Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales - Art.

Transcripción

1 Tribunal Económico-Administrativo Municipal Resolución de la reclamación económico-administrativa nº 200/2011/09040 Fecha: 24/03/2011 Órgano: Sala de Reclamaciones Resumen: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Exención de los bienes inmuebles ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos. Exención de carácter rogado. En el caso de no tener la categoría individual de Bien de Interés Cultural, como Monumento o Jardín Histórico la normativa exige, para inmuebles incluidos en sitios o conjuntos históricos, que tengan una antigüedad igual o superior a cincuenta años, y qué estén incluidos en el Catálogo urbanístico como objeto de protección integral. El PGOUM estableció las normas de protección para los inmuebles pertenecientes al Patrimonio Histórico, en el que se incluía el Catálogo General de Edificios Protegidos, donde figura con protección singular el inmueble que es objeto de la reclamación. El régimen de protección es más amplio en los edificios con protección singular que en los edificios con protección integral, por lo que ha de entenderse que el inmueble cumple con los requisitos para aplicar la exención. Preceptos Aplicados: Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales - Art. 62 Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español - Art Art Art. 21 Plan General de Ordenación Urbana 1997, de Madrid - Art. 4 Ordenanza Fiscal 2008, Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Vigencia desde Art. 4 Decreto 41/1995, de 27 de abril, por el que se declara Bien de Interés Cultural con categoría de conjunto histórico el «Recinto de la Villa de Madrid» - Temas tratados en la Resolución Bienes de Interés cultural 1

2 Visto por el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid, en Sala Única de Reclamaciones, el expediente de la reclamación económico-administrativa cuyos datos figuran en el encabezamiento. HECHOS: 1º. Mediante escrito presentado en el registro de entrada del Ayuntamiento de fecha 22 de febrero de 2010, subsanado por otro posterior de fecha 9 de marzo,... SL ha interpuesto la reclamación económico-administrativa cuyos datos figuran en el encabezamiento, frente a la resolución de la Directora de la Agencia Tributaria Madrid núm...., de 27 de noviembre de 2009, por la que se deniega la solicitud de exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (en adelante IBI), del inmueble situado en la calle M. D. núm. 7 D, con referencia catastral núm.... En el escrito de interposición la reclamante ha formulado las correspondientes alegaciones. 2º. Son hechos relevantes para la resolución de la presente reclamación, que constan en la documentación obrante en el expediente, los siguientes: a) Con fecha 19 de octubre de 2009,..., SL, solicitó la exención en el IBI del inmueble referido, conforme al artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Municipal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por encontrarse el inmueble situado dentro del conjunto histórico del Recinto de la Villa de Madrid, estar catalogado con protección integral o singular, y tener una antigüedad mayor de 50 años. Aportaba, junto a dicha solicitud ficha urbanística de la parcela, en la que se señala que el edificio tiene un nivel de catalogación singular y se encuentra dentro del Conjunto Histórico de la Villa de Madrid, y copia de la consulta catastral descriptiva y gráfica del inmueble, en la que se refleja que el año de construcción del inmueble es de b) La Directora de la Agencia Tributaria Madrid, mediante la resolución ahora impugnada, denegó la exención, pues consideraba que no se cumplía uno de los requisitos previstos en el artículo 62.2.b), del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante TRLRHL), para poder gozar de la exención, dado que el inmueble no tenía una protección integral en el Catálogo de edificios Protegidos, sino singular. c) Frente a dicha resolución, que se notificó a la interesada el día 22 de enero de 2010, se ha interpuesto la presente reclamación, en la que se alega que la finca reúne los requisitos exigidos por la Ley para la exención en el IBI, y que se ha desconocido que el edificio está catalogado con nivel de protección singular que comprende y es incluso superior al nivel de protección integral. 3º. En la tramitación del expediente de la reclamación se han seguido todos los trámites dispuestos por el Reglamento Orgánico por el que se regula el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid, así como el procedimiento para la resolución de las reclamaciones de su competencia, de 20 de diciembre de 2007, publicado en el B.O.C.M. nº 308, de 27 de diciembre (en adelante ROTEAMM), no habiéndose solicitado la práctica de pruebas. No consta en el expediente que haya sido presentado recurso previo de reposición. 2

3 FUNDAMENTOS DE DERECHO: 1º. Concurren los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la presente reclamación conforme a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de este Tribunal. 2º. La cuestión planteada se concreta en determinar si la finca sujeta a tributación municipal, conforme a la normativa del referido tributo, se halla incluida entre los bienes cuya exención establece el TRLRHL, en su artículo 62 y concretamente, según los términos en que el debate se ha suscitado y desenvuelto, en el supuesto previsto en su apartado 2.b), según el cual gozarán de exención, previa solicitud, los bienes inmuebles declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el registro general a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha ley. Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones: (...) En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. Por su parte la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español, en sus artículos 14 y siguientes, clasifica los bienes inmuebles que se consideran integrantes del Patrimonio Histórico, con las siguientes categorías: Monumento, Jardín Histórico, Conjunto Histórico, Sitio Histórico y Zona Arqueológica. Los artículos siguientes regulan, para cada uno de ellos, su definición, régimen de protección, el procedimiento para su declaración y el alcance de la misma. De acuerdo con dichos preceptos, las dos categorías enunciadas en primer lugar (Monumento y Jardín) tienen un alcance individual referido al inmueble o inmuebles objeto de la declaración, refiriéndose las tres restantes (Conjunto, Sitio y Zona Arqueológica) a un conjunto de bienes inmuebles o a un lugar o paraje, dentro de cuya delimitación o perímetro pueden localizarse inmuebles que tengan, además, la categoría de Monumento o Jardín Histórico. El artículo 20 de dicha Ley dispone que la declaración de un Conjunto Histórico determinará la obligación municipal de redactar un Plan Urbanístico que debe contener la regulación de los usos, normas de conservación y rehabilitación de los edificios e inmuebles situados en el mismo. El artículo 21 dispone que dicho instrumento de planeamiento debe contener la Catalogación de todos los inmuebles y elementos unitarios que conforman el Conjunto, según lo dispuesto en la legislación urbanística, definiendo los tipos de intervención posible, señalando que a los elementos singulares se les dispensará una protección integral. Para el resto de los elementos se fijarán, en cada caso, un nivel adecuado de protección. Por lo tanto, son varios los requisitos establecidos por dicho precepto para que el inmueble citado tenga derecho a exención en el IBI: una de carácter formal, que sea solicitada por el interesado, y otras de carácter sustantivo o material, que esté declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento o Jardín Histórico por la 3

4 Administración competente en la materia. En el caso de que el inmueble esté incluido en un Sitio, Conjunto Histórico o Zona Arqueológica, sin tener la categoría individual de Bien de Interés Cultural, como Monumento o Jardín Histórico, la normativa exige, además, dos requisitos adicionales: que el inmueble tenga una antigüedad igual o superior a cincuenta años, y que esté incluido en el Catálogo urbanístico, como objeto de protección integral. Es decir, la regla general es la no exención salvo que se cumplan determinados requisitos en el inmueble, que imponen una especial carga o deber de conservación al propietario del inmueble, similar al que tienen los bienes declarados individualizadamente Bienes de Interés Cultural. En efecto, el párrafo segundo del apartado 2.b) del artículo 62 TRLRHL, dispone expresamente que la exención no alcanza a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino a los que reúnan las dos condiciones adicionales que hemos señalado. 3º. Con respecto a la declaración como inmueble integrante del Patrimonio Histórico, hay que decir que por Decreto 41/95, de 27 de abril, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, (BOCM nº 120, de 22 de mayo de 1995), se declaró Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico el Recinto de la Villa de Madrid, en el que están incluidos los inmuebles objeto de esta reclamación. No consta, por el contrario, que dicho inmueble haya sido declarado Monumento o Jardín Histórico, ni lo alega la interesada. Por lo tanto, hemos de comprobar que el inmueble afectado reúne los requisitos adicionales exigidos para los bienes incluidos en los conjuntos históricos. Con respecto a su antigüedad, consta en el expediente la ficha catastral del inmueble afectado en la que aparece una fecha de construcción de 1900, por lo que se cumple el requisito de que tenga una antigüedad mayor de cincuenta años. Con respecto a su inclusión en el Catálogo urbanístico y el nivel de protección que tiene en el mismo la finca referida, hay que decir que el Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Madrid (PGOUM), de 17 de abril de 1997 (BOCM nº 92, de 19 de abril), estableció las normas de protección para los inmuebles pertenecientes al Patrimonio Histórico, en el que se incluía el Catálogo General de Edificios Protegidos, de acuerdo con la normativa mencionada, y en el mismo, tal como consta en el expediente, el inmueble situado en la calle M. D. núm. 7, figura con protección singular. Y es con respecto a esta última condición donde se ha planteado el objeto de la controversia. Entiende el Ayuntamiento que el nivel de protección singular es distinto del nivel de protección integral que prevé la norma, por lo que no procede reconocer la exención; por el contrario, la reclamante entiende que tal régimen de protección singular comprende, o es incluso superior, al nivel de protección integral, por lo que se cumple el requisito mencionado. Para dirimir el objeto de esta controversia, hemos de analizar, por tanto, las características de ambos niveles de protección previstas en las normas urbanísticas, y si estos son equivalentes a efectos del cumplimiento del requisito establecido para gozar de esta exención. 4º. El capítulo 4.3 de las normas urbanísticas del PGOUM regula las medidas de protección de la edificación, con respecto al centro histórico de la ciudad, entre las que se encuentra el Catálogo General de Edificios Protegidos. 4

5 Los edificios incluidos en el Catálogo se encuadran en tres niveles, atendiendo a la extensión de la protección que deparan (artículo 4.3.4). Son los siguientes: Edificios con nivel 1 de protección: se consideran protegidos de forma global, con el fin de mantener sus características arquitectónicas y constructivas, volúmenes, formas y elementos decorativos. Se dividen en dos grados: Singular: en el que se incluyen aquellos edificios que pueden considerarse, en todo o en parte, como elementos relevantes en la historia del arte y la arquitectura española o madrileña, o constituyen un hito dentro de la trama urbana de la ciudad. Integral. Con el que se protegen los edificios de gran calidad, que presentan importantes valores arquitectónicos o ambientales. Edificios con nivel 2 de protección: con características constructivas y volumétricas del mayor interés, pero que en su interior tienen zonas de menor valor. A su vez tienen dos grados de protección, estructural y volumétrico. Edificios con nivel 3 de protección: cuya protección sólo extiende a determinados valores y no a todo el edificio. Tienen a su vez dos grados: parcial y ambiental. Pues bien, en el artículo de las Normas citadas, se regulan las obras admitidas conforme a los diferentes niveles y grados de protección. En los edificios catalogados con grado de protección singular, el apartado 2 de dicho artículo prevé que sólo se puede realizar obras de conservación, consolidación, restauración y, en casos singulares o excepcionales, de reestructuración puntual. En el apartado 3 se señala que en los edificios con grado integral, además de las obras autorizadas en el punto anterior, serán autorizables las de acondicionamiento. Es decir que el régimen más amplio de protección corresponde a los edificios con protección singular, a los que son aplicables todas las medidas de protección de los edificios con protección integral, además de otras específicas. A la vista de lo anterior, la solución a la cuestión planteada ha de ser, a juicio de este Tribunal, la propugnada por la recurrente. Como hemos visto, la exención regulada en el artículo 62.2.b) TRLRHL, encuentra su fundamento en el conjunto de limitaciones que se imponen a los propietarios o poseedores de los inmuebles, y en el presente caso el edificio está incluido en el catálogo de edificios protegidos con el más alto grado de protección, lo que supone severas restricciones a los titulares de la propiedad, mayores que a los edificios que sólo tienen una protección integral. Por ello, no podemos compartir la interpretación estrictamente literal del artículo 61.2.b) TRLRHL, como la realizada por la Administración tributaria municipal, que ha denegado la exención al inmueble referido porque el edificio tenía protección singular y considera que la Ley sólo ampara a los inmuebles catalogados con grado de protección integral, cuando las medidas de protección de los edificios con esta calificación son menores que los que tienen protección singular. Es cierto que la norma no ha querido extender la exención a todos los edificios incluidos en el perímetro del conjunto histórico artístico, sino tan sólo a aquellos que cumplen con una serie de requisitos adicionales: tener más de 50 años y estar incluidos en el Catálogo de edificios con un nivel de protección integral. Pero la norma no ha pretendido con del término integral, excluir cualesquiera otros equivalentes que utilice la normativa específica 5

6 aplicable en cada municipio, que tenga los mismos resultados en cuanto a su protección. Hubiera bastado así con que el Ayuntamiento en su Catálogo no hubiera utilizado el término integral, para hacer imposible la aplicación de esta exención en el término municipal de Madrid. Por eso, el término utilizado en el Catálogo no puede suponer excluir de la exención a aquellos inmuebles que tengan un nivel de protección superior al nivel de protección integral, como ocurre en el presente caso, en que el inmueble soporta las medidas de protección integral además de otras adicionales. Es decir, que según las actuales normas del PGOUM, todos aquellos edificios catalogados en el nivel 1 de protección (tanto con el grado de protección integral como singular), ha de entenderse que cumplen este requisito específico a efectos de aplicar la exención prevista en la norma. Razones todas ellas que nos conducen a estimar las pretensiones de la reclamante, a anular la resolución impugnada y a reconocer el derecho a la exención en el IBI del inmueble referido. 5º. Por último queda por determinar los efectos de dicho reconocimiento. La exención en el IBI tiene carácter rogado, dado que se encuentran entre las que regula el apartado 2 del artículo 62 TRLRHL, con tal carácter. Conforme dispone el artículo 4.2 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, las exenciones de carácter rogado surtirán efecto a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud. Por ello, habiéndose solicitado la exención con fecha 19 de octubre de 2009, procede reconocer la exención a partir del ejercicio Por lo expuesto, ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MADRID, como resolución del expediente, ACUERDA: estimar la presente reclamación y, en consecuencia, anular la resolución de la Directora de la Agencia Tributaria Madrid de 27 de noviembre de

7 Este documento, que tiene carácter meramente informativo y del que no puede derivarse efecto jurídico vinculante alguno (R.D. 208/1996, art. 4. b), es extracto de una resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Municipal de Madrid, cuyos efectos están circunscritos al expediente de la reclamación económico-administrativa correspondiente. 7