Diario La Ley, Nº 7467, Sección La Sentencia del día, 14 Sep. 2010, Año XXXI, Editorial LA LEY
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- Ana Belén Salinas Carrizo
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1 AN CASO MADRID. Responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia por el extravío del soporte viodeográfico del juicio que supuso la declaración de nulidad y repetición de actuaciones, incidiendo negativamente en la duración de la causa Diario La Ley, Nº 7467, Sección La Sentencia del día, 14 Sep. 2010, Año XXXI, Editorial LA LEY Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 26 Mar. 2010, rec. 531/2008. Ponente: Díaz Fraile, Francisco. Nº de Recurso: 531/2008. Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA Cabecera RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Administración del Estado. Ministerio de Justicia. Procedencia de la reclamación formulada al Estado por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, consistente en el extravío de la cinta de vídeo donde se grabó el comienzo del juicio oral en procedimiento ordinario civil, en el que se practicó el interrogatorio de las partes y la declaración testifical, dando lugar a la declaración de nulidad de actuaciones por la Audiencia Provincial. La necesidad de volver a repetir determinadas actuaciones judiciales, incluyendo el dictado de nueva sentencia en primera instancia con el mismo fallo de la primera, que fue también recurrida en apelación, redundó de manera negativa en la duración general de la causa. Determinación del quantum indemnizatorio en ,12 euros, que incluye la suma de los intereses del artículo 576 LEC, respecto de la cantidad a la que fue condenada la demandada, desde la primera hasta la segunda sentencia de primera instancia, más los honorarios de abogado y procurador correspondientes a las actuaciones anuladas o que fue necesario repetir. Resumen de antecedentes y Sentido del fallo La Audiencia Nacional estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra resolución del Ministerio de Justicia que denegó la reclamación indemnizatoria presentada en su día por el concepto de responsabilidad RECOPILACION DOCUMENTACION PROFESIONAL: PL ZARAGOZA saguerri@terra.es 1
2 patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, declarando el derecho del recurrente a la indemnización solicitada. Texto SENTENCIA Visto el recurso contencioso administrativo que ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido Dª Alicia, D. Mario Y Dª Fátima (Herederos de D. Urbano) representados por la Procuradora Dª CELINA CASANOVA MACHIMBARRENA contra la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado, sobre RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL siendo ponente el Iltmo. Sr. Magistrado de esta Sección, D. FRANCISCO DIAZ FRAILE. I.- ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El acto impugnado procede del Ministerio de Justicia y es la resolución de fecha 18 de Marzo de SEGUNDO.- Interpuesto recurso contencioso administrativo ante esta Audiencia Nacional, después de admitido a trámite y reclamado el expediente administrativo, se dio traslado a la parte recurrente para que formalizara la demanda, solicitando en el suplico la estimación del recurso. TERCERO.- Presentada la demanda se dio traslado de la misma al Abogado del Estado, con entrega del expediente administrativo, para que la contestara y, formalizada dicha contestación, solicitó en el suplico que se desestimaran las pretensiones de la parte recurrente y que se confirmaran los actos impugnados por ser conformes a Derecho. CUARTO.- Contestada la demanda, finalizado el periodo de prueba y una vez cumplimentado el trámite de conclusiones, quedaron los autos conclusos para sentencia, señalándose para votación y fallo el 23 de Marzo de 2010, en el que, efectivamente, se votó y falló. II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Se impugna la resolución de del Ministerio de Justicia, que desestimó la reclamación indemnizatoria presentada en su día por la hoy RECOPILACION DOCUMENTACION PROFESIONAL: PL ZARAGOZA saguerri@terra.es 2
3 parte actora por el concepto de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, terminando la demanda con la súplica que es de ver en autos. SEGUNDO.- Los hechos que subyacen en la litis son -en síntesis- los siguientes. El Juzgado de Primera Instancia nº 70 de Madrid dictó en el procedimiento ordinario 73/2003 la sentencia nº 27/2004, de 13-2, que estimó en parte la demanda presentada por la hoy parte actora contra Torregrosa Grupo Inmobiliario, SL, y condenó a esta última a abonar la cantidad de ,19, sin hacer una condena en costas. A instancia de la hoy demandante se dictó por el mismo Juzgado un auto de acordando la ejecución provisional de la antedatada sentencia. La parte demandada y condenada interpuso el pertinente recurso de apelación contra aquella sentencia, dictándose por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 20ª) la sentencia de , que declaró la nulidad de la sentencia recurrida habida cuenta la falta del soporte videográfico del comienzo del juicio oral celebrado el día , en el que se practicó el interrogatorio de las partes y la declaración testifical de Don Blas, y ello a fin de que se procediera nuevamente al interrogatorio de las partes y del referido testigo, conservando el resto de los actos procesales, y sin efectuar especial imposición de costas en la alzada. Tras la práctica de las referidas pruebas, el Juzgado con fecha de dictó una segunda sentencia con el mismo fallo de la primera, que también fue recurrida en apelación por la condenada, cuyo recurso de apelación fue desestimado por sentencia de la Audiencia Provincial de , que impuso las costas de la alzada a la parte apelante. A cuanto antecede es de añadir que a instancia de Torregrosa Grupo Inmobiliario SL el Juzgado por auto de , y dado que se había declarado la nulidad de la sentencia dictada en , dio por terminado el procedimiento de ejecución que se había iniciado a petición de la hoy actora. Con fecha de la ahora demandante presentó la reclamación administrativa origen de la litis por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. En su tramitación el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informó que en el caso se había producido un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, mientras que el dictamen del Consejo de Estado se pronunció en el sentido de desestimar la reclamación dado su carácter prematuro al no haberse dictado todavía la RECOPILACION DOCUMENTACION PROFESIONAL: PL ZARAGOZA saguerri@terra.es 3
4 segunda sentencia de apelación, a lo que añadía que en relación con los honorarios y derechos de abogado y procurador se habían presentado tan solo facturas pro forma y la satisfacción de los mismos debía encauzarse a través del incidente de las costas procesales en la oportuna sede jurisdiccional. La resolución puesta ahora en tela de juicio se dictó de acuerdo con el meritado dictamen del Consejo de Estado. La demanda rectora del proceso reitera la petición de indemnización de ,12 ya deducida en la vía administrativa, más los correspondientes intereses legales desde la fecha de la reclamación administrativa, a cuya pretensión se ha opuesto el Abogado del Estado en los términos que son de ver en su escrito de contestación a la demanda. TERCERO.- El título de imputación esgrimido por la demandante es el relativo al anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, respecto del que interesa en este punto traer a colación algunos apuntes jurisprudenciales a propósito de los requisitos necesarios para el éxito de la reclamación patrimonial asentada en el referido título de imputación. Así, la sentencia del Tribunal Supremo de dijo lo siguiente (en lo que ahora interesa): «--- cuando se trata de exigir la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, la viabilidad de la acción requiere la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista un daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente; b) que se haya producido un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia; c) que exista la oportuna relación de causalidad entre el funcionamiento de la Administración de Justicia y el daño causado de tal manera, que éste aparezca como una consecuencia de aquél y por lo tanto resulte imputable a la Administración; y d) que la acción se ejecute dentro del plazo de un año desde que la producción del hecho determinante del daño propició la posibilidad de su ejercicio». Por su parte, la sentencia del mismo alto Tribunal de se expresó así (también en lo que ahora importa): «Dos son los presupuestos que generan la responsabilidad patrimonial: a) el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y b) la existencia de un daño que sea su consecuencia. a) Respecto del primer aspecto, relativo al funcionamiento anormal, ha sido la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo RECOPILACION DOCUMENTACION PROFESIONAL: PL ZARAGOZA saguerri@terra.es 4
5 (entre otras, en Sentencia de 11 de noviembre de 1993) la que ha puesto de manifiesto que «La anormalidad de ese funcionamiento no implica, desde luego, referencia alguna necesaria al elemento de ilicitud o culpabilidad en el desempeño de las funciones judiciales al tratarse de un tipo de responsabilidad objetiva» y se ha tenido en cuenta en la referida sentencia que «El concepto de anormalidad en el funcionamiento de la Administración constituye un concepto jurídico indeterminado que debe quedar integrado en función de la naturaleza de los actos emanados de la función y las circunstancias concretas concurrentes en el supuesto enjuiciado». b) El segundo de los requisitos fundamentales de la responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal, deviene de la existencia de un daño que para ser indemnizable ha de ser real y efectivo, no traducirse en meras especulaciones o expectativas, incidiendo sobre derechos e intereses legítimos evaluables económicamente y cuya concreción cuantitativa o las bases para determinarla puedan materializarse en ejecución de sentencia, de manera que permitan una cifra individualizada en relación con una persona, como consecuencia del daño producido por la actividad de la Administración en relación de causa a efecto, probando el perjudicado la concurrencia de los requisitos legales para que surja la obligación de indemnizar». CUARTO.- La existencia de un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia está reconocida tanto en el informe del CGPJ, como en el dictamen del Consejo de Estado, y ello a partir del extravío de la correspondiente cinta de video, que determina la declaración de nulidad y consiguiente repetición de determinadas actuaciones judiciales, que, en definitiva y cual reconoce el Consejo de Estado, redunda de manera negativa en la duración general de la causa. Ahora bien, constatada dicha anormalidad, procede el estudio de los demás requisitos necesarios para que pueda surgir la responsabilidad patrimonial de la Administración por el título de imputación de referencia, siendo así que el dictamen del Consejo de Estado comienza al respecto por advertir que la reclamación es prematura, lo que determina su decadencia. Ya en este punto es de reconocer que, en efecto, la reclamación administrativa en el momento de su presentación era extemporánea por prematura, y ello al menos en relación con determinadas partidas incluidas en el monto indemnizatorio reclamado, pues todavía no había sido dictada la segunda sentencia de apelación. Ahora bien, se ha aportado al proceso la sentencia recaída en el segundo recurso de apelación, dictada en fecha de , que RECOPILACION DOCUMENTACION PROFESIONAL: PL ZARAGOZA saguerri@terra.es 5
6 desestima la alzada e impone las costas a la parte apelante, de tal manera que aquella circunstancia de extemporaneidad ha desaparecido y disponemos ya de los elementos de juicio necesarios para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con todas las partidas indemnizatorias reclamadas, respecto de las que ha podido debatirse y probarse en plenitud en esta sede judicial, por lo que aquel pronunciamiento de fondo viene exigido por el derecho a la tutela judicial efectiva, que demanda que se aprovechen las actuaciones judiciales que se han producido en el actual proceso. Dicho lo anterior, el quantum que se impetra en la demanda viene dado por la suma de los intereses contemplados en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la primera hasta la segunda sentencia de primera instancia, más los honorarios de abogado y procurador correspondientes a las actuaciones que se han anulado o ha sido necesario repetir como consecuencia del anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. El artículo de la ley de ritos civiles (Ley 1/2000) dispone que «desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará, en favor del acreedor, el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley», siendo así que en el supuesto enjuiciado la cantidad reconocida a favor de la ahora demandante por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 70 de Madrid de no ha podido devengar el sobredicho interés ex artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil como consecuencia de su nulidad hasta el dictado de la segunda sentencia de primera instancia en , lo que le ha generado un evidente perjuicio que se está en el caso de reparar a medio de la correspondiente indemnización, equivalente al importe de aquéllos intereses por el lapso temporal que corre desde la primera sentencia hasta la segunda sentencia de primera instancia, que ascienden a la cantidad (según cálculos de la demanda, que parecen correctos y no han sido objetados en particular por la contraparte) de 8.388,77. Por otra parte, se reclama por la actora el importe de los honorarios y derechos del abogado y procurador que intervinieron en las actuaciones relativas a la repetición del juicio de primera instancia, las correspondientes a la tramitación de la ejecución provisional que devino inútil por la declaración de nulidad de la primera sentencia de instancia, y las relativas al primer recurso de apelación RECOPILACION DOCUMENTACION PROFESIONAL: PL ZARAGOZA saguerri@terra.es 6
7 cuya sentencia no hizo una especial imposición de costas. Todos estos gastos han sido sufragados por la aquí demandante y tienen su origen en el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia de que tratamos, por lo que han de ser indemnizados al suponer un lesión resarcible en la medida en que aquélla no estaba obligada a soportarlos, y ello teniendo en cuenta, además, que no han sido objeto de un concreto reproche en cuanto a su importe por el Abogado del Estado, que están debidamente acreditados en esta sede y que no son susceptibles de resarcimiento por el cauce del incidente relativo a las costas procesales en los correspondientes procesos, por lo que, en definitiva, concurren los requisitos para su indemnización al amparo del título de la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. En definitiva, la suma de las referidas partidas indemnizatorias hace justamente el monto total reclamado de ,12 (s.e.u.o.), cuya cantidad habrá de incrementarse con los correspondientes intereses legales desde la fecha de la reclamación en la vía administrativa, determinando cuanto antecede la estimación del presente recurso. QUINTO.- No aparecen méritos para una especial imposición de costas (artículo de la LJ). III.- FALLAMOS 1) Estimar el recurso. 2) Anular la resolución recurrida, y reconocer a la parte actora el derecho a una indemnización por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia de ,12 (s.e.u.o.), cuya cantidad habrá de incrementarse con los correspondientes intereses legales desde la fecha de la reclamación en la vía administrativa. 3) No hacer pronunciamiento expreso en materia de costas. Así por nuestra Sentencia, testimonio de la cual se remitirá, junto con el expediente administrativo, a su oficina de origen para su ejecución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- RECOPILACION DOCUMENTACION PROFESIONAL: PL ZARAGOZA saguerri@terra.es 7
8 Una vez firmada y publicada la anterior Sentencia es entregada en esta Secretaría para su notificación, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a los autos. Madrid a Doy fe. RECOPILACION DOCUMENTACION PROFESIONAL: PL ZARAGOZA saguerri@terra.es 8
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RECURSOS. No se hace expresa imposición de costas a ninguna de las partes litigantes.
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