ejecución fiscal radicación de vehículos, sentencia del 6 de diciembre de 2011). En consecuencia, y a los fines de evitar un dispendio jurisdiccional que atentaría contra el principio de economía procesal, entiendo que corresponde acoger el criterio postulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos Bottoni, entre tantos otros, y seguido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en la causa Marini, y aplicar a los fines del cómputo del plazo de prescripción para perseguir el cobro de los tributos locales, los preceptos establecidos en el Código Civil. 4. Que es en este contexto que corresponde analizar la normativa aplicable al caso. Con relación al plazo que debe regir respecto del cual no hay controversia entre las partes, el art inciso 3 del Código Civil establece que prescribe por cinco (5) años la obligación de pagar los atrasos de todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos. Esta norma resulta acorde con lo dispuesto en el art. 68 C.F. (t.o y ss., aplicable en virtud de la fecha de inicio de la determinación de oficio: 12 de diciembre de 2006; cfme. fs. 1109/12 de las actuaciones administrativas reservadas en Secretaría), en tanto dispone: [l]as acciones y poderes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para determinar y exigir el pago

4 de impuestos y demás contribuciones integrantes de su régimen rentístico, prescriben: 1. Por el trascurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse o de denunciar su condición de sujeto pasivo de la obligación y no habiéndola cumplido, regularicen espontáneamente su situación. Con relación al inicio del término de prescripción para determinar el impuesto y facultades accesorias, así como la acción para exigir el pago, la norma local dispone que comenzará a correr desde el 1 de enero del año siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen ; cfme. C.F. t.o y ss.). Cabe mencionar al respecto que si bien ambas partes efectuaron el cómputo del inicio de la prescripción aplicando esta norma, no puede dejar de señalarse que en virtud de las manifestaciones efectuadas en el considerando 3, dicha disposición resulta contraria a lo dispuesto en el art del Código Civil en tanto establece que la prescripción comienza a correr desde la fecha del título de la obligación y por dicha razón la CSJN descalificó a las normas locales que tienen un alcance similar a las del Código Fiscal citado (ver a título de ejemplo CSJN, Fisco de la Provincia c/ Ullate, sentencia del 1 de noviembre de 2011). Por otra parte, ya he tenido oportunidad de pronunciarme sobre este aspecto si bien en relación con otro impuesto, resolviendo una cuestión similar con prescindencia de la aplicación de dicha disposición del Código Fiscal Porteño (ver GCBA contra Sandra Inés Alfonso sobre Ejecución Fiscal ABL, EXPTE /0, sentencia del 4 de diciembre de 2013, en trámite por ante la secretaría número 26). Tampoco hay controversia entre las partes con relación a la suspensión por un (1) año del curso de la prescripción en los términos del art. 3986, segundo párrafo del Código Civil en cuanto establece la prescripción liberatoria se suspende, por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica. Esta suspensión sólo tendrá efecto durante un año o el menor término que pudiere corresponder a la prescripción de la acción. Por otra parte, cabe destacar además que el art. 76 C.F. (t.o y ss) se ajusta a esta norma al prever que la prescripción se suspende por el plazo indicado desde la fecha de la notificación fehaciente de la intimación administrativa de pago de gravámenes determinados cierta o presuntivamente, con relación a las acciones y poderes fiscales para exigir el pago intimado (art. 76, C.F. t.o y ss.). Con relación a las causales de interrupción, no hay desacuerdo entre las partes en que el inicio de la ejecución fiscal tiene ese efecto en virtud de lo dispuesto por el art. 3986, primer párrafo del Código Civil, a cuyas previsiones se ajusta lo dispuesto por el art. 78 inc. 3 C.F. (t.o y ss.). Finalmente, corresponde que me pronuncie con relación al planteo de inconstitucionalidad de la ley 671 efectuado por la demandada, cuyo rechazo ha solicitado la actora y sostenido también la Sra. Fiscal (cfme. fs. 115/6). Cabe recordar que dicha ley publicada en el BOCBA Nº 1330 el 30 de noviembre de 2001 suspendió la prescripción de las deudas impositivas por el término

5 de un año a partir de su entrada en vigencia (cfme. art. 13). No se desconoce que la admisión de la inconstitucionalidad como excepción en el marco de la ejecución fiscal se encuentra controvertida a nivel nacional y provincial, tanto en doctrina como jurisprudencia, pasando desde quiénes no la admiten en ningún supuesto, los que proponen su procedencia sin restricciones como excepción autónoma, quiénes la admiten excepcionalmente y los que la consideran implícita en la excepción de inhabilidad de título. Sin adoptar una postura definitiva al respecto, considero que en el caso no existe óbice para introducirme en su análisis teniendo en cuenta la índole del planteo y la evolución jurisprudencial que ha habido al respecto tanto de la CSJN como del TSJCABA. Concretamente, la cuestión referida a la validez de la suspensión dispuesta en la ley aquí cuestionada ha sido resuelta por la CSJN en los autos Bottoni ya citados y el TSJCABA, con posterioridad a ello, ha decidido acatar la doctrina de la CSJN en este aspecto tal como surge de los autos Marini, también ya mencionados. En consecuencia, teniendo en cuenta los precedentes citados y lo manifestado en el considerando 3, corresponde hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de la suspensión prevista en el art. 13 de la ley 671. Ello asentado, corresponde que me pronuncie en último término con relación a otras causales de suspensión previstas en el código Fiscal. En efecto, el citado art. 76 inc. 1 del Código Fiscal establece también que [c]uando medien recursos de reconsideración o jerárquico, la suspensión hasta el importe del gravamen liquidado se prolonga hasta ciento ochenta (180) días después de notificada la resolución dictada en los mismos. Y el art. 77 C.F. (t.o. 2006) prevé una suspensión por ciento ochenta días (180) días corridos contados desde la fecha de notificación de la resolución que inicia el procedimiento de determinación de oficio. Hay que poner de manifiesto que la actora expresamente considera que el cómputo de los plazos debe realizarse teniendo en cuenta estas normas, mientras que la demandada no sólo no las cuestiona, sino que ni siquiera las menciona. Entiendo que en virtud de las consideraciones efectuadas en forma precedente en torno a la aplicación de las normas del Código Civil para el tema bajo estudio y la clara línea jurisprudencial tanto por el máximo tribunal nacional como por el de la Ciudad, corresponde que más allá de la falta de cuestionamiento por parte de la actora se proceda a su declaración de inconstitucionalidad de oficio, por cuestiones de economía procesal, ya que dichas normas resultan contrarias a las previsiones del Código Civil y a la doctrina de la CSJN y TSJCABA. En este sentido, cabe recordar que tanto la CSJN como el TSJ CABA se han pronunciado en forma favorable con relación a este tipo de pronunciamientos de oficio. Basta recordar la sentencias recaídas en las causas Mill de Pereyra, Rita A. y otros c/provincia de Corrientes del 27 de septiembre de 2001, y Banco Comercial de Finanzas (en liquidación Banco Central de la República Argentina) s/ quiebra, del 19

6 de agosto de 2004, de la CSJN y el precedente Comisión Municipal de la Vivienda c. Saavedra, Felisa A. y otros, del 07 de octubre de 2002, del TSJCABA. En tales condiciones, dichos plazos de suspensión no resultan aplicables al caso de autos. 5. Que es en este contexto normativo en el que cabe analizar el planteo de prescripción efectuado por la demandada. Como ya se señaló en el considerando 1, el impuesto a los ingresos brutos aquí reclamado (anticipos 12 de 1999; 1 y 3 al 12 de 2000; 1 al 12 de 2001 y 2002; 1, 2, 4, 6, 7, 8 y 10 al 12 de 2003; 4 y 6 de 2004; 1, 3 y 6 al 12 de 2005) surge de la determinación de oficio sobre base cierta efectuada en el expediente administrativo 16310/2010 (en adelante EA). De este modo, resulta de utilidad mencionar algunas actuaciones administrativas y sus respectivas fechas, ya que son relevantes para la solución del presente planteo. En primer término, la resolución que da inicio al procedimiento de determinación de oficio data del 12 de diciembre de 2006 (cfme. fs. 1109/10 EA) y fue notificada a la parte el 19 de diciembre de 2006 (v. fs EA). Luego, la resolución determinativa de oficio es del 20 de junio de 2007 (fs. 1187/90 EA) y fue notificada el 25 de junio de 2007 (fs EA). Contra dicho acto, la empresa demandada interpuso recurso de reconsideración el 17 de julio de 2007, el cual fue rechazado el 28 de octubre de 2009 y notificado el 9 de noviembre del mismo año (ver fs. 1226/40; 1291/2 y 1298 EA). Luego, interpuso recurso jerárquico el 30 de noviembre de 2009, el cual fue rechazado el 3 de septiembre de 2010 y notificado el 13 de octubre del mismo año (ver fs. 1303/17; folio 1328 y 1332 EA). Por otra parte, la presente ejecución fiscal fue iniciada con fecha 28 de diciembre de 2010 (v. fs. 9 vta.) y no hubo renuncia al plazo de prescripción transcurrido a favor de la empresa (v. fs in fine y vta. EA). Así, de conformidad con las normas que se han considerado aplicables en el apartado precedente, corresponde en primer término tener en cuenta la fecha de notificación de la resolución que determina de oficio e intima al pago de lo adeudado (25 de junio de 2007). De esta forma, si contamos cinco (5) años hacia atrás de esa fecha, llegamos a la conclusión de que todos los períodos que vencieron con anterioridad a ella (25 de junio de 2002) se encuentran prescriptos. Es decir, que todos los anticipos correspondientes al año 2000, 2001 y hasta el anticipo 5/2002, con vencimiento el 14 de junio de 2002 (v. fs. 1046/8 EA), se encontraban prescriptos a la fecha de notificación de la resolución ya mencionada. En este sentido, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que los actos interruptivos o suspensivos de la prescripción deben verificarse necesariamente antes de su vencimiento toda vez que mal puede suspenderse o interrumpirse un plazo ya cumplido (Fallos: 312:2152 y 320:1081).

7 A partir de esa fecha (25 de junio de 2007) rige la suspensión por un año desde la notificación de la resolución determinativa de oficio (art. 3986, segundo párrafo C. Civ. y art. 76 CF t.o y ss). Luego, el plazo reanudado el 26 de junio de 2007 se interrumpió con el inicio de la ejecución fiscal el 28 de diciembre de De esta forma, los períodos que vencieron luego la reanudación del plazo, pero antes del inicio del juicio (28 de diciembre de 2010) también se encontraban prescriptos. Entre ellos, los anticipos 6 a 12 de 2002, 2003 y 4 y 6 de En efecto, el último de ellos venció el 14 de julio de 2004, de modo que el plazo quinquenal de prescripción, prolongado por un año en virtud de la suspensión antes mencionada, operó el 14 de julio de 2010, de modo que se encontraba prescripto al igual que los restantes más antiguos antes del inicio de la presente ejecución. De este modo cabe concluir que las únicas obligaciones exigibles al momento de inicio de la presente ejecución fiscal son las correspondientes a los anticipos del año 2005, que no se encontraban prescriptas al momento de promover la demanda. 6. Que ello establecido, corresponde pronunciarse ahora respecto de la excepción de inhabilidad de título planteada en subsidio a la de prescripción. Cabe recordar al respecto que el art. 451 inciso sexto del Código Contencioso Administrativo y Tributario la enumera dentro de las excepciones admisibles en el juicio de ejecución fiscal y la define como aquella [b]asada exclusivamente en vicios de forma de la boleta de deuda. De ello resulta que en el marco de estos procesos no procede, en principio, la discusión de la causa de la obligación. Sin embargo, esa restricción no puede llevar al extremo de admitir una condena fundada en una deuda inexistente o inexigible; empero la demostración de tales supuestos debe resultar manifiesta del proceso (cfme. CSJN Fallos 325:3314, 324:1924, entre muchos otros). La demandada funda su planteo en la absoluta y notoria nulidad de la resolución determinativa y sancionatoria N 1352/DGR/2001, en la que se sustenta la boleta de deuda que se ejecuta en las presentes actuaciones. Considera que no cabe otorgar presunción de legitimidad ni ejecutoriedad a un acto nulo, dado que considera que ello es lo que ocurre con el acto cuestionado. Considera que basta para ello un simple cotejo con las actuaciones administrativas, razón por la cual considera que no excede el marco de conocimiento de la presente ejecución fiscal. Agrega que no se pretende la correcta clasificación de la actividad de la demandada (cuestión que deberá dilucidarse en el expediente ordinario iniciado a tal efecto), sino simplemente que se ponga un límite a la arbitrariedad con la que el fisco ejerce la función que se le ha encomendado (fs. 23). Expresa que el ajuste contenido en la determinación se basa en una diferencia de criterio del fisco local en torno a la clasificación de la actividad de la empresa demandada, que requería la intervención de expertos. Sin embargo continúa

8 la actora desestimó la prueba ofrecida en el marco del expediente administrativo y tampoco contó con ningún asesoramiento técnico que avalara sus conclusiones. Considera que estas circunstancias afectan su derecho de defensa. Luego, efectúa manifestaciones entorno a la actividad que desarrolla su empresa y concluye en la inexistencia de la deuda por considerar que el acto que le sirve de causa es nulo por haber ajustado la obligación tributaria de ASSA con fundamento en cuestiones eminentemente técnicas y fácticas, negando arbitrariamente la prueba ofrecida por la Empresa. Dicho extremo alegado, no requiere un análisis o probanzas insistimos nuevamente más allá del cotejo de los antecedentes administrativos de la Resolución y de la boleta de deuda (fs. 25vta.). Con relación a la doble tributación invocada por la Empresa, considera que también hubo violación a su derecho de defensa por cuanto la Administración habría considerado necesaria la realización de una pericia contable pero que debía ser desestimada en esa instancia. Entiende que no se puede dotar a la resolución de una aptitud generadora de una deuda ejecutable, en tanto no se han respetado las garantías y los derechos elementales del debido proceso (fs. 26 y vta.). En cuanto a la prueba ofrecida cabe destacar que el propio Código fiscal habilita al Fisco a admitir o rechazar la prueba ofrecida al mencionar que la Dirección General debe decidir mediante acto fundado e irrecurrible sobre las pruebas cuya producción requiera el contribuyente (cfme. art. 121 inc. 10 t.o y ccdtes. anteriores y posteriores). Surge además del acto cuestionado la realización de una pericia contable en sede administrativa, en la cual se habría basado la actora para adoptar su decisión (v. fs. 1188). A ello cabe agregar tal como lo manifiesta la propia demandada que ante este mismo juzgado y secretaría tramitan los autos Ascensores Schindler S.A. c/ GCBA s/ impugnación de Actos Administrativos (Exp /0, ya citados). En dicho expediente precisamente se cuestiona la resolución determinativa de oficio por similares aunque más desarrollados argumentos que los aquí expuestos. Dicha impugnación se encuentra en plena etapa de prueba y a fin de probar sus dichos se ha ofrecido entre otras prueba pericial que aún no se encuentra producida. En este contexto, el planteo de inhabilidad efectuado resulta improcedente. En mérito a todo ello y oída la Sra. Fiscal, RESUELVO: I. ADMITIR la excepción de prescripción opuesta por la demandada y, en consecuencia, declarar prescriptos los anticipos 12/99 al 6/2004. II. RECHAZAR la excepción de inhabilidad de título respecto de los anticipos correspondientes al año III. MANDAR LLEVAR adelante la ejecución fiscal promovida contra ASCENSORES SCHINDLER S.A hasta hacer íntegro pago a la actora de la suma de ochocientos once pesos ($811), con más sus intereses y costas. IV. IMPONER las costas por su orden, en atención a que el cambio

9 jurisprudencial y de criterio del suscripto fueron posteriores al inicio de la presente ejecución (arg. Art. 62 segundo párrafo CCAyT). V. DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales intervinientes hasta el momento en que se apruebe la liquidación definitiva. Regístrese, notifíquese a las partes y a la Sra. Fiscal en su público despacho mediante la remisión de las actuaciones. Oportunamente archívese, previo cumplimiento de lo establecido en el art. 14 de la ley 327. Fdo. GUILLERMO SCHEIBLER. Juez. Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N 13 Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires