PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE:

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1 PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE: DOMICILIO: CONCEPTO IMPOSITIVO: IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO CUESTIÓN PLANTEADA: NORMATIVA APLICABLE: Artículo 6.1 Ley 20/1991 Artículo 6.2.1º Ley 20/1991 Artículo º Ley 20/1991 Artículo 16.1 Ley 20/1991 Artículo º.B) Ley 20/1991 Artículo 23.2 Ley 20/1991 Disposición final segunda.dos Ley 53/2002 Manifiesta la Asociación consultante que algunas empresas locales del sector de la informática y las telecomunicaciones, en su actividad cotidiana, han realizado contactos comerciales con clientes del territorio peninsular español. Dichos clientes contratan los servicios de nuestras empresas, que no disponen de sede en aquellos lugares, solicitando la prestación de los mismos de manera integral. Es decir, que la empresa se encargue por entero de la implantación de los sistemas, las aplicaciones (o software) y los aparatos y equipos de soporte (hardware), pagando el cliente el paquete entero. En este último caso, la empresa canaria en cuestión, adquiere para su cliente peninsular los citados aparatos y equipos en Península. Todo ello sin que la mercancía realice el viaje de ida y vuelta Península-Canarias. En definitiva, la duda se centra en el procedimiento que la empresa y, si fuera necesario, el cliente ha de seguir para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. CONTESTACIÓN: En relación a las operaciones consistentes en la implantación de sistemas, y venta de aplicaciones (o software ) y los aparatos y equipos de soporte ( hardware ) para clientes establecidos en la Península por parte de empresas establecidas en Canarias, sin que los aparatos y equipos de soporte objeto de entrega entren en el territorio de las Islas Canarias, siendo adquiridos por las empresas consultantes y entregados a sus clientes en la Península, será aplicable lo siguiente: La entrega de los aparatos y equipos de soporte no se encuentran sujetas al IGIC, produciéndose la puesta a disposición del adquirente en la Península y sin que el inicio de su transporte se realice en el ámbito de aplicación del IGIC. El suministro de un producto informático normalizado efectuado en cualquier soporte material, que tendrá la consideración de entrega de bienes, se encontrará sujeto al IGIC pero exento como exportación si se trata de un envío a la Península por el transmitente, empresa canaria, a su cliente situado en la Península. El suministro de programas informáticos no normalizados, efectuados en cualquier

2 soporte material, considerados como una prestación de servicios a efectos del IGIC, les será de aplicación la regla general de localización de las prestaciones de servicio, y por tanto, se entenderán prestados donde esté situada la sede de la actividad económica de quien los preste, es decir, sujetos al IGIC. Conforme a lo dispuesto en la disposición final segunda.dos de la Ley 53/2002, hasta el día 1 de julio de 2003 el suministro de programas informáticos, normalizados o no, prestados por vía electrónica sin soporte material, le será de aplicación la regla general de localización de las prestaciones de servicio, en consecuencia, se entenderán prestados donde esté situada la sede de la actividad económica de quien los preste, es decir, sujetos al IGIC. Desde el día 1 de julio de 2003, esta operación se encontrará no sujeta al IGIC como consecuencia de la entrada en vigor de lo dispuesto en el artículo º.B) de la Ley 20/1991, que establece la regla especial de localización en sede del destinatario de una serie de servicios prestados por vía electrónica, entre las cuales se encuentra el suministro de programas y su actualización.

3 Visto escrito, presentado por la entidad consultante, en el que se formula consulta tributaria en relación al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), esta Dirección General de Tributos, en uso de la atribución conferida en la Disposición Adicional Décima Tres de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias (en adelante, Ley 20/1991), en relación con el artículo 25.2.x), del Decreto 8/2003, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, emite la siguiente contestación: PRIMERO: Manifiesta la Asociación consultante que algunas empresas locales del sector de la informática y las telecomunicaciones, en su actividad cotidiana, han realizado contactos comerciales con clientes del territorio peninsular español. Dichos clientes contratan los servicios de nuestras empresas, que no disponen de sede en aquellos lugares, solicitando la prestación de los mismos de manera integral. Es decir, que la empresa se encargue por entero de la implantación de los sistemas, las aplicaciones (o software) y los aparatos y equipos de soporte (hardware), pagando el cliente el paquete entero. En este último caso, la empresa canaria en cuestión, adquiere para su cliente peninsular los citados aparatos y equipos en Península. Todo ello sin que la mercancía realice el viaje de ida y vuelta Península-Canarias. En definitiva, la duda se centra en el procedimiento que la empresa y, si fuera necesario, el cliente ha de seguir para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. SEGUNDO: La mejor resolución de la presente consulta tributaria aconseja el tratamiento diferenciado de las operaciones consistentes en entregas de bienes respecto a aquellas que deban considerarse prestaciones de servicios a efectos del IGIC, con independencia de que la contraprestación de las mismas se realice o no mediante precio único. A tal efecto, el artículo 6 de la Ley 20/1991, en su número 1, define, con carácter general, como entrega de bienes la transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales. Desde el punto de vista espacial, se encuentran sujetas al IGIC las entregas de bienes localizadas en el ámbito espacial de dicho impuesto, es decir, en las Islas Canarias. Para determinar la localización de las entregas de bienes, con carácter general el artículo 16.1 de la Ley 20/1991 establece que se entenderán realizadas donde éstos se pongan a disposición del adquirente, sin perjuicio de las reglas especiales que se enumeran en el número 2 del citado artículo. En el supuesto planteado, en el que los bienes objeto de entrega nunca llegan a entrar físicamente en las Islas Canarias no puede entenderse que exista puesta a disposición en dicho territorio, por lo que las citadas entregas nunca estarán sujetas al IGIC, por tanto, la adquisición para su cliente de los aparatos y equipos en la Península por parte de la empresa canaria no estará sujeta al IGIC. Cuestión diferente es el tratamiento de las aplicaciones o software. En concreto, el artículo 6.2.1º de la Ley 20/1991 establece que se consideran entregas de bienes el suministro de un producto informático normalizado efectuado en cualquier soporte material.

4 A estos efectos, se considerarán como productos informáticos normalizados aquellos que no precisen de modificación sustancial alguna para ser utilizados por cualquier usuario. Complementariamente a lo anterior, el artículo º de la Ley 20/1991 considera prestaciones de servicios el suministro de productos informáticos cuando no tengan la condición de entrega de bienes, considerándose accesoria a la prestación de servicios la entrega del correspondiente soporte. En particular, se considerará prestación de servicios el suministro de productos informáticos que hayan sido confeccionados previo encargo de su destinatario conforme a las especificaciones de éste, así como aquellos otros que hayan sido objeto de adaptaciones sustanciales necesarias para el uso por su destinatario. Debe tenerse en cuenta que es común a ambos conceptos la existencia de un soporte material accesorio (óptico, magnético ), a partir del cual debe analizarse su consideración de producto normalizado o no. De no existir dicho soporte material, el suministro del producto informático tendrá en todo caso la consideración de prestación de servicios (aunque pudiera calificarse de producto normalizado). Dicha cuestión tiene especial relevancia a la hora de aplicar los criterios de localización para determinar la sujeción espacial o no al IGIC. En resumen, pueden producirse los siguientes supuestos: - Suministro de un producto informático normalizado efectuado en cualquier soporte material, que tendrá la consideración de entrega de bienes. - Suministro de un producto informático no normalizado efectuado en cualquier soporte material, que tendrá la consideración de prestación de servicios. - Suministro de un producto informático, normalizado o no, sin soporte material, es decir, un servicio prestado por vía electrónica, que tendrá la consideración de prestación de servicios. En el primero de los supuestos mencionados, entrega de bienes consistentes en el suministro de un producto informático normalizado en cualquier soporte material es aplicable el mismo criterio citado anteriormente para las entregas de los aparatos y equipos en la Península, es decir, si dichos productos informáticos nunca llegan a entrar físicamente en las Islas Canarias la entrega no estará sujeta al IGIC. Respecto a los otros dos supuestos, deben tenerse en cuenta las reglas de localización aplicables a las prestaciones de servicios. En concreto, hasta el 31 de diciembre de 2002 el artículo º.e) de la Ley 20/1991 establecía que se consideraban prestados en la sede del destinatario el tratamiento de datos por procedimiento informáticos, incluido el suministro de productos informáticos específicos., no obstante, en virtud de la modificación efectuada en el artículo 17 de la Ley 20/1991 por el artículo 8.Cinco de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social (BOE. nº. 313., de ), desapareciendo la mención anterior y añadiendo la siguiente regla especial de localización en el artículo º.B) de la citada Ley:

5 B) Se considerarán prestados donde radique la sede de la actividad económica o el establecimiento permanente del destinatario o, en su defecto, en el lugar de su domicilio, los servicios prestados por vía electrónica, así como los servicios de mediación y gestión en los mismos, cuando el intermediario o gestor actúen en nombre y por cuenta ajena. A efectos de esta Ley, se consideran servicios prestados por vía electrónica aquellos que consistan en la transmisión enviada inicialmente y recibida en destino por medio de equipos de procesamiento, incluida la comprensión numérica y el almacenamiento de datos, y enteramente transmitida, transportada y recibida por cable, radio, sistema óptico u otros medios electrónicos. Entre otros, se consideran tales los siguientes: datos. a) El suministro y alojamiento de sitios informáticos. b) El mantenimiento a distancia de programas y de equipos. c) El suministro de programas y su actualización. d) El suministro de imágenes, texto, información y la puesta a disposición de bases de e) El suministro de música, películas, juegos, incluidos los de azar y de dinero, y de emisiones y manifestaciones políticas, culturales, artísticas, deportivas, científicas y de ocio. f) El suministro de enseñanza a distancia. A estos efectos, el hecho de que el prestador de un servicio y su destinatario se comuniquen por correo electrónico no implicará, por sí mismo, que el servicio prestado tenga la consideración de servicio prestado por vía electrónica. Añade el número 3 del artículo 17 que no obstante lo dispuesto en el número anterior, se considerarán prestados en las Islas Canarias los servicios comprendidos en los apartados 4.º y 5.º de dicho número que tengan por destinatario a un empresario o profesional actuando como tal cuando su utilización o explotación efectivas se realicen en el citado territorio, siempre que, conforme a las reglas de localización aplicables a estos servicios, no se hubiesen entendido prestados en Canarias, la Comunidad Europea, Ceuta o Melilla. No obstante, la entrada en vigor de la citadas redacciones se producirá el 1 de julio de 2003, en virtud de la disposición final segunda.dos de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre. En cualquier caso, dicha nueva regla especial únicamente es aplicable a los denominados servicios prestados por vía electrónica, y, en éste supuesto concreto, al suministro de programas y su actualización que, por la propia definición de los servicios prestados por vía electrónica, no incluyen aquellos que se entregan mediante un soporte físico. En consecuencia, deberán distinguirse: - las prestaciones de servicios consistentes en el suministro de programas informáticos no normalizados, efectuados en cualquier soporte material, a los que será de aplicación la regla general de localización de las prestaciones de servicio.

6 - las prestaciones de servicios consistentes en el suministro de programas informáticos, normalizados o no, prestados por vía electrónica sin soporte material, a los que será de aplicación la regla general de localización de las prestaciones de servicio hasta la entrada en vigor de la regla especial aplicable a los servicios prestados por vía electrónica, el 1 de julio de Por último, el consultante menciona como actividad realizada por la empresa en cuestión la implantación de los sistemas conjuntamente con las aplicaciones y los aparatos de soporte, sin entrar en más detalle, siendo necesaria, dada la complejidad de la consulta efectuada, un mayor detalle en función de conocer si se trata de una simple instalación de los programas informáticos en los aparatos y equipos de soporte, o, por el contrario, suponen una operación significativamente más relevante. Respecto a la facturación conjunta del paquete de las diversas operaciones efectuadas, el artículo 23.2 de la Ley 20/1991 establece que cuando en una misma operación y por precio único se transmitan bienes o derechos de diversa naturaleza, la base imponible correspondiente a cada uno de ellos se determinará en proporción al valor de mercado de los bienes o derechos transmitidos, plenamente aplicable en tanto en cuanto todas las operaciones se encuentren sujetas al IGIC. No obstante, siendo posible que el precio único afecte a operaciones sujetas a distintos impuestos (IGIC o IVA) deberá especificarse el tipo y la cuota del IGIC correspondiente separadamente consignada en factura. Si bien la normativa de facturación no prohibe explícitamente la emisión de una factura con repercusión de IVA e IGIC si bien en el presente supuesto es posible que se produzca la inversión del sujeto pasivo si la empresa canaria no está establecida en la Península -, dado el carácter probatorio y justificativo de las mismas, es recomendable que dichas operaciones se facturen separadamente, sin perjuicio de que esta Administración Tributaria no es competente para pronunciarse respecto a las obligaciones formales en el Impuesto sobre el Valor Añadido. En definitiva, es criterio de este Centro Directivo, en relación a las operaciones consistentes en la implantación de sistemas, y venta de aplicaciones (o software ) y los aparatos y equipos de soporte ( hardware ) para clientes establecidos en la Península por parte de empresas establecidas en Canarias, sin que los aparatos y equipos de soporte objeto de entrega entren en el territorio de las Islas Canarias, siendo adquiridos por las empresas consultantes y entregados a sus clientes en la Península, será aplicable lo siguiente: La entrega de los aparatos y equipos de soporte no se encuentran sujetas al IGIC, produciéndose la puesta a disposición del adquirente en la Península y sin que el inicio de su transporte se realice en el ámbito de aplicación del IGIC. El suministro de un producto informático normalizado efectuado en cualquier soporte material, que tendrá la consideración de entrega de bienes, se encontrará sujeto al IGIC pero exento como exportación si se trata de un envío a la Península por el transmitente, empresa canaria, a su cliente situado en la Península. El suministro de programas informáticos no normalizados, efectuados en cualquier soporte material, considerados como una prestación de servicios a efectos del IGIC, les será de

7 aplicación la regla general de localización de las prestaciones de servicio, y por tanto, se entenderán prestados donde esté situada la sede de la actividad económica de quien los preste, es decir, sujetos al IGIC. Conforme a lo dispuesto en la disposición final segunda.dos de la Ley 53/2002, hasta el día 1 de julio de 2003 el suministro de programas informáticos, normalizados o no, prestados por vía electrónica sin soporte material, le será de aplicación la regla general de localización de las prestaciones de servicio, en consecuencia, se entenderán prestados donde esté situada la sede de la actividad económica de quien los preste, es decir, sujetos al IGIC. Desde el día 1 de julio de 2003, esta operación se encontrará no sujeta al IGIC como consecuencia de la entrada en vigor de lo dispuesto en el artículo º.B) de la Ley 20/1991, que establece la regla especial de localización en sede del destinatario de una serie de servicios prestados por vía electrónica, entre las cuales se encuentra el suministro de programas y su actualización. Lo que, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Décima, número tres, de la Ley 20/1991, y con el alcance previsto en el artículo 107 de la Ley General Tributaria, le comunico para su conocimiento y demás efectos. Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de mayo de EL DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS José María Vázquez González