Mexicali, Baja California, primero de septiembre de dos mil quince. GLOSARIO. Unidos Mexicanos

Transcripción

1 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA RECURSO DE INCONFORMIDAD: EXPEDIENTE No. RI-017/2015 y Acumulado RECURRENTE: LETICIA PALOMAR VÁZQUEZ y otro AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL JURISDICCIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA TERCERO INTERESADO: JULIO OCTAVIO RODRÍGUEZ VILLARREAL y otra MAGISTRADA PONENTE: ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: LEONOR IMELDA MÁRQUEZ FIOL Mexicali, Baja California, primero de septiembre de dos mil quince. ACUERDO PLENARIO de consulta de competencia a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación con los juicios para la protección de los derechos político electorales interpuestos en contra de un acto de un órgano de justicia intrapartidista de carácter nacional en relación con la designación de dirigente municipal. GLOSARIO Constitución Federal: Constitución Local: Comisión Jurisdiccional: Instituto Electoral: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California Juicio Ciudadano: Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano Ley de Medios: Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral Ley de Partidos local: Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California

2 Ley del Tribunal: Ley Electoral local: Ley General de Partidos: Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California Ley Electoral del Estado de Baja California Ley General de Partidos Políticos Ley General Electoral: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Ley Orgánica: PRD: Sala Regional: Sala Superior: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Partido de la Revolución Democrática Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Tribunal Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California Tribunal Federal Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ANTECEDENTES DEL CASO De las constancias de autos, se advierte en lo que interesa, siguiente: lo 1. Convocatoria de los Consejos Municipales. El ocho de noviembre de dos mil catorce el Comité Ejecutivo Estatal del PRD emitió la convocatoria para la instalación de los consejos municipales y el once siguiente se publicó la lista definitiva de los consejeros electos en el ámbito municipal en Baja California. 2. Designación de delegación electoral. El veintiuno de noviembre siguiente el Comité Ejecutivo Nacional del PRD publicó el Acuerdo de la Comisión Electoral mediante el cual se integró la delegación municipal electoral del Estado de Baja California y se designan sus integrantes. 3. Acta del Consejo Municipal que designa a Julio Octavio Rodríguez Villarreal. Con fecha veintidós de noviembre del mismo año se emitió el Acta circunstanciada de la sesión del 2

3 primer pleno ordinario del Consejo Municipal Electivo para elegir, Presidente y Secretario General de Comité Ejecutivo Municipal de Mexicali del PRD en el Estado de Baja California, en dicha asamblea se eligió como propuesta de fórmula única la integrada por Julio Octavio Rodríguez Villarreal y Graciela Treviño Garza, como Presidente y Secretario General respectivamente del Comité Ejecutivo Municipal ya señalado. 4. Constancia de registro de Presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Mexicali, Baja California. El doce de diciembre siguiente, la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, emitió constancia de registro único a Julio Octavio Rodríguez Villareal como presidente. 5. Acta del Consejo Municipal que designa a Leticia Palomar Vázquez. El catorce de diciembre, se emitió acta circunstanciada de la sesión del primer pleno ordinario del Consejo Municipal Electivo para elegir, Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo Municipal de Mexicali del PRD en el Estado de Baja California, en la que se eligió como propuesta de fórmula única la integrada por Leticia Palomar Vázquez y Julio Octavio Rodríguez Villarreal, como Presidente y Secretario General respectivamente del Comité Ejecutivo Municipal de Mexicali. 6. Acto controvertido en la instancia intrapartidista. El dieciséis de diciembre de dos mil catorce, Leticia Palomar Vázquez, ostentándose como Consejera Municipal en Mexicali Baja California y militante del PRD, presentó escrito de queja electoral en contra de la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional de dicho instituto político, en relación con la determinación del cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Municipal en Mexicali, Baja California, a favor de Julio Octavio Rodríguez Villarreal; queja a la que la Comisión Jurisdiccional asignó el número de expediente QE/BC/39/ Juicios Ciudadanos ante el Tribunal Federal La ciudadana Leticia Palomar Vázquez, presentó el veintinueve de julio de dos mil quince 1, demanda ante la Sala Superior, doliéndose de la omisión de la Comisión 1 Las fechas que se citan en esta sentencia corresponden a este año dos mil quince, salvo mención expresa en contrario. 3

4 Jurisdiccional de resolver la queja QE/BC/39/2015, a la que se le asignó el cuaderno de antecedentes número 247/ El ciudadano Julio Octavio Rodríguez Villarreal, el veintisiete de julio presentó demanda en relación con la misma queja QE/BC/39/2015 substanciada por la Comisión Jurisdiccional, solicitando a la Sala Regional, se decrete la caducidad de la instancia; expediente al que se le asignó el número SG-JDC-11349/ Remisión y reencauzamiento de los Juicios Promovente Leticia Palomar Vázquez. En virtud de lo ordenado en auto de veintinueve de julio emitido por el Magistrado Presidente de la Sala Superior, se remitieron los originales del juicio ciudadano a la Sala Regional, en la cual se le asignó el número de expediente SG-JDC-11348/2015. El doce de agosto, se dictó Acuerdo de Sala mediante el cual se decreta la improcedencia de dicho juicio ciudadano y se reencausó a este Tribunal, por estimar que la jurisdicción local constituye una instancia previa, cuyo agotamiento era necesario para tener por cumplido el principio de definitividad, instruyéndose para que se genere la vía idónea para atender la impugnación por considerar que este Tribunal es competente para su conocimiento y resolución Promovente Julio Octavio Rodríguez Villarreal. Mediante acuerdo de doce de agosto, la Sala Regional decretó la improcedencia del juicio SG-JDC-11349/2015 y lo reencausa a este Tribunal, por los motivos señalados en el punto anterior. 9. Radicación de los expedientes en este Tribunal Expediente promovido por Leticia Palomar Vázquez. A las catorce horas con cinco minutos del catorce de agosto, se recibieron en este Tribunal, mediante oficio de notificación SG-SGA-OA-1017/2015, las constancias remitidas por la Sala Regional relativas al expediente SG-JDC-11348/2015. El siguiente diecisiete de agosto, el Magistrado Presidente, ordenó registrar y formar el expediente RI-017/2015 4

5 turnándolo a la ponencia de la Magistrada Elva Regina Jiménez Castillo Expediente promovido por Julio Octavio Rodríguez Villarreal. A las catorce horas con veinticinco minutos del catorce de agosto, se recibieron mediante oficio de notificación SG- SGA-OA-1018/2015, las constancias remitidas por la Sala Regional relativas al expediente SG-JDC-11349/2015. El siguiente diecisiete de agosto, el Magistrado Presidente, ordenó registrar y formar el expediente RI-018/2015 turnándolo a la ponencia del Magistrado Germán Leal Franco. 10. Acumulación. El dieciocho de agosto el Pleno del Tribunal acordó decretar la acumulación del expediente RI-018/2015 al RI-017/2015 por ser el de mayor antigüedad; esto en virtud de existir conexidad entre ambos, para facilitar su pronta y expedita resolución y evitar la posibilidad de emitir fallos contradictorios, por lo que en consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos del presente acuerdo, al expediente del recurso acumulado. CONSIDERANDOS 1. ACTUACIÓN COLEGIADA La materia del presente acuerdo corresponde al conocimiento del Pleno de este Tribunal mediante actuación colegiada y plenaria y no así a la magistrada instructora, dado que se trata de una determinación que implica una modificación importante en el curso del procedimiento que se sigue regularmente, lo anterior conforme a lo dispuesto por la Sala Superior, en la jurisprudencia 2 11/99 de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA 2 Las jurisprudencias y tesis del Tribunal Federal pueden consultarse en el micrositio correspondiente del portal de internet 5

6 SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR 3, en aplicación supletoria de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Electoral local. Esto es así porque se precisa analizar los actos reclamados y la naturaleza de la autoridad responsable en los juicios intentados, con la finalidad de determinar si ellos encuadran en las hipótesis de competencia de este Tribunal estatal o corresponden a la competencia de la jurisdicción federal, ya que de ser así, deberán dictarse las medidas necesarias para salvaguardar el derecho de acceso a la justicia, protegido por el artículo 17 de la Constitución Federal y, en su caso, ser remitidos a la instancia competente. Lo anterior implica una decisión que no puede asumirse en un acuerdo de mero trámite, al tratarse de una determinación que modifica la sustanciación ordinaria de los juicios. 2. PROBLEMA PLANTEADO EN LAS DEMANDAS Las demandas turnadas, fueron presentadas por los ciudadanos Leticia Palomar Vázquez y Julio Octavio Rodríguez Villarreal, ante la Sala Superior y la Sala Regional respectivamente, ostentándose como militantes del PRD, la primera en calidad de Consejera Municipal y, el segundo mencionado como Presidente del Consejo Municipal de Mexicali, Baja California. Ambos promoventes instauran Juicios Ciudadanos por lesión a sus derechos de esa índole, derivados de la conducta omisiva de la Comisión Jurisdiccional en resolver la queja planteada bajo expediente QE/BC/039/2015 relativa a la elección del Comité Ejecutivo Municipal en Mexicali, Baja California. Cabe mencionar que la demanda presentada por Leticia Palomar ante la Sala Superior, mediante acuerdo de fecha veintinueve de julio, fue remitida para su conocimiento a la Sala Regional al tomar en consideración que el acto impugnado se encuentra relacionado con la elección interna de un partido político para elegir dirigentes, lo 3 Revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18. 6

7 cual es materia de conocimiento de las salas regionales, invocando como fundamento los artículos 191, fracciones XIII y XXVII, 195, fracción IV, inciso d), y 201, fracciones I, X y XII, de la Ley Orgánica; 17, 18, 20 y 80, párrafo 1, inciso f), 83, párrafo 1, inciso b), fracción IV de la Ley de Medios; 7, fracción XII, 12, fracciones I y V, y 79, fracción I, inciso c) del Reglamento Interno del Tribunal Federal, así como los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo general 7/2008 y CG268/2011 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, que establece el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales. 3. ANÁLISIS DE COMPETENCIA Del estudio de los documentos que integran los expedientes de mérito, se estima pertinente someter a la consideración de la Sala Superior la materia de estudio de los expedientes reencausados por la Sala Regional, a efecto de que se pronuncie respecto de la competencia para su conocimiento y resolución, con base en los razonamientos que enseguida se exponen MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL REENCAUSAMIENTO A ESTE TRIBUNAL Los respectivos acuerdos de improcedencia y reencauzamiento dictados por la Sala Regional el pasado doce de agosto, en su considerando segundo, sustancialmente se basan en lo siguiente: a) Que el juicio ciudadano solo será procedente cuando el actor haya agotado las instancias previas y llevado a cabo las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho que considera vulnerado, es decir cuando se haya cumplido el principio de definitividad. b) Que un acto no es definitivo cuando existe previo a la promoción de determinado juicio algún recurso cuya promoción no sea optativa, sino necesaria. c) Que a este Tribunal le corresponde el conocimiento y resolución de un medio de impugnación para controvertir actos y resoluciones que vulneren los derechos político electorales de los ciudadanos, conforme a lo previsto en el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso l), de la Constitución Federal, 5, 7

8 apartado E, de la Constitución local, 1 y 2 fracción I, inciso c) de la Ley del Tribunal. d) Que dado que los actores alegan la vulneración a sus derechos de afiliación, en su vertiente de participación en un proceso interno de selección de cargos locales, el conocimiento le corresponde a este Tribunal. e) Que no es obstáculo para que este Tribunal conozca de los juicios ciudadanos que en la normativa electoral legal no esté prevista una regulación especial para el medio de impugnación previsto en el artículo 5, Apartado E de la Constitución local, debido a que es posible que instaure un proceso en el que adecue a la situación concreta las reglas comunes a los medios de impugnación, cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento. f) Que si la Constitución Local no distingue en forma alguna el tipo de órgano emisor del acto o resolución violatorio de derechos político electorales, es válido considerar que el medio de impugnación local es procedente para impugnar actos y resoluciones emitidos por órganos de autoridad e intrapartidistas relacionados con el proceso electoral local, en aplicación al principio general de derecho conforme al cual donde la ley no distingue, no cabe distinguir. g) Que tanto la Sala Superior como la Regional en diversos asuntos ha determinado que la ausencia en la normativa electoral local de una vía idónea que permita controvertir determinados actos o resoluciones electorales, no es el impedimento para el conocimiento de los asuntos, en virtud de la obligación de salvaguardar y maximizar el derecho fundamental de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva MARCO NORMATIVO DE LA COMPETENCIA COMÚN PARA RESOLVER ASUNTOS INTERNOS DE PARTIDOS POLITICOS NACIONALES Preliminarmente es de señalarse que la temática referida por la Sala Regional en relación con la inexistencia de una vía específica para conocer de las impugnaciones relacionadas con la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos del Estado, no representa para este Tribunal materia de controversia, debido a que, además de contar con las hipótesis legalmente previstas, este 8

9 Tribunal desde el dos mil siete abordó dicha problemática construyendo mediante el criterio obligatorio número TJE-CO- 07/2007 4, con fundamento en el artículo 7 de la anterior ley electoral local, la vía idónea para ello. Contrariamente, la consulta que se plantea a la Sala Superior se circunscribe al tema de la esfera de competencia de este Tribunal para resolver sobre un acto (conducta omisiva en este caso) de un órgano interno de carácter nacional, de un partido político nacional, que no se relaciona con un proceso electoral local como tampoco incide en un acto emanado de la autoridad administrativa electoral local referente a la acreditación de un partido nacional para participar en los comicios locales, situaciones éstas que dieron lugar a los juicios invocados por la Sala Regional en la foja dieciséis del acuerdo plenario como precedentes. En ese tenor, se advierte que el sistema de la distribución de competencias vigente en el tema que nos ocupa es del diseño siguiente. La Constitución Federal, en su artículo 41, regula la existencia de partidos políticos, previendo dentro de sus bases de regulación, que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que 4 MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO A INTERPONERSE CONTRA ACTOS QUE AFECTEN DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. RECURSO DE INCONFORMIDAD. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 8, fracción IV, incisos a), c) y e), 68 fracción III de la Constitución Política; 245, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 6, 7 y 9 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, todos del Estado de Baja California, deriva la competencia de este Tribunal para conocer de violaciones a los derechos políticos electorales de los ciudadanos, acorde a lo dispuesto en el precepto 5 de la Constitución local, al instaurar un sistema de medios de impugnación para garantizar el principio de legalidad que dará definitividad a las diversas etapas de los procesos electorales, garantizando la protección de los derechos políticos de ciudadanos, a votar, ser votado y de asociación, de ahí, que resulte irrelevante la falta de previsión expresa del medio de impugnación a interponerse por el recurrente contra la negativa de su afiliación como miembro activo a un partido político en específico, al ser procedente el recurso de inconformidad, dada la similitud que guarda dicho acto, con los que son susceptibles de ser combatidos por ese medio de impugnación; de lo contrario, se haría nugatoria la garantía de acceso a la justicia consagrada en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, denegándose la posibilidad de impugnación de los actos atentatorios de aquellos derechos. 9

10 señalen la Constitución y la ley, norma que reproduce el artículo 116, base IV, inciso f), al establecer las bases que las entidades federativas deben seguir en la organización del poder público. Ambos preceptos, prevén la existencia de partidos políticos tanto nacionales como locales. En el artículo 99 de la Constitución Federal, particularmente se establece que las impugnaciones sobre actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen la Constitución y las leyes, serán conocidos por el Tribunal Federal. Por su parte el referido artículo 116, señala que en los Estados se deberá establecer un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad, base que es reproducida en el artículo 5 de la Constitución Local, el cual especifica que dicho sistema garantizará, entre otros, la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación. Este último precepto tal y como lo señala la Sala Regional, no precisa la índole de actos de los que puede emanar la afectación al derecho político, no obstante se considera que para ello es menester, acudir al sistema integral de distribución de competencias previsto en el marco normativo y legal, como se verá. Así tenemos que la aún reciente Ley General de Partidos 5, en su artículo 1 establece que tiene como objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, y distribuir competencias entre la Federación y entidades federativas. Dentro de su contenido es factible distinguir que los actos relacionados con los partidos nacionales se atribuyen al Instituto Nacional Electoral y, lo relativo a los partidos locales y a los partidos nacionales que obtengan su acreditación para participar en los comicios locales, se encomienda a las autoridades administrativas locales. 5 Vigente desde el 24 de mayo de dos mil catorce. 10

11 En consonancia con lo anterior, el artículo 1 de la nueva Ley de Partidos local 6, señala que su objeto es regular las normas constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, conforme al ámbito de competencia derivado de la Constitución Federal y la Ley General de Partidos, y en su artículo 6, establece que corresponde la ejecución y aplicación de dicha ley, al Instituto Estatal y a este Tribunal. Ambas leyes señalan como un asunto interno de partido, la elección de los integrantes de sus órganos internos 7, como es el caso que nos ocupa. Por su parte, el numeral 40, inciso i), de la Ley General de Partidos establece que es un derecho de los militantes impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales, las resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos político-electorales. Asimismo, en su artículo 47, párrafo 2, dispone que todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos serán resueltas por los órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos, y sólo una vez que se agoten los medios partidistas de defensa (principio de definitividad), los militantes tendrán derecho de acudir ante el Tribunal Federal; sin mencionar expresamente si se trata de partidos nacionales y/o locales. Sin embargo, como ya se mencionó, el legislador en todo el texto de la Ley General de Partidos realizó una distinción entre dos tipos de competencias: la federal o nacional (correspondiente al Instituto Nacional Electoral y Tribunal Federal) y la estatal o local (atribuida a los organismos públicos locales y tribunales estatales), -lo anterior, en el entendido de que las decisiones que dicten los tribunales electorales locales pueden impugnarse ante las Salas del Tribunal Federal-. En ese tenor, si bien los referidos artículos 40 y 47 no señalan en forma expresa la distribución de competencias, a la luz de la 6 Vigente desde el 13 de junio de dos mil quince. 7 Artículos 34, 1, c) de la Ley General de Partidos, y 29, fracción III de la Ley de Partidos local. 11

12 interpretación sistemática y funcional de los referidos artículos 41, párrafo segundo, base VI; 99, párrafo cuarto, fracción V, y 116, fracción IV, de la Constitución Federal, así como 106, párrafo 3, y 111, párrafo 2, de la Ley General Electoral, permiten concluir que la disyuntiva establecida en el citado artículo 40 de la Ley General de Partidos, puede entenderse en el sentido de que los dos supuestos previstos se actualizarán según las características del caso específico de que se trate el litigio, esto es, en función de la naturaleza del partido político de que se trate, aunado al tipo de acto que se está impugnando. Ello además, en razón de que en ninguno de estos ordenamientos se establece un criterio espacial o territorial para atribuir la competencia. Debido a lo anterior, es posible afirmar que si se trata de controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos nacionales, tratándose de dirigencias (no así cuando la litis verse sobre candidaturas a cargos de elección popular locales), una vez que se agoten los medios partidistas de defensa, los militantes tendrán derecho de acudir ante el Tribunal Federal, y si se trata de un asunto interno de un partido político local, se deberá acudir ante el tribunal estatal, en el entendido, de que si la cuestión está relacionada con cargos de elección popular locales, la cadena impugnativa pasa por las instancias estatales. En otras palabras, si el legislador especificó que los órganos jurisdiccionales estatales deberán resolver controversias relativas a partidos políticos locales, de acuerdo al principio lógico de identidad, no resultaría viable jurídicamente establecer que también están facultados para resolver controversias relacionadas con asuntos internos de partidos políticos nacionales, pues, precisamente, para ello permitió acudir a los militantes ante el Tribunal Federal. Lo anterior es de considerarse así, en razón de que con la entrada en vigor de la Ley General Electoral, se circunscribió la competencia de los tribunales locales a la resolución de los medios de impugnación interpuestos en contra de los actos y resoluciones de autoridades y procesos electorales locales, en términos de lo dispuesto en las leyes locales; las cuales disponen, según lo antes expuesto, que tratándose de asuntos intrapartidarios sobre dirigentes sólo pueden alcanzar a los partidos políticos locales, 12

13 puesto que la regulación de los partidos nacionales es competencia del Congreso de la Unión. Es decir, desde esta óptica, los tribunales locales no tienen competencia para resolver controversias relacionados con elecciones federales ni aquellos que involucren los asuntos internos de un partido político nacional (como la elección de dirigencias o aquellos que son diversos a la elección de candidatos a cargos de elección popular locales), lo que robustece la apreciación relativa a que la disyuntiva prevista en el artículo 40 de la Ley General de Partidos, hace referencia a las hipótesis de litigio así diferenciadas. El criterio interpretativo anterior además, se corrobora al analizar las leyes que establecen la competencia de los órganos jurisdiccionales electorales en las que encontramos lo siguiente. En el ámbito federal resulta coherente con el sistema de competencias otorgadas a las Salas Regionales, previsto tanto en la Ley de Medios 8 como en la Ley Orgánica 9 ; ya que éstas prevén claramente que corresponde a la Sala Superior la competencia para resolver los juicios ciudadanos cuando se trata de violación de los derechos político electorales por determinaciones emitidas por los partidos políticos, -entre otros supuestos-, en la elección de dirigentes de los órganos nacionales de dichos institutos; y a las Salas Regionales les compete cuando se trate de la elección de dirigentes de los órganos de dichos institutos distintos a los nacionales. Del texto de la ley se infiere en forma indubitable que las autoridades emisoras de estos actos potencialmente lesivos de derechos políticos, son órganos internos de partidos políticos nacionales, debido a que los partidos políticos locales no disponen de órganos nacionales. A mayor abundamiento se señala que esta distribución de competencia entre la Sala Superior y las Salas Regionales atendiendo a la naturaleza nacional o local del órgano partidista de que se trate, ha sido objeto de pronunciamiento en la jurisprudencia 8 En su artículo 83, parte 1, inciso a) fracción III, e inciso b) fracción IV. 9 En sus artículos 189, fracción I, inciso e), y 195, fracción IV, inciso d). 13

14 10/ de la Sala Superior, de rubro: COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS SALAS REGIONALES CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES VINCULADAS CON EL ACCESO Y DESEMPEÑO DE CARGOS PARTIDISTAS ESTATALES Y MUNICIPALES 11. En paralelo en la esfera local, la Ley del Tribunal 12, prevé en su artículo 2, fracción I, inciso c), que es competente para resolver en Pleno, las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar y ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte de los asuntos políticos del Estado. De este texto se infiere que los actos presuntamente violatorios de derechos políticos de los que es competente este Tribunal, aluden a aquellos que se relacionen con los asuntos políticos del Estado, esto es, aquellos realizados por autoridades electorales y partidos políticos locales, o bien por partidos políticos nacionales en aquellos temas que incidan en la esfera local; situación que no acontece en la especie. En forma coincidente, la Ley Electoral local 13, dispone que el recurso de apelación se podrá hacer valer, -entre otros supuestos- por los militantes de los partidos políticos estatales para impugnar los actos de éstos, con relación a los asuntos internos a que se refiere la Ley de Partidos local; y por los militantes de partidos políticos nacionales para impugnar los actos o resoluciones relativos a los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, cuando incidan en el proceso electoral local. 10 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 18 y De la interpretación de los artículos 189, fracción I, inciso e) y 195, fracción IV, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 83, párrafo 1, incisos a), fracción III, y b), fracción IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que, si a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación compete resolver las impugnaciones promovidas respecto de la integración de los órganos nacionales de los partidos políticos, así como de cualquier conflicto interno relacionado con esa materia, a fin de otorgar funcionalidad al sistema, la competencia de las Salas Regionales para conocer de las impugnaciones vinculadas con la elección de dirigentes distintos a los nacionales, es decir, estatales y municipales, se surte también respecto de todo aspecto inherente a la integración de los respectivos órganos de los partidos políticos, esto es, con el acceso y desempeño del cargo. 12 Vigente desde el 13 de junio de dos mil quince. 13 En su artículo 284, fracciones III y IV. 14

15 4. CONSULTA SOBRE COMPETENCIA De conformidad a las consideraciones del Acuerdo Plenario de referencia, se advierte que la Sala Regional al reencausar a este Tribunal las demandas que nos ocupan para su conocimiento, lo motivó en que los actores alegan: la vulneración a su derecho de afiliación, en su vertiente de participación en un proceso interno de selección de cargos locales, y que se trata de actos y resoluciones emitidos por órganos de autoridad como intrapartidistas relacionados con el proceso electoral local (resaltado añadido). Sin embargo como ya se destacó, la materia de la queja QE/BC/039/2015 no alude a un cargo de elección popular local, sino a una dirigencia municipal de un partido nacional; acto que no se relaciona con el proceso electoral local, toda vez que éste dará inicio hasta la segunda semana de septiembre próximo acorde a lo dispuesto por el artículo 5 de la Constitución Local. Es de mencionarse que este Tribunal tiene a la vista los criterios jurisprudenciales 5/ y 8/ sobre esta temática, que datan de fecha anterior a la reforma constitucional y legal de la materia tanto federal como local; los cuales también se observó fueron inaplicados por la Sala Regional Toluca en resolución de fecha quince de agosto pasado 16, por criterios semejantes a los aquí expuestos, concluyendo su razonamiento con la mención: se considera que con motivo de la reforma constitucional y legal en la materia, no es dable exigir a los actores la carga procesal que imponen dichos criterios jurisprudenciales, tanto por lo antes dicho, como porque dichas tesis interpretan un sistema normativo de partidos y de justicia local electoral que ya no se encuentra vigente. Lo anterior, aunado a que el expediente SG-JDC-11348/2015 promovido por Leticia Palomar Vázquez, reencausado a este 14 INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS LOCALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA CONOCER DE ESOS CONFLICTOS. Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 8, 2011, páginas 18 y DEFINITIVIDAD. DEBE DE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL ANTES DE ACUDIR A LA JURISDICCIÓN FEDERAL, CUANDO SE CONTROVIERTAN ACTOS DE ÓRGANOS NACIONALES PARTIDARIOS QUE AFECTEN EL DERECHO DE AFILIACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 19 y En el expediente ST-JDC-132/

16 Tribunal, fue presentado primigeniamente ante la Sala Superior, la cual mediante acuerdo de fecha veintinueve de julio lo remitió para su conocimiento a la Sala Regional de la Primera Circunscripción Plurinominal por ser de su competencia, y no así a esta instancia local; incidieron en que se conciba la necesidad de plantear la presente consulta. En ese orden de ideas, el que este Tribunal asuma competencia en asuntos internos de partidos nacionales no relacionados con el ámbito local, y dado que el Acuerdo Plenario indica que la instancia local constituye un recurso previo y necesario para considerar el acto como definitivo para efectos de la procedencia de un Juicio Ciudadano ante el Tribunal Federal; constituye un asunto de relevancia y trascendencia debido a la fuerza del precedente. Por ello y a fin de dar eficacia al sistema integral de medios de impugnación de la materia y en razón a que la competencia de este Tribunal se encuentra acotado por el marco constitucional y legal de la materia, se considera necesario realizar a la Sala Superior la consulta respectiva, a efecto de que determine si le corresponde conocer de las impugnaciones planteadas por los promoventes. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se ACUERDA PRIMERO. Se somete a consideración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la competencia de este Tribunal de Justicia Electoral para conocer sobre los Juicios de Protección para los Derechos Político Electorales reencauzados por la Sala Regional correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal. SEGUNDO. Se instruye al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal para que realice los trámites correspondientes a efecto de dar cumplimiento al presente acuerdo. NOTIFÍQUESE por oficio con copia certificada de este Acuerdo a la Sala Regional y a la autoridad responsable, por estrados a los promoventes y demás interesados. Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Poder 16

17 Judicial del Estado de Baja California, por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados que la integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. ARMANDO BEJARANO CALDERAS MAGISTRADO PRESIDENTE ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO MAGISTRADA GERMÁN LEAL FRANCO MAGISTRADO JORGE ANTONIO MONREAL MEZA SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 17