TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección: CUARTA SENTENCIA. Ponente:Excmo. Sr. D. Mariano Baena del Alcázar

Transcripción

1 TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección: CUARTA SENTENCIA Fecha de Sentencia: 15/04/2004 RECURSO DE CASACIÓN Recurso Núm.: 421/2002 Votación: 13/04/2004 Ponente:Excmo. Sr. D. Mariano Baena del Alcázar Secretaría de Sala Sr/Sra.: Oliver Sánchez Escrito por: PCL ADMINISTRACION LOCAL. Acuerdo que implica gasto calificado como apoyo asistencial a unos vecinos. Debe confirmarse una Sentencia en cuanto declara que no es conforme a derecho que por el Ayuntamiento se sufraguen los gastos derivados del fallecimiento de una persona en un encuentro con la guardia civil. Pues asiste la razon al Tribunal a quo cuando declara que el Ayuntamiento carece de potestad para adoptar el acuerdo que supone una obligacion financiera para cumplir fines ajenos a la competencia local. Por otra parte, dadas las circunstancias del caso de autos no puede acogerse la alegacion del Ayuntamiento recurrente en casacion de que el acuerdo implicaba cumplir fines de apoyo o asistencia social.

2 RECURSO DE CASACIÓN Num.: 421/2002 Votación: 13/04/2004 Ponente Excmo. Sr. D. : Mariano Baena del Alcázar Secretaría Sr./Sra.: Oliver Sánchez SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN: CUARTA Excmos. Sres.: Presidente: D. Juan Antonio Xiol Ríos Magistrados: D. Mariano Baena del Alcázar D. Antonio Martí García D. Rafael Fernández Montalvo Dª. Celsa Pico Lorenzo D. Rodolfo Soto Vázquez En la Villa de Madrid, a quince de Abril de dos mil cuatro. Visto el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Lizartza contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 30 de octubre de 2001, relativa a acuerdo plenario como consecuencia del fallecimiento de determinada vecina de la localidad, formulado al amparo del apartado d) del artículo 88,1 de la Ley Jurisdiccional, habiendo comparecido el citado Ayuntamiento de Lizartza así como el Abogado del Estado en la representación que le es propia. ANTECEDENTES DE HECHO

3 PRIMERO.- Con fecha 30 de octubre de 2001 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se dictó Sentencia en cuyo fallo se estimaba parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Abogado del Estado en la representación que le es propia contra acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Lizartza, relativo a declaraciones como consecuencia del fallecimiento de determinada vecina de la localidad. SEGUNDO.- Notificada dicha Sentencia en debida forma, en 31 de diciembre de 2001, por el Ayuntamiento de Lizartza se anunció la preparación de recurso de casación. En virtud de Providencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 7 de enero de 2002 se tuvo por preparado el recurso de casación, emplazandose a las partes para su comparecencia ante este Tribunal Supremo. TERCERO.- En 8 de febrero de 2002 por el Ayuntamiento de Lizartza se interpuso recurso de casación al amparo del apartado d) del articulo 88.1 de la Ley Jurisdiccional. Comparece como recurrido el Abogado del Estado en la representación que le es propia. CUARTO.- Mediante Providencia de 27 de noviembre de 2002 se admitió el recurso de casación interpuesto, habiendo manifestado el Abogado del Estado en la representación que ostenta su oposición al mismo. Tramitado el recurso en debida forma, señalose el día 13 de abril de 2004 para su votación y fallo, en cuya fecha tuvo lugar. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. MARIANO BAENA DEL ALCÁZAR, Magistrado de la Sala. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El acto enjuiciado por el Tribunal Superior de Justicia cuya Sentencia se recurre en casación fue en este caso un acuerdo del Pleno de un Ayuntamiento, cuyo contenido se expresa de inmediato. Como consecuencia de un enfrentamiento de un grupo de personas con la guardia civil, hubo varios heridos entre esas personas y se produjo el fallecimiento de una de ellas, en concreto de una natural de la localidad de Lizartza en Guipúzcoa. A raíz de ello el Pleno del Ayuntamiento de dicha localidad adoptó el acuerdo de nombrar a la fallecida hija querida del lugar, declarar un luto del Ayuntamiento añadiendo un crespón negro a la bandera del País Vasco, y exhortar a los vecinos a que hicieran lo mismo sumandose así al luto oficial. Además a

4 tenor del acuerdo el Ayuntamiento se obligaba a hacer frente a los gastos ocasionados a la familia de la difunta, incluso los de entierro y funeral. Conocido este acuerdo por el Delegado del Gobierno en el País Vasco cursó ordenes al Abogado del Estado, el cual impugnó el acuerdo en vía judicial. El Tribunal Superior de Justicia estimó parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto. Es de tener en cuenta que la argumentación del Abogado del Estado demandante se refería a dos extremos. En primer lugar se impugnaban los puntos del acuerdo relativos al nombramiento de hija querida ("kuttuta") que el representante de la Administración tradujo erróneamente como hija predilecta, así como la declaración de luto oficial y la exhortación dirigida a los vecinos. Entendía el Abogado del Estado que al respecto el acuerdo suponía una vulneración del articulo 23, apartado g), de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección Ciudadana, que considera infracción "la provocación de reacciones en el publico que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana". Reconocía el Abogado del Estado que la competencia para apreciar que existió una infracción e imponer la sanción correspondiente corresponde al Gobierno vasco, según el articulo 17 del Estatuto de Autonomía, la Disposición Adicional primera de la Ley Orgánica citada de Protección Ciudadana, y la Disposición Final primera de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo. Pero afirmaba el recurrente que su pretensión en el proceso no era que se impusiese una sanción, sino solamente que se declarase que el acuerdo era un hecho ilícito. Por otra parte y en segundo lugar se impugnaba también el punto del acuerdo a tenor del cual el Ayuntamiento afrontaría los gastos de la familia, pues consideraba el Abogado del Estado que esos gastos se referían a una cuestión ajena al cumplimiento de los fines locales. En cuanto a la argumentación relativa al primer extremo la Sentencia declara que en definitiva el Abogado del Estado estaba pretendiendo que el Tribunal asumiese la posición jurídica del Gobierno vasco, competente para apreciar la existencia de infracción y para imponer la sanción correspondiente. Entiende el Tribunal a quo que ello es improcedente y ajeno al carácter revisor de la jurisdicción contenciosa. En cambio se declara en los Fundamentos de Derecho de la Sentencia, en cuanto al extremo de que el Ayuntamiento afronte los gastos familiares, que la entidad local carece de potestades para cumplir fines ajenos a su competencia, y ello es lo que sucede en este caso concreto cuando se asume una obligación financiera para cuestiones ajenas a la competencia municipal. En consecuencia con ello se estima parcialmente el recurso interpuesto, y se declara en el fallo de la Sentencia que el acuerdo municipal no es conforme a derecho en

5 el punto relativo a que por el Ayuntamiento se asuman los gastos ocasionados a la familia por el fallecimiento, incluso los de entierro y funeral. SEGUNDO.- Contra esta Sentencia recurre en casación el Ayuntamiento autor del acuerdo invocando dos motivos, ambos al amparo del articulo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción. Comparece como recurrido el Abogado del Estado en la representación que ostenta. En el primer motivo de casación se citan como infringidos el articulo 25.1 de la Ley Básica de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, y el articulo de la Constitución vigente. Se está alegando por tanto en definitiva que la declaración de la Sentencia, respecto al punto del acuerdo municipal relativo al pago de los gastos familiares derivados del fallecimiento de la persona en cuestión, vulnera e ignora la autonomía local. Desde luego y ante todo no puede compartirse la virtualidad que se otorga a la alegación de que el Estado carece de competencia sobre el tema. Ello es así, no porque el Estado sea competente, sino porque el citado argumento ya fue desechado correctamente en la instancia. No se trataba, en efecto, de basarse en la incompetencia del municipio por contraposición a la estatal, sino de decidir sobre si se había incumplido la legislación vigente. En consecuencia debemos atender sobre todo a la alegación que se contiene en el motivo, relativa a la potestad del Ayuntamiento para acordar la realización de gastos derivados del fallecimiento de una persona concreta. Esta Sala no aprecia que, como afirma la representación letrada del Ayuntamiento, al actuar de ese modo se estuvieran prestando servicios sociales. Es indudable que el apoyo otorgado a la familia de la difunta es un apoyo singular e individual, y no afecta a un conjunto de personas que puedan encontrarse en circunstancias que hagan necesaria una asistencia social. Como es sabido una característica de los servicios públicos, que se extiende sin duda a los servicios sociales, es que se destinen a la pluralidad de personas que se encuentran en una situación en la que deban recibir el servicio. El Ayuntamiento no ha acordado, por ejemplo, sufragar los gastos ocasionados por el fallecimiento de los vecinos como medida de protección a todas las familias que carezcan de medios económicos. Por el contrario lo ha hecho en un supuesto singular y concreto, sin duda para fines distintos. Procede en consecuencia desechar o no acoger el primer motivo de casación que se invoca. El motivo segundo debe desecharse rápidamente, y ello al menos por dos razones. En primer lugar porque se mantiene que la Sentencia, en cuanto estima parcialmente el recurso contencioso interpuesto, infringe el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia. Pero lo cierto es que no se citan ni las normas legales o reglamentarias

6 supuestamente infringidas, ni doctrina jurisprudencial alguna. Ello seria suficiente ya de por sí para desechar o no acoger el motivo por razones estrictamente procesales. Pero además en el motivo segundo que se invoca no se hace sino reiterar la argumentación del motivo primero. Desde luego carece de transcendencia la alegación de que la Sentencia ha interpretado mal el acuerdo, pues no se trata de sufragar solo los gastos de entierro y funeral sino además todos los restantes que hubiera podido ocasionar el fallecimiento. Pero sobre todo lo cierto es que se insiste en la argumentación antes desechada de que la actividad de pagar los gastos debe considerarse de apoyo asistencial, y de que ignorar este extremo implica vulnerar o contravenir el principio de autonomía local. Al respecto debemos aplicar al razonamiento la conclusión a que hemos llegado al estudiar el motivo de casación anterior. No debe omitir esta Sala la mención de que en cuanto al proceso no se ha cumplido la obligación que establece el articulo 231,4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a tenor del cual se traducirán al castellano las actuaciones y los documentos cuando se presenten en el idioma oficial de una Comunidad Autónoma y deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la misma. El incumplimiento de este precepto consiste en el caso concreto en que el acto administrativo impugnado ante el Tribunal a quo se encuentra redactado sola y exclusivamente en el idioma cooficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, es decir, en eusquera. No obstante, ha entendido esta Sala que, para evitar una dilación excesiva en el proceso y aplicando el principio de tutela judicial efectiva, debía dictar un pronunciamiento sobre el fondo como hacemos al resolver este recurso de casación. Esta resolución resulta abonada puesto que en un recurso como el presente lo que debemos enjuiciar es la Sentencia, y de ella se deduce con la suficiente claridad cuál es el contenido del acto administrativo impugnado respecto al debatido extremo de si es conforme a derecho que el Ayuntamiento sufrague los gastos ocasionados por la defunción. A la vista de todo lo anterior, y toda vez que no hemos acogido ninguno de los dos motivos de casación, procede desestimar el presente recurso. TERCERO.- Es obligada la imposición de costas al Ayuntamiento recurrente de acuerdo con el articulo de la Ley de la Jurisdicción. Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y común aplicación. F A L L A M O S Que no acogemos ninguno de los motivos invocados, por lo que declaramos no haber lugar a la casación de la Sentencia impugnada, y debemos desestimar y desestimamos el presente recurso; con expresa imposición de costas al Ayuntamiento recurrente de acuerdo con la Ley.

7 Así por esta nuestra sentencia,que se insertará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente que en ella se expresa en el mismo día de su fecha, estando celebrando sesión pública esta Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de lo que como Secretaria certifico.-rubricado.