Tema 9. Economía de la Justicia

Transcripción

1 Tema 9. Economía de la Justicia CONTENIDO 1. Introducción 2. Los costes de la administración de justicia 3. El modelo básico de tutela judicial 4. Política judicial 5. La alternativa al litigio: la transacción 6. El acceso a la justicia: el mercado de servicios jurídicos 1. Introducción Justicia: bien público que consiste en el conjunto de normas que regulan la convivencia entre los ciudadanos, con la garantía de su cumplimiento y aplicación. Art. 24 CE: Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Notas: accesibilidad, eficacia, generalidad, no discriminación (equidad). Economía de la Justicia: análisis económico del sistema judicial. 1

2 Sistema judicial: conjunto de relaciones sociales conflictivas cuya resolución se encarga a los jueces y tribunales, junto con la creación del derecho jurisdiccional (jurisprudencia), mantenimiento de las competencias de los distintos poderes del Estado. Conjunto de sujetos, privados y públicos, que actúan como juzgadores, personal al servicio de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, peritos, litigantes, etc. Objetivo del sistema judicial: maximizar el acceso de los ciudadanos a la justicia (equidad) minimizando los costes sociales del proceso: públicos, privados, de oportunidad, de congestión y dilación y de errores judiciales (eficiencia). Problemas a que se enfrenta la justicia: Excesiva demanda de litigación Ineficacia en el gasto, las deficiencias en la gestión y la falta de un entorno de incentivos adecuado. Congestión, dilación y lentitud Escasa accesibilidad para quienes carecen de medios Diferencias técnicas en la preparación y conocimientos de jueces y otros agentes (abogados, procuradores, etc.) Fallos en el mercado de servicios jurídicos (servicios de los letrados). Corporativismo y protagonismo de los agentes 2

3 2. Los costes de la Administración de Justicia Costes directos Privados: honorarios de letrados y procuradores, peritos, etc. Públicos: personal, funcionamiento, inversiones Costes de oportunidad Costes de dilación y congestión (retrasos) Costes de error: derivados del mal funcionamiento de la justicia: Errores judiciales Inseguridad jurídica Generación de incentivos inadecuados hacia comportamientos dolosos o ineficientes. 3. El modelo básico de tutela judicial Formulación de una demanda Acuerdo extrajudicial SI FIN NO Ir a juicio Representación esquemática del proceso judicial Conciliación SI NO FIN Pleito Resultado 3

4 La demanda de tutela judicial depende del número de conflictos y el valor neto (descontados los costes de litigación o de acuerdo) esperado del pleito para cada parte. D = f (Q, (P d P 0 ), C, E, A, N) Q: Valor monetario de la pretensión C: Costes privados y costes de oportunidad del pleito E: Costes de error, incluidos los costes de dilación y congestión A: Costes de llegar a un acuerdo (evitando el pleito) N: Número de litigios P d P 0 : Optimismo de las partes. P d : probabilidad subjetiva del demandante de ganar el pleito. P 0 : probabilidad subjetiva del demandado de que el demandante gane el pleito. Costes de dilación La demanda de tutela judicial E 1 1 E 2 2 D 2 R 1 R 2 D 1 Número de resoluciones 4

5 Oferta de tutela judicial: cantidad de tutela judicial con la que cuenta una sociedad. S = f(t h, T m, T f, Z, Y) Th: Número y calidad del personal al servicio de la administración de justicia: jueces y magistrados, otro personal (secretarios, oficiales, agentes...) La calidad viene dada por el nivel de formación y de conocimientos. Tm: Volumen y calidad de los recursos materiales: locales, instalaciones, informática y comunicaciones, etc. Tf: Cuantía de los recursos financieros empleados Z: eficiencia con que se emplean estos recursos (numero de casos resueltos por periodo de tiempo) Y: variables políticas Costes de dilación La oferta de tutela judicial Tramo 3 E 1 Tramo 1 Tramo 2 R 1 R 2 Número de resoluciones 5

6 Costes de dilación El equilibrio del mercado de tutela judicial Oferta E 2 K Valor de la congestión y dilación judicial E 1 Demanda R 1 R 2 R 3 Número de resoluciones 4. Política judicial La disminución de la congestión y dilación judiciales Medidas para reducir la demanda: Incremento de las tasas judiciales, Alternativas a la resolución judicial de los conflictos (procedimientos arbitrales) Limitación del acceso a la tutela judicial Problema: restringen el acceso a la tutela judicial, cuya garantía se recoge en los principios constitucionales. Medidas para incrementar la oferta: Mayor dotación de medios personales y materiales Mejor uso de los recursos Incentivos/sanciones sobre objetivos Problema: desincentivan los acuerdos e incrementan los litigios (nuevas colas y congestión); aumento de los costes de error (inseguridad jurídica). 6

7 El volumen óptimo de tutela judicial Discrepancia entre el número real de litigios y la cantidad socialmente óptima: existencia de costes/beneficios privados y costes y beneficios sociales. Pero: no se puede saber si la cantidad efectiva de litigios es mayor o menor que la socialmente óptima. El demandante no considera los costes en que incurrirá el demandado ni el coste por el uso de los recursos públicos consumidos en el litigio. El número de litigios será mayor que el socialmente óptimo. El demandante no considera los beneficios sociales que derivan del litigio (efectos disuasorios sobre las conductas impropias de terceros). El número de litigios será menor que el socialmente óptimo. El volumen óptimo de tutela judicial Justificación para una actuación del Estado que aproxime el número de litigios al socialmente óptimo. Número de litigios excesivo: el Estado puede desincentivarlos imponiendo alguna tasa para poder iniciar un pleito o mediante otros procedimientos que aumenten los costes de pleitear. Número de litigios demasiado bajo: el Estado puede incentivarlos subvencionando su coste o mediante procedimientos que faciliten el inicio del pleito. 7

8 El volumen óptimo de tutela judicial Medidas: El demandante paga los costes en que incurre el Estado por el pleito. Quien pierde hace frente a todos los costes del litigio, incluidos los de la otra parte. Problema: ambas son ineficientes. La primera desincentiva pleitos con efectos externos positivos; la segunda incentiva el aumento de la litigación 5. La alternativa al litigio: la transacción Transacción o acuerdo: regulado en el art y ss. del CC: La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado. En principio, el acuerdo es preferible al pleito: siempre que los costes privados del litigio superen a los de la transacción, el ahorro resultante puede repartirse entre las partes con ventajas para ambas. El acuerdo es más atractivo cuanto mayor es la aversión al riesgo 8

9 El modelo de Miceli P d Q -C d : valor esperado del pleito para el demandante (ganancia) P 0 Q + C 0 : valor esperado del pleito para el demandado (pérdida) La transacción implica un pago, S. El demandante aceptará la transacción si S es mayor o igual al valor esperado que para él tiene el pleito. El demandado aceptará pagar S si es menor o igual a la pérdida esperada del pleito. Por tanto: habrá acuerdo extrajudicial si el valor esperado del juicio para el demandado (la pérdida de éste si se llega a celebrar) es mayor que el valor esperado del juicio para el demandante (la ganancia de éste si se llega a celebrar) P 0 Q + C 0 P d Q -C d O lo que es lo mismo: que la suma de los costes de las partes sea mayor que el valor esperado conjunto del pleito. C d + C 0 (P d P 0 ) Q 9

10 Que se produzca la transacción (el acuerdo) será más probable si: El demandante es más pesimista (menor P d ). El demandado es más optimista (mayor P 0 ). El valor del objeto en litigio (la pretensión) es menor (Q). Cuanto mayores sean los costes de litigar para ambos (C d, C 0 ). Y, obviamente, cuanto más fácil es (menor sea el coste de) llegar a acuerdos. Tanto la teoría como el sentido común destacan la bondad del acuerdo. Sin embargo, en la realidad los acuerdos son escasos debido a tres factores: El papel de los abogados. La demanda de tutela judicial es una demanda inducida, es decir, el particular interpone la demanda (o no) por consejo de su abogado. Se produce una relación de agencia (información asimétrica, remuneración independiente del resultado - prohibición de la cuota litis). Tendencia de los abogados a ir a pleito. El sistema judicial. Éste es es poco eficiente y favorece al deudordemandado: es más atractivo para éste incumplir sus obligaciones aprovechándose de la lentitud, los costes y la incertidumbre del resultado (por ello muchos consumidores no demandan). La actitud de los jueces. Muchos son reacios a implicarse en el asunto para no verse posteriormente contaminados si llega a juicio; otros simplemente estiman que no es su papel. 10

11 6. El acceso a la justicia: el mercado de servicios jurídicos Los servicios jurídicos son bienes de confianza: aquéllos cuyas características no es posible conocer aún habiéndolos consumido. El cliente es incapaz de determinar su calidad Su prestación es a cargo de un experto que está mucho mejor situado que el cliente para valorar sus necesidades. El mercado de abogados se caracteriza por una fuerte presencia de mecanismos de regulación pública y privada. Problemas derivados de autorregulación con la colegiación obligatoria Imposición de precios mínimos Prohibición de honorarios relacionados con el resultado (cuota litis) Prohibición de publicidad Dependencia presupuestaria del Estado en el turno de oficio. La gratuidad es uno de los sistemas para garantizar el acceso de los individuos con menos rentas a la justicia. Ventajas desde la eficiencia: la aplicación de la justicia genera efectos externos (disuasión de conductas impropias) Ventajas desde la equidad: la mejora el acceso de los individuos a la justicia (no discriminación por motivos económicos) Crítica: la generalización del acceso gratuito lleva a que, en ocasiones, tengan más recursos los que reciben el servicio gratuito que quienes han de pagar por ello (litigios entre empresas). Desde la equidad: es preferible el "beneficio de la justicia gratuita : transferencia pública a favor del usuario de la justicia sin recursos, cuya administración se encomienda a los colegios de abogados (turno de oficio). 11