Más trabajadores asalariados, más capitalismo

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1 Publicación bimensual del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario Tercera época - Año 11 - La Paz, marzo de 2012 Nº 66 Bolivia cambia, el empleo no mejora Más trabajadores asalariados, más capitalismo País de emprendedores? Más trabajo, menos estabilidad y seguridad Antigüedad?, cuál antigüedad? El que gana es el capital

2 2 - OPINIÓN Marzo de 2012 LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES EN BOLIVIA E n este número del Alerta Laboral presentamos una síntesis de la situación de los derechos laborales en el país hasta el año 2010, la misma que está tratada a profundidad en el libro Más asalariados, menos salarios. La realidad detrás del mito del país de independientes, elaborado por los investigadores Silvia Escóbar y Bruno Rojas. La preocupación central de esa publicación, y que se ha resumido en estas páginas, ha sido el análisis de los cambios en las condiciones laborales de los trabajadores asalariados, es decir de las personas que necesitan vender su fuerza de trabajo para vivir, considerando que la correlación de fuerzas entre capital y trabajo es cada vez más adversa para sus intereses, demandas y el ejercicio de sus derechos laborales. El retrato del trabajo asalariado no difiere mucho de la tendencia general. No existe estabilidad o certidumbre acerca de su duración, no significa mejoras El Estado parece haber renunciado a sus funciones de protección e intervención estatal, desconociendo el mandato constitucional de velar por el derecho de todas las personas al acceso a una fuente de trabajo estable en el poder adquisitivo o garantía de protección social. Es decir, terminó de imponerse la lógica de una mayor explotación laboral que favorece a la parte más fuerte de esta relación los capitalistas que se manifiesta, entre otros indicadores, en el uso flexible y desregulado de la fuerza de trabajo y en la caída de la participación de las remuneraciones en el ingreso disponible, en contraste con el aumento del excedente económico del que se apropian los empresarios. En este escenario, el Estado parece haber renunciado a sus funciones de protección e intervención estatal, desconociendo el mandato constitucional de velar por el derecho de todas las personas al acceso a una fuente de trabajo estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. Ni siquiera aquellos trabajadores con niveles de calificación elevados y con mayor poder de negociación, dejaron de verse afectados por estos cambios en las relaciones laborales. Este trayecto que se manifiesta en el deterioro generalizado de las condiciones generales y cotidianas en el trabajo, tanto en el sector público como privado, no hace más que profundizar la desigualdad social y la pobreza, por tanto, la precariedad de la vida misma para gran parte de la población boliviana. Esperamos que este número del Alerta Laboral aporte a la reflexión y al análisis crítico de los trabajadores y sus organizaciones, así como de todas aquellas instituciones y personas que tienen entre sus objetivos avanzar en la conquista y ejercicio de los derechos humanos y laborales en nuestras sociedades. Javier Gómez Aguilar DIRECTOR EJECUTIVO CEDLA Director Ejecutivo Javier Gómez Coordinación de publicación Unidad de Comunicación Producción editorial Unidad de Comunicación Edición Gustavo Guzmán Diseño, armado Milton Iñiguez Ilustraciones - Fotografías Gonzalo Llanos - CEDLA Jaimes Freyre 2940, Sopocachi Tel , Fax cedla@cedla.org La Paz - Bolivia La suscripción a Alerta Laboral puede realizarse gratuitamente en las oficinas del CEDLA Visitanos

3 Marzo de 2012 INFORME - 3 E l año 2000, según información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 29 de cada 100 personas ocupadas en Bolivia trabajaban en condición de asalariados. El 2009, en cambio, ya eran 40 de cada 100 las personas que lo hacían como trabajadores asalariados. Otro dato, todavía más elocuente: en el ámbito urbano, la proporción de asalariados se incrementó de 48 a 55 por ciento en el mismo período. Se trata de una nueva fase de repunte del trabajo asalariado en el país debido a los cambios en la economía y en los mercados de trabajo urbanos y rurales ocurridos en la primera década del siglo XXI. De acuerdo a un estudio del CEDLA, en las ciudades capitales del eje central, el año 2010, la población asalariada alcanzó a 1 millón 15 mil trabajadores, equivalente al 60 por ciento con relación al conjunto de ocupados. QUIÉNES SON? Gran parte de los trabajadores asalariados en el eje central urbano del país son hombres, jóvenes, con un buen nivel educativo y con menores responsabilidades familiares (no son jefes de hogar), lo que marca un proceso de selectividad en la contratación. Efectivamente, la información del CEDLA para el 2010 revela que ese año, 63 de cada 100 salariados eran hombres, con una edad promedio de 33 años y con un buen nivel educativo promedio (12,7 años). Por otra parte, 62 de cada 100 no eran jefes de hogar. Las mujeres y los jóvenes asalariados fueron los más afectados por la desocupación, con el agravante que más de la mitad de ellos tardaron más de seis meses en encontrar una nueva fuente de trabajo Definitivamente, y especialmente en el ámbito urbano, el número de personas que dependen de la venta de su fuerza de trabajo y de un salario para subsistir, va en aumento. Los empleos asalariados son más comunes y frecuentes en el comercio y los servicios; de la industrialización del país, sólo discursos. Cifras que no mienten País de emprendedores? MÁS EN EL SECTOR PRIVADO El año 2011, según la información del CEDLA, 76 de cada 100 asalariados en las ciudades del eje central trabajaban en el sector privado, la mayor parte en el sector empresarial (41,6 por ciento); otra parte no menos importante lo hacía en establecimientos semiempresariales (34,3 por ciento), que año tras año fueron demandando más fuerza de trabajo debido a un doble proceso de acumulación de capital y de articulación subordinada a empresas que terciarizaron una parte de sus tareas propias vía la subcontratación. En este sector, en general, los trabajadores no cuentan con derechos laborales. Gran parte de los asalariados en el sector privado son hombres. En el sector empresarial, 75 de cada 100 ocupados en 2010 eran hombres, y 64 en el caso del sector semiempresarial, lo que demuestra que la demanda de fuerza laboral femenina en estos sectores continúa siendo reducida. Es en el sector estatal donde algo más del 50% de los ocupados son mujeres (educación, salud, administración pública) y en el servicio doméstico donde conforman el 98% de los trabajadores. MÁS EN EL COMERCIO Y SERVICIOS El incremento de la cantidad de asalariados en el eje central se concentró más en las actividades terciarias (servicios, comercio, transporte), quedando atrás los rubros productivos, excepto la construcción. El 2010, 72 de cada 100 trabajadores se concentran en las actividades terciarias; sólo 17 en la manufactura y 11 en la construcción (ECEDLA, 2010). MÁS EN EMPLEOS POCO CALIFICADOS La demanda laboral el 2010 siguió concentrada en la mano de obra no calificada. En el caso de las ciudades del eje, esto fue más que evidente: algo más de la mitad de los asalariados trabajaban en este tipo de empleos, especialmente en el comercio y la construcción (obreros, ayudantes, auxiliares, vendedores y otros). Otro 20 por ciento se desempeñaba en puestos de trabajo que demandan calificaciones medias para tareas rutinarias. Solamente el 27,7 por ciento trabajaba como directivo, profesional o técnico. En total, el 70 por ciento de la población asalariada se desempeñaba en puestos nada o poco calificados. Es importante destacar que la mayor cantidad de trabajadores con empleos no calificados se encontraban en los establecimientos semiempresariales (66 por ciento) y en el sector empresarial (más de la mitad), los mismos que, en general, los empleos son más inestables, con bajas remuneraciones y sin seguridad social (seguro de salud y aportes para la jubilación). En contrapartida, el 64 por ciento del empleo estatal era calificado (directivos, gerentes, técnicos y profesionales). MÁS SIN TRABAJO Ser trabajador asalariado para nada es garantía de trabajo permanente. La información disponible para el 2010 permitió conocer que el desempleo afectó con mayor fuerza a las personas que buscaron un trabajo asalariado para reemplazar otro perdido. Así, aquellos trabajadores que perdieron su empleo, principalmente en el sector privado, registraron una tasa de cesantía de 11,9 por ciento, siete veces más que la que afectó a los trabajadores independientes (1,6 por ciento). Las mujeres y los jóvenes, por lo general sujetos a contrataciones temporales, fueron los más afectados por la desocupación, con el agravante que más de la mitad de ellos tardaron más de seis meses en encontrar una nueva fuente de trabajo.

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5 6 - NO HAY DERECHO! Marzo de 2012 E l empleo asalariado no es garantía de trabajo seguro y estable. Si bien, el 2010, el 60 por ciento de los asalariados en las ciudades del eje central tenía un contrato de trabajo por tiempo indefinido proporción algo superior al de años anteriores, un 40 por ciento contaba con empleos eventuales, temporales y a contrato fijo.. La mejora relativa en la estabilidad laboral promedio se explica más por el retiro de trabajadores temporales en ciertas actividades exportadoras de manufacturas, que por el incremento real de puestos de trabajo permanentes. Por esta razón, la manufactura contó en 2010 con una mayor proporción de asalariados permanentes con relación al promedio general, esta característica no se extiende a otros sectores y actividades.. En efecto, en el sector privado la cantidad de asalariados estables se ubicó por debajo del promedio (55 por ciento), tanto en el segmento empresarial como semiempresarial. Asimismo, en la construcción sólo el 24 por ciento contaba con contratos indefinidos y el 44 por ciento en el caso del transporte y comercio. La inestabilidad laboral, por tanto, continúa siendo un tema de gran preocupación entre los asalariados. Actualmente, la mejor posición relativa corresponde a los asalariados estatales, aunque cerca del 20 por ciento de estos trabajadores también está sujeto a contratos a plazo fijo en tareas regulares de la función pública. Así, la adopción de diferentes regímenes contractuales se ha convertido en uno de los instrumentos más utilizados para disciplinar a los trabajadores, acentuando el temor al despido para lograr mayores beneficios económicos. La consecuencia más visible es la mayor diferenciación La adopción de diferentes regímenes contractuales se ha convertido en uno de los instrumentos más utilizados para disciplinar a los trabajadores Sigue usted creyendo que un consultor es ese tipazo que gana fortunas por hora de trabajo? Sabe usted cuántas horas de trabajo a la semana establece la legislación laboral y cuántas se trabaja realmente en el país? Entre cambios y continuidades Más trabajo, menos estabilidad y seguridad de las condiciones laborales entre los asalariados. CONSULTORES EN EL LIMBO Cuando se habla de consultores, para muchos todavía persiste la imagen del especialista en temas de alta complejidad técnica, cobrando pequeñas fortunas por cada hora de su trabajo a organismos internacionales, corporaciones privadas y altas esferas de gobierno. Nada podría estar más alejado de esa estampa que la realidad de miles de trabajadores profesionales bolivianos, víctimas de su propio Estado, a través de la tramposa figura de contratación de Consultorías Individuales en Línea.. La creciente legión de consultores públicos, en realidad, debe sobrellevar una situación ambigua en la que se le exigen todas las obligaciones de un trabajo en tareas permanentes del servicio (horario definido de ocho horas diarias, dependencia y subordinación, dedicación exclusiva, asistencia a las dependencias de la oficina con control horario y remuneración mensual), pero sin gozar de los beneficios que la ley establece en estos casos, es decir aguinaldos, vacaciones, pago de horas extras, derechos de maternidad y seguro de salud, entre otros. LAS INTERMINABLES HORAS DE TRABAJO La duración de la jornada de trabajo, por otra parte, registró un aumento constante durante la década hasta llegar en promedio por encima de las 48 horas que la legislación establece como duración semanal máxima. El 2010, a causa de la disminución del empleo en actividades del servicio doméstico y la industria manufacturera, donde rigen las jornadas laborales más extendidas, los asalariados vieron disminuir su jornada promedio a 46,4 horas. Este promedio, en cambio, era ampliamente superado en el sector empresarial (49,3), donde la prolongación de las jornadas con o sin una remuneración equivalente, es uno de los principales mecanismos de explotación laboral. Considerando como indicador el trabajo por una jornada superior a las 48 horas, se observa que un tercio de los asalariados está expuesto a esas jornadas prolongadas, mientras la proporción se eleva al 41,7 por ciento en el sector empresarial, abarca a más de la cuarta parte en el sector semiempresarial y al 17 por ciento de los asalariados estatales, donde la jornada normativa es solo de 40 horas. La disponibilidad permanente en el puesto de trabajo como exigencia de los empleadores y la necesidad de mejorar los bajos salarios trabajando en horas extraordinarias, marcan cada vez más la realidad cotidiana de una importante fracción de los trabajadores. De esta manera, el subempleo visible (trabajo involuntario por una jornada horaria inferior a la normativa) ha quedado atrás, cediendo el paso al subempleo por exceso de horas trabajadas, con las consecuencias negativas que eso tiene para el equilibrio entre la vida laboral y familiar.

6 Marzo de 2012 NO HAY DERECHO! -7 D urante los últimos años, la estabilidad laboral en el sector público se ha visto seriamente afectada por la progresiva prevalencia de contratación de becarios, consultores, interinos y provisorios, todos ellos bajo diversos tipo de contratos que perjudican y desalientan a los funcionarios de carrera. Y aunque las puertas de acceso a la administración pública se han multiplicado, los caminos internos de promoción para el personal antiguo (léase los que estaban allí antes del actual gobierno) se han cerrado casi por completo. La antigüedad, lejos de ser reconocida como un mérito, es hoy motivo de discriminación. En esta institución, antes del año 2008, los ascensos se realizaban a través de convocatorias internas, o mediante evaluaciones de desempeño anual. El funcionario que quería ascender a un cargo superior cuando se originaba una vacancia, asistía a una convocatoria interna; quien daba el mejor examen, ascendía de cargo. (Funcionaria pública) En el caso específico de una institución, calificada como autárquica, los trabajadores no han recibido un centavo de aumento al salario, desde el año 2004! Hubo un tiempo en que los años de servicio en la administración pública era un mérito. Hoy es solo una pesadilla, un novedoso mecanismo de discriminación laboral. El trabajo en el sector público Antigüedad?, Cual antigüedad? Ese mecanismo, tan natural como justo, es cosa del pasado y ha sido reemplazado por la ruleta de las convocatorias externas, en la que el requisito para participar, es la renuncia previa. El valiente que aspira a un cargo superior, debe primero renunciar a su seguro, sus vacaciones y todos sus beneficios acumulados, corriendo el riesgo de no aprobar la convocatoria; en el mejor escenario, si gana la convocatoria externa, de todas maneras debe empezar de cero en el nuevo cargo. Esta nueva forma de discriminación laboral se expresa salvajemente en la promoción de funcionarios junior, frente a funcionarios que tienen 15 ó 20 años de experiencia. Los novatos, de salto en salto, pasan a ganar súbitamente más que los empleados antiguos, que en muchos casos deben resignarse al atropello. El resultado, una rotación de personal inédita en el sector público.. En este camino de sistemático deterioro de condiciones de trabajo, ser un funcionario de carrera en la administración pública ha ido perdiendo sentido. Se suponía, por ejemplo, que ser de carrera implicaba gozar de inamovilidad funcionaria, salvo, y allí está el detalle, en caso de procesos internos. El hallazgo de responsabilidad administrativa en los procesos internos, se ha convertido en el recurso mágico, a través del cual se puede retirar a cualquier funcionario, incluso siendo este de carrera. A la hora de la verdad, si quieren te inician un proceso con los famosos memorandos de llamadas de atención. Así, por todo y por nada, hay compañeros que tienen cinco llamadas de atención, y eso ya es motivo de despido según nuestro reglamento interno (Funcionaria pública). Aunque resulte difícil de creer, se han dado múltiples casos en los que el funcionario se ha presentado a la convocatoria pública, ha cumplido con todos los requisitos exigidos, ha aprobado satisfactoriamente las pruebas, y por lo tanto gozaba de la seguridad de ser ya funcionario de carrera; la pesadilla de esa gente llega en forma de Resolución del Servicio Civil, indicándoles que sus procesos han sido fallidos, y por lo tanto pasan a ser funcionarios provisorios, lo que faculta a sus respectivos departamentos de Recursos Humanos, a retirarlos en cualquier momento. Después de haber caído en la trampa de la anulación del proceso de convocatoria por algún nimio detalle, se puede volver, pero bajo la nueva figura del contrato de interinato de tres meses ; algunos, que serán del partido, habrán tenido conversaciones internas, o no sé, pero esos ya han ingresado. (Funcionaria pública) En estas circunstancias quién puede sostener todavía que existe tal cosa como la inamovilidad funcionaria para los funcionarios de carrera en el Estado? Finalmente, si todo este entramado de agresiones no funciona para espantar a los antiguos y abrir espacios para los nuevos, queda siempre la opción de pegar en donde más duele, y echar mano del congelamiento salarial. Así como lo oye: cuando se negocia y se habla en los medios de aumentos salariales para el sector público, la realidad muestra que esto funciona únicamente para salud y educación. En el caso específico de una institución, calificada como autárquica, los trabajadores no han recibido un centavo de aumento al salario, desde el año 2004! Tampoco han sido sujetos a ninguno de los bonos que benefician a otros sectores. Y es que en el caso de estas instituciones, los funcionarios a veces son empleados públicos y a veces no lo son; por consiguiente no saben cuál es la norma qué los protege: la Ley General del Trabajo?, el Estatuto del Funcionario Público?, el Reglamento Interno de cada institución? Pero claro, quien tiene la voluntad política de perjudicarlos, puede elegir entre cualquiera de ellos para ese cometido.

7 8 - ANÁLISIS L a desvalorización de la fuerza de trabajo ha sido una constante en el último cuarto de siglo en el país y se expresa en la persistencia de salarios bajos o insuficientes para asegurar la reproducción física y social de los trabajadores. La política salarial es uno de los factores que inciden en esta tendencia. La política salarial es de mantenimiento de bajos salarios, aplicada sistemáticamente para mejorar la rentabilidad empresarial y controlar el gasto fiscal. Esta situación afecta a gran parte de los trabajadores, sobre todo a los obreros (industria, minería, construcción, agropecuaria), los trabajadores de los servicios no calificados (comercio, servicios personales diversos) y, a los trabajadores de los servicios estatales (educación y salud). En el país, la política salarial no toma como referencia el valor o costo de reproducción de la fuerza laboral. Algunos indicadores permiten ilustrar esta constatación. El 2010, el salario mínimo (SMN) era de 679 Bs, equivalía al 41 por ciento del costo de la canasta normativa alimentaria-cna (cuyo valor es de Bs) y solo al 16 por ciento de la canasta básica familiar (que llega a Bs.). Más aún, a pesar de los aumentos nominales al SMN, su poder adquisitivo apenas mejoró en 1,6 por ciento promedio anual en la década pasada. Considerando como referente el salario promedio, se advierte que también tuvo una reducida variación durante la década, de modo que el 2010, el 61 por ciento de los asalariados tenía un ingreso mensual insuficiente para cubrir al menos el costo de la canasta normativa alimentaria. En el contexto actual, la desvalorización del trabajo también está asociada con la magnitud que El resultado de estas políticas públicas se expresa en la mayor desigualdad en el reparto del ingreso disponible entre el trabajo y el capital Marzo de 2012 Un par de datos: el poder adquisitivo de los salarios en Bolivia apenas mejoró en un 1,6 por ciento en la década pasada; la proporción del ingreso nacional que queda en manos de los trabajadores asalariados disminuye en la década del 36 al 25 por ciento hasta el 2008; mientras tanto, el excedente del que se apropia el capital crece del 49,8 al 55 por ciento. Breve paisaje salarial El que gana es el capital adquiere la fuerza de trabajo excedente, la competencia entre los trabajadores por los escasos puestos disponibles y la amenaza constante del despido, que limitan la capacidad de negociación de los trabajadores. Con el tiempo, el abaratamiento de los costos salariales con la venia permisiva del Estado, no solo ha permitido al capital contar con mano de obra abundante y dócil, sino ampliar significativamente sus niveles de rentabilidad. Así, el resultado de estas políticas públicas se expresa en la mayor desigualdad en el reparto del ingreso disponible entre el trabajo y el capital, entre salarios y ganancias. La proporción del ingreso que queda en manos de los trabajadores asalariados no solo es extremadamente baja sino que disminuye en la década del 36 al 25 por ciento hasta el 2008; mientras tanto, el excedente del que se apropia el capital crece del 49,8 al 55 por ciento (CEDLA, 2009). En realidad, el capital y el Estado como instrumento al servicio de las clases dominantes, siguen definiendo el precio de la fuerza de trabajo muy por debajo de las necesidades reales, asegurándose un amplio margen de utilidades, sin que las luchas de los trabajadores hubieran logrado una oposición efectiva. MÁS EXPLOTACIÓN Y PRECARIEDAD Eliminar o limitar las reivindicaciones laborales, dividir a los trabajadores, conformar una fuerza de trabajo de reserva, extender e intensificar las jornadas de trabajo, continúan siendo los principales instrumentos de control de la clase trabajadora, a favor de la reproducción ampliada del capital. Puede decirse que en el país la mayor parte de los trabajadores sigue expuesto a la aplicación de políticas de libre contratación y flexibilización laboral, en un contexto en el que, paradójicamente, se han promulgado disposiciones que ratifican la vigencia de la legislación laboral.