NOVEDADES LEGISLATIVAS PUBLICADAS EN EL BOE DURANTE EL MES DE FEBRERO

Transcripción

1 P.º Gral. Martínez Campos, MADRID Tel Gran de Gràcia, BARCELONA Tel Alboraya, VALENCIA Tel Ponzano, MADRID Tel info@cef.es NOVEDADES LEGISLATIVAS PUBLICADAS EN EL BOE DURANTE EL MES DE FEBRERO 1.º MATERIA FISCAL Y CONTABLE Aprobados los modelos 121 y 122 de deducciones en el IRPF por familia numerosa y por personas con discapacidad a cargo La Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero (BOE de 10 de febrero y corrección de errores de 21 de febrero), en vigor a partir del 11 de febrero, aprueba el modelo 121, «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa o por personas con discapacidad a cargo. Comunicación de la cesión del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración», y el modelo 122, «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial. Regularización del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración», y establece el lugar, forma y plazo para su presentación. Por lo que respecta al modelo 121: Se deberá presentar la comunicación en papel impreso obtenido mediante la utilización del servicio de impresión desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o de forma electrónica a través de internet, en el plazo establecido en cada ejercicio para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), para formalizar la cesión del derecho a las deducciones por familia numerosa o por personas con discapacidad a cargo, siempre que se den las siguientes circunstancias: Que dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de las deducciones por familia numerosa o por personas con discapacidad a cargo respecto de un mismo descendiente, ascendiente o familia numerosa. Que se pretenda ceder ese derecho a favor de otro contribuyente que ejercerá el derecho a la deducción en su declaración. Que no se hubiera optado por la percepción anticipada de la deducción presentando una solicitud colectiva. Que no esté obligado a presentar declaración el contribuyente que cede el derecho. Por último, este modelo se utilizará por primera vez en los plazos para la presentación de la declaración del IRPF correspondiente al periodo impositivo En cuanto al modelo 122: Se prevé en la norma que los contribuyentes no obligados a presentar declaración por el IRPF deberán regularizar su situación tributaria cuando el abono anticipado percibido por cada una de las deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad o por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial exceda de la cuantía de la deducción a la que tengan derecho, en el plazo comprendido entre la fecha en que los pagos anticipados se hayan percibido de forma indebida hasta que finalice el plazo para la presentación de la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio en que se haya percibido el pago anticipado de forma indebida (si bien el modelo 122, en el que se regularicen cantidades percibidas en exceso durante el ejercicio 1

2 2016 que deban presentar los contribuyentes del IRPF no obligados a declarar en este ejercicio, deberá realizarse en el plazo establecido para la presentación de la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2016), debiéndose presentar en papel impreso obtenido mediante la utilización del servicio de impresión desarrollado por la AEAT o de forma electrónica a través de internet. Valor de negociación medio del 4.º trimestre de 2016 de los valores negociados en mercados organizados a efectos del impuesto sobre el patrimonio Próximo el comienzo del plazo de presentación de la declaración del impuesto sobre el patrimonio, correspondiente al ejercicio 2016 y de la declaración, por parte de las entidades depositarias de valores mobiliarios, de la declaración informativa anual acerca de la valoración de las acciones y participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas y de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados ambos en mercados organizados (modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas aprobada por Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre), la Orden HFP/145/2017, de 20 de febrero (BOE de 24 de febrero), aprueba la relación de valores negociados en Bolsa con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de 2016; la relación de valores negociados y su cotización, en el último trimestre del año, en el mercado de Deuda Pública en Anotaciones, así como la relación y los valores medios de cotización del mercado de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) del último trimestre de º MATERIA LABORAL Modificado el régimen jurídico de los trabajadores de la estiba portuaria en cumplimiento de la STJUE de 11 de diciembre de 2014 El Real Decreto-Ley 4/2017, de 24 de febrero, publicado en el BOE de 25 de febrero, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) de 11 de diciembre de 2014, asunto C-576/13, que condena a España por considerar que el régimen hasta ahora vigente restringe la libertad de establecimiento de las empresas de este sector, introduce cambios sustanciales en el marco jurídico que rige la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, destacándose lo siguiente: 1. La contratación de trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías es libre Mientras que, hasta ahora, las empresas estibadoras estaban obligadas a participar en el capital de una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) y debían contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por esa sociedad anónima y a un mínimo de tales trabajadores «sobre una base permanente», es decir, como trabajadores sujetos a una relación laboral común, a partir del 26 de febrero de 2017, si bien con un periodo transitorio que se resume en el punto 5: Los operadores, que deberán ser titulares de la correspondiente licencia, no están obligados a participar en ninguna empresa de puesta a disposición de trabajadores portuarios. La contratación es libre, previo cumplimiento de los requisitos establecidos que garanticen la profesionalidad de los trabajadores portuarios. La profesionalidad de los trabajadores portuarios, su contratación como tales, pasa por que: Cuenten con alguna de las titulaciones de formación profesional de grado medio o superior (Orden FOM/2297/2012) o equivalentes (disp. adic. cuarta LO 5/2002), y sus equivalentes en el ámbito de la Unión Europea. Hayan obtenido el certificado de profesionalidad (anejo VIII RD 988/2013). No obstante, no serán exigibles los requisitos de titulación anteriores a los trabajadores que el 26 de febrero de 2017: Acrediten haber realizado más de 100 jornadas de trabajo en el servicio portuario de manipulación de mercancías en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. El personal del buque que realice a bordo dichas actividades. 2

3 2. Se contempla la creación de centros portuarios de empleo Se establece la posibilidad de que, por personas naturales o jurídicas o uniones y entidades sin personalidad jurídica, se creen Centros Portuarios de Empleo (CPE), que operarán como empresas de trabajo temporal (ETT) específicas para el sector y a las que se les aplicará la normativa de esta clase de empresas. Su objeto será el empleo de los trabajadores portuarios en el servicio de estiba y su cesión temporal a empresas titulares de licencia de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías o de autorización de servicios comerciales portuarios. Su ámbito geográfico de actuación podrá extenderse a todo el territorio nacional, pudiendo coexistir más de un centro portuario por puerto, y su creación requerirá la obtención de la autorización exigida en el artículo 2 de la Ley 14/1994, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal (LETT). Las empresas estibadoras no tendrán la obligación de participar en los centros que se creen, ni tampoco la de contratar a los trabajadores puestos a disposición por ellos de forma prioritaria. 3. No se penaliza, vía cotización, la contratación temporal de corta duración La cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes en los contratos laborales temporales de duración inferior a siete días que tengan por objeto la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías por medio de CPE, ETT, o directamente por las empresas titulares de licencia del servicio portuario de manipulación de mercancías, no se incrementará en un 36 %, siendo una excepción a lo previsto en el artículo 151 de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS). 4. Los convenios colectivos tienen hasta el 26 de febrero de 2018 para adaptarse a las nuevas previsiones legales Se establece un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del citado real decreto-ley para que los convenios colectivos se adapten al nuevo régimen legal; la consecuencia del incumplimiento, llegado el 26 de febrero de 2018, será la nulidad de pleno derecho de aquellas disposiciones que restrinjan la libertad de contratación en el sector o limiten la competencia. Cuando, en el plazo señalado anteriormente, de la negociación colectiva surja un convenio adaptado a las previsiones del real decreto-ley que altere sustancialmente las condiciones individuales de trabajo causando un perjuicio a los trabajadores, estos tendrán derecho, en el plazo de tres meses, a contar desde la entrada en vigor de esas normas convencionales, a rescindir su contrato de trabajo con derecho a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio y con un máximo de 9 mensualidades. 5. Se establece un periodo transitorio de adaptación de tres años Durante el periodo transitorio de adaptación, esto es, hasta el 26 de febrero de 2020: Las actuales SAGEP subsistirán, salvo que se extingan con anterioridad, independientemente de que sean o no accionistas de la sociedad. Hasta su finalización, se regularán por lo previsto en el citado real decreto-ley que se está presentando y supletoriamente por el texto refundido de la Ley de sociedades de capital (RDLeg. 1/2010). Expirado el periodo transitorio, las SAGEP que permanezcan podrán extinguirse o continuar su actividad, obteniendo la autorización exigida en el artículo 2 de la LETT, ley que les será de plena aplicación, así como la restante normativa de dicha clase de empresas. Hasta su regulación como ETT o hasta su extinción, los accionistas de la SAGEP responderán de la totalidad de los pasivos y obligaciones de la sociedad, personal y mancomunadamente entre sí, en proporción a su participación en el capital social. Las SAGEP que subsistan después del periodo transitorio lo harán en régimen de libre concurrencia, en su caso, con los CPE y las demás ETT. Los trabajadores cuyo contrato vigente con las SAGEP el 26 de febrero de 2017 se extinga por cualquier causa durante el periodo transitorio no podrán volver a ser contratados por las SAGEP hasta su regulación como ETT. En el plazo máximo de los primeros seis meses del periodo transitorio (hasta el 26 de agosto de 2017), los accionistas de la SAGEP deberán decidir, de manera individual, si desean continuar en la SAGEP o separarse de la misma. 3

4 Los accionistas que deseen separarse podrán hacerlo antes de la finalización de dicho periodo vendiendo sus acciones a los que deseen continuar; y los accionistas que decidan continuar deberán adquirirlas por su valor neto contable. Si la venta no pudiese efectuarse en todo o en parte en el plazo máximo de seis meses desde la comunicación de separación, las correspondientes acciones serán amortizadas con cargo a la SAGEP, con la consiguiente reducción del capital. Una vez finalizado este proceso, los accionistas que permanezcan en la SAGEP podrán acordar una nueva distribución del capital social y admitir nuevos accionistas que voluntariamente decidan adherirse con la participación libremente acordada. Si no hubiera ningún accionista que deseare continuar con la SAGEP, esta se disolverá de acuerdo con las reglas generales establecidas en la Ley de sociedades de capital. La Administración portuaria asumirá obligatoriamente los pasivos laborales generados con anterioridad al 11 de diciembre de 2014 (fecha de la STJUE), si bien debe advertirse que esta previsión no entrará en vigor hasta la expresa declaración por la Comisión Europea de su compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado (disp. final quinta.2 RDL). La medida implicará que la extinción en cualquier momento posterior al 26 de febrero de 2017 de los contratos laborales de trabajadores portuarios vigentes antes del 11 de diciembre de 2014 con las SAGEP, o de los suscritos en régimen laboral común por las empresas titulares de licencias de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías con trabajadores procedentes de las SAGEP por imperativo legal con anterioridad a dicha fecha, por cualquiera de las causas previstas en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores (ET), dará derecho a una indemnización de cuantía equivalente a la prevista para la extinción del contrato por causas objetivas (20 días por año de servicio máximo de 12 mensualidades ), que será asumida íntegramente como obligación ex lege por la autoridad portuaria competente en el ámbito geográfico de la SAGEP de que se trate. Se exceptúan de la previsión anterior (1) los que no hubieran mantenido sin solución de continuidad su trabajo como estibadores portuarios y (2) los que alcancen la edad de jubilación, de acuerdo con el régimen especial de los trabajadores del mar, durante los tres años siguientes a la extinción contractual. Las indemnizaciones serán necesariamente satisfechas por la autoridad portuaria correspondiente previa su solicitud, que deberá estar acompañada de documentación justificativa y acreditativa, que las desembolsará para cada uno de los trabajadores al empleador de los mismos en el momento de la extinción contractual, distribuidos en un periodo de tres años a partir de la solicitud una vez examinada la documentación presentada y determinada su adecuación a lo previsto en el real decreto-ley. En el caso de empleadores que sean sujetos pasivos de las tasas portuarias, la autoridad portuaria acordará que las indemnizaciones asumidas por la misma minoren los importes de las cuotas de dichos tributos. El coste asumido no tendrá efectos para el cálculo de rentabilidades para el establecimiento de los coeficientes correctores de las tasas portuarias según lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante (RDLeg. 2/2011). Las empresas de estiba deberán seguir contratando trabajadores procedentes de las SAGEP para cubrir parte de su actividad: durante el primer año deberán cubrir como mínimo el 75% de las actividades; durante el segundo año el 50% y, durante el tercero, el 25%. El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción grave a los efectos sancionadores de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante. Los porcentajes mencionados se podrán alcanzar por cualquiera de las siguientes modalidades o la suma de ambas: Mediante utilización de dicho personal puesto a disposición por la SAGEP o, proveniente de la SAGEP, por un CPE o ETT de los que no sea partícipe la empresa obligada. En este caso se computarán como válidas las ofertas que no se hayan cubierto por insuficiencia de dichos trabajadores puestos a disposición por la SAGEP. Mediante contratación de trabajadores provenientes de las SAGEP. En este supuesto se computarán los contratos de trabajo suscritos con trabajadores de las SAGEP, realizados por las empresas titulares de licencias de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, o por CPE o ETT de los que formen parte, en estos dos últimos casos en proporción a su participación. Debe tenerse en cuenta que, a estos efectos, se computarán como válidas las ofertas nominativas o innominadas realizadas que, siendo adecuadas, hayan sido rechazadas por los trabajadores que se mantengan en la SAGEP. 4

5 A la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Cartagena se le concede un plazo máximo de seis meses desde la finalización del periodo transitorio (hasta el 27 de agosto de 2020) para extinguirse o continuar su actividad. Además, y aunque las previsiones para el periodo transitorio de adaptación vistas también le son de aplicación, se establece que la autoridad portuaria dejará de formar parte del capital de la sociedad en el plazo máximo de seis meses a contar desde la entrada en vigor del real decreto-ley, mediante la enajenación de sus acciones o, en su defecto, por reducción del capital social, teniendo derecho al reembolso de su valor neto contable. 6. Se deroga el artículo 2.1 h) del ET y se modifica la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante Para concluir, se hace una remisión a las disposiciones, derogatoria única y final primera, del real decreto-ley donde, de un lado, se suprime en su mayor parte el actual régimen de gestión de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías recogido en la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante, derogándose numerosos preceptos y dándose nueva redacción a otros y, de otro, se deroga el artículo 2.1 h) del ET, que declara relación laboral especial la que mantienen los estibadores portuarios con las SAGEP, previsión que pierde su sentido con la modificación del marco legal. El Programa PREPARA se prorroga un semestre más La Resolución de 1 de febrero de 2017, con efectos desde el mismo día de su publicación en el BOE (16 de febrero), prorroga hasta el 15 de agosto de 2017 la vigencia de la de 1 de agosto de 2013, por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento incluidas en el programa PREPARA, y recoge el nuevo modelo de solicitud de ayuda económica de acompañamiento. La nueva prórroga responde a la automaticidad de vigencia del Programa por periodos sucesivos de seis meses prevista en el Real Decreto-Ley 1/2013 (disp. adic. segunda, en la redacción dada por el RDL 1/2016) mientras la tasa de desempleo según la última encuesta de población activa publicada con anterioridad a la fecha de la prórroga sea superior al 18 %. En el cuarto trimestre de 2016 esa tasa ha sido del 18,63 %. Con base en lo anterior, las previsiones de la resolución se aplicarán a las personas desempleadas por extinción de su relación laboral e inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de empleo que, dentro del periodo comprendido entre los días 16 de febrero y 15 de agosto de 2017, ambos inclusive, agoten la prestación por desempleo de nivel contributivo y no tengan derecho a cualquiera de los subsidios por desempleo establecidos en la LGSS, o bien hayan agotado alguno de estos subsidios, incluidas sus prórrogas, y reúnan el resto de los requisitos establecidos en el Real Decreto-Ley 23/2012, de 24 de agosto. En el anexo de la resolución, se recoge, además, el nuevo modelo de solicitud de ayuda económica de acompañamiento. Publicadas las normas de cotización a la Seguridad Social para Análisis del contenido de la Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero En el BOE del día 11 de febrero de 2017 se publica la Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio Esta norma desarrolla, de una parte, las previsiones del artículo 115 de la Ley de presupuestos generales del Estado (LPGE) para 2016 (Ley 48/2015), cuyo contenido se ha prorrogado para el ejercicio 2017, con base en las previsiones del artículo 134 de la Constitución, al no haber sido aprobados, antes del 1 de enero de 2017, los presupuestos para el presente año, si bien con las modificaciones que resultan, en materia de cotización a la Seguridad Social, del Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre presentado en el núm. 221 de esta Revista, respecto al crecimiento de las bases máximas de cotización, así como en relación con el incremento para el salario mínimo interprofesional (SMI), magnitud que afecta a las bases mínimas de cotización. Como consecuencia de la concurrencia de esas dos disposiciones legales, la cotización a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta para 2017 se caracteriza por: 1. En el Régimen General y regímenes asimilados, un aumento del 3 % para las bases máximas de cotización, así como del 8 %, en lo que respecta a las bases mínimas (mismo incremento previsto para el SMI, en el RD 742/2016, de 30 de diciembre). Por el contrario, se mantienen los tipos de cotización en los importes vigentes en

6 2. El incremento del 8 % también se aplica a las bases de cotización, por tramos de retribuciones, aplicables en el sistema especial del Régimen General para empleados de hogar, sistema en el que, asimismo, se incrementan los tipos de cotización, dentro del objetivo de que, en el horizonte de 2019, se apliquen en el mismo los tipos de cotización vigentes para el Régimen General. 3. En relación con el régimen especial de trabajadores por cuenta propia, se mantiene, en los importes de 2016, los tipos y las bases mínima y máxima de cotización, salvo el importe de la base máxima (que resulta incrementada en un 8 %), así como la base mínima aplicable para los autónomos que, en 2016, hayan tenido 10 o más trabajadores a su servicio, y en el caso de los administradores y socios de sociedades mercantiles, que tengan el control efectivo de la sociedad, en cuyo caso, dicha base experimenta un crecimiento del 8 %. 4. Por último, y al haberse prorrogado, al inicio de 2017, los presupuestos de la Seguridad Social del ejercicio 2017, permanecen en sus mismas cuantías los tipos y porcentajes establecidos para la determinación de la cotización en supuestos especiales (entre los que se encuentran, entre más, los correspondientes a la cotización de los convenios especiales; la cotización durante la percepción del subsidio para desempleados con 55 o más años y derecho a la pensión de jubilación; la reducción de la cotización en los supuestos de permanencia en la actividad, más allá de la edad ordinaria de jubilación; la cotización en los casos de la jubilación activa; etc.). El análisis de estas medidas y la explicación y alcance del contenido de las mismas se reproduce en las páginas de este número bajo el título «Las normas ( provisionales?) de cotización a la Seguridad Social para 2017». Publicadas para el 2017 las bases de cotización de los trabajadores del régimen especial del mar Publicada en el BOE de 4 de febrero, la Orden ESS/77/2017, de 3 de febrero, que establece para el año 2017 las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del régimen especial del mar incluidos en los grupos segundo y tercero. La «peculiaridad» en este ejercicio de la orden que se presenta radica, como ya se ha apuntado, en la falta de aprobación de una LPGE para 2017 y en la prórroga automática de los del ejercicio anterior, determinándose las bases únicas para la cotización por contingencias comunes y profesionales según provincias, modalidades de pesca y categorías profesionales, en función de los valores medios de las remuneraciones percibidas en el año Con estos presupuestos, en su artículo único, establece que las bases únicas de cotización de los trabajadores incluidos en los grupos segundo y tercero quedan fijadas para el año 2017 en las cuantías que se reflejan en los anexos. Respecto de los trabajadores por cuenta propia, y debido al carácter mensual de su cotización, en aquellos casos en los que, con motivo de cambios de provincia, modalidades de pesca o categorías profesionales, tengan que modificar la base de cotización, los efectos de dicha modificación se producirán a partir del día primero del mes siguiente, manteniéndose hasta ese momento la base de cotización por la que vinieran cotizando. La norma, en vigor el 5 de febrero y con efectos desde el 1 de enero de 2017, concluye estableciendo (disp. trans. única) que se dispondrá de un plazo que finalizará el último día del mes de abril de 2017 (30 de abril de 2017) para ingresar sin recargo las diferencias de cotización que se hubieran podido producir por la aplicación de las bases de cotización de esta orden respecto de las cotizaciones que a partir de 1 de enero de 2017 se hubieran efectuado. 3.º MATERIA PENAL, CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA Aprobado el desarrollo de la Ley de desindexación de precios de bienes y servicios públicos El Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero (BOE de 4 de febrero), desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, que persigue desvincular del índice de precios al consumo (IPC) la revisión de precios de bienes y servicios en el ámbito del sector público. Esta ley estaba pendiente de desarrollo reglamentario para su plena aplicación. En el reglamento, de entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, se tasan las excepciones en las que se permiten las revisiones y se establecen los requisitos que han de cumplirse para estos casos; por ejemplo, que la revisión refleje una estructura de costes basada en los principios de eficiencia y buena gestión empresarial. De esta manera, se evita que la Administración o los usuarios de servicios públicos tengan que soportar los costes de aquellas prácticas empresariales que no sean las mejores del mercado. 6

7 La norma establece como regla general la prohibición de indexar con el objetivo de evitar los denominados «efectos de segunda ronda» y la inercia inflacionista. Ello protege a la actividad económica general de brotes inflacionistas, al impedir que se trasladen entre los distintos sectores de la economía y que cobren carácter permanente formando una espiral inflacionista. Así, determinados precios en los que interviene el sector público, como billetes de autobús, tren, peajes de autopistas, precios de medicamentos, precios regulados del gas o la electricidad, no podrán indexarse respecto al IPC. Las modificaciones de estos precios dejarán de ser automáticas en función de la evolución de la inflación y solo podrán variar cuando haya otras causas que hayan sido previamente justificadas y acreditadas; se refiere a las revisiones de valores monetarios motivadas por variaciones de costes. En todo caso, los regímenes de revisión serán diseñados para que sean simétricos al alza o a la baja. Esto es, se traducirán en incrementos en los valores monetarios a revisar si los costes aumentan y en decrementos si los costes disminuyen. La ley excluye de su ámbito de aplicación la negociación salarial, las pensiones y la emisión de deuda pública. Desarrolla el principio de eficiencia y buena gestión empresarial y, así, solo podrán trasladarse a precios las variaciones de costes que hubiesen sido asumidos por una empresa eficiente y bien gestionada. Las variaciones de los costes de mano de obra podrán trasladarse o incluirse, en su caso, en la revisión, pero ese traslado tendrá un límite máximo. Este límite será el incremento experimentado por la retribución del personal al servicio del sector público, conforme a las Leyes de presupuestos generales del Estado. Excepcionalmente, se permite la posibilidad de indexación en los casos en que este mecanismo sea necesario y eficiente; es decir, siempre que esta revisión refleje, de la forma más adecuada posible, la evolución de los costes de la actividad de la que se trate. Concretamente, el reglamento regula el conjunto de valores monetarios que pueden acogerse al régimen de revisión periódica en función de índices específicos de precios. En el listado se incluyen tres tipos de valores monetarios: en primer lugar, algunos precios energéticos regulados como la bombona de butano, la tarifa de último recurso de gas natural, el transporte y distribución de electricidad o el precio voluntario para el pequeño consumidor de electricidad (PVPC); en segundo lugar, los contratos de arrendamientos de inmuebles en los que intervenga el sector público; en tercer lugar, los contratos, por ejemplo obras, y concesiones del sector público de largo plazo, es decir, aquellos que requieren cuantiosas inversiones y, por ende, un periodo de recuperación de tales inversiones que exceda los cinco años. Estas indexaciones se llevarán a cabo, generalmente, mediante fórmulas previamente tasadas que deberán justificarse por una estructura de costes basada en los principios de eficiencia y buena gestión empresarial. Se considerarán únicamente los costes indispensables y significativos para la actividad y cuya evolución sea impredecible. Deberán utilizarse precios individuales o índices de precios específicos que reflejen esos costes. No se permite indexar costes financieros, amortizaciones, gastos generales y de estructura, ni el beneficio industrial. 7

8 8